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Servicio Médico Penitenciario:
un “convenio” como
problema en Parlamento
Versión taquigráfica
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Lo sigue a continuación es la
versión taquigráfica de la sesión
del día 16 de diciembre de 2008 de la
Comisión de Salud Pública del Senado de la Republica
con representantes del Servicio Médico
Penitenciario, dependiente del Ministerio del
Interior.
Lo que motivo a los integrantes del
Servicio Médico Penitenciario concurrir al
parlamento es una serie de hechos surgidos luego que
el “1º de octubre y por resolución ministerial
‑concretamente, de las señoras Ministras de Salud
Pública y del Interior- los médicos penitenciarios
ya no prestan más funciones dentro del Complejo
Carcelario Santiago Vázquez. Ahora, estas tareas
están a cargo del servicio médico de ASSE,
dependiente del Ministerio de Salud Pública.
Ingresan a Sala los representantes del Servicio
Médico Penitenciario)”
Los integrantes del Servicio Médico
Penitenciario doctores Danilo Rodríguez y Marcelo
Pietrafesa Olivera y enfermero Sergio Valerio,
pusieron en conocimiento de la Comisión
parlamentaria una serie de hechos que consideran que
los afectan y afectan gravemente la normal atención
sanitaria de los presos que comprende este convenio.
Presidente (Dr. Alberto Cid):
La Comisión de Salud Pública da la bienvenida a los
representantes del Servicio Médico Penitenciario,
dependiente del Ministerio del Interior, en torno al
cual existe una situación compleja con la cobertura
que ha llevado a generar asimetrías a nivel de sus
funcionarios. Esto es lo que hemos recogido de la
nota que nos enviaron, cuya aspiración fue la de
plantear el tema en este ámbito.
Dr.
Danilo Rodríguez:
Nosotros somos médicos policías y nuestra Unidad
Ejecutora es la Dirección Nacional de Cárceles. Tal
como su nombre lo indica, el Servicio Médico
Penitenciario surgió del Hospital Penitenciario que
funcionó en las instalaciones del Penal de Punta
Carretas y, cuando éste dejó de existir, también
dejó de funcionar el Hospital Penitenciario como
tal. Luego, se configuró lo que ahora se llama
Servicio Médico Penitenciario que consiste en una
guardia médica -en algunos establecimientos, de
médicos y enfermeros- que presta funciones en cada
establecimiento de reclusión.
La Dirección Nacional
de Cárceles es uno de los tres sistemas
penitenciarios que tiene nuestro país. En este
sentido, existe una cárcel departamental,
dependiente de cada Jefatura de Policía -por lo
tanto, con médicos de dicha Jefatura-; el Centro
Nacional de Recuperación, que funciona en donde hoy
está el Hospital Musto -que es una ONG
paragubernamental- y la Dirección Nacional de
Cárceles. Por lo tanto, nuestro sistema
penitenciario tiene tres ítems bien diferenciados.
Concretamente, el
Servicio Médico Penitenciario presta funciones en
los establecimientos penitenciarios de la Dirección
Nacional de Cárceles; esto es, dentro de los límites
del departamento de Montevideo, en el Centro de
Reclusión Tacoma, en la Cárcel de Mujeres -conocida
como Cabildo- el COMPEN -ex COMCAR, Complejo
Carcelario de Santiago Vázquez- y en el Centro de
Reclusión de La Tablada; y fuera de Montevideo, en
el Penal de Libertad y en el Centro de Recuperación
Nº 2, que es la Colonia o Cárcel Granja que está
cerca del Penal de Libertad.
Nos alegramos mucho
de que los señores Legisladores se hayan interesado
por esta problemática, porque desde el 1º de
octubre y por resolución ministerial
‑concretamente, de las señoras Ministras de Salud
Pública y del Interior- los médicos penitenciarios
ya no prestan más funciones dentro del Complejo
Carcelario Santiago Vázquez. Ahora, estas tareas
están a cargo del servicio médico de ASSE,
dependiente del Ministerio de Salud Pública.
Nosotros hemos encontrado varias irregularidades en
esta cuestión que hemos venido a plantear en el día
de hoy. En lo que atañe a esta Comisión, que tiene
que ver con la salud pública, creo que lo que cabe
manifestar es la falta de idoneidad y capacitación
profesional de los colegas médicos y enfermeros que
están prestando servicios en ese lugar.
Entiendo que
corresponde, a esta altura, extraer parte de lo que
expresa un documento. Allí se dice que el
Servicio Médico Penitenciario ya ha participado en
tres seminarios internacionales -Lima 2006, Santiago
2007 y Bogotá 2008- y en otros tantos nacionales
auspiciados por el Sindicato Médico del Uruguay y la
Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina; y,
además, que se encuentra abocado a proyectos en
VIH-Sida, tuberculosis, salud mental, promoción y
prevención con efectores de la propia población
carcelaria. Más adelante, en este documento
también se expresa que el Sindicato Médico del
Uruguay, desde hace tres o cuatro años, a través de
la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de
Médicos del sector público, se encuentra abocado a
gestionar frente a la Facultad de Medicina y la
Escuela de Graduados una cátedra, una
especialización de medicina penitenciaria que, por
supuesto, todavía no existe en nuestra Universidad,
pero sí en Universidades de la región, como, por
ejemplo, en Buenos Aires, Santiago y San Pablo.
De hecho se están
generando situaciones para las cuales el médico y el
enfermero del Servicio Médico Penitenciario estaban
preparados y el nuevo sistema no. A modo de ejemplo,
la Constitución de la República establece que debe
ser el Ministerio de Salud Pública, como policía
sanitaria nacional y efector de salud, quien esté a
cargo de las personas privadas de libertad.
Quiero aclarar que el Servicio Médico Penitenciario
se creó para ordenarnos en las demandas de la
población reclusa; y de no haber sido así,
imagínense los señores Senadores que aproximadamente
hay siete mil personas privadas de libertad en
nuestro país -tenemos uno de los índices más altos a
nivel mundial en cuanto a presos y, según creo,
ocupamos el segundo o tercer lugar- que irían a los
hospitales demandando atención en salud.
En este sentido, se
creó una guardia médica en cada establecimiento para
que funcionara a modo de filtro, para que el médico
junto con el enfermero trabajaran como asesores
sanitarios de la autoridad carcelaria. En
consecuencia, ellos son los que deciden qué persona
privada de libertad debe recurrir a un centro de
mayor complejidad sanitaria como son, por ejemplo
-dentro de los límites de Montevideo y para el tema
del complejo carcelario- los Hospitales Saint Bois y
Maciel. El Hospital Saint Bois se utiliza para las
urgencias médicas -los enfermos crónicos se atienden
en la Sala Penitenciaria que la asisten dos médicos
de Salud Pública pero con personal del Ministerio
del Interior- y las urgencias quirúrgicas las presta
el Hospital Maciel.
Quiero señalar que
desde el 1º de octubre -ya hace casi dos meses que
está funcionando el nuevo servicio médico en el
complejo carcelario- están llegando a los
hospitales de Salud Pública -según nuestro criterio-
demasiadas personas privadas de libertad con
patologías que no ameritan dichos traslados. Por
lo tanto, se está complejizando aún más lo que son
las puertas de urgencia de estos Centros del
Ministerio de Salud Pública. A modo de ejemplo, se
han referido al Ministerio de Salud Pública -tanto
al Hospital Saint Bois como al Maciel- pacientes con
diarreas o lesiones autoinferidas de mínima gravedad
que no requerían dicho traslado. Para que los
señores Senadores tengan una idea los médicos
penitenciarios, en situaciones más o menos normales,
referimos de urgencia al Saint Bois o al Maciel tres
o cuatro pacientes por semana, mientras que en estas
guardias nuevas se están derivando alrededor de
quince pacientes en un mismo día.
Para no extenderme
más en este tema, quiero señalar que la falta de
capacitación e idoneidad es un tema importante,
máxime en un Centro como el Complejo Carcelario
Santiago Vázquez, que en este momento es el más
poblado, ya que cuenta con dos mil quinientos
reclusos.
En la resolución que
alcanzamos a los señores Senadores, la señora
Ministra del Interior reconoce nuestra capacitación
profesional -concretamente en el segundo punto- y
dice que los profesionales que ya no prestan
servicios en el Complejo carcelario serán
redistribuidos en otras dependencias de la misma
Dirección Nacional pero, fundamentalmente, al Penal
de Libertad. Dice así: “En virtud de la capacitación
y experiencia del personal médico penitenciario del
COMCAR”, parece un poco paradójico que la señora
Ministra reconozca nuestra capacitación para otras
dependencias de la Dirección Nacional de Cárceles,
pero no para el COMPEN, ex COMCAR.
A modo de anécdota
-porque sé que no es la especificidad de esta
Comisión- voy a comentar que no hubo llamado a
concurso para estos médicos y enfermeros. Por otra
parte, si bien todavía no existen ambulancias, hay
dos choferes que ya están cobrando un salario por
esa tarea. Ahora bien, corresponde señalar que
aunque no haya llamado a concurso -sabemos que los
señores Ministros pueden tomar decisiones que no
tengan nada que ver con este aspecto- tampoco se
respetó una lista de precedencia que, como los
señores médicos saben, existe en el Ministerio de
Salud Pública. ASSE tiene una lista de precedencia
de médicos, enfermeros, choferes y de cualquier tipo
de funcionarios que se requieran para la función.
Como dije, no se recurrió a esta lista para crear
los nuevos cargos, y tampoco fueron consultadas las
autoridades penitenciarias dependientes de este
Servicio Médico Penitenciario para poner en práctica
el nuevo servicio y para que la transición se
hiciera con la mayor normalidad posible.
De hecho, después de
dos meses y dieciséis días de instaurado el nuevo
servicio, continúan planteándose situaciones con
guardias descubiertas, horarios que no se cumplen,
llegadas tarde, medicamentos y tratamientos que no
se administran como se debe, e incluso, con un
preso, una persona privada de libertad, que tiene
una comisión dentro del servicio médico, puesto que
es quien realiza las tareas administrativas en la
computadora, lleva las historias clínicas y habilita
los tratamientos a las demás personas privadas de
libertad que requieran la atención médica de parte
del nuevo personal sanitario.
Por otro lado,
creemos que la gran diferencia salarial, si bien no
es de la especificidad de esta Comisión, no
constituye un dato menor y, al respecto, voy a citar
tres casos que tienen que ver con esto. El médico
penitenciario Grado 1 que hoy está trabajando en el
Penal de Libertad -son médicos jóvenes, con poca
experiencia, recién egresados- cobra aproximadamente
$ 8.000 o $ 9.000 por mes, por realizar una guardia
de 24 horas por semana. Un médico del Ministerio de
Salud Pública, de ASSE, por realizar la misma tarea,
cobra alrededor de $ 15.000 mensuales. Los nuevos
médicos cobran $ 30.000 por mes por realizar esta
guardia de 24 horas semanales, y los enfermeros
alrededor de $ 20.000. Tenemos información de que en
este salario está contemplado -aspecto que los
médicos y enfermeros penitenciarios hemos reclamado
durante muchos años- lo que tiene que ver con
nocturnidad y trabajo insalubre. También hemos
solicitado que se nos dé el dos por uno para la
jubilación, es decir que un año de labor equivalga a
dos para la jubilación. Todo esto está contemplado
en el salario del nuevo personal dependiente del
Ministerio de Salud Pública.
También a modo de
anécdota podemos decir que dos médicos vinculados
estrechamente a la señora Ministra de Salud Pública,
gestaron el proyecto, en el mes de mayo de este año,
sin consultar tampoco al Directorio de ASSE.
Concretamente, la doctora Alicia Scarlatta, logró
que tanto la señora Ministra de Salud Pública como
la del Interior respaldaran este proyecto de ley.
Otro dato no menor y
que tiene que ver con lo anteriormente expuesto
respecto a la capacitación y la idoneidad, así como
a los seminarios en que se participa, es que
periódicamente nuestras cárceles son visitadas por
inspectores pertenecientes a organizaciones tales
como Médicos sin Fronteras, la Cruz Roja
Internacional y la Organización Mundial de la Salud,
que a nivel mundial están intentando hacer que las
cárceles del mundo cuenten con el personal idóneo,
fundamentalmente capacitado en patologías
prevalentes e infecciosas, así como capacitación en
derechos humanos, aspectos sobre los cuales nuestras
cárceles, hasta no hace mucho tiempo, eran omisas en
la cuestión.
A su vez, en el mes
de marzo tendremos la visita de un representante
directo del Comité Internacional de la Cruz Roja,
quien se encontrará con la sorpresa de que este
trabajo de tres o cuatro años en nuestro país se ha
dejado de lado en el Complejo Carcelario de Santiago
Vázquez.
Queremos destacar que
las gestiones que realizamos fueron a través del
Sindicato Médico del Uruguay. Incluso, hoy
esperábamos que nos pudiera acompañar su Presidente,
el doctor Toledo, pero ello no fue posible. A
través de su equipo de abogados, el Sindicato
Médico del Uruguay -fundamentalmente por parte de
la doctora Pereyra- considera que este es un tema
puramente administrativo. Asimismo, fue comisionado
al doctor Delpiazzo, Grado 5 y Profesor de Derecho
Administrativo, la elaboración de un informe
respecto al tema que, lamentablemente, no podemos
poner en conocimiento de esta Comisión ya que nos
fue imposible conseguir una copia del mismo. De
todos modos, podemos adelantar que es totalmente
favorable a nuestras demandas.
Por lo tanto, el
Sindicato Médico del Uruguay está trabajando en este
tema, al igual que los sindicatos policiales,
recientemente creados, a través de COFE y el PIT -
CNT, a los efectos de hacer respetar la demanda
histórica de los médicos de nuestro país en el
sentido de que a igual función se reciba igual
remuneración, lo cual no ocurre en este momento.
Asimismo, como saben, también hemos hecho gestiones
ante el Poder Legislativo, las cuales han sido muy
valiosas y debemos agradecer.
Por otra parte,
también hemos mantenido reuniones con la Directiva
de ASSE, con la Gerenta General, Asistente Social
Alma Chiodi, y el representante por los funcionarios
de ASSE, el Enfermero Alfredo Silva, quienes han
encontrado muchas irregularidades. Del mismo modo,
mantuvimos contactos con los Directores del Hospital
Saint Bois -que, como dije, es referencia de primer
nivel para nuestros pacientes- con los médicos de la
sala penitenciaria -que, si bien pertenecen a ASSE,
atienden a las personas privadas de libertad- y con
el Director de ASSE. Obviamente, también hemos
dialogado con nuestros jerarcas del Servicio Médico
Penitenciario.
Si bien la resolución
ministerial dice que las evaluaciones serán
semestrales y en función de ellas se irá llevando
este nuevo proyecto a todos los establecimientos de
reclusión, tenemos noticias de que próximamente -si
bien no se han cumplido los seis meses- el
Ministerio de Salud Pública pondría un servicio
médico dependiente de ASSE en la cárcel de mujeres.
Debemos tener en cuenta que ésta posee una altísima
complejidad de funcionamiento médico -si bien la
población reclusa es, aproximadamente, de 270 ó 280
personas- por lo cual pensamos que se ahondará más
la problemática si no se cumple ese servicio con los
médicos y enfermeros capacitados e idóneos en el
tema.
Nuestro abogado en
los sindicatos policiales ha elevado un pedido de
audiencia a la Dirección Nacional de Trabajo que
esperamos sea respondido en estos días. En
definitiva, las gestiones estamos intentando
hacerlas, fundamentalmente, a nivel del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social donde, sin embargo,
todavía no hemos sido recibidos. Por el momento es
cuanto quiero informar.
Senador Victor Vaillant:
Quisiera formular un par de preguntas.
Creo haber entendido
el planteo y, si no me equivoco, podría resumirlo en
dos aspectos centrales. Uno de ellos tiene que ver
con la situación salarial de los trabajadores
actuales del servicio de salud del sistema
penitenciario, en comparación con el sistema nuevo,
lo que genera, de parte de ustedes, un reclamo en
tanto sienten que hay una injusticia ya que el nuevo
proyecto que se pone en práctica otorga a los
médicos y enfermeros que trabajan en él salarios muy
diferentes a los que actualmente tienen en el
servicio penitenciario. Por lo tanto, ese es un
planteo de carácter reivindicativo.
A su vez, el segundo
tema que plantean tiene que ver con lo que puede ser
la eficiencia del sistema que se crea. De acuerdo
con lo que ustedes manifiestan, el sistema actual
cuenta con personal idóneo y capacitado porque tiene
una vasta experiencia en el hospital penitenciario,
mientras que el nuevo sistema actuaría con personal
que no posee esa experiencia. Al respecto, quisiera
saber cuál es su opinión respecto de cómo funciona
el sistema de salud penitenciario actualmente.
¿Ustedes consideran que el sistema de salud
penitenciario es correcto, que ha mejorado, o que es
bueno o malo? Para nosotros saber eso es
fundamental, puesto que si esto se está haciendo con
el objetivo de mejorar el sistema y éste es bueno,
no tendría sentido; pero si opinan que es malo, me
gustaría saberlo, al menos para complementar la
información.
Dr.
Danilo Rodríguez:
Agradezco al señor Senador por esa pregunta, que es
excelente. En una de las notas que les adjuntamos a
los señores Senadores expresamos que el personal
técnico penitenciario, médicos y enfermeros,
pretenden apoyar los cambios que sean necesarios en
ésta y otras áreas del quehacer nacional, para lo
cual defendemos y exigimos la legitimidad de los
procedimientos que se realicen. ¿Por qué decimos que
apoyamos los cambios? Porque el Servicio Médico
Penitenciario, en forma crónica, endémica y rayana
en la omisión de asistencia, ha sido totalmente
ineficiente.
De los tres
compañeros que estamos acá yo soy el más antiguo,
pues llevo 17 años en la práctica de la medicina
carcelaria; ingresé directamente en el Penal de
Libertad en el año 1992 y no conocí el hospital de
Punta Carretas, aunque sí lo conocieron mis jefes
médicos. Nuestro director técnico, el doctor Luis
Llosa, lleva casi 30 años en la práctica de la
medicina carcelaria, conoció el hospital de Punta
Carretas, y lamentablemente fue testigo, junto con
su personal subalterno -si se me permite el término
policial- del deterioro progresivo que ha tenido la
medicina penitenciaria en nuestro país. Existen
múltiples causas que han llevado a esta situación,
que tienen que ver con lo económico y con la
carencia de recursos humanos, pero también con la
corrupción -no tengo vergüenza en decirlo- dentro
del sistema penitenciario, que hubo muchísima y la
sigue habiendo, y también involucra a los servicios
médicos y a las prestaciones sanitarias.
Contestando
concretamente la pregunta del señor Senador cabe
señalar que, dado que la Constitución establece que
debe ser el Ministerio de Salud Pública el
responsable de la atención sanitaria de las personas
privadas de libertad, por una razón de ordenamiento
del trabajo médico se crearon los Servicios Médicos
Penitenciarios. El gran inconveniente que existe
es que estos servicios intramuros, con una
enfermería dentro de cada establecimiento, no puede
resolver todos los temas de salud de cualquier
persona, y mucho menos de aquellas privadas de
libertad, que exigen mayor complejidad del trabajo
médico que un usuario normal, si se me permite la
expresión, que no quiere ser peyorativa.
Como características
generales de los 7.000 reclusos, podemos mencionar
que el 90% proviene de las zonas más carenciadas y
marginadas de nuestra sociedad, que hay un índice de
analfabetismo rayano en el 90%, que existe una
franja etaria promedio de alrededor de 25 ó 26 años,
muchos de los cuales no tienen una partida de
nacimiento ni cédula de identidad, por lo que no
existen para la sociedad; las patologías prevalentes
allí tienen que ver con la promiscuidad -apareciendo
enfermedades de trasmisión sexual como el HIV sida,
el VDRL o sífilis- con el hacinamiento y con las
carencias nutricionales, viéndose tuberculosis,
estafilococo dorado y enfermedades infecciosas como
hepatitis.
Es decir que existe
una complejidad en el trabajo médico que supera a
los médicos penitenciarios. Por lo tanto, en lo que
tiene que ver con el servicio médico penitenciario,
la idea era que en la medida en que fuéramos
progresando en nuestro sistema de salud
-acompañando los cambios políticos, por supuesto- el
Ministerio de Salud Pública lo flexibilizara y
brindara al Ministerio del Interior prestaciones de
salud que obviaran la complejidad del tema sanitario
cuando se debiera ofrecer a esos pacientes -que son
las personas privadas de libertad- atención
sanitaria de tercer y cuarto nivel.
El médico
penitenciario cuenta con una enfermería y con
medicamentos; puede curar una angina, una diarrea,
es decir, lo que tiene que ver con las consultas
médicas de primer nivel e, incluso, las de segundo
nivel. Sin embargo, no puede atender las consultas
que corresponden al tercer y cuarto nivel, que son
aquellas que exigen una cirugía, una internación, o
un procedimiento diagnóstico o terapéutico
complicado. Esos casos, por supuesto, no los puede
resolver el médico del servicio penitenciario y, por
lo tanto, es necesario recurrir a los hospitales del
Ministerio de Salud Pública. Hasta hoy, en que tomó
posesión de los cargos el nuevo Servicio Médico en
el Complejo Carcelario, teníamos que recurrir a las
amistades en los hospitales.
Por ejemplo, para que
un paciente pudiera ser operado, aconsejábamos
llamar al Hospital Maciel determinado día en que
atendía un médico amigo, porque no era posible
ubicarlo en ningún hospital. Incluso, en lo
personal, atendí el caso de un muchacho joven, de
poco más de veinte años, con una lesión ocular
reversible, que estuvo dos años y medio para poder
operarse; se trataba de una catarata, que es una
intervención que lleva veinte minutos.
Con lo que acabo de
exponer quiero decir que -lamentablemente, y hasta
el día de hoy- no se ha logrado resolver este tipo
de problemas, por muchos motivos, algunos vinculados
con las presiones -y lo digo con todo respeto- de
los gremios dentro de ASSE, de los funcionarios,
sean técnicos o no técnicos.
Quiero recordar aquí
el caso de un enfermero que murió hace años en la
guardia del Hospital Maciel por un mal manejo de la
medicina carcelaria. Los hospitales del Ministerio
de Salud Pública se resisten a atender a las
personas privadas de libertad, más allá de que para
el común de la sociedad -digo esto sin pelos en la
lengua- los presos son de cuarta categoría.
Este problema se hace
más grave en lo que tiene que ver con la prestación
de asistencia y, más aún, cuando los médicos estamos
mandando a los hospitales situaciones que no
ameritan ese tipo de atención, ya sea porque el
médico no fue lo suficientemente capaz de hacer el
diagnóstico correcto, o porque en connivencia con el
recluso aceptó trasladarlo sin que presentara una
patología que así lo requiriera. Obviamente, el
recluso quiere salir del establecimiento carcelario
y va a usar cualquier medio para lograrlo; por eso
recordamos lo que sucedió en el Hospital Maciel,
cuando se produjo un tiroteo dentro de la propia
institución de asistencia.
En definitiva, en
mayo los jerarcas de nuestro Servicio Médico se
pusieron en contacto con el Ministerio de Salud
Pública para flexibilizar esa prestación o
contraprestación de asistencia para personas
privadas de libertad. Lo que nosotros pretendíamos
era que se generara, por ejemplo, en el Hospital
Maciel, un día de cirugías para los presos; en el
Hospital Saint Bois una sala penitenciaria mejor
acondicionada para las personas privadas de
libertad; en el Instituto de Traumatología, un día
para cirugía ortopédica para los presos; y que en el
Hospital de Clínicas se destinara un block
quirúrgico, un día por semana, dedicado a ellos. Sin
embargo, ya teníamos los médicos y los enfermeros en
el Complejo Carcelario, y no entendemos por qué no
contamos con lo primero que se pidió; y se cambiaron
a los médicos y a los enfermeros.
Senador Enrique Antía:
Quiero hacer una pregunta que quizás apunte al
futuro. En la hipótesis de que un día se haga una
reformulación de la Dirección Nacional de Cárceles,
¿se considera necesario que la salud forme parte de
esa Dirección en lo que refiere al primer y segundo
nivel de atención, llevando el tercer nivel a los
hospitales?
Dr.
Danilo Rodríguez:
Si, señor Senador, ese sería el mejor mecanismo.
Para que quede claro, podemos decir que de cada
cincuenta consultas que se reciben en el Complejo
Carcelario de Santiago Vázquez, una corresponde a un
enfermo.
Presidente (Dr. Alberto Cid):
Agradecemos la presencia de la delegación y
adelantamos que el tema será discutido en este
Cuerpo tomando en cuenta la versión taquigráfica de
esta sesión, a los efectos de tratar de encontrar
una solución al problema planteado. (Se retiran de
Sala los representantes del Servicio Médico
Penitenciario)
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