Burocracia impide la formalización de un Sitio de Memoria

Organizaciones de la sociedad civil reclaman al estado que «avance en una reparación histórica y simbólica vinculada a la figura de Elena Quinteros y a los hechos vinculados con el inmueble de Ramón Masini 3044, a 50 años de la ocurrencia de los mismos».

La Comisión de DDHH del Partido por la Victoria del Pueblo en el año 2024, la nota que presentara junto a la Asociación Civil Maestra Elena Quinteros el 18 de mayo de este año, y la solicitud promovida por estas organizaciones, junto con la Red Nacional de Sitios de Memoria, reclaman que se efectivice la declaración del inmueble como Sitio de Memoria.

Las amplias competencias de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria no la habilita a resolver situaciones respecto a la posesión del citado inmueble, sobre el que el Ministerio de Defensa alega propiedad y dió en comodato a ANEP. Pero, alegan los peticionantes, no puede dejar de señalarse que la apropiación de bienes formó parte de una política sistemática de despojo ilegítimo implementada por el terrorismo de Estado contra organizaciones y militantes perseguidos por motivos políticos.

Independientemente de la relación de propiedad del inmueble, se plantea que se acuerde con los copropietarios del edificio y/o con la Junta Departamental de Montevideo –en caso de ser necesario- la forma de señalización del lugar”.

En sus fundamentos, reclaman que la señalización del lugar como el último domicilio de Elena Quinteros sea reformulada para declararlo Sitio de Memoria, y que la Resolución N.º 87/2026 del 23 de julio pasado de la Comisión Nacional encargada del cumplimiento de la Ley 19.641, constituye un pronunciamiento que debe ser acatado.

Argumentan finalmente que «no resulta razonable que, después de ese tiempo y existiendo ahora una resolución expresa que declara el Sitio de Memoria, continúe sin una respuesta estatal acorde con el marco jurídico vigente y con el sentido reparador de las políticas públicas de memoria. La memoria democrática no puede quedar limitada a declaraciones. Cuando existe un lugar en el que se produjo una violación grave de derechos humanos, su preservación, y su destino como espacio de memoria forman parte de la responsabilidad del Estado y de las políticas de reparación.

«No solo reclamamos el reconocimiento de lo ocurrido en el apartamento, reclamamos que ese reconocimiento tenga consecuencias materiales, institucionales y públicas. Que eso ocurra cuando Elena Quinteros, maestra, militante y resistente contra la dictadura, hubiera cumplido 81 años de vida será importante.» Esa fecha se cumple el 9 de setiembre.

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