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Cuando se habla de un mundo
globalizado, Europa
criminaliza la emigración
por Emilio Braco
Documento de la UNU (pdf)
En el Parlamento
Europeo de los 662 diputados, 369 han votado a favor
del texto de la nueva Ley sobre emigración, 197 en
contra y 106 lo han hecho en blanco.
La nueva ley que no
tiene precedente por su dureza en los procedimientos
contra la emigración y ha provocado en todo el mundo
una conmoción. El presidente Tabaré Vázquez
reclamó a la Unión Europea "seriedad, respeto y
tolerancia" hacia quienes debieron emigrar "no
por diversión sino por necesidad", subrayando
en referencia a las nuevas normas votadas por la
eurocámara "que no se olviden que sus antepasados
llegaron a nuestras tierras y los recibimos con los
brazos abiertos: los uruguayos, los argentinos, los
paraguayos, los bolivianos de aquella época,
respetando sus derechos, cobijándolos y dándoles una
nueva oportunidad de vida". Agregando que el tema se
tratará el 1 de julio próximo en la reunión de jefes
de Estado del Mercosur, que se realizará en
Argentina. Con anterioridad el Senado uruguayo
por unanimidad emitió una declaración
reprobatoria de la iniciativa europea.
Los inmigrantes sin
papeles que sean detenidos en suelo europeo podrán
pasar hasta 18 meses retenidos en centros de
internamiento mientras se tramita su expulsión.
Podrán ser detenidos con una mera orden
administrativa y una vez expulsados no podrán volver
a la UE en cinco años. Los inmigrantes menores de 18
años no acompañados podrán ser repatriados.
Desde que la Unión
Europea aprobó la directiva de retorno de
inmigrantes, las reacciones se suceden una tras
otra. Mientras que en la ONU manifiestan su
“preocupación” por los “derechos que deben ser
protegidos en todo el mundo”, la mayoría de los
Gobiernos de América del Sur condenan al unísono
una normativa que, según opinan, es discriminatoria
y atenta contra los principios fundamentales de
solidaridad.
El Presidente
Venezolano Hogo Chávez por su parte además de
criticar duramente la iniciativa europea amenazo
con no enviar petróleo venezolano a aquellos países
que persigan emigrantes. Chávez se pregunto si
vuelven los campos de concentración nazis;
"esperamos que los gobiernos europeos, ya no el
parlamento, se pronuncien en contra de esta
directiva. Vamos a ver qué dicen ahora los gobiernos
de Europa", expresó Chávez. "Vamos a ver si es que
van a meter presos (a los indocumentados) porque son
millones, tendrán que hacer campos de
concentraciones. El presidente venezolano acusó a
quienes aprobaron la directiva de fascistas y
tiranos agregando que "al menos nuestro petróleo
no debe llegar a esos países" que pongan en
práctica la normativa.
"Esos son los que nos
acusan a nosotros de dictadores, porque es la
derecha europea la que nos acusa. Cada ladrón juzga
por su condición. Ellos son los que representan el
fascismo, la tiranía, el irrespeto (sic) al ser
humano y a los derechos más elementales de los
pueblos. Es la derecha y la ultraderecha europea",
sentenció.
Por su parte, el
paraguayo Lugo rechazó "enérgicamente" la resolución
y aún más "cuando hablamos de un mundo globalizado”.
Destaco la incongruencia en criminalizar el tema
migratorio, argumentando que la norma “
violenta las intensas relaciones migratorias que
Europa y América Latina han sabido desarrollar a lo
largo de siglos”
Ecuador
Rafael Correa,
presidente ecuatoriano, se quejó de “que esa Europa
de las luces sea hoy un símbolo de contradicciones”,
se mostró partidario de impulsar “un frente
regional” para responder a la “barbaridad” que
supone la “directiva de la vergüenza”.
Bolivia
De este último
término se hizo eco el boliviano Evo Morales,
exigiendo visado a los europeos; pero finalmente su
vicecanciller Hugo Fernández llamó a la calma
rechazando adoptar “decisiones apresuradas”.
Brasil
El gobierno del
presidente Lula apuntó que la decisión europea es
"una decisión que contribuye a crear una percepción
negativa de la emigración y va en el sentido
contrario al de una deseada reducción de obstáculos
a la libre circulación de personas".
Argentina
Argentina rechazó con
firmeza la nueva ley de la UE, diciendo que
"establecer restricciones, incluidos largos períodos
de detención e impedir la libre circulación de
personas por motivos de origen étnico, religión,
ideología, género, edad o calificación constituye
una violación de los derechos humanos fundamentales.
Emigrar no es un delito".
Perú, Colombia y Ecuador,
por su parte, remitieron una carta a la Unión
Europea llamando a la “reflexión conjunta”.
El repudio a la ley
de la UE se extiende país por país. Varios gobiernos
toman acciones contra la normativa y anuncian que
elevarán sus quejas a instituciones internacionales
como la ONU y el Mercosur, lo ha manifestado el
presidente uruguayo Tabare Vázquez.
España es, después de
EE.UU., el país con mayor número de inmigrantes
procedentes de América Latina: autoridades españolas
calculan en cerca de dos millones los sudamericanos
que viven en forma "legal" y se estima que 850.000
personas aproximadamente están situación irregular.
Más datos
Se calcula que un
millón y medio de ecuatorianos viven fuera de país,
la mitad de ellos viajaron a España y un 10 por
ciento a Italia. Se estima que si se produce un
reagrupamiento familiar con estos emigrados ya en
suelo europeo un millón de ecuatorianos podrían
llegar a España e Italia
Los bolivianos que
viven en Europa son más de 500.000, la mayoría en
España, Los paraguayos en España alcanzan a
100.000, la mayoría sin permiso de trabajo. La
emigración colombiana alcanza los 500.000 y los
peruanos 116.000 peruanos en España y
aproximadamente 120.000 en Italia.
La Cámara de
Senadores de Uruguay declaró su rechazo a una
decisión que consideró "constituye una violación a
los derechos humanos básicos". Además, expresó que
la norma es una "flagrante incongruencia de la UE
que nutrió de inmigrantes a Latinoamérica y que se
ha beneficiado de la capacidad de trabajo, de la
honestidad y el esfuerzo de los inmigrantes".
La ONU
Uno de los
comisariados de la ONU para los Derechos Humanos,
manifestó su "preocupación" ante la nueva directiva
sobre inmigrantes ilegales aprobada por el
Parlamento Europeo. "Eso nos distancia de la
convención de las Naciones Unidas sobre migraciones"
y constituye "un elemento de discrepancia" que
deberá "ser revisado", pues "hay derechos que deben
ser protegidos en todo el mundo", declaró en una
rueda de prensa.
A las reprobaciones
realizadas por varios gobiernos de América Latina se
debe agregar los de la Comunidad Andina de Naciones,
la CAN y el Vaticano, la izquierda y las
asociaciones de defensa de los derechos humanos en
varios países.
Puntos de la Ley
europea
La directiva prevé la
repatriación (o retorno) al país de origen del
inmigrante, a un país de tránsito con el que la UE
tenga acuerdo de repatriación o a otro país al que
el inmigrante decida ir, siempre que sea admitido.
Retorno voluntario
Una vez emitida una
orden de expulsión, se establece un periodo para el
retorno voluntario del inmigrante, de entre 7 y 30
días. El periodo puede extenderse en función de
algunas circunstancias (hijos escolarizados en el
país, lazos familiares, entre otras).
Retención
Comunicada la
expulsión, el internamiento en un centro -nunca
cárcel- podrá ser decidido en caso de “riesgo de
fuga” o si el inmigrante sin papeles rechaza su
repatriación. Se garantiza el acceso de las ONG a
los centros de internamiento, así como la
posibilidad de que el inmigrante recurra la orden de
expulsión. Asimismo, se garantiza al detenido la
asistencia jurídica gratuita según la legislación
nacional y con los límites de la directiva sobre
asilo.
Duración de la
retención
Se establece un
periodo máximo de internamiento de seis meses,
ampliable a 18 en caso de “falta de cooperación” del
inmigrante para su repatriación o problemas en el
proceso (obtención del permiso del país implicado u
otros). Tras esos 18 meses, si no se ha producido la
expulsión, el inmigrante debe quedar libre.
Varios países
europeos no tienen actualmente límites temporales
para el internamiento de inmigrantes. Para los que,
como España, cuentan con periodos inferiores, no se
obliga a ampliarlos.
Prohibición de
entrada
Tras su expulsión, el
inmigrante no podrá entrar en Europa en un plazo de
cinco años (más si se aprecia que supone una
“amenaza grave” para el orden y la seguridad.
Menores
Los menores no
acompañados y las familias con menores serán
internados “como último recurso y durante el menor
tiempo posible”. No obstante, los menores no
acompañados podrán ser expulsados a países donde no
tengan un tutor o una familia siempre que haya
“estructuras adecuadas de acogida” Mientras estén
internados, se les garantiza el “acceso a la
educación”.
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