Las colas comienzan a formarse a las cinco de la tarde. Para la madrugada, en Guernica, en el partido bonaerense de Presidente Perón, suman nueve cuadras. Cientos de personas esperan con un currículum en una carpeta de plástico, a que un supermercado mayorista abra sus búsquedas laborales. La escena se repite en el centro de Córdoba, en Berazategui frente a un restaurante nuevo y en las puertas de los pocos .
En los despachos de la Casa Rosada, el relato es otro. El Presidente Javier Milei argumenta que el consumo no cae sino que cambia de forma. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que el país transita una recuperación económica. Entre esas dos imágenes, el relato oficial y la calle, se juega hoy la discusión política argentina, con un año electoral por delante.
Los números en disputa
El Presidente Milei en una entrevista reciente, ante el periodista Luis Majul, descartó que la economía argentina se encuentre en recesión o estancamiento severo, definiendo el escenario actual como un proceso de «desaceleración en el ritmo de expansión» y de reasignación profunda de recursos.Sin embargo varios analistas cuestionaron que el mandatario desestime la contracción 
del PBI o el estancamiento de ciertos sectores (como la construcción y la industria manufacturera) y tildaron de eufemismo el concepto de «desaceleración en el ritmo de expansión» cuando varios trimestres muestran caídas en la actividad agregada.
El Gobierno también atribuye una mejora real del 14% a las jubilaciones. Según el análisis que cuestiona esa cifra, el número omite que el bono que cobra el 70% de los beneficiarios del haber mínimo quedó congelado. Sumados haber y bono, el poder de compra habría caído cerca de un 10%.
Además el oficialismo atribuye el aumento en las mediciones recientes de pobreza a factores e impactos internacionales externos (shocks de tasas de interés y petróleo) y no a fallas en el programa del Ministerio de Economía. Hay que advertir lo siguiente atribuir el sesgo en las estadísticas de pobreza únicamente a factores o shocks internacionales minimiza el impacto del ajuste fiscal, la quita de subsidios a tarifas y la caída del salario real frente al costo de la canasta básica.
La lectura no es solo de la oposición. El economista Rodolfo Santangelo, socio de Carlos Melconian y cercano a posturas ortodoxas, advirtió que la economía acumula cuatro trimestres consecutivos de estancamiento. Sin recuperación del consumo ni del salario real, sostuvo, no hay motores privados capaces de sostener la actividad.
El eventual cierre definitivo de FATE (fábrica de neumáticos) no representa únicamente la parálisis de una línea de montaje; constituye un retroceso económico, social y civilizatorio para la Argentina. La caída de una planta industrial de este calibre no señala una transición hacia sectores de mayor sofisticación tecnológica ni hacia servicios de alto valor agregado capaces de absorber el talento técnico del país.
Señala, en cambio, la sustitución directa de producción nacional por manufacturas importadas. En esta reconfiguración, la cúpula empresarial subsiste reconvertida en una intermediación comercial sin riesgo productivo, mientras un colectivo de ingenieros, técnicos y operarios especializados es arrojado a un mercado laboral en contracción, abocado a sobrevivir en actividades de baja productividad dentro de un ecosistema económico hostil a cualquier intento de industria nacional.
Un fallo que cruza fronteras
En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia de fuerte impacto institucional. El tribunal revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, el decreto con el que el Ejecutivo derogó la Ley de Tierras (26.737).
Esa norma, sancionada en 2011, limitaba al 15% la proporción de tierras rurales que podía estar en manos de extranjeros, con resguardos especiales para zonas de frontera y cuerpos de agua dulce.
La Corte no se pronunció sobre la validez de fondo del decreto ni sobre si un DNU puede reemplazar al Congreso en esta materia. Resolvió que el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata (CESIM), que había presentado el amparo, carece de legitimación para reclamar en defensa de la soberanía territorial. Esa potestad, entendió, corresponde al Estado y no a una organización civil, aunque la integren veteranos de guerra.
El momento no es neutro. El oficialismo había intentado derogar la ley por la vía legislativa y retiró el proyecto al no reunir mayorías. Para los críticos, el fallo le concede por la vía judicial lo que el Congreso le negó. Con la norma sin efecto, la Patagonia, la zona núcleo agrícola y las reservas de agua dulce quedan expuestas a la compra sin los topes que antes regían.
El límite del relato
Hay una pregunta política de fondo que atraviesa ambas orillas: cuánto tiempo puede sostenerse un relato oficial de éxito cuando la experiencia cotidiana de buena parte de la población lo contradice.
En cada barrio donde se abre un local, la fila sigue sumando personas que buscan trabajo en Argentina.
El experimento actual reincide en la lección histórica que ya dejaron los ciclos de Martínez de Hoz, el menemismo, la Alianza y el macrismo. Contar con la venia incondicional del poder real en Argentina, EEUU e Israel y el Fondo Monetario Internacional no es garantía de nada. Aplicar a rajatabla las recetas dictadas por las élites globales suele derivar en el mismo resultado: proyectos inconclusos, costo social elevado y un inevitable desgaste político.
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