El diario El País titula su edición dominical con una mentira que, tal vez en la desesperación, respalda con sofismas. Se sostiene, con el penoso aval de dos firmas, que la subsecretaria de RREE Valeria «Csukasi está otra vez en la mira del gobierno», donde «generó cierto nivel de preocupación». El «cierto nivel» es incierto, y no dice quién está preocupado de manera imprecisa.
El contexto del artículo atribuye a esa mirada un carácter negativo, algo que no respalda con fuente alguna sino con un desarrollo de la discusión habida en el partido y la fuerza de gobierno sobre el reclamo de declarar que en Gaza, Israel estaba cometiendo un genocidio. Y lo estaba cometiendo.
Lo que la diplomática de carrera Csukasi expresó en un canal de streaming es que si el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu viene al país, es «indiscutible» que debe ser detenido. Así lo establece el Estatuto de Roma.
El 21 de noviembre de 2024, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, junto con el comandante de Hamas Mohammed Deif, por crímenes cometidos durante el conflicto entre Israel y Hamas iniciado el 7 de octubre de 2023. Los jueces rechazaron por unanimidad los cuestionamientos de Israel sobre la jurisdicción de la Corte, y hallaron «motivos razonables» para considerar a Netanyahu y Gallant penalmente responsables como coautores del crimen de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra, y de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos. La información fue tomada de Naciones Unidas.
Según la orden, estos delitos se habrían cometido entre octubre de 2023 y mayo de 2024, e incluyen además acusaciones de ataques deliberados contra la población civil. La orden sigue vigente, aunque Israel rechaza la jurisdicción de la Corte. ()
El Estatuto de Roma es el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI). Fue adoptado el 17 de julio de 1998 en una conferencia diplomática en Roma. Uruguay fue uno de los pocos países (8 en 60) que fundamentaron en público su voto, a través del entonces canciller Didier Opertti. Éste afirmó que la creación de una corte penal internacional revestía la mayor importancia para el desarrollo del derecho internacional y, en efecto, para la propia comunidad internacional. El concepto de responsabilidad penal individual por infracciones al derecho humanitario marcaba un cambio cualitativo respecto de la visión tradicional según la cual solo los Estados eran sujetos de derecho internacional. O sea, Netanyahu también.
La relación del Uruguay con la CPI no es de manera alguna endeble. En 2006 se aprobó la Ley 18.026, de cooperación con la Corte Penal Internacional, que incorpora al ordenamiento jurídico uruguayo la tipificación de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, y declara la imprescriptibilidad de estos delitos y la improcedencia de amnistías. Su texto está en Impo.
Y el 21 de marzo de 2023, Uruguay depositó ante la ONU sus instrumentos de ratificación de todas las enmiendas al Estatuto de Roma sobre crímenes de guerra; llamadas las enmiendas de Kampala. El país destacó que esto honraba el legado del legislador Felipe Michelini, quien había representado a Uruguay en esa conferencia de revisión.
El sofisma no excluye la intención de una operación enchastre. Respecto a la funcionaria de carrera Csukasi, señala el diario –sin respaldo de fuente alguna– ella usó «términos y expresiones que superaron la ‘tonalidad’ oficial que ha empleado la Cancillería para construir el posicionamiento de Uruguay en esa guerra y que, a juzgar por fuentes ministeriales y de la Torre Ejecutiva, dejaron en evidencia una intención de perfilamiento político de la funcionaria. Ella habría buscado, sostiene sin fundamento, un explícito alineamiento con ciertas reivindicaciones de las bases frenteamplistas- que no cayó bien en la Torre Ejecutiva.»
Querer hacer carrera política a partir de un puesto público no es ético, por decir lo menos. Pero además, no parece estar en el horizonte de la embajadora. Csukasi es magíster en Género y Políticas Públicas Integrales por FLACSO, Uruguay, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República, tiene diploma del Instituto Artigas del Servicio Exterior, Academia Diplomática del Uruguay. Ocupó los cargos de embajadora en Malasia, fue directora de la Regional Asia, África y Oceanía, directora general de Integración y Mercosur y Coordinadora Nacional del Grupo Mercado Común del Mercosur, ministra en la Misión del Uruguay ante la Unión Europea (UE) y Embajada en Bélgica y Luxemburgo, Subdirectora general de Integración y MERCOSUR en el Ministerio de Relaciones Exteriores y previamente directora de Integración de la Dirección General de Integración y MERCOSUR, secretaria general adjunta de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior, Ciacex, consejera en la misión del Uruguay ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza, presidenta del Comité de Agricultura en sesión regular de la OMC y reelecta en tres oportunidades, tercera secretaria en la Dirección de Organismos Económicos Internacionales de la Dirección General para Asuntos Económicos Internacionales, y tercera secretaria en el Instituto Artigas del Servicio Exterior del Uruguay. Su ingreso al Servicio Exterior del Uruguay fue por concurso de oposición y méritos en 2002.
Para eludir confusiones, se especifica el significado de sofisma según la RAE: Razón o argumento falso con apariencia de verdad. Sus sinónimos son falacia, engaño, falsedad, argucia y trampa. ¿Por qué hace esto el diario el País? El autor no tiene fuentes para lo que afirmará, sino deducciones. El País promueve la idea de que hay un movimiento interno en el FA que quiere y logra socavar el gabinete presidencial, con todo lo que eso implicaría.
Pero hay más: la nota quiere dar inicio a una supuesta adhesión a la actual propuesta de Washington de que los países abandonen la CPI, y con ella, al Estatuto de Roma. Esta edición de El País tiene que haber sido del agrado de Pete Hegseth, el secretario de Guerra de EEUU. Es él quien está impulsando la deserción del derecho internacional, y sus primeros pasos en el contiente incluyen el compromiso de la soberanía de 18 países. Uruguay les es una piedra en el zapato.
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