La recesión como herramienta antiinflacionaria, la deuda como horizonte y las privatizaciones como salvavidas financiero. Detrás del orden fiscal que reivindica Javier Milei, persiste una pregunta incómoda: cuánto puede resistir una sociedad mientras el Gobierno intenta demostrar que su modelo funciona.
Las arenas movedizas argentinas
Hay una paradoja en la economía argentina: cuanto más se esfuerza el Gobierno por exhibir el orden de sus cuentas, más necesario resulta mirar lo que los balances no muestran. La desaceleración de los precios y el superávit fiscal ocupan el centro del relato oficial, que presenta el ajuste como una transformación histórica y el precio inevitable de abandonar décadas de desequilibrios. Pero persisten preguntas que ningún discurso clausura: ¿de dónde saldrán los dólares para pagar la deuda?, ¿cuánto empleo y producción puede sacrificar el país para contener la inflación?, ¿qué patrimonio público está dispuesto a entregar el Estado para ganar tiempo?
La inflación incómoda
La inflación no se reduce en el vacío. Cuando los ingresos pierden poder adquisitivo, las familias compran menos, los comercios venden menos y las empresas tienen más dificultades para trasladar aumentos. La presión sobre los precios cede, pero eso no equivale a una recuperación. Una cosa es estabilizar una economía que produce, invierte y genera empleo. Otra, muy distinta, es que los precios pierdan impulso porque millones de personas ya no pueden comprar lo que necesitan.
La recesión puede funcionar como ancla antiinflacionaria, pero su eficacia tiene un costo: debilita el mercado interno, desalienta la inversión y deteriora las condiciones de vida de quienes dependen de su salario. El ajuste, presentado como una ofensiva contra los privilegios de la política, alcanza también a jubilados, trabajadores, pequeños comerciantes, industrias y economías regionales. El golpe se transmite por toda la cadena: el almacén vende menos, el proveedor reduce pedidos, el fabricante posterga inversiones y la contratación se congela. La recesión adquiere así una geografía reconocible: persianas bajas, changas discontinuas, familias obligadas a recalcular cada gasto. Y la clase media, acostumbrada a reinventarse frente a las crisis, descubre que cada retroceso es más difícil de revertir.
El problema no es negar la necesidad de controlar la inflación, sino preguntarse cuánto tiempo puede sostenerse una estrategia que enfría la economía sin demostrar que prepara una recuperación productiva. La estabilidad puede ser plataforma de crecimiento pero si depende de la caída persistente del consumo, corre el riesgo de ser una tregua precaria.
Cuando el superávit no alcanza
El Gobierno reivindica la disciplina fiscal como prueba de que el país deja atrás sus desequilibrios. Sin embargo, el superávit no resuelve otra restricción histórica: la disponibilidad de dólares. Las cuentas fiscales y las externas están relacionadas, pero no son lo mismo. El Estado puede recaudar más de lo que gasta y aun así tener dificultades para conseguir las divisas que necesita para cancelar deuda. Pagar vencimientos exige recursos efectivos, capacidad de refinanciación y condiciones financieras que no dependen solo de la Casa Rosada.
Por eso el programa del ministro Luis Caputo debe evaluarse no solo por el equilibrio proyectado, sino por la posibilidad de que se concreten las fuentes de financiamiento previstas, que dependen de que los mercados acompañen y los compromisos se renueven en condiciones sostenibles. Aquí aparece una contradicción central: un Gobierno que reivindica la autonomía del mercado y menos intervención estatal necesita, sin embargo, mantener abiertas las vías de financiamiento y preservar la confianza de acreedores e inversores. Su estabilidad depende de decisiones que exceden su voluntad.
La solvencia no consiste en afirmar que se podrá pagar, sino en explicar de dónde saldrán los recursos, bajo qué condiciones y con qué consecuencias. Refinanciar vencimientos permite ganar tiempo, pero no puede confundirse indefinidamente con resolver los problemas que los generan.
Privatizar para conseguir oxígeno
Cuando las fuentes ordinarias resultan insuficientes o inciertas, ganan protagonismo las extraordinarias, el respaldo estadounidense, la asistencia que pueda negociarse con China y la venta de activos públicos. La privatización no es solo una discusión sobre el tamaño del Estado también define quién administra servicios esenciales, quién controla infraestructuras estratégicas y quién recibe sus ingresos futuros.
El caso de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) muestra la magnitud del dilema. Según las cifras del texto original, la oferta más alta por el 90% de las acciones fue de 340,2 millones de dólares, por debajo de los 500 millones que el Gobierno esperaba como mínimo. Esa brecha obliga a examinar los criterios de valuación y la capacidad del Estado para justificar el precio. Hay que conocer las obligaciones del comprador, las inversiones comprometidas, las condiciones tarifarias, los mecanismos de control que conservaría el Estado y quiénes son los controlantes efectivos de las sociedades oferentes, su capacidad financiera y el origen de sus fondos.
El agua no es una mercancía cualquiera: involucra la salud pública, la infraestructura urbana y un derecho básico. Una concesión de treinta años no puede evaluarse solo por los dólares que entran el día de la venta. Esos dólares ingresan una vez; las consecuencias de transferir un activo estratégico pueden durar generaciones. Y si el Estado necesita vender y el comprador conoce esa urgencia, el precio y las condiciones dejan de ser un detalle administrativo para convertirse en una ilícita. Lo fundamental es saber qué operaciones se hicieron, con qué contrapartes, bajo qué condiciones y con qué evaluación de riesgos. Cuando están en juego activos públicos, la información no puede quedar subordinada a la conveniencia política.
La confianza financiera no se construye con declaraciones, sino con información verificable, reglas previsibles y capacidad efectiva de cumplir lo asumido. Además, los intereses en juego difieren: los acreedores buscan garantías; los inversores, rentabilidad; las empresas productivas, demanda, crédito e infraestructura; los trabajadores, salarios suficientes. Presentar el ajuste como una operación puramente técnica oculta esa disputa, porque toda decisión económica distribuye costos y beneficios. La pregunta no es solo cuánto se gasta o se recauda, sino quién paga la estabilización y quién se beneficia de la reorganización económica.
El peso del ancla
La Argentina conoce el costo de la inflación descontrolada, y también el de los ajustes que prometen un futuro mejor mientras el presente se vuelve cada vez más difícil. Ninguna de las dos experiencias autoriza a simplificar el problema. Bajar los precios es un objetivo necesario, pero su evaluación debe incluir salarios, calidad del empleo, actividad, inversión y capacidad de afrontar las obligaciones externas sin hipotecar el futuro.
La cuestión decisiva es qué estructura económica quedará después del ajuste: ¿una economía con mayor capacidad productiva, exportadora y tecnológica, capaz de generar las divisas que necesita, o un esquema dependiente de la refinanciación, de decisiones tomadas en otras capitales y de la venta de activos acumulados durante generaciones? Una economía puede mejorar sus indicadores financieros y, a la vez, deteriorar las bases sociales y productivas que la hacen posible.
La verdadera prueba del programa de Milei no será cuánto sufrimiento soporte la sociedad mientras se estabilizan las cuentas, sino si después existe una economía más sólida, que produzca, invierta, cree empleo, genere divisas y distribuya sus frutos de manera sostenible. El ancla puede frenar el movimiento de una embarcación, pero no reemplaza la navegación, y si se arroja con demasiada violencia, también puede impedir que avance. Una estabilidad que depende de enfriar la actividad, refinanciar compromisos y vender patrimonio para ganar tiempo corre el riesgo de parecerse demasiado a aquello que prometía superar.
Entonces, la pregunta dejará de ser cuándo llegará la recuperación. Será qué quedará en pie cuando haya que volver a soltar amarras.
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