Mario Lubetkin duda….

   (Agencia Uypress) Mientras organismos de la ONU hablan de genocidio en Gaza y Netanyahu enfrenta a la justicia internacional, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, evita el término y contradice al propio Frente Amplio. Una cautela difícil de explicar en una sociedad acostumbrada a afrontar sin eufemismos los grandes debates sobre derechos humanos.

La sociedad uruguaya tiene una larga tradición de afrontar sin eufemismos los grandes debates sobre derechos humanos y derecho internacional. Gaza vuelve a ponerla a prueba. Mientras mecanismos oficiales de la ONU hablan de genocidio y la justicia internacional mantiene una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu, el canciller Mario Lubetkin evita utilizar esa palabra, contradiciendo incluso definiciones expresas del Frente Amplio, la fuerza política que gobierna Uruguay.

Hay momentos en los que la política exterior deja de ser una sucesión de comunicados, equilibrios diplomáticos y declaraciones cuidadosamente medidas. Hay momentos en los que obliga a tomar posición.

Gaza es uno de ellos.

La sociedad uruguaya no ha sido históricamente ajena a esas discusiones. En materia de democracia, derechos humanos, terrorismo de Estado, autodeterminación de los pueblos o derecho internacional, Uruguay construyó una tradición política que, con diferencias y conflictos, ha tendido a discutir los problemas de fondo y resolverlos sin considerar que su tamaño geográfico o su limitada influencia internacional fueran razones suficientes para mirar hacia otro lado.

Esa tradición importa ahora porque existe una palabra que el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, continúa evitando cuando habla de Gaza: genocidio.

No se trata de una discusión semántica. Tampoco de exigirle al canciller que sustituya con una declaración política una sentencia que corresponde a los tribunales internacionales.

Se trata de algo bastante más concreto: determinar si la política exterior uruguaya está dispuesta a llamar a los acontecimientos por el nombre que ya utilizan mecanismos oficiales de Naciones Unidas y, además, la propia fuerza política que gobierna el país.

La palabra que Lubetkin no pronuncia

Lubetkin ha defendido reiteradamente el multilateralismo, Naciones Unidas y un orden internacional basado en reglas. Ese principio tiene particular importancia para países como Uruguay: los Estados pequeños dependen mucho más que las grandes potencias de la existencia de normas capaces de colocar límites al ejercicio de la fuerza.

Sin embargo, cuando el debate llega a Gaza, aparece una cautela llamativa.

El canciller ha evitado definir como genocidio lo sucedido allí y ha fundamentado esa posición sosteniendo que esa calificación no está planteada en Naciones Unidas y no forma parte del lenguaje de la organización.

El argumento presenta un problema. Es correcto señalar que “no existe hasta el momento una sentencia definitiva de la Corte Internacional de Justicia que haya establecido que Israel cometió genocidio en Gaza”. Tampoco sería preciso afirmar simplemente que “la ONU declaró que hubo genocidio”, porque Naciones Unidas comprende organismos, órganos políticos, tribunales relacionados con su sistema y mecanismos independientes con competencias diferentes.

Pero de allí no se desprende que la palabra “genocidio” sea ajena al lenguaje de Naciones Unidas. Ocurre exactamente lo contrario.

“El genocidio de Gaza: un crimen colectivo”

Francesca Albanese es la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, uno de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

Ya en marzo de 2024 presentó un informe titulado “Anatomía de un genocidio”, en el que sostuvo que existían motivos razonables para considerar alcanzado el umbral indicativo de la comisión de actos de genocidio contra los palestinos de Gaza.

La evolución posterior de su diagnóstico fue todavía más contundente.

El 20 de octubre de 2025 fue transmitido a la Asamblea General de Naciones Unidas, por el secretario general y de acuerdo con una resolución del Consejo de Derechos Humanos, un nuevo informe de Albanese, identificado oficialmente como A/80/492.

Su título no deja demasiado espacio para interpretaciones: “Gaza Genocide: a collective crime” —“El genocidio de Gaza: un crimen colectivo”—.

El resumen del documento comienza caracterizando lo que sucede en Gaza como un “genocidio en curso” y analiza el papel de terceros Estados que, según la relatora, lo han sostenido mediante apoyo material, protección diplomática o participación. En su introducción afirma además que la ocupación israelí ha escalado hasta convertirse en un genocidio “en toda regla”.

La precisión institucional es importante: Albanese es una experta independiente y sus conclusiones “no equivalen a una resolución adoptada por la Asamblea General ni a una sentencia de un tribunal internacional”.

Pero la precisión debe operar en ambas direcciones.

Si no corresponde afirmar que Naciones Unidas en su conjunto ha dictaminado jurídicamente la existencia de genocidio, tampoco resulta sostenible afirmar sin más que genocidio no pertenece al lenguaje de la ONU.

Pertenece a él hasta el punto de figurar en el título y las conclusiones de un documento oficial de un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos transmitido formalmente a la Asamblea General. 

Netanyahu ya tiene una orden de arresto internacional

Hay otro elemento que vuelve todavía más difícil reducir Gaza a una controversia diplomática.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, tiene desde el 21 de noviembre de 2024 una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional.

La CPI encontró motivos razonables para considerar que Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant podían ser responsables del crimen de guerra de utilizar el hambre como método de guerra y de crímenes contra la humanidad como asesinato, persecución y otros actos inhumanos. También consideró que existían motivos razonables para atribuirles responsabilidad como superiores civiles por ataques dirigidos intencionalmente contra población civil.

La Corte sostuvo además que ambos habrían privado deliberadamente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia: alimentos, agua, medicamentos, suministros médicos, combustible y electricidad.

Según la CPI, esas restricciones afectaron severamente el abastecimiento de agua y la capacidad de los hospitales para atender a la población. El tribunal señaló incluso que la falta de alimentos, agua, electricidad, combustible y determinados suministros médicos generó condiciones de vida capaces de provocar la destrucción de una parte de la población civil, con muertes por desnutrición y deshidratación, incluidos niños. 

Conviene nuevamente distinguir categorías jurídicas: la orden de la CPI contra Netanyahu no es por genocidio, sino por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Pero existe.

Y Netanyahu continúa registrado por la propia Corte como acusado y prófugo de su jurisdicción —*at large*—. 

Ahora también aparece Interpol

A ese escenario se agregó un nuevo capítulo en agosto de 2026.

Turquía solicitó a Interpol una notificación roja contra Netanyahu, en el marco de una causa vinculada con el ataque israelí contra la Global Sumud Flotilla, que intentaba llevar ayuda a Gaza.

La solicitud deriva de un proceso judicial turco en el que Netanyahu y otros funcionarios israelíes enfrentan acusaciones que incluyen genocidio, crímenes contra la humanidad y tortura. Interpol deberá decidir sobre la petición turca. 

También aquí hay que evitar una confusión: una solicitud turca de notificación roja de Interpol no es lo mismo que la orden de arresto ya emitida por la Corte Penal Internacional.

Pero ambos episodios muestran hasta qué punto la responsabilidad internacional por Gaza ha abandonado hace tiempo el terreno exclusivamente retórico. La discusión está en los tribunales.

No se trata de una definición formal por parte de organismos internacionales, sino de una clara práctica concreta que le ha costado la vida a decenas de miles de palestinos, libaneses e iraníes y actos de terrorismo del estado israelí en varios países de Europa, como las recientes denuncias de incendios en bosques el Pireo en Grecia y de sospechas fundadas de ataques contra trenes en España. 

Y el Frente Amplio sí dice genocidio

Pero la contradicción más difícil de explicar para Lubetkin quizá no esté en La Haya ni en Naciones Unidas. Está dentro de la propia fuerza política del gobierno al que pertenece.

Porque el Frente Amplio sí llama genocidio a lo ocurrido en Gaza. Y no como una expresión aislada de algún dirigente o sector.

El Plenario Nacional “Zelmar Michelini” del Frente Amplio, reunido el 30 de mayo de 2026, incluyó entre los acontecimientos que definen la gravedad del escenario internacional “el genocidio en Gaza”.

La diferencia es sustancial.

Ya no estamos, entonces, ante un debate entre quienes exigen al gobierno uruguayo una posición determinada y una Cancillería que considera necesario actuar con mayor prudencia.

Estamos frente a una situación bastante más singular: la fuerza política que gobierna Uruguay define como genocidio aquello que el canciller de ese mismo gobierno se resiste a definir como genocidio.

Y esa contradicción merece una explicación.

Porque la política exterior del Frente Amplio posee una tradición reconocible. Puede discutirse, como cualquier tradición política, y ha tenido contradicciones y cambios. Pero históricamente ha colocado en un lugar central la autodeterminación de los pueblos, la defensa de los derechos humanos, el multilateralismo, el derecho internacional y la causa palestina.

Por eso la posición de Lubetkin no puede presentarse simplemente como la continuidad natural de la tradición internacional del Frente Amplio. En este punto concreto, la contradice.

Una sociedad que no necesita que decidan por ella

Hay, finalmente, una dimensión que excede al Frente Amplio. Es la sociedad uruguaya.

Puede haber opiniones distintas sobre Israel, Palestina, Hamás, el 7 de octubre, Netanyahu, la respuesta militar israelí y la solución política al conflicto. Las hay, y es saludable que existan.

Pero Uruguay ha demostrado históricamente que puede discutir asuntos moral y políticamente difíciles. No necesita que se los simplifiquen.

Mucho menos que se los posterguen.

Cuando una cuestión involucra derechos humanos, crímenes internacionales o principios esenciales del derecho internacional, la tradición democrática uruguaya ha sido llevar esas discusiones al espacio público y resolverlas mediante la política, las instituciones y el debate ciudadano.

¿Por qué Gaza debería ser diferente?

La sociedad uruguaya está perfectamente capacitada para comprender que reconocer la existencia de un genocidio no significa hostilidad hacia el pueblo israelí ni mucho menos hacia los judíos. Del mismo modo que condenar los crímenes de Hamás no obliga a justificar la destrucción de Gaza.

Puede sostener simultáneamente ambas cosas. Puede condenar el asesinato y secuestro de civiles israelíes y exigir la liberación de los rehenes. Y puede también mirar lo sucedido después en Gaza y preguntarse si se ha cruzado una frontera que el derecho internacional creó precisamente para impedir que determinados horrores volvieran a repetirse.

La coherencia del derecho internacional

Hay algo todavía más profundo. Uruguay necesita un mundo donde las reglas valgan para todos.

Un país de poco más de tres millones de habitantes carece de capacidad militar, económica o geopolítica para imponer su voluntad. Su principal protección internacional reside en la existencia de normas, instituciones y tribunales capaces —al menos en principio— de limitar el poder de los Estados más fuertes.

Por eso defender el derecho internacional cuando condenarlo no tiene costo es relativamente sencillo.

La prueba verdadera aparece cuando las reglas alcanzan a un Estado aliado de una gran potencia.

La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu. Un mecanismo oficial del sistema de Naciones Unidas habla de un genocidio en curso. La discusión jurídica internacional sobre Gaza está abierta y documentada. Y la propia fuerza política que gobierna Uruguay ya adoptó públicamente la palabra genocidio.

Las diferencias que los uruguayos sabemos reconocer a primera vista

Nuestra firme condena a la política del Canciller Lubetkin es por motivos muy claros y fundados, la diferencia cada día más grave con las posiciones de sobre el terrorismo de Estado en medio oriente, y sus conductas morales y del uso de dinero público de forma indebida en sus viajes a Roma. Todas estas últimas cosas que deberán probarse, periodísticamente e incluso judicialmente.

UYPRESS comenzando por la columna anterior, firmada por nuestra agencia como tal, y esta con mi firma personal y por lo tanto con la total libertad de opinar sin intervención de ninguna autoridad de la agencia, ha sido de total coherencia. Que nos enorgullece.

¿Qué prudencia adicional necesita entonces la Cancillería uruguaya?

La palabra y la política

Puede argumentarse que un ministro de Relaciones Exteriores debe utilizar un lenguaje diferente al de un partido político. Es cierto.

También puede sostenerse que la determinación jurídica definitiva de un genocidio corresponde a la justicia internacional. También es cierto.

Pero ninguna de esas dos precauciones explica suficientemente la afirmación de que genocidio no forma parte del lenguaje de Naciones Unidas cuando documentos oficiales de sus mecanismos utilizan expresamente el término.

Y tampoco explica por qué un canciller perteneciente a un gobierno del Frente Amplio adopta una posición más reticente que la fuerza política que llevó ese gobierno al poder.

Por eso la discusión ya no gira solamente alrededor de una palabra. Gira alrededor de qué política exterior quiere representar Uruguay.

Una que aguarde siempre la última sentencia para adoptar una definición ante una tragedia internacional, o una que, sin sustituir a los tribunales, sea capaz de aplicar sus principios cuando esos principios resultan incómodos.

Uruguay ha construido buena parte de su prestigio internacional precisamente sobre esto último.

Por ello merece nuestro rechazo la actitud adoptada por el Partido Nacional, incluyendo la justificación del clima de tensiones internas con el gobierno por las duras acusaciones relacionadas con la estafa de Cardama, en la compra de dos patrulleras oceánicas, de no participar en la reunión convocada por el presidente de la República, mientras que los lideres de los partidos participaran (Frente Amplio, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente) No conocemos la resolución adoptada por Identidad Soberana.Dejaría al partido Nacional, por primera vez en este periodo de gobierno, totalmente aislado.

Diferencias y diferencias

Es notorio que existen diferencia radicales entre los partidos, el FA y Cabildo Abierto por un lado (todos recordamos el saludo del general Hugo Manini al embajador de Irán por el ataque de EE.UU. e Israel) que como en el caso del Frente Amplio en ningún momento representó un apoyo al régimen de fanatismo religioso del gobierno de Teherán. Y por otro lado los partidos del conjunto de la oposición.

Esto confirma a nivel institucional que la mayoría de política en institucional rechaza los ataques genocidas de EE.UU e Israel en la región.

A nivel de la opinión pública, la situación es más clara, todas las encuestas muestran una importante mayoría de rechazo al gobierno de Israel.

Sobre este tema nos hemos manifestado con mucha claridad, nos afecta profundamente que la politica criminal del gobierno de Tel Aviv, haya generado la ola de rechazo hacia el judaismo en todo el mundo. Es un retroceso civilizatorio importante. No es una sutileza, ni un juego semantico, es un tema de sensibilidad humana y politica ante el cambio radical que se ha producido en el gobierno de Israel.

Y el Frente Amplio también construyó parte de su identidad política sobre esa tradición. Quizás, entonces, el problema no sea que la sociedad uruguaya no esté preparada para llamar a las cosas por su nombre.

Quizás sea que su canciller no está dispuesto a hacerlo.