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Autonomía e innovación: En la sesión del 1ro de noviembre próximo pasado el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (UdelaR) trató una nota elevada por la Asamblea General del Claustro (AGC) respecto de la creación de una “Agencia Nacional de Innovación”. La Agencia se crea, sin exposición de motivos, a través de un artículo único de la Ley de Presupuesto.
Dado que una nota periodística reciente da información incompleta y hace algunas interpretaciones rebuscadas sobre los contenidos de la polémica, me ha parecido útil y necesario agregar algunos otros datos sobre el asunto y rastrear sobre las posibles razones del ofuscamiento manifestado por algunos Consejeros en esa sesión.
La nota referida (fechada 20 de octubre, dirigida al Rector y firmada por el Presidente de la AGC) dice muy brevemente:
“La Asamblea General del Claustro, reunida en el día de ayer, resolvió poner en su conocimiento, y por su intermedio al CDC, la preocupación por el contenido del Art. 236 (antes Art. 223) del Proyecto de Ley de Presupuesto sobre la creación de una “Agencia Nacional de Innovación”.
La iniciativa, en principio, no se compadece con las consideraciones que sobre la ICTI elaboró la AGC, las que se dieron a conocer al CDC en su oportunidad.
Por otro lado, le informamos que la Asamblea de 10.09.05 resolvió solicitar la opinión de la Dirección General Jurídica respecto a este tema.”
El Decano de la Facultad de Arquitectura (Arq. Schelotto) abre la discusión manifestando preocupación por “la manera de posicionarse que en esta instancia ha tomado la Asamblea General del Claustro” dado que en la "coyuntura tan especial del país y de elaboración presupuestal cualquier señal externa que emita la Universidad debe ser considerada cuidadamente”.
Poco después, el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales (Dr. Bértola) opina que esa nota “es bastante críptica, es un poco indescifrable y muy escueta. No se sabe muy bien en concreto a qué aspectos alude de esta propuesta de creación de una Agencia Nacional de Innovación”, y el mismo Schelotto dice que "la propia consulta jurídica me suena un poco ya a un sentido casi inquisitorio”.
Así una comunicación del máximo organismo deliberativo de la Universidad, en lugar de merecer plácemes por la preocupación manifestada ante temas de notorio interés universitario, genera el enojo y expresiones exageradas de varios consejeros: lo del título.
La AGC, cumpliendo con requerimientos constitucionales y legales, se había pronunciado en febrero de 2005 sobre tres proyectos de Ley presentados en la anterior legislatura que modificaban el régimen del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT), y más en general, se referían a las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Las solicitudes de asesoría habían sido recibidas entre diciembre de 2003 y agosto de 2004. Y poco después (marzo de 2005) tomó una resolución ampliamente propositiva sobre “la urgente necesidad de contar con un sistema nacional para el desarrollo de la Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), que se transcribe más adelante. Luego, en su resolución del 20 de julio, relativa a “orientar el desarrollo de la institución a mediano y largo plazo”, la AGC vuelve a ocuparse de dicho sistema.
El artículo del proyecto de Ley de Presupuesto que preocupa a la AGC expresa que la “Agencia tendrá como cometido, organizar y administrar instrumentos y medidas para la promoción y el fomento de la innovación, la ciencia y la tecnología, promoviendo la coordinación interinstitucional en forma transversal, articulando las necesidades sociales y productivas con las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.”
Parece pues muy natural que un cuerpo que discute, se expresa y propone reiteradamente sobre esos temas, se interese y manifieste preocupación ante el tratamiento en LEY PRESUPUESTAL de un asunto de tal envergadura, sobre el cual el país tiene una inmensa falencia doctrinaria.
Los dos Consejeros ya mencionados, y un poco más adelante el Decano de la Facultad de Química (Dr. Nieto), expresan que las resoluciones de la AGC han generado malestar en distintos ámbitos de la vida nacional y universitaria. Estas aseveraciones, que aparecen como un leit motiv de los consejeros ofuscados, no se compadecen con el tono propositivo de la segunda resolución de la AGC (ya mencionada, del 16 de marzo de 2005) deliberadamente ignorada (quizás desconocida) por gran parte de los participantes en este asunto. Por ello me ha parecido correcto transcribirla in extenso:
“1. Toda elaboración de un sistema nacional para el desarrollo de la investigación, ciencia, tecnología e innovación en el país (ICTI), deberá ajustarse a la Constitución de la República. En este entendido, se considera que los siguientes puntos constituyen una primera base no exhaustiva de elementos a incorporar a dicho sistema: a. Claras y adecuadas definiciones de ICTI, así como de los objetivos y cometidos del sistema. b. Diseño e implementación de un sistema sencillo, de fácil y clara administración, articulador de las distintas competencias de los organismos e instituciones actuantes, tanto públicas como privadas. c. Modalidades de vinculación del sistema con la sociedad toda, tomando en cuenta aquellos aspectos que refieran a la percepción de la ICTI por parte de la misma, contemplando los cambios necesarios a implementar en el plano de la educación en todos sus niveles para coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos; y en el plano de la transferencia de resultados obtenidos en los procesos de desarrollo y bienestar social. d. Dirección del sistema a cargo de un órgano ejecutivo de un número reducido de miembros, en el que se reconozca la incidencia histórica y actual de la Universidad de la República en el desarrollo de la ICTI. Dicha dirección podrá ser asesorada por un consejo consultivo integrado con representantes de los órganos e instituciones y de la sociedad civil, con competencia y/o relación con el desarrollo de la ICTI. e. Mecanismos de evaluación y control de calidad de lo que los diferentes órganos del sistema realicen. f. Creación de un fondo de financiamiento o, en su caso, la definición de fuentes de financiamiento incluyendo “fondos sectoriales” del Sistema, así como la definición de mecanismos de administración, coordinación, control y seguimiento de la asignación y utilización de esos recursos. g. Medidas de promoción y/o retención de recursos humanos capacitados en ICTI y de los conocimientos generados. h. Inserción del sistema en el contexto del desarrollo de la ICTI a nivel internacional y regional, en los campos de la cooperación e intercambios, y del registro de los conocimientos generados (patentes, etc.). i. Inclusión en el sistema, de otros aspectos como: preferencia por el origen nacional de bienes y servicios generados a través del mismo, tanto a nivel público como privado; eliminación de trabas a los insumos necesarios para el desarrollo de la ICTI; previsión de fondos especiales para la adquisición y actualización de equipamiento destinado a la ICTI; puesta en práctica y mejoramiento de programas de calidad vinculados al desarrollo de la ICTI contemplando normas internacionales.
2. Sugerir al Consejo Directivo Central la constitución de un Grupo de Trabajo para la elaboración de una propuesta de sistema nacional para el desarrollo de la ICTI en el país y manifestar el interés de esta Asamblea de participar en dicho Grupo a través de delegados propuestos por los diferentes órdenes. Esta Asamblea cree a su vez indispensable en el trabajo de este grupo, el implementar un diálogo permanente sobre la materia, con los actores sociales y políticos que correspondan, como asimismo, revisar las experiencias anteriores de la Universidad de la República en este sentido.”
Poco después el CDC decide formar el Grupo de Trabajo sugerido, y en junio la AGC designa sus representantes, que comienzan a trabajar en el sentido sugerido. El CDC no ha designado aún a los suyos. Es claro pues que quien está omisa en este asunto no es la vapuleada (en la sesión del CDC que motiva esta nota) Asamblea del Claustro; por el contrario, sin ningún fin espurio, ni críptico, ni inquisitorio, está tratando con jerarquía, rigor y dinamismo un tema del máximo interés nacional.
Eso sí, lo que parece estar sucediendo, en atención al ofuscamiento manifestado, es que la AGC se está metiendo en terreno vedado, por donde sólo pretenden transitar ciertos especialistas y teóricos de la innovación y el desarrollo a través del conocimiento, dejando de lado otras opiniones igualmente válidas y bien intencionadas.
Caso contrario, cómo puede ser que el tratamiento de una nota de menos de 10 renglones, manifestando preocupación por un artículo de la Ley de Presupuesto motive estas palabras del Decano Nieto:
“Quisiera parar por ahí porque este documento [se refiere genéricamente a los de la AGC] que leí rápidamente me cayó muy mal. [...] Nosotros no podemos tener la soberbia de creer que somos los que debemos definir estas cosas. No, el pueblo votó a otra gente que está en el Parlamento para definir esto. Nosotros, dentro del contexto de nuestra Institución, debemos ver cómo hacemos para que la Universidad cumpla el rol que debe tener. Debemos definir el cómo, porque el qué, lo define el pueblo y el pueblo votó a determinada gente para que defina ese tema y a esta gente que votó esta vez, lo hizo sabiendo que esa gente proponía un modelo de país que incluía al conocimiento como un elemento fundamental. Cuando organiza instrumentos para eso no está engañando a nadie, no está haciendo algo que no avisó que iba a hacer, sino haciendo lo que avisó que iba a hacer. Si el Parlamento se equivoca, lo criticaremos como ciudadanos, pero no es función de la Universidad de la República enmendarle la plana al Parlamento. Eso es lo que pienso. De repente jurídicamente es así, pero políticamente no lo veo lógico. [...] Cuando aparece una política de estado no podemos decir que la tenemos que hacer nosotros. Hay que tener menos soberbia. ¿Quiénes somos nosotros para enmendarle la plana al Parlamento que fue votado por todo el pueblo? Es una postura soberbia que a mí me parece que es incorrecta.”
En aras de la brevedad de esta nota me concentraré ahora en dar otras muestras del extraño estado de espíritu que la breve nota generó en algunos consejeros.
Nuevas formas de la autonomía y del estado jurídicoLas siguientes palabras del Decano Nieto, al comienzo de la sesión, introducen una novísima y original teoría sobre los alcances (restringidos) de la autonomía de los organismos de enseñanza e investigación del estado uruguayo, que está reñida no sólo con la jurisprudencia, sino con el carácter libre e innovador (en su auténtico sentido) del hacer y el pensar de las universidades. Las políticas de “innovación” –nos indica la nueva teoría- son potestad del estado (aún más restringidamente, del Poder Ejecutivo) y una vez resueltas, ¡a cumplir! El trozo final de la intervención que se transcribe es uno de las mejores textos que pueden fundamentar la modificación del Artículo 2. “Fines de la Universidad”, de la Ley Orgánica de la UdelaR, donde se expresa que: “Le incumbe asimismo [...]impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas, y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública.” Dijo Nieto:
“En este momento francamente no me importa demasiado la parte jurídica. Voy a hacer una argumentación política que me parece que hay que aclarar. Para mí quien define en un estado cuál es la política de innovación son los organismos del estado a tal fin y para eso está el Parlamento y los Ministerios. Que el estado haya sido omiso en estos temas y que los científicos incluso como corporación muchas veces reclamamos una política de estado al respecto y nunca la hubo, hizo que por omisión la Universidad asumiera un rol que no es suyo. Es el estado el que dice qué hay que hacer y la Universidad usa su autonomía para ver cómo ella hace la parte que le toca de eso que hay que hacer. El pueblo uruguayo no nos vota a nosotros, vota a los parlamentarios, al jefe del Poder Ejecutivo y por vía representativa se designan los Ministros. El pueblo uruguayo define una visión de país, el Presidente dijo que es un país que integra al conocimiento y algunos Ministros han dicho que quieren un país productivo que use la inteligencia. Eso estaba escrito en uno de los cinco documentos que se presentaron en el período electoral y el gobierno está acá porque lo votó más de la mitad de la población. Parece que no nos damos cuenta que el gobierno no somos nosotros. El gobierno y el Parlamento son los que deben definir qué hay que hacer con la enseñanza primaria, secundaria, con la investigación y con lo que sea. A mí me parece muy legítimo que los señores docentes, estudiantes y egresados universitarios que integran el Claustro expresen su opinión como ciudadanos, pero esta Institución, que es la Universidad de la República y que forma parte del estado sólo tiene autonomía para decidir cómo hace lo que tiene que hacer, no para definir qué cosas tiene que hacer el estado uruguayo por ejemplo en los temas de innovación. Ahí se confunde autonomía con independencia. No somos una isla independiente del resto del estado, somos un organismo del estado y como tal tenemos autonomía del poder político para ver cómo hacemos lo que tenemos que hacer, pero no qué tiene que hacer el país en términos de innovación.”
Una nueva forma de validación de posiciones El Decano Bértola fue coordinador de un equipo privado, que incluyó a varios no universitarios, que con la financiación del BID, elaboró en 2004 un informe con el título “Ciencia, Tecnología e Innovación en Uruguay: Diagnóstico, Prospectiva y Políticas”. Este informe incluye datos muy parciales del accionar universitario en la materia. Una versión modificada (incluyendo más información sobre la UdelaR) fue editada por el Rectorado. Las referencias al sector privado, a las ventajas para la Universidad, etc. de las que Bértola habla al final del trozo que se transcribe, no están mencionadas en ninguna parte del texto que preocupa a la AGC: un artículo de la Ley de Presupuesto. Los dichos de Bértola:
“Quiero manifestar mi total respaldo [a la creación de la Agencia], porque también es una iniciativa que responde a recomendaciones realizadas por equipos de esta Universidad de la República, con iniciativas que están plasmadas. No digo que sean resolución del Consejo Directivo Central, ni nada por el estilo, pero están plasmadas en documentos editados por el Rectorado de la Universidad de la República, que señalan que justamente hay que propender a una fuerte interacción entre distintos componentes del cuerpo social y evidentemente uno de ellos es la Universidad, pero también el sector privado de todas las categorías, incluyendo también al estado. La importancia que tiene el hecho de promover estas asociaciones y que el sector privado invierta es muy grande. En este sentido, que el estado, que largamente ha subestimado y dado poca importancia a este aspecto de las políticas científico-tecnológicas, hoy esté resuelto a crear una Agencia Nacional de Innovación, que promueva mecanismos que están destinados a estimular la interacción entre los actores y que promuevan la inversión y el desarrollo de la innovación en el sector privado, de manera articulada con el sector público y con la propia Universidad puede llevar a enormes beneficios para la propia Universidad, porque es política de esta Universidad promover ese tipo de actividades.”
En otra intervención el Decano Bértola acciona la inversión del sentido (la flecha) del tiempo:
“Cuanto más leo la resolución del Claustro más que convenzo que es una resolución poco feliz.
En primer lugar porque creo que los universitarios debemos ser rigurosos e investigar. Leemos un artículo de la ley de presupuesto y sobre ello enseguida vemos que dice que van a hacer algunas cosas y reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos? Sin temor diría que de forma corporativa. [...]
La Asamblea General del Claustro parece no registrar que en este país se creó un Gabinete de la Innovación y que ese Gabinete de la Innovación tomó una serie de decisiones estratégicas y programáticas. ¡Se creó el Gabinete de la Innovación! ¡Gran logro!”
El método riguroso e investigativo del Decano no le permite distinguir que la resolución de la AGC a la que alude es del 23 febrero (cuando el nuevo gobierno no había tomado posesión) y el Gabinete fue formado por abril de 2005. Sólo en un esfuerzo extremo de prospectiva o invirtiendo la flecha, podía el Claustro haber opinado sobre el Gabinete. Incluso, en un segundo acto de inversión temporal, las “decisiones estratégicas” que se habrían tomado, están por ser tomadas por el Gabinete. Por ahora tenemos una Agencia cuyos organismos quieren integrar, una página de ideas (“Bases para un Plan Estratégico Nacional....”) propagandeadas casi simultáneamente con la instalación del Gabinete, y varios informes de un Equipo Operativo que va pergeñando diversos sub-organismos, casi ignorando los ya existentes.
Definiendo la innovación El Rector (Dr. Guarga) incursiona en un terreno muy interesante haciendo un paralelismo entre el desarrollo de la investigación y el de la innovación. Se retrotrae a una época en que parece que no había investigación, y entra a caracterizar a la innovación. Este es un punto crucial, que debería haber sido previo a la creación de una Agencia para promoverla. Es más, en todas las leyes sobre estos temas, incluyendo uno de los proyectos nacionales (me refiero al presentado por los Senadores Rubio y Pou en la anterior legislatura), se dedica un buen espacio a definir cada uno de los conceptos, cuya caracterización es polémica y no universal. Dijo el Rector:
“Hoy dentro de la Universidad la innovación es tan desconocida como era la investigación hace cuarenta años. ¿Por qué? Porque se dice innovación, se dice creación, se dice invención, como si todo fuera lo mismo e innovación tiene una acepción técnica [...], que es el vínculo entre la invención, entre la creación y un producto material que es la aplicación social. Ése proceso es lo que se llama innovación y claramente --entiendo-- no es tarea de esta Universidad la innovación, salvo en un aspecto. ¿En qué aspecto podemos decir que esta Universidad puede decir que es tarea de ella también la innovación? En la salud. ¿Por qué? Porque esta Universidad por ley tiene el cometido de producir salud. ¿Dónde? En el Hospital. No es porque sea una tarea inherente a las universidades producir salud. No es porque la Ley Orgánica le cometa a esta Universidad producir salud. Se lo comete la ley que le entregó el Hospital y es función de esta Universidad producir salud. Entonces, en el ámbito de la salud, efectivamente, la Universidad tiene las dos tareas, la tarea de crear la idea y una tarea de producir que le podría habilitar a los efectos de que la idea se convierta en un elemento material. Es decir, podríamos inventar un respirador y hacer de ese respirador un objeto de aplicación social. ¿Dónde? En el Hospital.
Entonces, en el ámbito de la salud efectivamente la innovación entra como competencia absolutamente accesoria, de hecho no la hacemos, pero podríamos hacerla. Podríamos invertir dinero de la Universidad en el Hospital a los efectos de que esa tarea innovadora se produjera. En el resto no. Si nosotros pensamos en generar una idea que se aplique a las técnicas de la arquitectura, la Facultad de Arquitectura no puede poner como cometido el materializar esa idea generando una empresa de construcción. No es tarea de la Facultad de Arquitectura hacer eso.
Quiere decir que efectivamente del punto de vista de los cometidos de la Universidad es un cometido central hacer ciencia. Podríamos decir que es también un cometido trabajar en materia de ciencia aplicada, pero no es cometido de la Universidad, salvo en el estrecho espectro de la vida productiva que es la salud, hacer innovación.”
Corresponde aclarar que inmediatamente después, el Decano Nieto manifiesta no estar de acuerdo con el Rector en ese tema: “El punto que quiero discutir señor Rector es que entiendo tácticamente útil su postura pero no es correcta, porque la innovación, la ciencia y la tecnología en ningún lugar se pueden separar.”
El artículo en votación en el Parlamento establece un plazo de 180 días para que el Poder Ejecutivo remita ”una iniciativa legislativa, que establecerá la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Innovación y regulará las bases de su funcionamiento orgánico.”
Parecería que en ese momento sí corresponderá opinar. Ahora que se crea la Agencia, no. Según fundamenta el Rector y vota el CDC, ahora corresponde elevar el Acta al Ministerio (de Educación y Cultura) “donde hay una persona obviamente receptiva a lo que se dice” (esto es también del Acta del CDC), aunque el tema está en la órbita parlamentaria y el Poder Ejecutivo afirmó categóricamente que no habría Mensaje Complementario. O sea, ahora lo que corresponde es no opinar.
No empieza bien el asunto, creando una Agencia, muy poderosa, con la participación exclusiva de 4 ministros y la OPP, “o por quienes ellos designen”, la cual además notoriamente mezcla sus finalidades con las del CONICYT y otros organismos competentes.
Con Agencia o sin ella este país debe discutir sus políticas de investigación e innovación. En esta discusión no pueden quedar afuera los interesados, que no es sólo el gobierno, que no son sólo los investigadores, que no son sólo los empresarios innovadores. Pero no se puede sustituir una discusión, que está propuesta en diversos documentos y había empezado bien con el proyecto de Pou y Rubio, por un mecanismo de descalificación de opiniones, confusión de términos y marcos de competencia. Y por una notoria preocupación excesiva por las tareas a distribuir.
El CDC debiera abrir el terreno de la discusión en lugar de desacreditar e ignorar de hecho lo que otros cuerpos universitarios aportan. En esa tarea encontrarán a todos los que queremos que el conocimiento y las políticas científicas (que claramente existieron, con sentido progresista nacional) vuelvan a permear el entramado social, tecnológico y productivo del país. LA ONDA® DIGITAL |
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