CELS- El diario La Nación cuestionó en su editorial (publicada en dos partes, el 16 y 17 de diciembre) la legitimidad del paradigma de derechos humanos para la construcción de ciudadanía. En sus argumentos, rechaza la idea de que el Estado deba rendir cuentas por la violencia que ejerce, la desigualdad que profundiza, la protección y el control que debe. Sube al CELS como oponente en esa disputa y tiene razón: lo somos. Proponemos control sobre las fuerzas de seguridad y armadas, derechos para tener vidas a la altura de la dignidad humana y memoria sobre las épocas en que el Estado ejecutó un plan de exterminio.
Desde el CELS trabajamos por más democracia. Creemos que la democracia es un proceso instituyente de derechos, no sólo la formalidad del voto. Es una práctica social vital, de autoinstitución y de creación colectiva, que depende de la participación, de la pluralidad de voces, de la inclusión de los conflictos y la capacidad de imaginar nuevas formas de igualdad y justicia. En democracia inventamos lo común, cómo queremos vivir, cómo cuidamos la sociedad y proyectamos su horizonte.
Defender los derechos humanos es defender la idea de que todos los poderes –los policiales, económicos y políticos– deben tener límites y controles democráticos para no avasallar la vida de nadie. La ampliación de las herramientas de 
protección a nuestra vida común e individual no es una imposición, es parte del proceso democrático. Los derechos que fuimos conquistando desde que construimos nuestra joven democracia, interrumpida a lo largo de la historia por golpes militares, son conquistas sociales. La Nación se equivoca, no son producto de una conspiración a puertas cerradas para que vivamos mejor; los avances que menciona el editorial, como matrimonio igualitario, ley de identidad de género, aborto voluntario, educación sexual, fueron debatidos, votados en el Congreso y apoyados por la sociedad.
Vivir en un país donde todas las personas cuentan con derechos sin discriminación no genera “desorden social” sino ciudadanía plena. El “desorden” es producto de no acceder a los derechos, de no tener garantizados pisos de dignidad, del deseo de vivir mejor. Controlar a las policías es lo que hacen los países modernos, que tienen policías reguladas, no autonomizadas. Respecto de las políticas de memoria, verdad y justicia, se trata de un proceso que comenzó desde el momento mismo del golpe de Estado de 1976, impulsado por víctimas y familiares que se organizaron y buscaron pruebas. Fue y sigue siendo un proceso colectivo. Seguimos sosteniendo la demanda de acceso a todos los archivos estatales durante el período de la dictadura. Seguimos denunciando que el desmantelamiento de las políticas de verdad perjudica la rendición de cuentas en sede judicial de quienes cometieron delitos: violaciones, robos de bebés y de bienes, desapariciones, tortura, asesinatos.
El editorial de La Nación es prescriptivo. Funciona como un programa político. Adoctrina. También legitima la criminalización de las organizaciones sociales, la restauración de programas autoritarios de seguridad, la discriminación a mujeres, personas LGBT y pueblos indígenas como regla, la ruptura con las convenciones internacionales de derechos humanos.
El editorial critica al CELS, pero no sólo: critica la existencia misma de un modelo democrático basado en derechos. En un contexto en el que el gobierno nacional degrada instituciones y desconoce los órganos internacionales que la Argentina ayudó a construir, La Nación acompaña. Frente a eso, seguimos trabajando. Reafirmamos lo que defendemos desde hace casi 50 años: los derechos humanos son la base de una sociedad libre, justa y democrática.
* Centro de Estudios Legales y Sociales, Argentina
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