El proyecto de Presupuesto 2027 que debate el parlamento argentino y que el gobierno de Javier Milei giró al Congreso se presenta como la consolidación de un orden fiscal: cuarto año de superávit, inflación en descenso, crecimiento del 4% del PBI. Pero detrás de esas cifras hay una lógica que es la de sostener el pago de una deuda que, por su propia magnitud, resulta impagable en los términos en que fue contraída.
El mecanismo de una deuda que crece
La política que lleva adelante el equipo de Luis Caputo (Ministro de Economía) y Bausili (Presidente Banco Central) desde 2023 no busca reducir la deuda sino administrar su crecimiento. El punto de partida fue la refinanciación del déficit fiscal de 2023, mediante títulos ajustables por inflación, en un contexto donde la devaluación de diciembre de ese año generó una renta en dólares superior al 80% para el capital financiero que entró a esos instrumentos. A eso se sumó el canje de las Leliq y otros pasivos del Banco Central por 32.760 millones de dólares en deuda del Tesoro, trasladando así el problema bancario al fisco. Cuando ese esquema mostró tensiones, apareció la Letra Fiscal de Liquidez y, después, las LECAP y BONCAP, letras que capitalizan intereses, que a julio de 2026 ya sumaban el equivalente a 88.820 millones de dólares.
La conclusión que se desprende de esos números es incómoda para el relato oficial, el superávit financiero que el gobierno exhibe como logro se sostiene, en parte, capitalizando los propios intereses de la deuda, es decir, haciéndola crecer para poder mostrar equilibrio en el corto plazo.
Ese criterio quedó además convertido en norma. El artículo primero de la ley de presupuesto, tanto en 2026 como en el proyecto 2027, establece una regla fiscal que obliga a recortar el gasto en la misma proporción en que caigan los ingresos, para garantizar el equilibrio financiero. En los hechos, esto subordina cualquier objetivo social o productivo al cumplimiento de los compromisos con los acreedores, en tensión con el mandato constitucional de promover el bienestar general.
Los que pagan y quién se beneficia
Del lado de los ingresos, el proyecto profundiza una serie de beneficios fiscales concentrados en sectores de alta renta como la eliminación del impuesto PAIS, que en su último año de vigencia había significado unos 8.000 millones de dólares, la baja de derechos de exportación e importación, la reducción de Bienes Personales y el llamado régimen de «inocencia fiscal». El gasto tributario total proyectado para 2027 es decir, lo que el Estado deja de recaudar por exenciones y tratamientos especiales, asciende a 3,67% del PBI. A eso se suman beneficios no cuantificados en el propio texto, como las exenciones del RIGI (que ya implican un no ingreso fiscal de unos 3.300 millones de dólares anuales) y los estímulos impositivos previstos en el
artículo 67 del proyecto para las empresas concesionarias de rutas nacionales.
Del lado del gasto, la contracara es la licuación por inflación de partidas sociales que no tienen mecanismo de actualización automática. El proyecto insiste, como en 2026, en eliminar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo y de otras asignaciones familiares —por hijo con discapacidad, prenatal, por nacimiento, por matrimonio, por cuidado de la salud integral—. El presupuesto universitario para 2027 se fija en 7,3 billones de pesos, el mismo monto que los rectores habían reclamado para 2026, pese a una inflación acumulada muy superior en el año transcurrido. Organismos científicos como el CONICET, el INTA, el INTI, la CONAE y la Comisión Nacional de Energía Atómica aparecen entre los desfinanciados.
Otro golpe a la discapacidad
Un capítulo aparte merece la reforma que el proyecto introduce al régimen de pensiones por discapacidad, en paralelo al debate por la prórroga de la Ley de Emergencia en la materia. Los artículos 36, 37, 39 y 40 modifican sustancialmente el esquema vigente: fijan la pensión no contributiva en un 70% del haber mínimo jubilatorio, la declaran incompatible con cualquier vínculo laboral formal, condicionan el beneficio a estar «imposibilitado para trabajar» y el cambio más profundo desconocen el criterio de aranceles uniformes de la Ley 24.901, habilitando que cada financiador pague valores distintos por una misma prestación a cada prestador. La reforma choca con el principio de compatibilizar protección social e inclusión laboral que hasta ahora regía la política pública en discapacidad.
Infraestructura y activos públicos
En obra pública, la inversión de capital apenas alcanza el 0,3% del PBI, contra un promedio histórico del 4,5% entre 2003 y 2015. El gobierno concesionó por 30 años el peaje, bacheo y mantenimiento, sin obra nueva de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, en lo que se lee como una desatención sistemática del recurso previsto por ley para ese fin. A esto se suma la venta y concesión de activos estratégicos, las hidroeléctricas del Comahue, Transener (energía eléctrica), AySA (agua) e Intercargo (asistencia de aviones) tasados fuera del control del Tribunal de Tasaciones de la Nación, ahora reemplazado por el BICE, en operaciones que buscan hacer caja para sostener el pago de intereses.
Espejismos y dibujos
Los analistas financieros hablan de un «espejismo fiscal»: un ordenamiento de números que funciona como carta de presentación ante los mercados, pero cuya sostenibilidad depende de variables que el propio gobierno no controla del todo, empezando por el humor de los acreedores externos. Hay quienes califican al proyecto de «dibujo» presupuestario, advirtiendo que el ajuste que garantiza el superávit empuja a la economía real hacia una recesión en pleno año electoral. Y en el plano político, hay quienes pretenden la continuidad de las políticas libertarias y ven con preopucpación de cara a un año electoral un programa económico no le va a alcanzar al oficialismo para sostenerse en 2027.
El gobierno relativiza la falta de resolución del problema de la deuda, porque hasta ahora, cuenta con el respaldo directo o indirecto del Tesoro de Estados Unidos, vía FMI u otros mecanismos, en un esquema donde los recursos estratégicos del país como petróleo, litio, cobre, uranio, tierras raras y empresas públicas funcionan cada vez más como garantía de esa relación. Bajo esa lectura, el Presupuesto 2027 no es solo una herramienta de política económica, es la traducción legal de una subordinación financiera que condiciona, artículo por artículo, qué parte de la sociedad argentina paga el ajuste y quién queda eximido de pagarlo.
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