La cultura al frente (IIl)

La cultura al frente (IIl)
por el Lic. Sergio Navatta

En números anteriores hacíamos un desarrollo de antecedentes y fundamentos sobre la cultura y sus instituciones, el rol del Estado, relación Cultura-desarrollo, identidad y diversidad con propuestas de nuevos instrumentos hacia una nueva institucionalidad de la cultura. El presente capítulo se orienta, fundamentalmente, a desarrollar y fundamentar una nueva institucionalidad en el área de la educación.

Decíamos que, un Ministerio de Cultura, que reafirme la vital importancia del vínculo existente entre la cultura y el desarrollo, que logre una mejor planificación, implementación, ejecución y evaluación de las políticas culturales, que logre una descentralización cultural, que logre una mayor integración y coordinación entre las diferentes áreas y servicios del Estado, que jerarquice el área de la cultura dentro del gabinete de gobierno, que promueva la difusión y el reconocimiento del valor central de la cultura en el desarrollo integral del ser humano, es ya hoy tan indispensable que se hace impensable dilatar su concreción.

Un Ministerio de Cultura, no implica necesariamente la creación de otro ministerio, perfectamente se puede transformar el actual Ministerio de Educación y Cultura en un Ministerio de Cultura y darle a la educación una nueva institucionalidad más acorde a las características propias de nuestro sistema de enseñanza descentralizado con consejos autónomos. ¿Por qué?

Todo sistema, en este caso de educación, debe funcionar en interrelación y articulación de todas sus partes hacia fines comunes, sinergia que hoy no se estaría cumpliendo cabalmente en el conjunto del sistema.

Al menos, debemos considerar tres objetivos básicos de un Sistema Nacional de Educación que deberían cumplirse:

1) Coordinación y articulación entre todas las partes que componen el sistema, con fines, objetivos y metas claras para el conjunto del sistema.

2) Definición y elaboración de los lineamientos de las políticas educativas hacia políticas de Estado, que permitan un desarrollo coherente de la educación a través de sus diferentes ramas con clara determinación de los fines generales de la educación.

3) Participación representativa de todas las partes involucradas en el proceso educativo, que en forma concertada legitime la toma de decisiones y garantice la aplicación de las políticas y el logro de los resultados. En este sentido, no puede estar ausente la opinión del Poder Ejecutivo en una materia tan fundamental como la educación, buscando los instrumentos adecuados para ello, pero que garanticen las autonomías constitucionales de nuestro sistema descentralizado de educación.

La actual estructura institucional con un Ministerio de Educación no ha dado respuestas satisfactorias a los objetivos básicos del sistema educativo, que por otra parte, no podría hacerlo con injerencia directa, sin violar las autonomías de las diferentes ramas de la enseñanza.

Un intento de lograr estos objetivos mencionados, es la actual Ley General de Educación 18.437 la cual amerita algunas consideraciones.

En la presente ley se crean nuevas instituciones, varias comisiones que abarcan el amplio espectro del sistema educativo, con una integración considerable en número de miembros, como la Comisión Nacional de Educación (COMINE) que se crea en el artículo 42, el Congreso Nacional de Educación (art. 44) con una integración amplia y plural que refleje las distintas perspectivas de la ciudadanía en el Sistema Nacional de Educación, una Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública (art. 106) que a su vez integraría la Comisión Nacional de Educación (COMINE), también se crean Comisiones Coordinadoras Departamentales de la Educación, en cada departamento del país, (Art. 90), además de mantenerse los diferentes consejos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) como su Consejo Directivo Central, los Consejos de Educación Inicial y Primaria, de Educación Media Básica, de Educación Media Superior y de Educación Técnico-Profesional (UTU), más, por otro lado, la Universidad de la República.

La creación de varias instituciones en el ámbito educativo y de una Comisión Nacional de Educación, que abarcaría a todo el ámbito de la enseñanza pública y privada, más representaciones de trabajadores, empresarios, estudiantes y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la educación, hacen aún menos necesario el mantenimiento de un Ministerio de Educación, cuyo espacio se ve disminuido por las competencias de las instituciones existentes más la nuevas que se crean.

Por otro lado, la función establecida en la ley para la COMINE tiene carácter de asesoramiento y de consulta en los siguientes cometidos:

1) Procurar la articulación de las políticas educativas con otras políticas públicas.

2) Integrar comisiones de asesoramiento o de coordinación en temas vinculados a la presente ley y a otras normas de la materia educativa.

3) Propiciar foros, congresos y conferencias referidos a temas educativos

En primer lugar, estos cometidos no contemplarían los objetivos básicos antes mencionados, no avanzándose sustancialmente en la cuestión de fondo del sistema educativo y en segundo lugar, serían recomendaciones, sugerencias y asesoramientos que no obligarían a las partes integrantes del Sistema Nacional de Educación.

Organigrama actual del Ministerio de Educación y Cultura.

Si observamos la estructura actual del MEC, podemos ver con claridad la distribución de los diferentes servicios que lo componen y como resultaría un nuevo MEC a la luz de la creación de un nuevo organismo, sobre el cual no parece haber discusión, que abarque a los registros, fiscalía y sistema carcelario.(léase Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por ejemplo). Ya actualmente el peso mayor lo tiene el área de la cultura, con una Dirección de Cultura, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos Históricos, Comisión del Patrimonio Cultural, SODRE, Televisión Nacional, Coordinación Centros MEC, Ciencia y Tecnología, etc., una Dirección de Educación, una Dirección de Derechos Humanos, Dirección General de Secretaría y el resto Fiscalía, Registros, Asuntos legales y Procuradurías. En números tendríamos aproximadamente, área cultural: 45%, educación: 5,5%, resto 49,5% (incluida Dir. Gral. Secrataría).

De esta manera, con la creación del nuevo organismo (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) se sacarían del MEC una serie de reparticiones como: Dirección de Derechos Humanos, Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, Fiscalía de Gobierno (1º y 2º turno), Dirección General de Registros y de Estado Civil, Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo. Por lo cual, el Ministerio quedaría reducido prácticamente, salvo una Dirección de Educación, al área cultural, más la Dirección General de Secretaría.

En conclusión. ¿Qué funciones específicas e indispensables cumpliría un Ministerio de Educación, en este nuevo esquema?

En este esquema el peso mayor lo seguiría teniendo el área cultural, con una Dirección de Educación y el resto sería Cultura, en donde quedaría la ésta Dirección de Educación “colgada” de un Ministerio de Cultura de hecho, ¿Qué función específica y relevante tendría esta Dirección de Educación como para ameritar el mantenimiento de un Ministerio de Educación?.

A la luz de la actual estructura del sistema educativo, de su historia descentralizada con autonomías y de un mayor desarrollo en este sentido a partir de la Ley General de Educación, una Dirección de Educación sería irrelevante en un contexto estructural en donde la definición de los programas de educación se mantienen en las autonomías descentralizadas y las coordinaciones en la COMINE y en las comisiones coordinadoras respectivas.

De acuerdo a las consideraciones mencionadas, una Secretaría de Educación sería suficiente, para llevar adelante los cometidos que le corresponderían dentro de un Sistema Nacional de Educación, descentralizado y autónomo como el nuestro. Pero lo más importante, para el logro de los tres objetivos básicos mencionados: 1- Coordinación y articulación, 2- Definición y elaboración y 3- Participación estaría en la potenciación y jerarquización de la Comisión Nacional de Educación (COMINE) convirtiéndola en un Consejo Nacional de Educación en donde el Poder Ejecutivo pueda tener una participación directa, a través de un representante que oficie de interlocutor válido desde dentro del propio Sistema Educativo, cosa que hasta el momento no ha sido posible.

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