/ El Gobierno nacional repite hasta el cansancio en cada acto, en cada entrevista haber alcanzado el superávit fiscal, la inflación en descenso y el orden macroeconómico recuperado. Hechos que son un recorte con retoques de la realidad. Detrás de ese cuadro, la economía cotidiana de millones de argentinos muestra otra escena, fábricas que cierran, jubilados sin atención médica, científicos haciendo las valijas y familias que ya no llegan ni a fin de la primera quincena.
Casi tres años de gestión libertaria alcanzan para empezar a leer el experimento con algo más que intuición, con números. Y esos números, lejos de sostener el relato de un despegue inminente, describen un país que maquilla sus cuentas fiscales incendiando su economía real.
El consumo que no vuela
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei sostienen que «el consumo 
vuela» basándose en datos macroeconómicos y forzando una mirada de las cuentas nacionales, pero esto contrasta con la realidad del consumo masivo y los comercios minoristas.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) lo mide todos los meses y todos los meses confima que las ventas minoristas de las pymes siguen cayendo, con una baja interanual del 3,8%. No es un dato aislado ni un capricho estadístico. Es el reflejo directo de un ingreso disponible que se derrumbó: unos 15 millones de argentinos ganan hoy un 17% menos, en términos reales, que en 2023.
Ese deterioro no se reparte parejo. Se concentra, como siempre, en los sectores más precarizados. La informalidad laboral trepó al 44%, lo que significa que más de cuatro de cada diez trabajadores quedaron fuera de cualquier red de seguridad social, expuestos de lleno a una pobreza que ya golpea al 34,3% de ese universo. El 78% de los hogares del país sobrevive con menos de 2.800.000 pesos por mes, un ingreso que obliga a elegir entre pagar la luz, el agua, el transporte o el alquiler, y recortar todo lo demás.
Cuando el crédito formal se retira aparece el prestamista de barrio. Y en las zonas más postergadas del conurbano y del interior, ese prestamista cada vez tiene más vínculos con estructuras de crimen organizado y narcotráfico. El ajuste, así, no solo empobrece: alimenta economías violentas que después son mucho más difíciles de desarmar que cualquier variable fiscal.
PAMI: la salud de los jubilados como variable de ajuste
Si hay un síntoma que condensa el costo social del modelo, es el PAMI. La obra social de jubilados más grande de América Latina, con 5,5 millones de afiliados, atraviesa una crisis descomunal hay quienes la identifican como una «bomba de tiempo» a punto de estallar.
La ecuación es simple y devastadora. Por un lado, la eliminación del Impuesto PAIS le quitó al organismo cerca del 10% de su financiamiento. Por otro, la inflación y el aumento sin techo de los medicamentos disparó sus costos operativos. Y cuando el propio PAMI pidió a Economía una transferencia adicional del 40% de presupuesto para tapar el agujero, la respuesta fue un no rotundo para no comprometer el superávit fiscal, aunque el costo lo paguen los jubilados.
El resultado ya es visible en el mapa sanitario del país. Clínicas y sanatorios privados, de norte a sur de Argentina, empezaron a cortar la atención a afiliados de PAMI porque los aranceles que reciben no cubren ni los insumos descartables. En ciudades como Mar del Plata, Balcarce o Río Cuarto, miles de adultos mayores se quedaron sin médico de cabecera. Los centros de diálisis, mientras tanto, advierten sobre el desabastecimiento de tratamientos que no admiten demora: se trata, literalmente, de vida o muerte.
A eso se suma una discusión incómoda sobre la gestión interna del organismo, que permitió que el gasto en medicamentos creciera muy por encima de la inflación general, mientras la atención primaria queda cada vez más desguarnecida.
La inversión que nunca llegó
Uno de los argumentos centrales del discurso oficial sostenía que la desregulación, el achicamiento del Estado y el debilitamiento de la negociación sindical iban a funcionar como un imán para el capital privado. La lluvia de inversiones, sin embargo, no llegó.
La explicación no es misteriosa: ningún empresario arriesga capital productivo en una economía que opera con cerca del 50% de su capacidad instalada ociosa, con la obra pública completamente paralizada y una demanda interna en el piso. Las pocas inversiones que sí se concretaron quedaron confinadas a enclaves extractivos —minería, energía, hidrocarburos— que generan empleo escaso y no derraman ni en la industria ni en el comercio de cercanía.
Hay un dato que ilumina esta parálisis desde otro ángulo. El Índice de Calidad de Élites, elaborado por la Universidad suiza de St. Gallen, ubica a la elite empresaria argentina en el puesto 104 entre 151 países. El informe expone una divergencia elocuente: mientras esa elite goza de un poder político altísimo (puesto 39), su aporte a la creación de valor económico se hunde al puesto 128, y su capacidad de generar valor de capital cae todavía más, al lugar 142. La lectura es incómoda pero clara: un empresariado que prioriza capturar privilegios estatales y beneficios impositivos por sobre invertir en innovación y desarrollo productivo de largo plazo.
Ciencia en retirada
El ajuste también tiene una víctima silenciosa: el sistema científico-tecnológico. Entre diciembre de 2023 y junio de 2026, el sector perdió 6.400 puestos de trabajo, una sangría que equivale a la salida de siete científicos por día. La inversión pública en ciencia se derrumbó a apenas el 0,14% del PBI, un número que queda a años luz del 4% o 5% que destinan las potencias tecnológicas del mundo.
Argentina conserva desarrollo cientifico en sectores como el espacial, el nuclear y otros de excelencia que siguen exportando conocimiento de altísimo nivel. Pero, ciclo tras ciclo, los planes de ajuste ortodoxos se ocupan metódicamente de afectarlo.
El modelo y sus límites
El Gobierno insiste en que el sufrimiento presente es el precio necesario de una estabilidad de precios que, tarde o temprano, traerá prosperidad. Pero la evidencia acumulada dice otra cosa: ahogar el consumo popular, desfinanciar la ciencia, desatender a los jubilados y frenar la infraestructura básica no genera confianza ni despierta el apetito inversor que el propio modelo necesita para sostenerse.
La estabilidad macroeconómica que hoy exhibe el oficialismo como su gran trofeo se construyó, en buena medida, sobre las ruinas de la economía real. No se trata de un ajuste transitorio sino de un mecanismo que se retroalimenta a sí mismo. No hay libertad de elegir cuando la alternativa es no comer. La estabilidad que Milei exhibe como trofeo se sostiene, en los hechos, sobre el endeudamiento silencioso de veinte millones de personas. Y las crisis que se incuban puertas adentro de los hogares, tarde o temprano, terminan golpeando la puerta de la macroeconomía que dijeron haber ordenado.
Por Andrés Correa
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