Tras el triunfo del NO en 1980, la dictadura uruguaya empezó la retirada, la primera prueba de un proceso de reconstrucción democrática serían las elecciones internas de 1982. Sería una democracia convaleciente porque deberíamos soportar figuras proscritas impedidas de presentarse a aquella elección. Para aquella instancia, todos los partidos contaron con espacios televisivos para difundir su propuesta. Uno de ellos fue Alberto Gallinal Heber, quien realizó la icónica frase de “cuidado con los insuflados”, en clara alusión a los votos frenteamplistas que mostraban cierta afinidad con la ACF de orientación wilsonista.
Hoy son otros los “insuflados”, mucho más peligrosos que los votantes de izquierda que hicieron historia llevando al Frente Amplio a ser cuatro veces gobierno. Estos insuflados se metieron sin pedir permiso y están socavando la institucionalidad uruguaya ante la ingenuidad (¿?) de algunos actores políticos.
Hoy tenemos una realidad que golpea duramente a los uruguayos casos donde el narcotráfico muestra su vinculación con el sistema político. Particularmente reiterado en filas del Partido Nacional, organización política que sin tener la exclusividad ni mucho menos, recoge varios antecedentes que lo ponen en el primer lugar de tan triste y preocupante podio.
El caso del asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, de la Lista 250 de Jorge Gandini, dejó al descubierto la ingenuidad (o no) de un sistema político que a pesar de las advertencias esgrimidas por sus propios representantes (Gandini fue uno de ellos), sufre las consecuencias de su ingenua (o no tanto), ambición electoral. El poder económico del narco afectó la inteligencia de quienes aceptan su colaboración como forma de financiar una campaña. Claro que en esto hay responsabilidades compartidas de todo un sistema que no ha sabido darse un marco legal que evite este tipo de “insuflados” en sus ámbitos.
Dudas fiscales y ¿un paso al costado?
La Operación Trazador dejó al descubierto la actividad ilícita de un lavador de dinero del narcotráfico que cumplía como asesor de un edil del Partido Nacional. Un edil que no solo tenía a Pablo Leiva (condenado en juicio abreviado), sino a otros integrantes de la lista 250 de Jorge Gandini. En efecto, junto a aquel estaban su hijo (dirigente de la juventud nacionalista) y la funcionaria Irene Caballero, designada titular en el directorio de TCP (Terminal Cuenca del Plata), cargo al que renunciaría tras las críticas impulsadas por la entonces oposición frenteamplista y que también figura como asesora del curul nacionalista por Montevideo.
El caso tomó otra dimensión cuando se conoció que el condenado Leiva realizaba transacciones de dinero con billetes de bajo valor en un local de una red de cobranza propiedad de la familia Gandini (figura a nombre de su esposa y este lo declaró como bien ganancial en su declaración jurada ante la JUTEP). Esa participación está siendo investigada por la Fiscalía Antilavado a cargo de Enrique Rodríguez, y como bien dijo el presidente Orsi, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero… las dudas nos llevan a pensar escenarios que dejan en posición incómoda al propio Gandini.
• En primer lugar, la resolución en forma exprés con un juicio abreviado que cerró el caso sobre el condenado Pablo Leiva, impide avanzar en una investigación que podría ser la punta de un entramado de lavado con importante incidencia en la red de microtráfico de una extensa zona de la capital montevideana (Marconi, Pérez Castellano y Villa Española, barrios donde la violencia del narco viene haciendo estragos).
La fiscal del caso – Angelita Romano – detuvo a los Leiva (padre e hijo), dejando en libertad luego al hijo del condenado, lo que generó malestar en los investigadores y muchas dudas en la ciudadanía uruguaya. Quienes vieron los informes de prensa sobre el caso se preguntan cómo es posible el total desconocimiento del joven sobre la actividad criminal de su padre a estar por la montaña de billetes que había en el domicilio compartido, máquinas para contarlos y habitaciones blindadas que debía conocer si compartía esa locación. Esa duda razonable no fue explicada hasta el presente y es motivo de malestar en los investigadores.
Lo mismo ocurre con la rápida resolución que tuvo el caso por cuanto impide continuar investigando la red en lo que refiere al condenado. Un sin razón legal del nuevo CPP que urge modificar para quitar ese bozal legal que impuso el nuevo código y que otorga un poder desmesurado e irracional a la Fiscalía. Es necesario que un Juez pueda participar en esa instancia y dar mayores garantías en la investigación y no que esta se termine por un acuerdo que puede significar el cierre mismo de la causa y un salvoconducto para cualquier organización criminal que esté detrás.
• En segundo lugar, la actividad del local de cobranza que vuelve a implicar de forma indirecta a Jorge Gandini, ya que el mismo es propiedad de su esposa y está declarado como bien ganancial. En su declaración lo avaló en la suma de U$S 309 mil dólares, lo cual fue puesto en duda por un muy buen informe de Antonio Ladra en La Diaria Radio. En el mismo, hizo referencia a una inconsistencia del valor declarado con los precios que se ofrecen en el mercado por locales más grandes y mejor ubicados que no llegan a la tercera parte del valor declarado por Gandini.
• En tercer lugar, de las propias declaraciones de Gandini en rueda de prensa posterior surgen interrogantes no respondidas ni mucho menos aclaradas. Como por ejemplo la interrogante de tomar como normal el pago de facturas por cifras que van entre los 300 y 400 mil pesos, hechos con billetes de bajo valor. Si bien los montos están dentro de los ajustados recientemente como permitidos para transacciones en efectivo, el cúmulo de billetes de baja denominación es un claro indicio de una actividad relativa a las bocas de drogas y no necesariamente a empresas constructoras (rubro que dijo ser el de Pablo Leiva).
• Y la duda mayor es si no resulta lo más conveniente que Jorge Gandini, director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos – ANP – diera un paso al costado mientras se sustancia el caso para dar todas las garantías posibles en un tema tan sensible para la sociedad uruguaya de este siglo. Mucho más dada la posición que ocupa en la principal puerta comercial del país y por donde sale la droga que termina siendo incautada en Europa. Por lo menos, esa es la actitud que tomó el Honorable Directorio del Partido Nacional licenciando al edil en cuestión pasándolo a la Comisión de Ética. Algo que hizo el propio edil Gómez, quien desvinculó al hijo del condenado Leiva de su asesoría. Pasos al costado que no ha dado – todavía – el dirigente nacionalista salpicado por un caso que irá escalando cada día.
Así comenzó el caso de Sebastián Marset; un día nos enteramos que se le había otorgado un pasaporte de forma urgente a quien tenía antecedentes por narcotráfico. Alguien que estaba preso en una cárcel de Dubai por portar un pasaporte paraguayo falso y al que se le otorgó uno uruguayo como salvoconducto para que se mantuviera prófugo de la justicia internacional por varios años. Hoy cumple prisión preventiva en EEUU y espera una larga y dura condena por delitos de narcotráfico. Un caso que hizo caer a 2 ministros y a 2 subsecretarios y que todavía espera su resolución en la justicia.
Más allá de todas las dudas planteadas, (que la justicia deberá despejar), la apariencia es un indicador que tiene en el prejuicio a su principal aliado. Un aliado que supo administrar consecuentemente siendo legislador el propio Gandini para denostar a opositores y que ahora sufre en carne propia cual boomerang recargado. Algunos, le llaman karma…
El CPP tampoco ayuda
El cambio procesal impulsado en noviembre de 2017 trajo consigo la figura del “proceso abreviado” con la cual se dirimen la inmensa mayoría de las formalizaciones fiscales (en un acuerdo entre la fiscalía y la defensa que elude el juicio oral), en clara contravención con la intención original de los promotores de la reforma. Porque, si bien se achican los tiempos procesales y se allanan los caminos hacia la condena, también se cierran las vías de investigación dando por finalizada la misma sin más oportunidad procesal. Eso impide llegar muchas veces al autor material o intelectual de los casos que se cierran con esa herramienta.
En el caso que involucra a Gandini, imagino su pretensión para que se investigue hasta el fondo de manera de desvincular liminarmente al negocio familiar de toda sospecha sobre lavado de dinero, delito por el cual condenaron a su correligionario. Porque cerrar el caso con el juicio abreviado obtenido por la Fiscalía dejaría instalado un manto de sospecha que para nada favorece a limpiar la imagen familiar y personal del político nacionalista.
Es de esperar que esta caso no quede en el anecdotario como uno más en que primó el poder en la sombra y la justicia se hizo la sorda además de ciega. Porque si algo queremos es que se investigue hasta el fondo para despejar toda duda en un caso que involucra a una alta jerarquía política que puede estar en decadencia hoy pero que lideró la principal movida política del gobierno de Lacalle Pou como fue el acuerdo con la empresa transnacional belga Katoen Natie entregando el principal negocio del puerto de Montevideo por 12 períodos de gobierno.
Ojalá no ganen los “insuflados”… el hombre tenía dudas,
el perro también…
Julio Fernando Gil Díaz
«El Perro Gil»
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