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Nuevas orientaciones
estratégicas
para las políticas sociales en Uruguay
1. Un nuevo relato
del Uruguay Inclusivo. El cambio social implica una
revolución cultural.
2. Compromiso con los
pobres y un pacto de inclusión y reciprocidad con
los trabajadores y las capas medias.
3. Creación de un
sistema de servicios públicos de integración social.
4. Fortalecer las
organizaciones sociales para no estatizar la
sociedad.
5. Promover políticas
decididas de acción afirmativa.
6. Una Sistema de
Protección Social Integral basado en tres pilares y
la infancia como prioridad.
ONCE
PROGRAMAS DE CAMBIO PARA EL URUGUAY SOCIAL y
CINCUENTA COMPROMISOS CONCRETOS DE POLITICAS
1. Programa de
transformaciones en la institucionalidad del MIDES,
INDA, INAU, INMUJERES.
2. Programa “Salud
100%”. En cinco años lograr la universalización del
Sistema Nacional de Salud.
3. Programa “De la
Calle a la Escuela”: Repensar la estrategia. 2014,
un país sin niños y niñas en situación de calle.
4. Programa “Uruguay
Protege”. Perfeccionar la universalización de las
asignaciones familiares.
5. Programa “Más
Barrio, más Vida”. 24 intervenciones urbanas para la
inclusión.
6. Programa “Uruguay
Crece Contigo”. 15.000 familias con soberanía y
seguridad alimentaria para el crecimiento y el
desarrollo.
7. Programa “Estudiar
Vale la pena” Plan Educativo en la Enseñanza Media:
25 centros educativos comunitarios y 10.000 becas
escolares para adolescentes.
8. Programa de
“Acciones afirmativas”: 5 planes prioritarios;
porque la igualdad se construye en la diversidad.
9. Programa “Uruguay
mi casa”. Habitat y desarrollo urbano.
10. Programa de
“Certificación de calidad de las ONG”. Excelencia
para los servicios sociales.
11. Programa “Mas
ciudadanía organizada”. Desarrollo y Fortalecimiento
de la Sociedad y sus 2500 organizaciones sociales.
SEIS
ORIENTACIONES ESTRATEGICAS
Una fuerza de
izquierda no debiera olvidar nunca la necesidad de
tener proyectos de largo plazo que iluminen el
accionar cotidiano. Por eso hoy queremos hacer un
planteo sobre política y sociedad, con el énfasis en
más y mejores políticas sociales en el Uruguay.
Primera orientación:
Necesitamos construir
un nuevo relato del Uruguay Inclusivo. El cambio
social implica una revolución cultural
Conceptualmente la
formulación e integralidad de la política social
enfrenta el desafío y el conflicto de dirimir entre
lo posible y lo deseable, entre objetivos sociales y
económicos, entre prioridades intemporales y óptimos
sociales junto a situaciones de coyuntura y
emergencia. Por este motivo, la política social es
ante todo, esencial y simultáneamente un tema
político y económico. La sustentabilidad y
viabilidad económica de las políticas sociales debe
estar en el mismo nivel de consideración de la
sustentabilidad social de la política económica.
Las políticas
sociales no pueden ser el resultado de entusiastas
planteamientos voluntaristas. Por el contrario, son
la expresión fundamental de los propósitos de la
sociedad y de las posibilidades económicas para
alcanzarlos, que obviamente son realidades
inseparables. Para que las políticas sociales sean
tanto un asunto de principios como de prioridades y
de gestión, es preciso discutir y establecer los
logros deseables y alcanzables. Por ese motivo,
hemos planteado que una Economía para todos y para
todas tiene que integrar en su diseño, la
construcción del sistema de protección social del
siglo XXI.
En el centro de las
políticas sociales de un gobierno progresista
debería plantearse la reducción drástica de las
desigualdades, porque es posible reducir la
indigencia e incluso la pobreza y mantener las
desigualdades. Es clave que pensemos las políticas
sociales en clave de ampliación de ciudadanía y
derechos.
Hay que comprender
con mucha claridad que la configuración social del
Uruguay ha cambiado drásticamente y que hay algunas
situaciones sociales instaladas que serán de muy
difícil resolución en el corto plazo.
Por eso, el gran
desafío de un gobierno de izquierda es instalar un
nuevo relato de integración social producto de un
amplio pacto social y político, radicalmente
democrático, equitativo y esperanzador. Un relato
que incorpore nuevos valores culturales que expresen
una forma de habitar el mundo centrada en la
solidaridad.
Un relato que nos
proponga como sociedad un proyecto a construir, un
modelo deseable y alcanzable por el cual día a día
trabajar y luchar. Un relato que nos permita
amalgamar lo diverso y que la fractura social no se
transforme en crispación y enfrentamiento entre
sectores sociales. Un relato social que nos
entusiasme, que nos haga sentir que vale la pena
nuestro país, porque es viable, es seguro y tiene un
proyecto de futuro.
Construir ese relato
es parte de la disputa ideológica por generar
legibilidad, comprensión y respaldo a medidas de
redistribución social que hay que profundizar porque
es posible contemplar a todos y todas solo si
reconocemos los puntos de partida desiguales. La
concreción de lo anterior es parte de un profundo
cambio cultural que el Uruguay debe procesar. Hemos
cambiado de gobierno después de 170 años de historia
pero la batalla principal es transformar la cultura.
Queremos pensar el
futuro porque tenemos la certeza que el futuro nos
transforma. ¿Cómo puede ser que el futuro, algo que
aún no es, algo que aún no está, nos llegue a
afectar? ¿No estaremos incurriendo en un imposible
lógico al situar, como vulgarmente se dice, la
carreta delante de los bueyes? Evidentemente el
futuro no es algo que esté ahí, algo que nos esté
esperando y hacia lo que avanzamos inexorablemente,
sin otra opción que la adaptación.
El futuro nos
transforma en la medida en que es anticipado
-definido, preconstruido- ya desde ahora. El futuro
actúa en el presente en la medida en que es en el
presente cuando ponemos las bases de lo que el
futuro va a ser. Pensar el futuro es, de alguna
manera, anticiparlo. Por eso no es posible situarse
en el presente si no es en el marco de un proyecto
de futuro. Tratar de definir, entre los varios
futuros históricamente posibles y la estructural
incertidumbre que la vida contiene, aquel concreto
futuro que deseamos, exige tomar decisiones y
adoptar estrategias desde hoy mismo.
Por otra parte, ya
sabemos que tampoco el pasado es lo que ha sido,
sino lo que en un momento determinado se dice que ha
sido. Construir y elaborar los relatos del pasado es
una práctica fundamental, constituyente, de
cualquier sociedad. Entre pasado y presente, al
igual que ocurre entre presente y futuro, se
establecen relaciones de mutua alimentación.
Recientemente Zigmunt
Bauman escribía lo siguiente: La cuestión ética no
es tanto la de si los nuevos desposeídos o
desfavorecidos se levantan y se suman a la lucha por
la justicia, que no pueden entender más que como
rectificación de la injusticia cometida contra
ellos, sino la de si los acomodados y, por ende,
privilegiados, la nueva “mayoría satisfecha” de John
Kenneth Galbraith, se pone por encima de sus
intereses singulares o grupales y se consideran
responsables de la humanidad de los Otros, los menos
afortunados. En otras palabras, si están dispuestos
a suscribir, en pensamiento y en acto, y antes de
que se los obligue a ello, y no por miedo a verse
obligados, unos principios de justicia tales que no
puedan satisfacerse a menos que se conceda a los
Otros el mismo grado de libertad práctica, positiva,
del que ellos mismos han venido gozando [1] .
Por ese motivo
reafirmamos que el cambio cultural es la garantía de
las transformaciones duraderas.
Segunda orientación:
Compromiso con los
pobres y un necesario pacto de inclusión y
reciprocidad con los trabajadores y las capas medias
En el 2005 el Frente
Amplio asumió el gobierno en el marco de una crisis
social de grandes dimensiones. Hemos demostrado
nuestra opción por los pobres, hemos demostrado
nuestra opción por los trabajadores. Desde el Plan
de Emergencia a los Consejos de Salarios hay una
gama relevante de acciones y políticas. Nuestro
compromiso con las personas pobres es una seña de
identidad de nuestras acciones. Pero las políticas
sociales no deben enfocarse en forma restringida a
ellos. Debemos seguir cambiando y por eso vamos por
más.
Debemos en un nuevo
gobierno del Frente Amplio ampliar la base de los
servicios sociales también para los trabajadores y
las capas medias que constituyen un pilar
fundamental de nuestro proyecto político. Tampoco
hay sociedad integrada si las capas medias no
participan activamente de la educación pública y de
los servicios de salud. Los cambios también son
duraderos si una amplia alianza de sectores sociales
lo respalda y en particular, si los capas medias se
sienten parte de los beneficios de un nuevo sistema
de protección social. Esto garantiza respaldo
político, legitimidad social y estabilidad económica
de las políticas. A la consigna que pague quien
tiene más debemos agregarle un añadido: que el que
pague también perciba los beneficios en forma
directa a través de servicios o de un clima social
que refuerce la integración social.
Queremos igualar
hacia arriba y estimular fuertemente a quienes viven
de su trabajo y generan riqueza en el país. Las
capas medias en Uruguay son un motor de dinamismo y
de integración social a la cual debemos de
retornarle también, al igual que a los trabajadores
con menores ingresos, más y mejores beneficios y
servicios sociales de calidad en seguridad social,
salud y educación.
Por eso es
fundamental que el Frente Amplio fortalezca una
alianza amplia de trabajadores, de sectores medios
de la ciudad y el campo para que participen y se
beneficien de los cambios sociales en curso.
Tercera orientación;
Debemos impulsar la
creación de un sistema de servicios públicos de
integración social
La compasión no puede
ser un sustento de la política. Es necesario
arbitrar y optar, particularmente en relación a
cuales son los niveles de desigualdad inadmisibles
en una sociedad. Trazar esa frontera es una tarea
política, no técnica. Es en el terreno de la
política que debe elaborarse la frontera deseada.
Queremos plantear la
necesidad de concebir las políticas sociales como un
sistema de servicios públicos de integración social.
Estos deben concentrar toda su atención, su
incidencia y su logística en cuáles son las
condiciones iniciales que catapultan a los
individuos a procesos precipitados de desconexión
con el mundo social.
Las políticas
sociales no pueden concebirse como las políticas
para los pobres, que compensan de alguna forma el
mal funcionamiento del mercado. Las políticas
sociales son un soporte central del proyecto
político de integración y por eso deben de tener una
vocación universal, anclaje territorial y dinámicas
sectoriales.
En la sociedad actual
hay muchas formas de estar excluidos. La pobreza es
una de ellas, pero no la única. Por eso hablamos de
exclusiones en plural. Estar excluido es no contar
en absoluto, no ser considerado parte de la
sociedad. El principal desafío de los excluidos es
lograr ser. Ellos constituyen la sombra proyectada
del mal funcionamiento de la sociedad y son la
resultante de un proceso de desacoplamiento al
estilo de vida y convivencia del Uruguay.
A nosotros nos
preocupan las personas, por eso no queremos que las
mismas se borren en su denominación detrás de un
problema: nos habíamos acostumbrados a que había
pobreza y no personas pobres, desocupación más que
personas desocupadas, exclusión más que personas
excluidas. El esfuerzo durante este período ha
permitido que tengan nombre, rostros; y las personas
no son pobres: están pobres. Y esta diferenciación
para quienes creemos en los cambios y en la lucha
contra toda forma de estigmatización, no es menor.
Entendemos que es
necesario introducir una nueva categoría de
derechos: el derecho a la integración social, a ser
parte de un colectivo. El derecho a la integración
articula por un lado un imperativo moral más allá
del derecho a la subsistencia. Considerar a los
individuos como ciudadanos es superar la visión
asistencial de los programas de emergencia. Cuando
la gente pasa de recibir canastas a poder comprar
con su tarjeta, cuando pasa de percibir un ingreso
Ciudadano a integrarse a un Programa de Uruguay
Trabaja o de Rutas de Salida, cuando participa
activamente de las asambleas departamentales de
construcción del Plan de Igualdad de Derechos y
Oportunidades, está realizando un proceso de
apropiación colectiva de sus derechos.
Queremos reafirmar no
solo el derecho a vivir, sino el derecho a vivir en
sociedad.
Por estas razones,
los servicios públicos de integración social deben
concentrar su atención e incidencia en las
condiciones iniciales de los individuos y en
particular en sus dotaciones de capital social. La
distribución de los ingresos estará fuertemente
determinada por esta trayectoria de vida de los
individuos y es previo a esto que debería
concentrarse la acción.
Son servicios
públicos porque son garantes de cohesión social y
cumplen una función política. Los servicios públicos
del futuro serán aquellos que mejor se adapten a la
recomposición del vínculo social a los efectos de
reducir en forma persistentes las desigualdades.
El eje principal de
intervención debe ser la promoción permanente y a
tiempo del principio de igualdad de oportunidades a
los efectos de debilitar el peso de las herencias
del pasado y del contexto social al cual pertenecen
los grupos y personas más vulnerables a los efectos
de lograr alterar y tocar rápidamente esa
trayectoria que parece inevitable.
Cuarta orientación:
Hay que fortalecer
las organizaciones sociales para no estatizar la
sociedad.
Hemos planteado que
la izquierda debe incorporar un trípode de gestión,
política y sociedad en su actuación. En el campo de
las políticas sociales esto es especialmente
relevante: nuestra apuesta estratégica es fortalecer
las organizaciones sociales y todas sus expresiones
organizadas favoreciendo su autonomía. No queremos
estatizar la sociedad.
Hoy en muchas áreas
de las políticas sociales organizaciones de la
sociedad civil implementan y diseñan programas. En
este plano, creemos que el Estado debe asumir que es
necesario una “gestión asociada” en muchas áreas de
las políticas públicas y no concebir a estas
entidades como suministradoras de servicios
sociales. Esto implica que existe un espacio de
actuación conjunta que debe alcanzar formas de
alianza específicas que exige la adecuación de la
normativa actual y la creación de espacios que
permitan acordar con reglas de funcionamiento claras
y acordes a los objetivos compartidos.-
Asumir esta idea
implica tener una estrategia decidida a fortalecer
las organizaciones de la sociedad civil para su
autonomía. Hay una democracia viva y que avanza
cuando hay sociedad organizada, en la dimensión
política, en la dimensión cultural, en la económica
y también en la social.
La izquierda que
transforma la sociedad es aquella que deja huellas
en el tejido social a través del fomento de la
organización social. Por este motivo, recomponer y
fortalecer los lazos con la sociedad organizada
superando una mirada restringida de “lo popular” nos
desafía.
Quinta orientación:
Hay que promover
políticas decididas de acción afirmativa.
Creemos que es
necesario desarrollar políticas de acción afirmativa
dirigida a grupos sociales que han sido
históricamente excluidos en el Uruguay. Estas
políticas son necesarias porque para enfrentar las
desigualdades no es posible tratar a todos por
igual. Aquellos que sufren una discriminación
estructural o histórica deben ser objeto de un trato
preferencial en el acceso o distribución de ciertos
recursos o servicios así como acceso a determinados
bienes. Por eso creemos firmemente que hay que tener
políticas de acción afirmativa dirigidas hacia las
mujeres, las personas lesbianas, gays, transgénero y
transexuales; las personas discapacitadas, las
comunidades que viven en el interior rural y las
personas afrodescendientes.
La igualdad, en si
misma, no es un estado sino un proyecto, es decir,
un principio que estructura el desarrollo y la
construcción de la sociedad. Cada colectivo humano
prioriza un conjunto de valores que entiende
pertinentes en tanto vertebradores sociales. Las
desigualdades se convierten en intolerables ante una
sociedad, cuando ésta reconoce que el o los
principios vertebradores que legitimó ya no están
verdaderamente vigentes. Creemos que es necesario
expresar con toda claridad que hay desigualdades
intolerables en el Uruguay las cuales necesitan de
acciones decididas.
Sexta orientación:
Un Sistema de
Protección Social Integral basado en tres pilares y
la infancia como prioridad
Si pensar el futuro
es construir en parte el presente, desde mi punto de
vista la izquierda debe plantearse a modo de valizas
que pauten un posible camino en los próximos cinco
años de gobierno redefinir las bases de un nuevo
Estado social en Uruguay, con la modernidad de la
gestión que impone el siglo XXI, estructurado en los
pilares de la igualdad y la libertad junto a una
fuerte sensibilidad social y con el desarrollo de
una potente red de protección social que hay que
re-edificar pero sin perder la memoria.
En consecuencia
avanzar en un Sistema de Protección Social Integral
que introduzca nuevas categorías de derechos
sociales, instale servicios públicos de integración
social, transforme viejas estructuras y potencie
programas e iniciativas que han sido exitosos. Desde
una perspectiva de efectivizar el ejercicio de la
ciudadanía plena la Reforma Social debe garantizar
los derechos sociales del siglo XXI en un proceso
sistemático y persistente de transformaciones
estructurales.
La reforma social
deberá pasar por tres ejes orientadores: una fuerte
reestructura del sistema de protección social en el
país basada en nuevos servicios públicos de
integración social y al mismo tiempo una apuesta
empecinada para alterar la distribución de los
ingresos a través de una mejora permanente de la
política impositiva y la profundización de políticas
activas de empleo.
La construcción de un
nuevo modelo de bienestar basado en esa tríada
debiera ser la orientación para cada acción que se
tome, en la emergencia o en el mediano plazo. Es
necesario cuando se aborda la situación de coyuntura
definir acciones que tengan relación con el proyecto
de largo aliento. De lo contrario, estaremos a
tientas.
Desde nuestro punto
de vista, la infancia y la adolescencia deben ser la
prioridad. Queremos pensar al país, como decía Luis
Perez Aguirre, a través de la mirada de los niños y
las niñas. Teniendo en cuenta el balance
generacional debemos enfocar con alta prioridad las
políticas hacia los niños y niñas.
INICIATIVAS POLÍTICAS PARA EL URUGUAY SOCIAL
1) Programa de
transformaciones en la institucionalidad del MIDES,
INDA e INAU, INMUJERES
La creación del
Ministerio de Desarrollo Social ha sido un avance
considerable en el rediseño de la institucionalidad
social en el Uruguay. Es necesario desarrollar un
fuerte énfasis en un mejoramiento continuo de la
gestión culminando un proceso de reingeniería
institucional iniciado en esta administración.
En esa dirección, es
necesario trasladar el Instituto Nacional de
Alimentación (INDA) desde la órbita del MTSS hacia
el Mides. La ubicación del INDA en el MTSS obedece
en rigor a una realidad social e institucional de
hace al menos cuatro décadas. Por diversas
situaciones no fue posible ubicar al INDA desde el
inicio en la órbita del MIDES.
La especialización de
los organismos del Estado exige que organismos con
papeles relevantes en la red de protección social se
vinculen directamente a través del Ministerio de
Desarrollo Social. En particular el INDA debe jugar
un papel central en la política de soberanía
alimentaria del Uruguay.
A nivel del INAU es
necesario realizar una transformación institucional
que separe el rol de rectoría de las políticas de
infancia en el Uruguay y la gestión directa de
programas y servicios. La transformación del MSP
para la implementación del sistema nacional de salud
donde se separaron estos roles es un camino a seguir
como ejemplo.
A nivel del INAU, se
entiende que es necesario ubicar bajo su dependencia
al Programa Infancia y Familia que hoy se encuentra
adscripto directamente al MIDES. De esta manera se
dotaría de legitimidad institucional lo planteado en
el nuevo Código del Niño que establece que el INAU
es el rector de las políticas de infancia y
adolescencia en el Uruguay. Al mismo tiempo, el INAU
como servicio público de integración social de la
infancia debe ampliar sus servicios a los sectores
medios y de trabajadores, particularmente a través
del Plan CAIF y programas dirigidos para
adolescentes. Se entiende que el Centro de Formación
debe desacoplarse de la estructura del INAU en la
medida que la formación de educadores sociales en el
país debe estar encuadrada en el marco del sistema
público de educación y formación.
También en el INAU se
impulsará la creación del Instituto Nacional de
Rehabilitación, como servicio descentralizado. Esto
implica que la atención de los adolescentes privados
de libertad y en conflicto con la ley no dependerán
más del organismo. El nuevo Instituto Nacional de
Rehabilitación será el responsable de la gestión de
las medidas de privación de libertad en todo el
país. Incorporará tanto los establecimientos
destinados a adultos como aquellos destinados a
adolescentes que deban cumplir penas de privación de
libertad, conforme a lo que disponga la justicia
competente.
En relación al
organismo rector de las políticas de género (hoy
Instituto Nacional de las Mujeres) se debe avanzar
hacia una institucionalidad jerarquizada, con rango
ministerial y que cuente con autonomía presupuestal
y que estando al nivel jerárquico correspondiente,
permita profundizar en el diálogo y construcción de
políticas públicas con perspectiva de género en los
mas distintos ámbitos de acción del gobierno.
Transversalizar las políticas publicas con
perspectiva de género se hace imperioso para que
podamos hablar de una verdadera democracia, donde
hombres y mujeres estén integrados a todos los
espacios sociales y puedan gozar de ellos sin
limitaciones que provengan de estereotipos, mandatos
culturales o concepciones limitadoras.
2) Programa “Salud
100%”. En cinco años, lograr la universalización del
Sistema Nacional de Salud
El Sistema Nacional
de Salud significa una apuesta decidida a construir
servicios públicos de integración social. En los
próximos años debemos plantearnos universalizar el
seguro de salud integrando a un sector de
trabajadores y capas medias que aún hoy no están
incluidos, entre los que se destacan cónyugues,
adolescentes y personas adultas mayores jubilados o
pensionistas.
En el plano de la
salud sexual y reproductiva creemos que hay dos
acciones prioritarias: la aprobación de una Ley
integral de promoción de los derechos sexuales y
reproductivos que incluya la despenalización del
aborto y la elaboración e implementación de un Plan
Nacional de Promoción de los Derechos Sexuales y de
los Derechos Reproductivos. Este Plan contaría con
un Consejo Consultivo presidido por la Dirección de
Derechos Humanos del MEC.
Queremos un Estado
garante de los derechos sexuales y reproductivos de
todos y todas, sin moralismos ni disciplinamientos,
para que todos y todas tengamos derecho a decidir y
derecho a disfrutar.
En este plano,
también proponemos profundizar y expandir en el
territorio nacional el abordaje realizado por
Iniciativas Sanitarias en el Hospital Pereira
Rossell para la prevención del aborto en condiciones
de riesgo al tiempo que nos comprometemos al
cumplimiento y control de la normativa vigente
(Ordenanza 369, Ley 18.426)
Creemos que es
necesario en esta materia profundizar en el
cumplimiento de la normativa vigente sobre los
estudios de prevalencia de cáncer de mama, cuello de
útero y próstata y la inclusión de la anticoncepción
en el sistema nacional integrado de salud.
3.- Programa “De la
Calle a la Escuela”: Repensar la estrategia: 2014 un
país sin niños y niñas en situación de calle
En toda el área
metropolitana hay menos de 2000 niños, niñas y
adolescentes en situación de calle. Un gobierno de
izquierda debe poder plantearse enfocar en forma
contundente este problema para alcanzar una meta
básica: que en el Uruguay del 2014 no haya más niños
y niñas en situación de calle.
El país invierte en
este problema recursos e infraestructuras pero
debemos repensar la estrategia para mejorar los
resultados. No es posible que nos acostumbremos a
que esta realidad no se puede cambiar. Habrá sin
duda que revisar los dispositivos y las formas de
intervención del Estado y de las organizaciones no
gubernamentales que tienen una muy amplia
experiencia en esta materia. También se deberá
valorar desde la perspectiva de los derechos humanos
la responsabilidad de los adultos ante la mendicidad
de los niños y niñas. La defensa de la libertad
individual es un derecho humano a defender pero
también lo es el derecho de los niños a no ser
expuestos a la mendicidad.
Es necesario
reconocer que asistimos a un agotamiento del modo en
que fuimos respondiendo a la presencia de los niños
y niñas en las calles.
El modelo de
intervenciones que hemos generado en el país en los
últimos 20 años, fue implementado sobre un sustrato
de focalización, que está revelando límites en
cuanto a la generación de trayectorias viables y
sostenibles para los niños, de incorporación exitosa
en los ámbitos que les corresponde por derecho.
Estas respuestas
fueron válidas en un contexto social, económico y
político que era otro. A la luz de los cambios en
los modelos de políticas sociales vigentes y en la
arquitectura de la matriz del estado de bienestar
social, es necesario refundar/reorientar los modos
de intervención específicos para las poblaciones que
aún siguen en procesos de exclusión y vulneración de
derechos.
Creemos necesario
replantearnos cuánto de lo viejo y vigente debe
continuar, y qué modelos nuevos deben emerger. No es
lo mismo intervenir con estas poblaciones sin un
Plan de Equidad que con él, no es lo mismo
intervenir sin acceso al sistema de salud que con la
incorporación de todos los niños a él. No debería
ser lo mismo y si es igual, algo anda mal.
A nivel de políticas
sociales, la década de los ‘90 marcó la
consolidación de una generación de respuestas
focalizadas a problemáticas específicas como vía de
acceso a derechos universales.
La cronificación y
extensión de los fenómenos de exclusión social,
junto a los procesos de concentración territorial de
la pobreza y la profundización de la brecha social,
está marcando fronteras cada vez más rígidas para el
acceso a los bienes universales.
De este modo, las
respuestas focalizadas concebidas como dispositivos
especializados de tránsito, una suerte de vía
especial para el acceso a la ‘sociedad integrada’,
fueron transformándose en avenidas paralelas de
circulación, o espacios-de-sentido- en- sí- mismos,
con la consecuente pérdida de efectividad en su
objetivo fundante y fuertes dificultades para su
intersección con el sistema universal de políticas
públicas a la infancia.
Bajo la pretensión de
la compensación para la universalidad, corremos el
riesgo de amurallar la pobreza en planes especiales.
Para imaginar un
Uruguay en el 2014 sin niños y niñas en situación de
calle debemos cambiar de estrategia. Reconocerlo es
el primer desafío político que queremos asumir.
4.- Programa “Uruguay
Protege”. Perfeccionar la universalización de las
asignaciones familiares
El Uruguay debe
profundizar la tendencia a que la asignación
familiar es un derecho del niño y perfeccionar su
universalización. En el diseño actual un hijo de un
trabajador/a formal tiene derecho a la prestación,
pero puede ocurrir que ese trabajador/a pasa por un
período sin actividad y si el hogar no reúne las
condiciones para ingresar en el nuevo sistema de
asignaciones familiares, ese hogar pierde el derecho
a la prestación, justamente cuando los ingresos en
el hogar descienden. Este es un ejemplo de que el
perfeccionamiento del sistema pasa también por crear
o mejorar los vínculos entre sus componentes y
llenar los vacíos que aún persisten.
Parecido al caso
anterior esta la situación de los menores respecto
al seguro de salud. Si una madre o padre pierde el
derecho por salir del empleo formal, ello conlleva
la pérdida de derecho del menor. Creemos necesario
establecer un plazo para que el menor retenga el
beneficio, mientras que su responsable puede
recuperar un trabajo formal.
En el nuevo sistema
de asignaciones familiares se estableció un
incremento monetario si el menor cursa el nivel
secundario. Sabido es que uno de los mayores
problemas que afrontamos es la deserción de los
jóvenes luego del ciclo básico. Es probable que sea
muy eficiente reforzar ese complemento para jóvenes
que permanecen estudiando luego del ciclo básico.
Esto se puede hacer por esta vía o vincularlo con
becas monetarias para estudiantes en determinada
condición social y sujeto a condiciones de
rendimiento.
5.- Programa “Más
Barrio, más Vida”. 24 intervenciones urbanas para la
inclusión.
El Programa “Más
Barrio, más Vida” es una estrategia integral de
efectivización de la ciudadanía e inversión en
infraestructura, equipamiento y servicios sociales
básicos en 24 comunidades emblemáticas del Uruguay
donde habitan alrededor de 35.000 personas en su
mayoría indigentes y vulnerables a esta.
El Programa inicia
una intervención de transformación sustantiva de la
trama urbana de la localidad. La clave de la
estrategia es el desarrollo de infraestructura y la
transformación estética para la convivencia. La
efectiva participación de los vecinos será central
en la se definición, selección y diseño de las
intervenciones, tomando como base y potenciando la
rica experiencia del “presupuesto participativo”.
Proponemos incluir el
concepto de “derechos urbanos” desde la decisión y
apropiación responsable de los habitantes y buscando
la calificación de la vida desde un espacio público
bien equipado en servicios para la comunidad
barrial.
En cada una de las 24
zonas se realizará una “Campaña de Ciudadanía
Efectiva” consistente en un relevamiento y posterior
inserción de cada uno de los habitantes de dichas
localidades en los servicios sociales básicos.
Concretamente en cada
zona se implementarán acciones para garantizar:
1.- Documentación de
identidad completa a cada una de las personas
(partida de nacimiento, cédula, de identidad,
credencial cívica).
2.- Acceso garantido
a las asignaciones familiares.
3.- Documentación
acreditante para los servicios de salud.
4.- Inclusión en el
programa de apoyo al padre y madre adolescente; y el
programa “Estudiar vale la pena”.
5.- Los programas del
Fondo de Reconversión Laboral focalizarán entre sus
beneficiarios a los habitantes de estas zonas en
forma prioritaria.
6.- Inclusión en el
Programa de Alfabetización Digital Universal
extendiendo el uso de las prestaciones del Plan
Ceibal.
6.- Programa “Uruguay
Crece Contigo” 15.000 familias con soberanía y
seguridad alimentaria para el crecimiento y el
desarrollo
Debemos impulsar un
programa que nos garantice que en los próximos 5
años logremos que no haya niños y niñas con retraso
de crecimiento y bajo peso. Por eso estamos
proponiendo la iniciativa “Uruguay Crece Contigo”,
como una línea estratégica de prioridad. Los niños y
niñas primero tiene que ser nuestro objetivo”.
Esto implica
implementar un programa de soberanía y seguridad
alimentaria de cercanía para lograr una reducción
significativa del riesgo nutricional en los niños y
niñas menores de 4 años y en las mujeres embarazadas
en todo el país.
Los niños y niñas en
el país son pocos y un conjunto considerable en los
primeros años de vida sufren retraso de crecimiento
debido a problemas nutricionales que aún existen en
el Uruguay”.
El Uruguay debe
priorizar el gasto social en la infancia y en
particular focalizar esfuerzos interinstitucionales
en la primera infancia ya que existe evidencia que
la mala alimentación de los niños repercute
directamente en un retraso en el crecimiento. De
acuerdo a estudios recientes de UNICEF un 11% de los
niños de 0 a 2 años tienen retraso de crecimiento en
Uruguay. Un país que es productor de alimentos no
puede permitir que nuestra infancia se encuentre mal
alimentada.
Este programa se
focalizará en 15000 familias por año que tienen
hijos de 0 a 2 años y se encuentran con niveles de
inseguridad alimentaria severos y moderados a través
de un dispositivo de cercanía con las familias que
se debe traducir en un contrato de reciprocidad que
se firme con padres y madres cuyos niños y niñas se
encuentran con problemas alimentarios. El programa
incluirá cinco componentes: promoción de hábitos de
alimentación saludable en el hogar, un estrecho
sistema de vigilancia sanitaria a la familia en
riesgo; un programa de inserción social a través del
mejoramiento del capital educativo dirigido a las
mujeres jefas de familia, promoción de pautas de
crianza respetuosas de los derechos humanos y un
apoyo adicional a las familias en la alimentación de
sus hijos.
7.- Programa
“Estudiar Vale la pena” Plan en la Enseñanza Media:
25 centros educativos comunitarios y 10.000 becas
escolares para adolescentes.
Tenemos un problema
de importantes dimensiones en la educación medida en
el Uruguay. De acuerdo al Instituto Nacional de
Estadística sabemos que casi el 30% de la población
urbana no logra completar en la actualidad el ciclo
básico, al tiempo que uno de cada cuatro que sí lo
consiguen lo hace luego de cumplidos los 18 años.
Por eso proponemos un
Plan a nivel de la Educación Media basado en un
sistema de Becas para Adolescentes de carácter
progresivo en su monto en función del desempeño
escolar y con un sistema de claras contrapartidas.
Se proponen 10.000
becas en todo el país, concentrando el primer
esfuerzo en el ciclo básico de secundaria y UTU.
Al mismo tiempo se
propone la creación de 25 liceos comunitarios en
todo el país extendiendo el tiempo pedagógico en los
mismos revertir el problema de la desvinculación
estudiantil en secundaria. Para esto proponemos
ampliar el tiempo pedagógico tendiendo a Liceos
Comunitarios en el Ciclo Básico con un diseño en el
cuál el aula tenga un rol importante pero
complementario a otras formas y espacios de
aprendizaje).
En una primera fase
nos planteamos como metas para estos 25 centros
educativos:
.- Duplicar el
promedio de dedicación horaria de los docentes en
los centros educativos en el quinquenio;
.- Asegurar en cada
uno de los liceos un 30% de profesores con cargo
docente.
.- Disminuir en un
50% la brecha de rezago y deserción según entornos
socioculturales;
.- Alcanzar el 100%
de docentes titulados en el nivel..
La educación refleja
a profundidad de la fractura social que el país
vivió fruto de años de aplicación de políticas que
no tuvieron en cuenta a los más pobres como
prioridad. No podemos admitir los niveles de
desigualdad a los que hemos llegado en la sociedad.
Mientras los jóvenes de los barrios de mayores
ingresos de Montevideo -y, por tanto, del país -
presentan tasas de egreso de secundaria semejantes a
las de los países industrializados o más
desarrollados -entre los jóvenes de los barrios de
menores ingresos de Montevideo apenas uno de cada
diez consigue esta meta.
Entre el 93 y 95% de
los jóvenes que viven en Punta Carretas, Parque Rodó
y Pocitos logran culminar toda la secundaria,
mientras que solo entre un 38 y 42% de los
adolescentes de Casabó, Casavalle, La paloma y Tres
Ombúes lo consiguen.
8. Programa de
“Acciones afirmativas” Porque la igualdad se
construye en la diversidad
Muchas personas son
discriminadas por diversos motivos en el Uruguay.
Para que se produzca la discriminación es necesario
ver a la persona discriminada como parte de un grupo
o colectivo por el que se siente rechazo o
desagrado.
La base de la
discriminación suele encontrarse casi siempre en los
estereotipos, que son creencias, ideas y
sentimientos negativos o positivos hacia ciertas
personas pertenecientes a un grupo determinado.
Cuando se realiza una valoración negativa de un
grupo en base al estereotipo y esto lleva a las
personas a actuar de un modo determinado respecto al
grupo o individuo prejuzgado, el resultado es la
discriminación: la violación de derechos, la
desigualdad, la infelicidad.
Proponemos que el
Estado despliegue Cinco Planes de Acciones
Afirmativas dirigidos especialmente a grupos de
población que en el Uruguay sufren discriminación
persistente: las personas discapacitadas, las
personas afrodescendientes, las personas lebsianas,
gays, trangénero y transexuales; las comunidades del
interior rural, y las mujeres.
Pretendemos aplicar
un tratamiento preferencial para estos grupos
sociales implementando mecanismos de selección
expresa y positivamente encaminados a corregir las
desigualdades. Cada Plan instrumentará mecanismos de
discriminación inversa que se pretende operen como
una forma de compensación a favor de dichos grupos.
Los mismos serán elaborados en consulta con las
organizaciones representativas del sector.
En ese proceso
promoveremos entre otras iniciativas una adecuación
legislativa de los instrumentos legales que mandatan
a los organismos públicos a incorporar un porcentaje
de personas discapacitadas como también promoveremos
una línea especial de atención en la formación
laboral para este sector a través del Fondo de
Reconversión Laboral.
En el caso de la
población afrodescendiente, fortalecimiento de la
institucionalidad existente, generación de un
mecanismo rector de la equidad racial, con mayor
jerarquía y presupuesto genuino dentro del MIDES. Se
transverzalizará el componente étnico racial en las
políticas sociales a ser implementadas; focalizando
acciones territorializadas en zonas urbanas y de
frontera donde existe mayor concentración de
población. Se realizará una focalización especial
del Programa “Vale la pena estudiar” dirigido a
estudiantes de raza negra y se implementarán
programas de reconversión laboral con estímulos
fiscales para aquellos empresarios que incorporen en
su plantillas de recursos humanos jóvenes
afrodescendientes.
En el caso de las
mujeres, además de profundizar en las líneas
estratégicas de igualdad que propone e implementa el
actual Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos,
promovemos la paridad de género en la integración
del gabinete y las responsabilidades de gobierno.
Asimismo, creemos en la importancia de nuevos pactos
familiares que apunten a la corresponsabilidad en
las tareas reproductivas brindando iguales
oportunidades a hombres y mujeres para disfrutar del
entorno familiar y desarrollarse en el plano laboral
junto con servicios públicos universales para el
cuidado de niños y dependientes. Estamos pensando en
servicios públicos que garanticen el derecho de las
personas a ser cuidadas y atendidas en las etapas de
las vida que menos pueden auto-valerse, cuando niños
y cuando viejos. Aquí es donde las asimetrías de
género han legado este trabajo y responsabilidad
exclusivamente a las mujeres cooptando así
oportunidades para la capacitación, el auto-cuidado
y el empleo en el mercado de trabajo remunerado. Un
sistema integral de cuidados debería apuntar a que
todas las personas puedan cuidar y ser sujeto de
cuidado sin por eso limitar las posibilidades de
quien ejerce el cuidado. Este sistema debe
garantizar estos servicios de atención a la primera
infancia y a la vejez tanto a las poblaciones más
desfavorecidas y de menores ingresos como a las
capas medias que mencionábamos anteriormente.
En el caso de las
personas lesbianas, gays, transgénero y
transexuales, garantizaremos sus derechos dentro de
un Plan Nacional De Lucha Contra Toda Forma De
Discriminación, apoyado en un marco legal y una
institucionalidad actualizados y coherentes. La
educación sexual en especial, y toda la educación en
general, incorporará explícitamente la perspectiva
de la diversidad sexual.
Para los habitantes
de las comunidades rurales del Uruguay focalizaremos
aún más un conjunto de acciones para lograr que la
vida en el campo sea parte de una ciudadanía plena.
En ese plano, nos planteamos un sistema diferencial
de asignaciones familiares para las familias rurales
en el entendido que es necesario favorecer su
radicación en el campo. También promoveremos
finalmente la electrificación total del Uruguay
alcanzando a 7000 hogares que aún no tienen energía
eléctrica en nuestro país. La iniciativa de un costo
de 40 millones de dólares será subsidiada por el
gobierno central y la UTE en un plazo de cinco años.
Entendemos que el
esfuerzo principal es dotar a esta iniciativa de
legitimidad, visibilidad y un presupuesto específico
acorde que exprese la voluntad política clara y
decidida de actuar.
9) Programa “Uruguay
mi casa”. Habitat y desarrollo urbano
El documento “Uruguay
Social” del Frente Amplio recientemente aprobado, es
claro cuando afirma que la vivienda y el hábitat
debe considerarse como factor de inclusión social y
re-distributivo. El programa define esta política
pública como una prioridad de primer orden para el
próximo gobierno.
La concepción que
orientó y orientará las acciones de política
habitacional se apoya en una nueva visión del rol
del Estado,- no ya como mero facilitador,- sino como
un actor relevante, rector y constructor de
políticas, promotor de amplios consensos sociales ,
desde responsabilidad social con los más
vulnerables.
Aumentar los recursos
para el nuevo plan quinquenal de vivienda no solo es
un mandato programático de la fuerza política, sino
que es estratégico como factor de desarrollo social.
Nos proponemos que esta prioridad se exprese en
43.000 soluciones habitacionales durante el próximo
gobierno a partir de una batería de medidas. Se
deberán generar instrumentos claros de captación de
ahorro público y privado y un contexto favorable a
la inversión privada en vivienda social mediante
incentivos atractivos y sostenibles en el mediano y
largo plazo.
Además de los aportes
tradicionales en mano de obra por ayuda mutua y el
ahorro previo propios del sistema cooperativo se
considerarán y valorarán especialmente los recursos
y activos que poseen las familias autoconstructoras
como fuente de enorme potencial para el acceso a la
vivienda y el hábitat. Creemos necesario potenciar
en forma armómica tres pilares de una trilogía:
ahorro o esfuerzo propio, préstamo y subsidio si la
situación socio-económica familiar lo amerita.
Las Líneas de Acción
para los próximos 5 años serán:
1- Política de Suelo:
Potenciar y activar la Cartera de Inmuebles del
Estado para Vivienda de Interés Social recientemente
creada.
Para esto es
necesario aprobar los instrumentos que permitan en
forma ágil acceder a los inmuebles necesarios
mediante la adquisición, adjudicación y/o
utilización de inmuebles públicos y disponibles ya
identificados y evaluados, para nuevos proyectos en
coordinación con los gobiernos locales, las
organizaciones sociales y los promotores privados.
2.- Programas de
Renovación Urbana en las capitales departamentales.
Son los sectores con
mejores servicios e infraestructuras y tienen una
enorme potencialidad para su densificación y
renovación. También se priorizarán en las zonas
urbanas la recuperación para vivienda de antiguos
complejos industriales en desuso,
3- Programa de mejora
y mantenimiento “Casa Renueva”
Basado en la
experiencia reciente (Ciudad Vieja renueva y Barrio
Peñarol), se implementarán planes especiales de
mantenimiento y mejora del stock habitacional. Se
apoyará decididamente con programas de microcréditos
de bajo interés, apoyo técnico y canasta de
materiales para un amplio sector de familias que
necesitan mejorar sus condiciones de vida y donde se
podrá trabajar por autoconstrucción y pequeñas
empresas con generación de empleo y capacitación.
4- El alquiler como
una opción accesible. Se implementarán programas de
Arrendamiento de Interés Social agregando nuevos
instrumentos a los ya existentes para un acceso
seguro y ágil al alquiler. Destacamos iniciativas de
círculos alquiler protegido y la promoción de
cooperativas de alquiler.
5.- Fuerte compromiso
con la vivienda cooperativa. La solución
habitacional a través del cooperativismo es central
y a la cual daremos alta prioridad. Las experiencias
de ayuda mutua y las de ahorro previo han demostrado
ser una forma de hacer ciudad inclusiva e
integradora además de una solución habitacional
digna para los uruguayos.
10) Programa de
“Acreditación y Certificación de calidad de las
ONG”. Apuesta a la excelencia para los servicios
sociales
Las organizaciones no
gubernamentales y cooperativas que implementan
servicios sociales en convenio con el Estado son
actores claves en la gestión moderna de las
políticas sociales. Más del 90% de los niños, niñas
y adolescentes que atiende el INAU se realizan en
régimen de convenios, al igual que un gran número de
los programas implementados en diversos ministerios
y gobiernos departamentales en el Uruguay.
Hoy el Estado a
través de sus diversas dependencias no cuenta con un
sistema de acreditación de la calidad de las
entidades que permita un relacionamiento más
transparente y profesional. Los criterios de
evaluación son disímiles en toda la administración
pública y no hay una historia de desempeño de las
instituciones que las acredite para poder acceder a
gestionar convenios más complejos.
El sistema de
Acreditación y Certificación otorgará un sello de
calidad a las organizaciones que realicen convenios
con el Estado, promoverá un sistema de
escalonamiento de las entidades para recibir fondos
en función de la experiencia y el puntaje previo y
promoverá acciones permanentes de capacitación y
mejora para alcanzar más y mejores servicios
sociales.
11) Programa de “Mas
ciudadanía organizada”. Desarrollo y Fortalecimiento
de la Sociedad y sus organizaciones.
Este Programa está
dirigido hacia las 2500 organizaciones sociales y al
menos 18.000 personas que en Uruguay expresan
diferentes formas organizativas y asociativas de la
sociedad en todos sus niveles.
El Estado debe
promover su desarrollo y fortalecer su autonomía.
Una democracia viva se expresa en una sociedad
organizada y movilizada, con proyectos e intereses.
El Programa de
desarrollo y Fortalecimiento se basa en los
siguientes pilares:
.- Una Ley de
Asociaciones Civiles que delimite claramente la
especificidad del sector y que esté basada en el
principio de promoción y de autorregulación. Deberá
permitir la participación en asociaciones a menores
de 18 años, favorecer la existencia de asociaciones
integradas por personas jurídicas y físicas
.- Un Fondo de
Desarrollo Institucional y de Infraestructuras de
Organizaciones sociales que apunte al mejoramiento
de equipamientos y edificios para servicios públicos
de las instituciones.
.- Un Programa de
capacitación y de fomento asociativo dirigido a los
sectores sociales no organizados.
.- Un Sistema de
Nacional de Voluntariado que impulse en particular
el involucramiento en tareas comunitarias a jóvenes
y adultos mayores.
.- Un Programa de
Gerencia Social de Organizaciones y un sistema de
beca que favorezca un acceso equitativo en todo el
país.
A estos efectos se
deberá fortalecer el ámbito institucional que tenga
como objetivos fomentar la autonomía y fortalecer a
las organizaciones de la sociedad civil, a través de
una serie de acciones de asistencia técnica,
financiera y de capacitación
A modo de cierre
Hemos planteado
iniciativas sobre política y sociedad para que haya
más y mejores políticas sociales. La política debe
recuperar el rol de brindar certezas sobre el
porvenir y de formular cartas de navegación para los
ciudadanos. La falta de comprensión del sentido de
las transformaciones sociales y de la
direccionalidad de las mismas junto a la
interrogante sobre el modelo de sociedad futura
produce por un lado la crisis de la política y por
otro el distanciamiento de ésta con la sociedad.
Por eso creemos
cierto lo que señala Pierre Rosanvallon: “si quiere
recuperar su papel, la política debe consagrarse a
formalizar este diagnóstico y las perspectivas a las
que conduce. Tal sería en efecto el retorno de lo
político: la capacidad recuperada de descifrar las
inquietudes; de formalizar y hacer compartir un
marco de interpretación de las mutaciones en curso
(…) y de proponer por último, una trayectoria
colectiva capaz de establecer los términos renovados
de un contrato social duradero, vale decir productor
de una certidumbre de sí, apertura a los otros y
porvenir común.
[1] Z. Bauman, La posmodernidad y sus descontentos,
Akal, Madrid 2001, p. 81. |
