En política hay una regla no escrita que es más implacable que cualquier código penal: el poder no otorga impunidad moral. Al contrario, el poder es una lupa que amplifica cada gesto, cada palabra y cada desmesura. Ningún gobierno, bajo ninguna circunstancia, puede permitirse el lujo de descuidar la ética, ni siquiera en los detalles que algunos llaman «menores».
Porque el ciudadano no es distraído; observa, anota y, al final del día, no concede licencias de impunidad a nadie. Y mucho menos se las concede a un gobierno de izquierda, cuya mejor moneda de cambio real frente a la gente debería ser la superioridad ética.
Cuando una alta funcionaria, que ostenta nada menos que la secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, se permite el lujo de insultar a ministros y compañeros de gestión con un lenguaje incalificable, algo se ha roto definitivamente. Eso no es «carácter», es bajeza.
No se trata de una conversación de boliche ni de un exabrupto privado. Cuando se insulta desde el sillón de una institución republicana, se está escupiendo sobre la investidura. Es una 
vergüenza directa que salpica a todo el Poder Ejecutivo. Si no hay respeto entre quienes gobiernan, ¿qué respeto pueden exigirle al ciudadano de a pie?
Y además, lo ocurrido en la Torre Ejecutiva con el episodio del baile del caño trasciende lo anecdótico para entrar en el terreno de lo grotesco.
Permitir o protagonizar semejante espectáculo es vaciar de contenido la solemnidad del Estado. Es una falta de respeto y a la seriedad que el país requiere. No es un «episodio cualquiera»; es la prueba de que algunos funcionarios confunden la libertad con la falta de límites y la función pública con una plataforma para su propio ego. Es desprestigiarse ella, sí, pero es arrastrar al gobierno entero a un lodazal de frivolidad innecesaria.
Pero lo más grave, lo que verdaderamente duele en la fibra más íntima de la sociedad uruguaya, es el manoseo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia. En este país, los DD.HH. no son un concepto jurídico frío; son una cicatriz, un ideal y una bandera que ha costado sangre, sudor y lágrimas, especialmente para el campo popular y la izquierda.
«Despedir funcionarios a su antojo, manejar la Secretaría como si fuera una estancia privada y ensuciar un organismo de tal responsabilidad republicana es un pecado político imperdonable.»
Esa institución transmite ideales profundos. Cuando se la utiliza para el revanchismo interno o para el capricho administrativo, se está traicionando la memoria de quienes lucharon por esos valores. No es un acto administrativo; es una mancha en el historial democrático del Uruguay.
Ante este panorama, la reacción del gobierno ha sido lenta, tibia y, por lo tanto, mala. Muy mala. En política, el silencio es un mensaje. Al no exigir la renuncia inmediata, al no marcar una distancia tajante con este estilo de gestión basado en el insulto, el mensaje que se envía a la ciudadanía es devastador: «aquí se permite todo».
Si el gobierno no es capaz de cortarle la mano al desborde moral de sus propios cuadros, termina siendo cómplice de su propia decadencia. La moral no se negocia en cuotas ni se cuida a medias. O se tiene o no se tiene. Y hoy, la imagen que queda en la retina de los uruguayos es la de un gobierno que prefiere la comodidad del silencio antes que el rigor de la decencia.
Si se permite todo, al final, nada vale nada. Y eso, para un proyecto político que pretende cambiar el país, es el certificado de su propia derrota espiritual.
En política, la moral no se divide en compartimentos estancos. No existe una «moral privada» y una «moral pública» cuando se ocupa un sillón que pertenece al pueblo uruguayo. El ciudadano, ese que paga los platos rotos y sostiene la estantería del Estado, no descansa. Observa, anota y, sobre todo, no otorga licencias de impunidad. Y si hay alguien a quien se le exige la vara más alta, es a un gobierno de izquierda, porque la izquierda nació para ser la reserva moral del país, no para mimetizarse con los vicios del privilegio. Aunque debamos reconocer que hemos tenido bastantes debilidades.
Lo que hemos presenciado con la secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia. No es un «desliz» de temperamento. Es una obscenidad institucional. Que una alta funcionaria se permita insultar a ministros y compañeros con un lenguaje que daría vergüenza en cualquier esquina, no es un acto privado. Es una herida directa a la convivencia democrática. El insulto es el último refugio del que carece de argumentos, pero cuando el insulto sale de la boca de quien debe velar por la dignidad de todos, se convierte en una vergüenza nacional.
¿Y el baile del caño en la Torre Ejecutiva? No nos vengan con el discurso de la «libertad individual». La Torre Ejecutiva es el símbolo del mando civil y de la administración republicana. Transformar ese recinto en un escenario de boliche es un escupitajo a la investidura. Es desprestigiarse ella, sí, pero lo peor es que arrastra al Gobierno y al Estado hacia el ridículo. La frivolidad en el poder es el prólogo de la decadencia. Y disculpen que insista pero es la causa de la bronca y el asombro.
Pero entremos en lo profundo. En Uruguay, la palabra «Derechos Humanos» no es un sello administrativo más. Tiene un peso histórico que cruje, que duele y que convoca a los ideales más altos de nuestra sociedad. Es un patrimonio de valores que nos define ante el mundo y ante nosotros mismos.
Manejar la Secretaria de Derechos Humanos como si fuera un feudo personal, despidiendo funcionarios al antojo y según el humor de la mañana, no es «gestión». Es ensuciar un organismo republicano. Es una bofetada a la izquierda uruguaya, a esa que puso el cuerpo para que hoy existan esas instituciones. No se puede hablar de «derechos» mientras se pisotean los derechos de los propios trabajadores de la casa. Es una contradicción ética insalvable que vacía de contenido cualquier discurso progresista.
Lo más alarmante, sin embargo, no es el desborde de una funcionaria que perdió la brújula. Lo más grave es la reacción anémica del Gobierno. Reaccionaron tarde, reaccionaron mal y reaccionaron con miedo.
Cuando se permite que estas cosas pasen sin consecuencias inmediatas, el mensaje que se instala en la sociedad es el más peligroso de todos: «Aquí se puede todo». Si no se exige la renuncia inmediata, si se mira para el costado frente al insulto y la frivolidad, el Gobierno se convierte en cómplice por omisión.
La autoridad moral no se hereda ni se compra: se defiende cada día con el ejemplo. Al permitir que estos personajes sigan atornillados a sus cargos, la imagen que se proyecta es la de un barco a la deriva donde el capitán tiene miedo de poner orden. Si la izquierda permite que se degrade la moral institucional de esta manera, después que no se queje cuando la gente le dé la espalda. Porque al final del día, los pueblos perdonan errores económicos, pero lo que jamás perdonan es la soberbia y la falta de decencia.
Si no hay castigo para la indecencia, la indecencia se convierte en la norma.
Y por favor, no se escondan detrás de la discriminación de ningún tipo, las llamadas que se filtraron y fueron grabadas notoriamente por una colaboradora/or de la Secretaria y difundidos a la prensa, muestra el nivel existente en esa dependencia del Estado no admiten otro juicio que el de la moral ciudadana y no excusas inexistentes.
La igualdad de derechos y obligaciones es en primer lugar ante las responsabilidades políticas y institucionales. Lo contrario sería exactamente lo opuesto, el colmo de la desigualdad.
Que nadie se atreva a argumentar que el desborde de la corrupción cada día más evidente del gobierno tricolor anterior, es una justificación o puede ser comparada. Es más de lo que los ciudadanos podemos soportar, no queremos hacer concursos de ese tipo. Aunque uno sea el saqueo de los dineros públicos y el actual, un episodio impresentable de la permisividad ambos deben ser desterrados del gobierno. Antes tuvimos el piso 4 de la Torre Ejecutiva habitado por Alejandro Astesiano como la imagen de la desvergüenza y la oficina de los pasaportes truchos, ahora en no se que dependencia de la misma dependencia del Estado, tenemos una funcionaria que utiliza su cuota de poder, mucho menos que la de Astesiano, para agredir, insultar y denostar a ministros.
Reaccioné sobre este tema inmediatamente que escuché una parte de esos audios vergonzosos a través de X, ahora con los días que transcurren me abruma mucho más la falta de reacciones del gobierno que yo apoyo y apoyé.
Esteban Valenti.
UyPress – Agencia Uruguaya de Noticias
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