El asesinato avanza con Milei

  – CORREPI / El actual gobierno argentino de Javier Milei es el que más ha reprimido y matado durante estos 42 años de democracia, informa el trabajo de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional.

Con 10.181 personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde el 10 de diciembre de 1983 al 20 de enero de 2026, 1.056, ocurrieron después del 10 de diciembre de 2023, lo que evidencia el fuerte impacto de las políticas represivas del gobierno de La Libertad Avanza, bajo la presidencia de Javier Milei. Fueron 30 casos en diciembre de 2023, 511 en 2024, 507 en 2025 y 8 en los primeros días de enero de 2026, con la necesaria aclaración de que a los datos de 2025 les falta el total de muertes bajo custodia.

Durante los dos primeros años del gobierno encabezado por Javier Milei se produjo más del 10% del total de muertes ocurridas a lo largo de 43 años de democracia, superando por lejos a todas las gestiones anteriores. En esta tabla (ver en link) vemos la cantidad total de casos registrados por gestión, siempre con la necesaria aclaración de que la data anterior a 1996 es muy incompleta y que los datos de 2025 son muy incompletos. No se dispone aún, por ejemplo, del total de muertes bajo custodia, que los organismos oficiales como PPN (Procuración Penitenciaria de la Nación) y CPM (Comisión Provincial por la Memoria) publicarán a mediados de 2026.

CORREPI se define como una organización política que activa en el campo de los Derechos Humanos, al servicio de la clase trabajadora y el pueblo, con especificidad frente a las políticas represivas del estado. Así como somos una organización absolutamente independiente del estado, sus organismos y agencias, somos independientes de toda otra organización política. Su informe, en https://www.correpi.org/2026/archivo-2025-el-gobierno-mas-represor-de-la-democracia/.

Del informe: Hace un año, con los datos recabados a lo largo de 2024, concluimos que ese primer año de gobierno de La Libertad Avanza mostraba un avance de tal gravedad contra los derechos y garantías de las personas que lo calificamos como un verdadero cambio de régimen.

Decíamos entonces que, desde el primer minuto, la banda de Javier Milei, Patricia Bullrich y compañía se lanzó a reestructurar profundamente el Estado y todo el sistema normativo público y privado y, en apenas un año, buena parte de nuestros derechos en todos los órdenes de la vida fueron recortados o destruidos, a la vez que redujeron o eliminaron las garantías que en otros tiempos nos permitían defenderlos.

No quedó libertad democrática sin ser atacada. En ese primer año de gestión, de la mano de los ataques a los derechos laborales, la salud, la cultura, la educación, la vivienda, los derechos de las niñeces, tercera edad, disidencias, mujeres, hasta el derecho básico a la alimentación, el DNU 70 (Decreto de Necesidad y Urgencia¹) y la Ley Bases iniciaron el camino de una sistemática destrucción de todo el sistema de derechos y garantías.

Vino una larga lista de decretos y resoluciones ministeriales que repusieron de facto la Doctrina de Seguridad Nacional: protocolo “antipiquetes”; el Comando Unificado Urbano y el Comando Unificado de Seguridad Productiva; la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad; la Unidad Especial de Agentes Encubiertos; la dudosa línea 134²; la incorporación de nuevos pertrechos para la represión, etc.

Además, se sancionaron leyes del Congreso como la de Reincidencia y Reiterancia, “Antimafias” o la más reciente que tiene media sanción, de baja de edad de punibilidad, entre otras. También señalamos entonces que, como consecuencia directa de ese cambio de régimen en general, y en particular el endurecimiento del sistema penal y la ampliación de facultades a las fuerzas de seguridad, en apenas un año se advertía un gran incremento de las muertes bajo custodia y los fusilamientos de gatillo fácil, las dos modalidades preponderantes en el Archivo.

Y advertimos que la proyección de esas cifras hacia el futuro auguraba un récord absoluto de muertes a manos del aparato estatal en periodo democrático. Un año después, ya cumplida la mitad de su período de gobierno, LLA y sus aliados confirmaron que no nos equivocamos. Llegamos al final de 2025 con más destrucción de derechos y garantías, más transformación represiva del sistema normativo y su directa consecuencia: un récord absoluto de muertes a manos del aparato estatal en sus distintas modalidades.