Pasado, presente y futuro
del gobierno progresista
Según el cristal con que se mire
por Víctor H. Abelando
Semanario Brecha, 4 de enero de 2008

Un análisis racional lleva a una sola conclusión: la gestión de Vázquez es mejor que la de sus predecesores. Sin embargo, entre sus partidarios hay un sabor agridulce, pues se ha procesado una reconstrucción de aspectos identitarios de la izquierda, como el antimperialismo. El resultado de esa sensación es la ausencia de un masivo entusiasmo.

“VAMOS  BIEN”, DIJO el presidente Tabaré Vázquez el 27 de diciembre en Sarandí Grande (Florida), al referirse a la marcha de la gestión del gobierno.

La afirmación es verosímil si se analizan algunas variantes, como los indica- dores macroeconómicos, la disminución de los índices de pobreza e indigencia, el escenario  creado  con  las modificaciones introducidas a las relaciones laborales, e incluso la marcha de la reforma tributaria. Aun si se considera que resta mucho por  hacer,  lo  ocurrido  en materia de derechos humanos también abona la tesis del “vamos bien”. Los principales referentes de la aplicación del terrorismo de Estado en Uruguay están presos, y se han encontrado los restos de dos desaparecidos. Y si bien la prisión de los militares  y  los  dictadores obedeció a resoluciones judiciales, al gobierno corresponde el mérito de dejar varios casos fuera de la ley de caducidad, elemento sin el cual sería impensable que los represores estuvieran en la cárcel.

Desafíos y problemas.

 El principal reto que enfrentará la administración frenteamplista es cómo traducir la mejora de los indicadores macroeconómicos en una mayor distribución de la riqueza, tal como la izquierda ha pregonado históricamente. Hasta ahora, las políticas sociales implementadas  han  permitido disminuir el número de pobres  y  de  indigentes  con políticas  focalizadas  y  la asistencia estatal, lo que no es menor, pero la distribución del ingreso conserva la estructura concentradora del pasado. Por el momento, en los planes del gobierno no aparecen iniciativas que modifiquen sustancialmente el modelo anterior, aunque la reforma tributaria contiene medidas que propiciarían un cambio en la distribución del ingreso. La reforma de la salud sería otro factor, se dice desde el oficialismo, que mejoraría el esquema distributivo del país.

Sin embargo, un hecho incontrastable es que el aumento de la ganancia en los sectores agroexportadores, particularmente por el alto precio de los  commodities, no se ha derramado sobre los trabajadores (el reciente conflicto en la industria frigorífica es un síntoma de ello. Pero además, en las últimas semanas y a raíz del empuje inflacionario  de  mediados del pasado año, el equipo económico  ha  propuesto desindexar los salarios, tanto para el área estatal como para la privada, aunque mantiene un porcentaje semestral o anual de recuperación salarial. La no corrección de los sueldos, cuando las espectativas inflacionarias superan las previsiones, reduciría o anularía los montos de recuperación real de los sueldos. Esa desindexación, según  los  integrantes  del gobierno que se oponen a ella,  no  tiene  fundamento cuando una de las causas de la inflación es exógena y se debe a la vulnerabilidad del mercado interno ante los precios internacionales de los commodities  que  Uruguay exporta o importa, como los lácteos, la carne, el trigo, o el petróleo; y otra de las causas son  factores  estacionales como en el caso de las frutas y verduras.

La intención del equipo económico es contener la demanda interna, y su consecuencia sería contraria a  una  redistribución  más equitativa de la riqueza, pues la  desindexación  no  actúa sobre los ingresos empresariales, que pueden aumentar indefinidamente.

Otro de los desafíos que enfrentará el gobierno es la implementación de la reforma de la salud. El Ejecutivo ha señalado que se irán ajustando  aspectos  de  la misma, pero en el horizonte persisten elementos sin resolución. Entre los más estructurales se encuentran las diferencias salariales de funcionarios médicos y no médicos según pertenezcan a la asistencia privada (los mejor pagados) o estatal; también la existencia de copagos en el mutualismo y su ausencia en los servicios de ASSE.

La primera de las cuestiones –los sueldos dispares, de no resolverse puede perpetuar la diferencia entre la atención pública y la privada, algo incomprensible en un sistema integrado. La segunda puede hacer nominal el ingreso a las mutualistas de ciertos sectores que no están en condiciones de pagar tiques y órdenes, como puede ocurrir, por ejemplo, con los pasivos que ganan menos de 4.460 pesos.

Por otro lado, queda por resolver cuándo se integrarán al nuevo sistema sanitario los centenares de miles de jubilados que ganan por encima de la cantidad mencionada.

También se esperan resistencias sectoriales, como la del cuerpo médico, que presume la desaparición del pago por acto médico y no ve en el horizonte cercano una modificación  salarial  que mantenga la masa de recursos que el sistema destina a sus honorarios.

Otro de los aspectos centrales para el futuro progresista es la definición del reemplazante de Vázquez. Los dos candidatos a sustituirlo, José Mujica y Danilo Astori, no parecen recoger los con- sensos necesarios, y muchos creen que la imagen del ministro de Economía quedó deteriorada después del affaire Bengoa. En materia de consensos, además, el ante- cedente del reciente congreso frenteamplista, donde no hubo acuerdos para elegir al presidente de la coalición, augura un panorama sombrío.

Cambio de norma.

Otro capítulo que puede tener dificultades  es la anunciada reforma del Estado. Aunque nadie sostiene oficialmente que debe modificarse el estatuto de los funcionarios, atacando la presunta inamovilidad de los mismos, el  discurso gubernamental plantea el “corporativismo” de los empleados estatales como una rémora en su intento de transformación.

El borrador acordado en el gabinete sobre la “Transformación democrática del Estado” dice, en el capítulo dedicado a las empresas estatales,  que  “el  logro de haber evitado la privatización de las empresas públicas en algunos casos podría  ser  amenazado  por presiones que conducirían, si se cediera a ellas, a la privatización  corporativa de las mismas”.

Desde algunos sectores sindicales, e incluso del propio FA, se afirma que hay una modificación sustancial del discurso progresista, donde se pasó de apoyar las “justas reivindicaciones de los trabajadores” a advertir que uno de los problemas es el corporativismo sindical, desapareciendo de la escena la antigua idea de incorporar a los trabajadores y usuarios a sus cuerpos directivos.

El vicepresidente Rodolfo Nin fue el primero en formular la advertencia de que el  corporativismo  de  los empleados de las empresas estatales podría desembocar en otra forma de privatización.

Para los sindicalistas consultados, la variación en la doctrina deviene de la ubicación de los gobernantes izquierdistas como “administradores” de la sociedad, y no como defensores de

determinados intereses, según la antigua postura. En esa lógica, arguyeron, el progresismo comienza a apelar a la

“mayoría silenciosa”, como siempre lo hizo la derecha ante los movimientos sociales, para argumentar que vela por los intereses de aquellos que no pueden expresarse, como si la sociedad no estuviera cortada por distintos reclamos  sectoriales,  tanto explícitos como implícitos. Las  relaciones  internacionales del país, y en consecuencia el modelo de inserción en el mundo, serán otro de los factores críticos de la acción del gobierno. En el seno del Ejecutivo y del FA existen tendencias centrífugas respecto al Mercosur. Y aunque hoy no pueden argumentar que ha dejado de ser el principal socio comercial, la no resolución de las asimetrías estructurales del bloque  y  el  conflicto  con Argentina abonan una tendencia de acercamiento unilateral a Estados Unidos y el establecimiento de tratados de libre comercio con países desarrollados.

Sin embargo, el congreso del FA desarrollado a mediados de diciembre de 2007 fue enfático en ratificar la línea pro Mercosur, eliminando párrafos como “regionalismo abierto”, a la vez que subrayó el rechazo a un TLC con Estados Unidos.

El factor subjetivo.

Un problema inmediato para el gobierno radica, sobre todo de cara a la próxima campaña electoral, en la incapacidad de entusiasmar a su fuerza política. La gestión de Tabaré Vázquez, sin dudas, ha dado mejores resultados que la de quienes lo precedieron, pero eso no se refleja en la actividad del FA. Éste ha estado ausente en momentos críticos, como durante el paro patronal, o en la defensa de las reformas estructurales implementadas.

Seguramente  sobre  esa actitud del  FA inciden muchos factores: desde los aspectos simbólicos, como el planteo  de  Vázquez  del “nunca más hermano contra hermano” y el proyecto de reparar a los familiares de las víctimas de la sedición  (hoy enterrado en el Parlamento), hasta el acercamiento a Estados Unidos con el horizonte de un TLC, incluyendo los recientes procesamientos de dos jerarcas de gobierno por delitos de corrupción.

Lo cierto es que tanto la reforma tributaria como la del sistema de salud se concretaron después de arduas discusiones, y si bien mejoraron respecto a su redacción original, la sensación para la masa frenteamplista es que son cambios a medias. En el ánimo de los miitantes han influido obviamente las discusiones intestinas y un exceso de realismo político incapaz de promover la militancia.

También  parece  haber habido una intención premeditada  de  escamotear  a  la fuerza política la discusión sobre los grandes rumbos del gobierno. El debate sobre los aspectos  estratégicos,  por ejemplo el de la inserción internacional, se dio con posterioridad a los pasos que ensayó la administración.

El resultado de esa combinación de factores es el de una fuerza política que no puede, al menos por ahora, sacudir su letargo, y el de un gobierno  que  no  consigue generar la mística imprescindible para un proceso de cambios.

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