Por Esteban Valenti
Agencia uriguaya uypress/ Es una pregunta que surge prepotente de la cantidad de desastres, intentos de estafas en compras oficiales y contratos de último momento (diciembre 2024) que realizó el anterior gobierno. Y tiene mucho que ver con lo que está sucediendo ahora. ¿Qué expectativas políticas tenían de las elecciones de octubre y diciembre de ese año?
Políticamente no es una simple especulación, obliga a analizar hasta que punto los blancos, líderes indiscutidos del gobierno y de la coalición multicolor, pensaban y calculaban sobre el futuro gobierno nacional.
El nivel de violación de todas las normas legales e institucionales, al apuro y a último momento, días antes de irse, tiene un profundo significado.
Durante un tiempo, pensé que realmente se consideraban invencibles y por ello avanzaban a tambor batiente, pero… revisando plazos, resoluciones y sobre todo en los Ministerios de Defensa y de Salud Pública y ASSE que reconsideré la situación.
La sensación predominante en el Partido Nacional (y en la Coalición en general) antes de las elecciones de 2024 no era de una victoria asegurada, sino de «paridad competitiva» con conciencia de cierta desventaja. Tienen gente que sabe manejar las encuestas.
A diferencia de 2019, donde se sentía un viento de cambio a favor, en 2024 el escenario era de defensa del gobierno. Para entender qué pensaban realmente, hay que distinguir entre el «discurso público» (siempre optimista) y los datos que manejaban internamente:
Internamente, los blancos sabían que el escenario era muy difícil. Las encuestas de consultoras clave (como Equipos, Cifra o Usina) mostraron consistentemente durante 2024 una tendencia que los preocupaba: el Frente Amplio estaba más fuerte, el FA rondaba el 44-45% en intención de voto, muy por encima de su votación en 2019.
La Coalición había bajado y la suma de los partidos de la coalición a menudo daba por debajo o empate técnico con el FA, mientras que en 2019 la coalición sumada superaba al FA por casi 10 puntos antes de octubre. Sabían que corrían de atrás. No se veían «perdiendo» irremediablemente, pero reconocían que para ganar necesitaban una campaña de balotaje perfecta y captar indecisos que no estaban garantizados.
Su principal activo para pensar que podían ganar no era tanto el candidato (Álvaro Delgado) sino el presidente, Luis Lacalle Pou que mantenía una aprobación personal inusualmente alta (cerca del 50%) para un final de mandato.
La estrategia era, «La gente aprueba al gobierno, por lo tanto, votará la continuidad».
Pensaban que esa aprobación se transferiría a Delgado, lo cual funcionó parcialmente (el PN votó decentemente en octubre, cerca del 27%, asegurando su liderazgo en la coalición), pero no alcanzó para frenar al FA, aunque este perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, por dos integrantes (48 en 99).
Cuando pasaron las elecciones de octubre (primera vuelta), hubo una sensación agridulce que define bien lo que pensaba. Hubo alivio porque el Partido Nacional no se desplomó y Delgado aseguró el pasaje al balotaje con claridad frente a los colorados de Andrés Ojeda.
Pero también había preocupación, el Frente Amplio obtuvo la mayoría en el Senado esa noche y si ganaban en el balotaje, no tendrían mayoría parlamentaria. Frente Amplio con 65 legisladores en 130 del total de diputados y senadores.
No pensaban que «ganaban fácil» (como sentían en 2019), consideraban que la elección era ganable pero muy cuesta arriba, dependiendo casi exclusivamente de que el miedo al regreso del FA y la buena imagen de Lacalle Pou pesaran más que el desgaste de la gestión. Al final, la matemática electoral (la fuga de votos de socios de la coalición hacia el FA) confirmó sus temores.
Es así como es que el gobierno de Lacalle Pou avanzó con el proceso de Cardama, plagado de advertencias (garantías dudosas, informes técnicos negativos) en sus últimos meses, hay que analizar tres factores que combinan la desesperación política con la soberbia de gestión.
En la mentalidad de la coalición, la seguridad y la defensa eran sus banderas principales. El Frente Amplio había pasado 15 años intentando comprar patrullas oceánicas sin éxito. El gobierno necesitaba llegar a las elecciones de 2024 diciendo: «Nosotros sí lo logramos. Compramos los barcos que el FA no pudo».
Para cumplir con ese slogan de campaña, bajaron la vara. La urgencia por firmar y mostrar el contrato pesó más que la solidez técnica del proveedor. Prefirieron un titular de «Compra confirmada» en los diarios antes de la elección, asumiendo el riesgo de que los problemas (como la falta de garantías reales) estallarían después.
Este fue un patrón repetido en la gestión (similar a lo que pasó con el pasaporte de Marset o el acuerdo del Puerto con Katoen Natie por 60 años), hubo advertencias técnicas claras de la Armada y de comisiones asesoras que señalaban que Cardama no tenía la solvencia técnica ni financiera (era un astillero que hacía barcos pequeños, no patrullas militares complejas.
La decisión política fue ignorar a los técnicos, la visión era: «Los técnicos ponen palos en la rueda, nosotros venimos a ejecutar». Esa «ejecutividad» mal entendida los llevó a aceptar garantías (como las de la aseguradora EuroCommerce) que luego se demostró que eran «papel mojado» o irregulares como Redbridged.
Si ganaba Álvaro Delgado, pensaban que tendrían 5 años más para «arreglar» el problema internamente, renegociar con el astillero o buscar una salida silenciosa.
Si perdían, el problema explotaría bajo el gobierno de Orsi. El nuevo gobierno teniendo que rescindir contratos y presentar denuncias penales por estafa, mientras los exjerarcas dirían que «se intentó hacer lo mejor», y además con la seguridad de que el precio requerido por Cardama de 82.400.000 euros era totalmente insuficiente para construir las dos patrullas oceánicas, con una simple comparación con decenas de otras embarcaciones compradas por otros países o con la propia licitación realizada por ellos. Incluso el precio pensaban utilizarlo contra el nuevo gobierno.
El precio subiendo todos los días, sería un problema entero para el nuevo gobierno, así como las carencias técnicas de ese astillero sin ninguna experiencia ni antecedentes.
Queda por confirmar ¿Quién fue que consiguió el aval por 4.100.000 euros que Cardama debía presentar y que once meses después de vencido el plazo fue aceptado sin ningún reparo por las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional? Y además, comenzaron los pagos hasta llegar a los 28.400.000 euros desembolsados hasta ahora. ¿Hubo intermediarios? Era la última mordida.
En este caso de la desesperación de «resolver» de cualquier manera los avales y garantías, hay un elemento que no es político, es de negociado. ¿Quién participó directamente en esas tratativas? Eso deberá resolverlo la justicia, a nivel político, las responsabilidades son claramente de Luis Lacalle Pou y Javier García, pero también son responsabilidades penales.
Veremos que hace la lenta fiscalía a cargo del caso.
Los blancos cometieron otro grave error, pensaron que Orsi actuaría como un «administrador de la continuidad» y no como un «auditor implacable». La visión interna que tenían sobre qué haría Orsi con la «herencia» (y con la bomba de tiempo de Cardama) se basaba en tres supuestos equivocados:
Los blancos veían a Orsi como el «policía bueno» del Frente Amplio. «Yamandú es un tipo de consenso, no va a querer arrancar el gobierno prendiendo fuego todo ni metiendo presos a los anteriores. Va a querer paz política para gobernar».
Subestimaron que, precisamente porque luego de la sucesión de escándalos del anterior gobierno: Katoen Nartie, Marset, Astesiano, Cardama, Asse y la imagen extendida de la corrupción de los políticos, la ciudadanía y en especial los frenteamplistas exigían «limpiar la casa». Con Cardama, la corrupción o negligencia era tan evidente que Orsi no podía «dialogar»; tenía que cortar por lo sano para no quedar pegado él mismo al escándalo.
Con el tema Cardama, el gobierno saliente creía, además, haber dejado al nuevo gobierno en un callejón sin salida legal, una especie de «hecho consumado».
«Aunque el contrato sea flojo, el Estado uruguayo tiene que cumplir. Y nos quedará el argumento de que Uruguay va a tener un juicio millonario, el mismo argumento que les funcionó con la entrega del puerto por 60 años a Katoen Natie.
No calcularon que las irregularidades eran tan groseras (avales falsos o sin respaldo real) que le dieron a Orsi la llave jurídica perfecta para rescindir por culpa del proveedor y no del Estado. En lugar de estar atrapado, Orsi usó el desastre administrativo que dejaron como justificación para anular todo sin costo político para él, y culpar enteramente a la gestión anterior.
En la política uruguaya tradicional, existía un código no escrito de que ciertos ministerios (como Defensa o Relaciones Exteriores) se tratan con guante blanco en las transiciones. Discutieron que el Frente Amplio criticaría en la prensa, pero mantendría los contratos por responsabilidad institucional. Pensaron que el tema se diluiría en la burocracia: «Se renegociarán los plazos de entrega, los precios de los barcos y listo».
El caso Cardama cruzó una línea roja. No era solo un retraso o un mal negocio; tenía visos de estafa al Estado. Orsi no podía aplicar el código de caballerosidad política ante algo que podía tener implicancias penales.
Los blancos pensaron que Orsi priorizaría la estabilidad y el «no hacer olas» para garantizarse un inicio de mandato tranquilo. Se equivocaron: Orsi afrontó el desastre de Cardama como un ejemplo moral. Le sirvió para decir: «Miren, así gestionaban ellos (despilfarro, amiguismo, falta de rigor) y así gestionamos nosotros (orden, legalidad)». En lugar de ser un problema para Orsi, la torpeza del gobierno anterior le regaló su primer gran acto de afirmación de autoridad.
Esteban Valenti
–Trabajador del vidrio, cooperativista, militante político, periodista, escritor, director de Bitácora y Uypress, columnista en el portal de información Meer y de Other News
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