(Gabriel González Zorrilla) Colombia, durante años modelo de integración de los venezolanos, anuncia deportaciones de migrantes irregulares, con lo que se suma a una tendencia regional más restrictiva, en la línea que ejecuta Donald Trump.
Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos». Con esas palabras, el presidente Abelardo de la Espriella anunció un giro en la política migratoria de Colombia. El mandatario ordenó operativos para localizar a extranjeros que hayan cometido delitos y, en segundo lugar, a quienes no tengan regularizada su situación. Estos últimos, dijo, «tendrán que ser deportados».
La medida afecta potencialmente, sobre todo, a los venezolanos. Colombia es el principal país receptor de la diáspora venezolana: alberga a 2,84 millones de personas. En total, unos 6,98 millones de refugiados y migrantes venezolanos viven en América Latina y el Caribe, según la Plataforma R4V.
La decisión resulta especialmente significativa porque Colombia siguió durante años una política de regularización e integración. El Estatuto Temporal de Protección, creado en 2021, permitió acoger a buena parte de los venezolanos y les abrió una perspectiva de permanencia de hasta diez años.
Según R4V, de los 2,84 millones de venezolanos registrados en Colombia, casi 1,97 millones cuentan con un Permiso por Protección Temporal, unos 322.000 están todavía en proceso de regularización y cerca de 30.000 tienen otro tipo de documentación. Otros 526.725 se encuentran en situación irregular.
Para Ronal F. Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, el anuncio no supone necesariamente el final del modelo actual. «Creo que esto es parte de un proceso de acomodo, de cambio de gobierno y, obviamente, de la tentación que tiene el presidente de abonarse a los discursos de la derecha latinoamericana frente al tema migratorio», afirma a DW. Las circunstancias colombianas, añade, son diferentes, por la extensa frontera y la historia migratoria común con Venezuela.
Rodríguez considera incluso que la regularización ha servido también como instrumento de seguridad: «La mejor política de seguridad que ha tenido el Estado colombiano ha sido precisamente el Estatuto, porque permitió identificar plenamente a los ciudadanos venezolanos».
El anuncio presidencial reúne dos grupos diferentes: extranjeros que hayan cometido delitos y personas que simplemente carecen de estatus migratorio regular. «La migración no es ilegal. En Colombia la irregularidad no es un delito, es una falta administrativa que tiene un debido proceso», subraya Rodríguez. A su juicio, atribuir los problemas de seguridad a la inmigración venezolana simplifica un fenómeno con múltiples causas. «Sí hay población migrante que participa en dinámicas de delincuencia, pero no es la gran mayoría».
Jacques Ramírez, docente de posgrado de la Universidad de Cuenca, en Ecuador, observa una «radicalización» de una tendencia que ya se ha manifestado en otros países. «El no tener documentos en regla es una falta administrativa, pero bajo ningún concepto se puede entender como un delito o como un crimen», señala a DW. Asociar irregularidad y delincuencia, advierte, puede fomentar la percepción de los migrantes como responsables de la inseguridad y alimentar la xenofobia.
El lema de De la Espriella recuerda al «America First» de Donald Trump. Para Maureen Meyer, vicepresidenta para Programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la semejanza es clara: «En general, el discurso se parece mucho al de Trump», tanto por el énfasis en «primero los colombianos» como por presentar a los migrantes como «una amenaza o una carga». Pero Meyer advierte en entrevista con DW que todavía faltan detalles para saber hasta dónde llegará la política colombiana.
El fenómeno tampoco se limita a Colombia. Meyer menciona a José Antonio Kast en Chile y las restricciones aplicadas por Daniel Noboa en Ecuador. «Es como una ola de diferentes gobiernos que han adoptado en su discurso político una caracterización de las personas migrantes como criminales y como problemas que hay que expulsar del país».
Ramírez sitúa ese cambio en una perspectiva histórica más amplia. A comienzos de este siglo, varios países sudamericanos reforzaron los derechos de los migrantes y discutieron incluso fórmulas de ciudadanía regional. «Pero de eso ya solo quedan cenizas», sostiene. Ahora observa políticas más restrictivas y un mayor énfasis en soberanía, control y seguridad.
Pero la cuestión es si puede Colombia deportar masivamente. Una cosa es anunciar deportaciones y otra disponer de los medios para realizarlas. Ronal F. Rodríguez considera que Migración Colombia está lejos de tener la estructura necesaria para una operación masiva. Se trata de una institución relativamente pequeña y el proceso de registro de venezolanos realizado durante los últimos años necesitó también recursos de la cooperación internacional.
La frontera añade otra dificultad. Colombia y Venezuela comparten más de 2.200 kilómetros y una intensa movilidad cotidiana. Rodríguez estima que entre 30.000 y 70.000 personas cruzan diariamente entre ambos países. «Cuando hablamos de la relación colombo-venezolana y la dinámica fronteriza, es imposible pensar en otra respuesta que no sea la regularización», afirma.
Meyer, por su parte, también recomienda observar primero cómo se aplican las órdenes. Incluso Estados Unidos, recuerda, tuvo que ampliar considerablemente infraestructura y personal para aumentar las detenciones. En Chile y otros países ha habido anuncios restrictivos que hasta ahora no se han traducido necesariamente en deportaciones masivas.
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