Sumándose a Gran Bretaña, que había anunciado la medida proclamada el martes y es la más severa, otros once gobiernos estudian o anuncian restricciones comerciales a Israel, entre ellos España, Francia, Canadá, Suecia e Irlanda.
Según anunciaron el martes 8 en conferencia de prensa conjunta en París, habrá una acción coordinada para aumentar la presión sobre Israel por la situación en Cisjordania ocupada. Las naciones plantean restringir el comercio de bienes procedentes de asentamientos israelíes considerados ilegales bajo el derecho internacional. Los gobiernos expresaron su preocupación por el avance de los asentamientos y el incremento de la violencia ejercida por colonos contra la población palestina.
En una declaración conjunta difundida en París, los países firmantes afirmaron que la expansión de los asentamientos está deteriorando gravemente la situación sobre el terreno y poniendo en peligro la viabilidad de una futura solución de dos Estados. Los países advirtieron además de que el aumento de los ataques de colonos y el desplazamiento de comunidades palestinas están agravando la inestabilidad en el territorio ocupado.
Como parte de esta iniciativa, algunos de los firmantes ya anunciaron sus medidas para restringir o prohibir el comercio de productos procedentes de los asentamientos israelíes. La decisión más contundente fue anunciada por el Reino Unido. El ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, informó de que Londres prohibirá las importaciones de bienes producidos en los asentamientos establecidos por Israel en los territorios ocupados.
Miliband justificó la medida acusando al Gobierno israelí de no actuar frente a la violencia de los colonos. Según el jefe de la diplomacia británica, las autoridades israelíes han hecho «la vista gorda» ante los abusos cometidos en Cisjordania, mientras que algunos miembros del Ejecutivo han contribuido con sus declaraciones y acciones a fomentar el desplazamiento forzoso de palestinos.
Los países firmantes sostienen que el crecimiento continuo de los asentamientos está modificando la realidad sobre el terreno de una manera que dificulta cada vez más una solución negociada al conflicto. También consideran que las tensiones actuales amenazan la estabilidad regional y reducen las posibilidades de alcanzar una paz duradera entre israelíes y palestinos.
La declaración refleja una creciente presión internacional sobre el Gobierno de Benjamin Netanyahu, que en los últimos meses ha afrontado críticas cada vez más intensas de gobiernos occidentales por la situación en Cisjordania. Los firmantes insistieron en que el respeto al derecho internacional y el freno a la expansión de los asentamientos son condiciones indispensables para preservar la posibilidad de una coexistencia futura entre un Estado israelí y un Estado palestino.
La iniciativa llega además en medio de un aumento de las tensiones diplomáticas entre varios aliados tradicionales de Israel y el Ejecutivo israelí, a medida que crece la preocupación por la violencia en los territorios ocupados y por el impacto que esta tiene sobre las perspectivas de una solución política al conflicto.
El secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido Ed Miliband anunció el marte 8 ante la Cámara de los Comunes que el gobierno británico considera que hay una limpieza étnica de palestinos en zonas de Cisjordania, perpetrada por colonos terroristas, y acusó al gobierno israelí de hacer la vista gorda ante esto, e incluso de que algunos de sus miembros han hecho declaraciones y tomado medidas para apoyar el desplazamiento forzado de palestinos, informa The Scotsman.
Junto con esa declaración, anunció un paquete de sanciones:
+ Una prohibición de importar productos de los asentamientos ilegales israelíes en los territorios palestinos ocupados.
+ Un nuevo régimen de sanciones que apuntará a empresas e individuos que brinden servicios como financiamiento y construcción a los asentamientos.
+ La prohibición de publicitar en el Reino Unido asentamientos ilegales.
+ Además, según el mismo reporte, el gobierno británico pasó a considerar que la ocupación en su conjunto es ilegal, yendo más allá de la posición previa que solo calificaba de ilegales a los asentamientos en sí, y Miliband señaló que hay evidencia creciente de que Israel cometió crímenes de guerra en Gaza, aunque evitó decir que fuera responsable de un genocidio, manteniendo la postura de que eso solo puede decidirlo un tribunal internacional.
Su declaración yiene un antecedente inmediato el 1 de septiembre, cuando adelantó en el Parlamento que el gobierno no iba a permitir la destrucción de la solución de dos Estados y que actuaría, prometiendo un «reset» integral de la política hacia Israel en las semanas siguientes, en respuesta a semanas de crecientes ataques de colonos israelíes contra aldeas palestinas en Cisjordania.
Estas medidas han generado críticas desde ambos lados: sectores propalestinos las consideran insuficientes (piden ir más allá, incluyendo un embargo total de armas), mientras que desde otros sectores lo acusan de ir demasiado lejos.
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