Logro democrático sobre el franquismo

La semana pasada, España aprobó finalmente la Ley de Memoria Democrática, con la que España busca reparar a las víctimas de la dictadura franquista. La nueva legislación era uno de los objetivos prioritarios del actual gobierno español, presidido por Pedro Sánchez.

El debate parlamentario fue intenso, pero se logró mayoría en el Senado español para sustituir y ampliar la aprobada en 2011, con la que se pretende indemnizar a las víctimas de la Guerra Civil (1936- 1939) y de la dictadura franquista (1939-1975).

Para el sector de derechas, se trata de una norma «revanchista» que «traiciona el espíritu de la transición», mientras que para los partidos más de izquierdas y los nacionalistas catalanes se trata de una legislación «insuficiente» porque no permite procesar por los crímenes cometidos durante la dictadura y no profundiza en la transparencia de la información histórica de todos los archivos, incluidos los militares.

La nueva ley permitirá que los hijos y nietos de personas que tuvieron que exiliarse por motivos políticos o religiosos tengan derecho automático a la nacionalidad española. La nueva legislación superó el último paso antes de su entrada en vigor con su aprobación definitiva en el Senado por los votos de los 128 senadores del Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos, EH-Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, mientras que votaron en contra 113 parlamentarios del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. La abstención de los 18 senadores de Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Cat y la CUP fue crucial para la aprobación.

Lo novedoso de esta nueva legislación respecto a la de 2011, aprobada en su momento por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, es que el mausoleo del dictador Francisco Franco, construido por él para que sus restos y los de otros líderes de la Falange, el Valle de los Caídos, se transforme en un memorial de la historia reciente y se rinda homenaje a las víctimas, especialmente a los miles de republicanos encarcelados que lo construyeron tras ser sometidos a trabajos forzados.

También se aprobó la retirada de todos los títulos honoríficos y nobiliarios que se otorgaban a los colaboradores del dictador Franco durante la guerra y el régimen totalitario. Es una medida simbólica, pero pretende destacar a quienes, con su apoyo, permitieron la perpetuación de la dictadura fascista en España.

Entre las reparaciones más significativas de la nueva legislación está que “se incorporan acciones específicas que se refieren a bienes expoliados durante la Guerra y la Dictadura, mediante la realización de una auditoría de los mismos y en consecuencia la implementación de posibles vías de reconocimiento de los afectados”.

Además, dice la nueva ley, “desde un punto de vista particular, y por su carácter simbólico, una disposición adicional (la novena) prevé la restitución de los bienes decomisados a las fuerzas políticas durante la dictadura, cuando fueron confiscados en el extranjero como consecuencia de decisiones judiciales”. o procedimientos administrativos.

Asimismo, se busca el reconocimiento y reparación de las víctimas que realizaron trabajos forzosos durante la guerra y la dictadura, entendiendo por tales -según el Acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo, del 28 de junio de 1930- todo trabajo o servicio requerido de un individuo. bajo amenaza de pena alguna y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.

Finalmente, la nueva ley contempla que, “como medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio, la disposición adicional octava establece una norma para la adquisición de la nacionalidad española para los nacidos fuera de España de padre o madre, abuela o abuelo, exiliados por motivos políticos, razones ideológicas o de creencias”.

Mesa de prensa de la ONDA

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