Las cifras de denuncias de delitos divulgadas por el Ministerio del Interior generan más dudas que certezas y lejos de aceptarlas como la buena noticia que debiera ser, la opacidad de la información aportada conspira contra ese sentimiento. Es que se han encargado de vender los datos como un producto comercial al que nadie debería cuestionar aceptándolo como bueno, porque ellos lo dicen. Es decir, una noticia como la baja de los delitos podría celebrarse si ese dato se correspondiera con la percepción que tiene la ciudadanía sobre los mismos, pero no se habla de delitos en puridad ya que los datos refieren a DENUNCIAS y con el agravante de contar esta nueva administración con varios antecedentes de dudosa cristalinidad a la hora de generar registros.
Cientos y cientos de reclamos inundan las redes a la hora de evaluar estos datos dando cuenta de las dificultades que tienen para denunciar cuando son víctimas de delitos y -la mayoría de las veces- esas dificultades terminan desestimulando la concreción de los registros delictivos. Lejos de estimular y fomentar la denuncia, el sesgo es el contrario, poniendo obstáculos a la accesibilidad que supo tener antes la gente para denunciar un hecho delictivo sin importar la gravedad ni la cuantía del mismo. Porque la consigna antes era la de conocer la realidad para poder cambiarla, a partir de mapas de delitos veraces que permitieran una eficaz operativa policial de prevención y/o respuesta. Hoy, quienes fungen en la cartera más problemática, padecen de amnesia selectiva y lo que antes criticaban forma parte de su argumentación para justificar datos de dudosa confiabilidad. Crisis de confianza que ellos mismos construyeron por década y media, pero que ahora intentan revertir a su favor como si fuera tan fácil…
Plagiando argumentos
Cómo cambia la opinión según el lado del mostrador que se ocupe, porque mientras fueron oposición no dejaron ni un instante en cuestionar las cifras que daba el Ministerio del Interior bajo la conducción de Bonomi, diciendo cuanto disparate se les podía ocurrir, sin reparar que eran cifras del mismo Observatorio que hoy defienden con uñas y dientes.
Porque las cifras no las hacía Bonomi, nunca las hizo, siempre fueron producción genuina del Observatorio que trabajó con absoluta libertad en su análisis y procesamiento de la información que luego se hacía pública de forma completa (no sesgada o parcializada como ocurre ahora). Claro que entonces el Observatorio marcaba la forma de su publicidad, respetando los tiempos de publicación de los datos para que fueran lo más cercano a la realidad posible en tanto se trata de una base con datos vivos que pueden cambiar según evolucione la salud de las víctimas o la tipificación judicial del caso. En tal sentido, su divulgación en períodos de seis meses como mínimo era una condición impuesta por el Observatorio y aceptada por las autoridades políticas.
Luego llegó el cambio de gobierno y con él un cambio en el criterio de publicación de los datos que pasó a ser errático y oportunista. Comparaciones mensuales, bimensuales, a partir de marzo y no años completos, hasta el colmo de dar datos antes de terminar un mes y, encima, mal dados porque se difundieron como datos nacionales cuando correspondían a Montevideo exclusivamente.
Parece hasta gracioso escuchar al subsecretario Maciel argumentar a favor del Observatorio que tanto cuestionó antes dirigiendo FUNDAPRO. Ahora nos invita a visitar la primera página de los informes donde se especifica -como se hizo siempre- cuáles son los homicidios que integran las estadísticas (dolosos). Ahora sale a ilustrarnos acerca de los homicidios cometidos por Policías en cumplimiento de la ley, que nunca fueron parte de las estadísticas y que responde a estándares internacionales de los que Uruguay hace parte. Claro que nada dice acerca de que él sí los contaba en sus reportes de FUNDAPRO y no aceptaba las críticas al respecto que le hacía Bonomi entonces.
De todo esto lo único bueno es que ahora saben defender un Observatorio al que hirieron de gravedad mucho antes con sus intrigas infundadas que ahora intentan revertir porque son ellos los dueños del negocio y atienden el mostrador. Llegaron tarde, porque -además- a esas heridas todavía frescas le agregaron situaciones desgraciadas con mensajes nefastos como «se terminó el recreo» y «hay orden de no aflojar» que llevaron a casos de abuso policial que aumentaron las estadísticas de la INDDHH y de los Defensores de Oficio.
Y lastimaron la credibilidad de los datos no por quien los produce y analiza, sino por quien recoge el registro, la Policía. Cientos de denuncias se reiteran cada semana en las redes sociales sobre casos donde no les toman la denuncia en el lugar remitiéndolos a las seccionales, en una clara intención de desestimular los registros que afectan las estadísticas. Todavía resuena la voz del ex Coordinador de la Jefatura de Maldonado ordenando que no registren un abigeato «si no, después, los matan con las cifras». La no renovación de los Becarios en las seccionales, también, es una forma de precarizar el registro haciendo que la atención personalizada que había dado tan buenos resultados vuelva a niveles anteriores con policías retirados que los suplan.
Tampoco es cierto cuando afirman que antes las tablets se las llevaba el policía para la casa. Basta con repasar la cantidad de denuncias que se ingresaban por esa vía para darse cuenta que el registro sufrió un importante incremento a partir de ese instrumento.
En realidad la estimulación de la denuncia fue un verdadero disparo a los pies que se hizo la anterior administración a estar por los resultados vistos hoy. Esta nueva administración entendió claramente que no podían seguir ese mismo camino a riesgo de no poder mostrar resultados en el tiempo que esperaban, y fueron inteligentes en atacar por el lado más corto del camino: la denuncia. Si bajamos las denuncias bajamos los delitos, pensaron y les salió perfecto… hasta ahora.
Lo que no repararon es que podrán bajar los registros de forma solapada o encubierta como parece ser, pero el problema seguirá estando en los barrios y lo sufre la gente.
Por esto es que se toma el homicidio como indicador de la seguridad de un país, en una tasa de ocurrencia cada 100 mil habitantes. Pero ahí también aplicaron una estrategia que fue revelada por un pedido de acceso a la información pública del semanario Brecha sobre las muertes dudosas. Categoría que aumentó más de un 50% desde marzo de 2020 y que no ingresan en las estadísticas. Así bajaron los homicidios.
También resulta inexplicable que existan diferencias en los datos de este delito entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación, ya que toman de la misma fuente: el Sistema de Gestión de la Seguridad Pública de la Policía que se comparte con Fiscalía.
Si a todo eso le agregamos que ya no tenemos -salvo honrosas excepciones- periodistas de investigación policial, y nadie hace la pregunta incómoda a las autoridades de turno, el combo cierra perfecto (y las papas fritas van de regalo…)
El Ministro dio sus cifras y aprovechó para hacer campaña a favor de la LUC, solo le faltó rematar diciendo: » y que la inocencia les valga»…
el hombre fue a denunciar,
el perro ladró su inocencia…
Por Julio Fernando Gil Díaz – El Perro Gil
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