La reorientación hacia Israel anunciada por el gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella no se limita a un realineamiento diplomático, escribe Alfonso Insuasti Rodríguez para TRT World.
La promesa de construir relaciones bilaterales «como nunca antes», la reapertura de la embajada colombiana en Jerusalén Este ocupada, el «reconocimiento de la soberanía israelí» sobre los Altos del Golán ocupados y el restablecimiento de los lazos económicos y comerciales apuntan a una transformación más amplia de la política exterior colombiana.
En concreto, se espera que alrededor de 30 empresas israelíes visiten Colombia en los próximos meses para explorar oportunidades de inversión, según un comunicado del ministro de Comercio, Mauricio Gómez, y de Betsy Burns Korn, presidenta de la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Americanas.
Detrás de este cambio subyace una cuestión más amplia: la posible restauración y expansión de la arquitectura de seguridad, incluyendo la tecnología militar, la vigilancia, la inteligencia, la cooperación con Washington y la creciente participación del sector privado en funciones estratégicas del Estado.
La página web oficial del partido político de De la Espriella, Defensores de la Patria, afirma que «una cooperación más estrecha con la industria de defensa israelí abre oportunidades para la transferencia de tecnología, la creación de empleos especializados y el fortalecimiento de sectores como la ciberseguridad y la inteligencia militar».
Este impulso tecnológico, presentado como parte de una estrategia para combatir lo que el partido define como crimen organizado, podría convertirse en un pilar fundamental de la nueva relación con Israel.
Según algunos expertos en Tel Aviv, la cooperación en materia de seguridad también podría ampliarse significativamente. «Todo lo relacionado con la seguridad nacional implicará una amplia cooperación con Israel», afirmó el politólogo Alberto Spektorsky. «Colombia la solicitará, Israel la brindará y estas relaciones se fortalecerán», añadió.
En definitiva, según un análisis publicado en el Times of Israel, «esto no es solo protocolo diplomático: es un mensaje reflexivo dirigido a toda la región, en un momento en que Israel busca reconstruir sus alianzas en América Latina después de años de relaciones deterioradas».
Por lo tanto, la dimensión de la seguridad podría convertirse en un punto clave de convergencia durante esta nueva fase, vinculando la política exterior con la tecnología militar, la inteligencia y las capacidades de vigilancia.
Los tentáculos tecnológicos de Israel en América Latina Sin embargo, este proceso no comienza con el gobierno actual. Sus raíces se encuentran en décadas de cooperación militar y de inteligencia entre Colombia e Israel.
Durante la administración del expresidente Virgilio Barco (1986-1990), las investigaciones periodísticas revelaron la presencia y el papel de asesor del agente israelí Rafi Eitan, a quien supuestamente se consultaba sobre asuntos relacionados con la seguridad y la protección del presidente.
Las investigaciones posteriores también plantearon interrogantes sobre un posible vínculo entre su presencia en Colombia y la escalada de violencia contra miembros del partido de izquierda Unión Patriótica (UP).
La acusación ha sido polémica, y algunos aspectos de la misma han sido posteriormente desestimados o cuestionados. La propia investigación periodística afirma que no hay pruebas de una conexión entre Eitán y los asesinatos de miembros del PS, pero señala que su presencia en Colombia coincide con un marcado aumento de estos asesinatos que comenzó en 1987.
Años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la responsabilidad del Estado colombiano por la destrucción y la violencia política contra los miembros de este partido.
Durante la administración del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), se profundizaron las relaciones militares entre Colombia e Israel, con énfasis en la política de seguridad y el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas colombianas.
El fusil de asalto israelí Galil se está convirtiendo en uno de los símbolos de esta cooperación, acompañada de transferencia de tecnología y colaboración en los campos de la aviación, la inteligencia, la vigilancia y otros sistemas militares.
Posteriormente, Indumil, una empresa subordinada al Ministerio de Defensa colombiano, desarrolló versiones nacionales del Galil mediante acuerdos de transferencia de tecnología con Israel, demostrando cómo la dependencia inicial también puede convertirse en la base para el desarrollo de la capacidad industrial local.
La ruptura política y diplomática con Israel durante la administración del expresidente Gustavo Petro (2022-2026) marcó un punto de inflexión en esta tendencia.
En octubre de 2023, Israel suspendió la cooperación militar y las exportaciones a Colombia. Posteriormente, en febrero de 2024, Petro anunció la suspensión de nuevas compras de armas a Israel y, el 1 de mayo, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas.
Paralelamente, Colombia está desarrollando una estrategia de autonomía industrial en el sector de la defensa. El proyecto del fusil Jaguar, descrito como un símbolo de «soberanía tecnológica, industrial y estratégica», fue lanzado por Indumil en 2020.
Su nombre rinde homenaje al animal, que representa «la fuerza, la inteligencia, la adaptabilidad, la precisión, el dominio territorial y la conexión con la selva y la naturaleza de las Américas», y que ha sido «un antiguo símbolo de los pueblos indígenas de las Américas» durante siglos.
El fusil fue presentado oficialmente en mayo de 2026 como un arma desarrollada en el país para fortalecer la soberanía nacional. El Jaguar incorpora mejoras significativas con respecto al sistema Galil que actualmente utilizan las fuerzas colombianas.
Elbit Systems y su presencia en la región La dimensión empresarial deja aún más claro el alcance potencial de estas relaciones.
En diciembre de 2021, el ejército colombiano firmó un contrato con Elbit Systems, una de las empresas israelíes líderes en los sectores de defensa y tecnología, para un sistema de vigilancia e inteligencia fronteriza, así como un centro de mando y control en la frontera con Venezuela, por un valor aproximado de 30 millones de dólares.
El contrato, implementado en el marco de un acuerdo bilateral entre Colombia e Israel, no es una simple adquisición de equipos: se trata de integrar las capacidades tecnológicas desarrolladas por una empresa israelí en la gestión de la seguridad de un territorio estratégico.
Elbit y otras empresas israelíes están expandiendo su presencia en América Latina.
La investigación académica documenta el uso regional de los drones Hermes 450 y Hermes 900, sistemas desarrollados por Elbit que integran capacidades de reconocimiento, vigilancia, adquisición de objetivos y vigilancia de reconocimiento.
Brasil, Chile y México se encuentran entre los países latinoamericanos que han utilizado plataformas de este tipo.
La propia empresa admite que tiene contratos para modernizar los sistemas Hermes 900 utilizados por clientes latinoamericanos.
La cuestión adquiere una dimensión especialmente delicada cuando las tecnologías militares se cruzan con la vigilancia digital.
En 2024, la fiscalía colombiana inició una investigación sobre la presunta compra y uso del software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, cuya distribución está controlada por el Ministerio de Defensa israelí.
El informe menciona una operación por valor de unos 11 millones de dólares y un supuesto pago en efectivo. La investigación busca determinar, entre otras cosas, si la adquisición se llevó a cabo realmente y cómo se utilizó el software.
Ecuador ofrece otro ejemplo destacable. En diciembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó una investigación sobre el presunto uso del software Pegasus contra periodistas, figuras de la oposición y activistas.
La resolución ordena la comparecencia del director del Centro de Inteligencia Estratégica y solicita información a la embajada israelí sobre el presunto uso del programa en territorio ecuatoriano.
Una vez más, la importancia radica en la cuestión institucional: ¿quién adquiere estas tecnologías, bajo qué control, contra quién pueden utilizarse y qué mecanismos existen para garantizar los derechos fundamentales?
Este proceso coincide con una transformación más amplia de la seguridad regional: la creciente participación de empresas privadas en funciones tradicionalmente reservadas al Estado.
En este sentido, el caso de Haití resulta ilustrativo.
Vectus Global, una empresa de seguridad privada vinculada a Erik Prince, fundador de la controvertida compañía Blackwater, opera en Haití desde 2025, utilizando drones para atacar a grupos armados.
Prince también afirma haber llegado a un acuerdo a largo plazo con el gobierno haitiano, que, cuando la situación se estabilice, incluiría la participación en el restablecimiento del sistema de recaudación de impuestos.
Este año, Reuters informó de que funcionarios estadounidenses estaban considerando una cooperación más estrecha con la empresa, mientras que grupos de derechos humanos expresaron su preocupación por las muertes de civiles vinculadas a los ataques con drones.
La privatización de las funciones de seguridad
Mientras tanto, la privatización de las funciones de seguridad plantea interrogantes sobre la soberanía, la rendición de cuentas y la responsabilidad jurídica.
El debate no se limita a América Latina: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha creado un grupo de trabajo para desarrollar un marco internacional que regule, supervise y controle las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas.
El principal problema es que la externalización de las funciones de control puede complicar el establecimiento de responsabilidades cuando se producen abusos.
En este contexto, también es necesario analizar el papel político que Israel ha adquirido para la «nueva derecha». El periodista Pablo Stefanoni ha examinado cómo la defensa de Israel se ha convertido en un medio de legitimación para ciertos sectores de la extrema derecha desde 1945, cuando el antisemitismo era un rasgo histórico característico de gran parte de la derecha radical europea.
En su análisis, Stefanoni señala que el «anti-antisemitismo» puede actuar tanto como mecanismo de legitimación como herramienta de oposición contra grupos como los musulmanes, los palestinos y los progresistas.
Esta interpretación ayuda a explicar por qué las relaciones con Israel hoy en día van más allá del ámbito estrictamente militar o comercial.
En este contexto, Colombia constituye un caso particularmente significativo. El nuevo gobierno de De la Espriella propone restablecer la cooperación militar con Israel y fortalecer la alianza estratégica con Washington.
Los analistas vinculan este proyecto a una posible profundización de la cooperación tecnológica israelí en los ámbitos de la seguridad, la inteligencia y la lucha contra el narcotráfico, en el marco de un modelo que algunos denominan «Plan Colombia 2.0».
¿Seguridad para quién y soberanía para qué?
La cuestión clave no es simplemente qué armas, plataformas o software compra cada país, sino qué tipo de infraestructura de seguridad se está construyendo a medida que la inteligencia, la vigilancia, los drones, la ciberseguridad y las capacidades militares comienzan a integrarse con empresas privadas y alianzas internacionales.
En este contexto, una mayor dependencia tecnológica también puede traducirse en una mayor dependencia estratégica, especialmente cuando las capacidades críticas comienzan a depender de proveedores externos.
La experiencia latinoamericana nos obliga a plantearnos preguntas que van más allá de la simple compra de equipos.
¿Quién define las amenazas? ¿Quién gestiona los datos? ¿Qué empresas están implicadas? ¿Qué mecanismos de control existen? Y, sobre todo, ¿qué intereses económicos y geopolíticos se esconden tras estas nuevas arquitecturas de seguridad?
Esta cuestión cobra especial relevancia cuando la tecnología, la seguridad y la infraestructura están vinculadas a territorios y activos estratégicos.
En Colombia, el acercamiento a la empresa estatal israelí Mekorot y su posible implicación en cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos hídricos en la región del páramo de Sumapas está reabriendo el debate sobre quién toma las decisiones sobre el agua y los ecosistemas estratégicos.
Por lo tanto, vale la pena preguntarse: ¿podría la dependencia de la defensa y la vigilancia abrir nuevas puertas a la injerencia corporativa en territorios, aguas, minerales, biodiversidad e infraestructuras críticas?
¿Qué empresas están detrás de estas alianzas y quién está extrayendo valor de nuestros activos estratégicos?
La disputa no es solo tecnológica o militar: también es una disputa sobre la soberanía y el futuro de los territorios.
En una Latinoamérica rica en agua, minerales, biodiversidad y recursos energéticos, convertir la seguridad en una puerta de entrada a nuevas dependencias podría limitar la capacidad de los estados y las comunidades para tomar decisiones sobre sus recursos compartidos.
La soberanía de los pueblos sobre sus territorios no puede ser el precio oculto de ninguna unión.
* El título original del artículo es «América Latina, el nuevo ‘laboratorio’ del complejo militar-tecnológico israelí».
Fuente: news.bg
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