Aldo Anfossi
«Dictadura constitucional»: el presidente José Antonio Kast quiere tener el poder de decretar un estado de emergencia de hasta 8 meses sin la aprobación del Congreso. El planteo, que radicaliza la situación, es resultado de un duro enfrentamiento con estudiantes el 3 de setiembre.
Los estudiantes fueron recibidos con gases lacrimógenos y cañones de agua mientras protestaban contra una reforma que amplía los poderes del poder ejecutivo; los expertos constitucionales advierten que el cambio debilita los controles y equilibrios democráticos y allana el camino hacia un «autoritarismo legal».
Por el momento se duda que Kast tenga los votos necesarios para que se apruebe la draconiana ley, pero su solo planteo es clara indicación del rumbo político que quiere seguir el gobierno.
La agenda de seguridad que hoy promueve el gobierno de José Antonio Kast , criminaliza y penaliza el descontento ciudadano.
La convocatoria a protestas , impulsada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes de Secundaria (ACES) y la Red de Solidaridad, denuncia que, mientras se promueven leyes que favorecen a las grandes empresas, por ejemplo, con una reducción sustancial de impuestos, los problemas que afectan a las comunidades educativas siguen sin resolverse.
La policía militarizada de Carabineros atacó a los manifestantes con cañones de agua y gases lacrimógenos cuando intentaron marchar por la Avenida Alameda, desde la Plaza Italia hacia el Palacio de La Moneda.
Esato, en el marco de que el gobierno de Kast amenaza los derechos reproductivos en Chile y expande la ofensiva antigénero de la ultraderecha en América Latina. “¡Igual que (Augusto) Pinochet!”, gritaban los manifestantes contra Kast, comparándolo con el exdictador (1973-1990).
El plan de Kast contempla ocho enmiendas a la Constitución para combatir el crimen organizado, pero la más controvertida es el intento de establecer otro estado de emergencia que el presidente podría decretar a su propia discreción y sin consultar al Congreso, por un período de hasta ocho meses, en caso de una grave amenaza a la seguridad pública.
Los abogados constitucionalistas rechazaron la reforma, advirtiendo que debilita los controles y equilibrios democráticos y restringe las libertades civiles.
El abogado Javier Couso afirmó que la Constitución vigente no impide la lucha contra el crimen organizado y, por lo tanto, no es necesaria una reforma para lograr los objetivos de la agenda de seguridad.
Criticada por ser «iliberal» —y no liberal— debido a la concentración de poder en el poder ejecutivo, la reforma, según sus críticos, abre la puerta al «autoritarismo legal» o a una «dictadura constitucional».
El rechazo resultante hace improbable que esta reforma sea aprobada, ya que no cuenta con los votos de una mayoría cualificada en el Parlamento.
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