La acusación completa contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, hecha pública por las autoridades estadounidenses. El documento incluye en detalle los cargos, el razonamiento legal y las pruebas citadas por los fiscales contra el líder venezolano.
La acusación formal de las autoridades estadounidenses afirma que Nicolás Maduro participó, entre 1999 y 2020, en una conspiración narcoterrorista entre el Cártel de los Soles y las FARC, destinada al tráfico masivo de cocaína a Estados Unidos. Según el documento, el cártel estaba integrado por altos funcionarios estatales que corrompían las instituciones venezolanas, mientras que Maduro presuntamente tenía un rol de liderazgo, proporcionaba armas a las FARC y utilizaba la cocaína como un arma contra Estados Unidos. (TA)
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- Cuando EEUU. derrocó al presidente venezolano Nicolás Maduro a principios de este año y lo encerró en una celda de Nueva York, los venezolanos, tanto en su país como en el extranjero, se alegraron. Por primera vez en 27 años, el país se enfrentaba a una posibilidad real de cambio de régimen. Pero destituir a un autócrata no implica necesariamente desmantelar el sistema autoritario que lo mantenía en el poder, sobre todo cuando quien lo ha destituido es, a su vez, un aspirante a autoritario y cleptócrata. Casi nueve meses después de la captura de Maduro por parte de las fuerzas especiales estadounidenses, las perspectivas de un cambio democrático se desvanecen día a día. Esto se hizo evidente la semana pasada durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una cálida bienvenida a la líder que dejó al frente del país, Delcy Rodríguez -que había sido vicepresidenta de Maduro-. El respaldo de Trump ha llevado a varios aliados de Estados Unidos en América Latina a mostrarse más favorables al gobierno chavista, como se vio en la reunión del mes pasado entre el presidente paraguayo Santiago Peña y Rodríguez. Esto ocurre a pesar de que la misión de investigación de la ONU sobre Venezuela informa que la maquinaria de represión construida bajo el chavismo permanece, en gran medida, intacta. Aunque se ha liberado a algunos presos políticos y se ha restablecido el acceso a algunos medios de comunicación que antes estaban bloqueados, las figuras más destacadas del régimen de Maduro siguen en el poder. Los servicios de seguridad y el alto mando militar no han sido purgados de los leales al régimen, y los colectivos armados siguen actuando con impunidad. Por mucho que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, intente darle la vuelta a estos hechos, o por muchas veces que Rodríguez prometa elecciones libres, no hay una transición democrática a la vista. Las prioridades de Trump -la seguridad energética, el acceso a petróleo a bajo costo y recompensar a sus socios empresariales- ayudan a explicar esta inercia autoritaria. Venezuela ofrece las tres cosas, ya que sus vastas reservas de petróleo les proporcionan a las refinerías estadounidenses suministros adicionales y reducen la exposición a la inestabilidad del mercado energético. En agosto, por ejemplo, la administración Trump llegó a un acuerdo con la empresa norteamericana Blue Energy Partners (NABEP), otorgándole una concesión de 100 años sobre 17 yacimientos petrolíferos venezolanos que contienen aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas probadas. El gobierno de Estados Unidos también adquirió una participación del 35% en la empresa y el derecho a comprar el 20% de su producción a precio de costo. Y se avecinan más inversiones, ya que el gobierno interino de Venezuela espera que solo el acuerdo con NABEP genere hasta 100.000 millones de dólares en inversiones en infraestructura. Chevron está ampliando sus operaciones en Venezuela, y ExxonMobil está barajando su regreso al país casi 20 años después de que Hugo Chávez nacionalizara sus activos petroleros. No existe ninguna contradicción inherente entre la recuperación económica y la democratización. Ambas pueden y deben ir de la mano, como ocurrió en países como Polonia en la década de 1990. El problema surge cuando se da prioridad a la estabilización económica sin un plan claro para una transición democrática -precisamente la estrategia de la administración Trump-. En su primera conferencia de prensa tras la captura de Maduro, Trump apenas mencionó la democracia, pero le dedicó mucho tiempo a explayarse sobre el petróleo. Una concesión de 100 años no es una inversión extranjera cualquiera. Supone que el acuerdo básico perdurará más allá de los distintos gobiernos de Estados Unidos. Y, dado que el gobierno estadounidense tiene una participación directa en la empresa, los contribuyentes norteamericanos tienen un interés particular en protegerla. El acuerdo petrolero de Trump, intermediado por el empresario Alejandro Betancourt -un fiel chavista implicado en múltiples escándalos de corrupción-, se negoció con escasa transparencia y sin licitación pública por parte del gobierno de Rodríguez, cuya legitimidad constitucional sigue siendo objeto de controversia. El acuerdo pone una parte significativa del principal activo de Venezuela bajo el control de un gobierno extranjero durante un período de tiempo extraordinariamente prolongado. Si a esto le sumamos la declaración de Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas de que Estados Unidos debería controlar el petróleo de Venezuela porque “al vencedor le corresponde el botín”, resulta fácil entender por qué un futuro gobierno venezolano elegido democráticamente podría querer revisar el acuerdo. Nada obliga a las empresas petroleras estadounidenses a oponerse a la democracia ni a bloquear deliberadamente las elecciones, pero los miles de millones de dólares en inversiones estadounidenses y extranjeras crean poderosos incentivos para evitar la incertidumbre que traerían consigo unas elecciones libres y un nuevo gobierno. Un gobierno venezolano que proteja los contratos, mantenga el flujo de petróleo, coopere con el gobierno de Estados Unidos y les permita a las empresas estadounidenses operar libremente tiene un valor inmenso, independientemente de cuán democrático sea
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