/ Es sabido que el ex presidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti, es un hombre de vasta cultura, dominando diversidad de temas, entre ellos los que refieren a lo educativo. Ministro de Educación y Cultura entre marzo y octubre de 1972, fue autor de la primera ley que nucleó a los entes encargados las enseñanzas primaria, secundaria y técnica bajo un mismo órgano directivo, y que sería base para la creación, luego de la dictadura ‒durante su primer gobierno‒ de la actual Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Ya en su segundo periodo, de la mano de Germán Rama como uno de sus hombres fuertes, implementó una reforma educativa que, aun denostada entonces, ha sido base de las venideras, y que defendió a la educación pública frente a los planteos neoconservadores tendientes a la privatización. Particularmente, en formación docente, la denominada Reforma Rama creó los Centros Regionales de Profesores (CERP) brindando a los jóvenes del interior la posibilidad de formarse para el ejercicio de la docencia en enseñanza secundaria sin necesidad de trasladarse a la capital. Este hito permitió un aumento en la matrícula de formación docente de alrededor de siete mil estudiantes en 1995 a más de trece mil en el año 2000, todo durante el mandato del Dr. Sanguinetti.
Reconociendo así los aportes del doctor Sanguinetti a la educación pública de nuestro país, nos vemos, sin embargo, en la necesidad de hacer algunas puntualizaciones en cuanto a su columna titulada Una peligrosa aventura, publicada el pasado 17 de abril en el semanario Correo de los Viernes, y que versa sobre el proyecto de ley en trámite parlamentario para la creación de una Universidad de la Educación (UNED).
El doctor Sanguinetti dice “(…) la idea camina por el sendero probadamente ineficaz del cogobierno. Hablando claro, gobierno de los retrógrados sindicalismos corporativos. Ni siquiera se considera a los egresados. El gobierno, la administración, vivirá la conocida endogamia sindical que, alejada de la realidad económica y social del país, propondrá profesores para un país ideal, utópico, que nada tendrá que ver con los principios de nuestra Constitución republicana. No es esta una afirmación prejuiciosa, sino simplemente el resultado de la lectura de las proclamas, propuestas y resoluciones de las Asambleas Técnico-docentes”.
Confunde, por tanto, representación de docentes y estudiantes en los órganos de gobernanza con el rol de los gremios, y a su vez confunde los órganos de cogobernanza propuestos en el proyecto de ley para la creación de la UNED con las Asambleas Técnico-docentes (ATD), que como su nombre lo indica, tienen carácter técnico en materia de orientaciones pedagógicas, y que existen dadas originalmente por la ley 15.739, la ley de educación de abril de 1985, una de las primeras aprobadas durante su primer mandato, mantenidas hasta entonces por gobiernos blancos, colorados, frenteamplistas hasta nuestros días. Una misma ley que contemplaba la representación de los docentes en los consejos desconcentrados y en el Consejo Directivo Central (CODICEN) de la ANEP. Esto último se mantiene todavía.
Por otra parte, pasa por alto que, para el caso de la participación en los órganos de gobernanza, que los docentes de todas las vertientes pedagógicas ‒y si se quiere ideológicas‒ tienen la potestad de conformar listas y presentarse a las elecciones libremente. En su momento, el doctor Robert Silva llegó a ser representante docente en el CODICEN gracias a ese mecanismo, proyectándose así hacia la Presidencia del mismo órgano rector.
Pasando por alto las referencias al ausentismo, disparado durante el periodo de gobierno pasado a partir de la pandemia ‒afortunadamente ya a la baja según los indicadores‒ y a un Ministerio de Economía que lucha contra un “déficit endémico”, en todo caso heredado del gobierno coalicionista en el que tuvo parte el Partido Colorado ‒del que Sanguinetti fue secretario general los cinco años‒, pasemos al siguiente párrafo:
“Hoy, en el IPA solo el 45 % llega a titularse. Y en el tiempo pedagógico normal, solo el 3 %. ¿Podemos avanzar sin una exhaustiva investigación de por qué ocurre un tan bajo rendimiento antes de emprender esta empinada cuesta que se propone? ¿Qué otras opciones se consideraron?”.
Sin proponer soluciones, el doctor Sanguinetti acierta en el diagnóstico, pero desconoce que se trata de una problemática que ya estudiada y documentada en el último Censo Nacional Docente ‒de 2019, por cierto‒, en el capítulo 3 de su informe, y más ampliamente en el censo de estudiantes del Consejo de Formación en Educación (CFE) de 2014-2015, que, si bien tiene ya más de diez años, da cuenta de problemática, que todos los actores políticos deberían reconocer, no ha hecho más que profundizarse.
Esta problemática denunciada por el doctor Sanguinetti no tiene tanta relación con el diseño institucional como la tiene, sí, con características demográficas de la población estudiantil de formación docente (de bajos recursos, con un promedio 30 años y vida laboral activa), así como con un mal diseño curricular, que comprime más de 40 materias (en algunos casos hasta 48), muchas de ellas de curso anual, en solo cuatro años y con un esquema de prácticas anuales a contraturno, con todas las dificultades que ello conlleva para los trabajadores que estudian. En muchos casos, hablamos de estudiantes de formación docente que antes de egresar, ya se encuentran dando clase para cubrir las vacantes existentes en la enseñanza media, especialmente en las asignaturas vinculadas a la matemática y las ciencias duras.
Para dimensionar mejor este aspecto, las carreras de Abogacía y Medicina tienen aproximadamente la misma cantidad de materias, distribuidas en cinco y seis años respectivamente. Por otra parte, al crearse el Instituto de Profesores “Artigas”, su fundador, Antonio Miguel Grompone, consideraba que el límite para una formación profesional profunda y cabal era de siete materias por año, porque de otra forma se estudiaban los temas “por arriba”. Lastimosamente, lejos estamos de esa realidad.
Asimismo, el doctor Sanguinetti pone el foco en los estudiantes de formación docente, y no en los propios profesores. En el caso del IPA hoy día no existen inspecciones ni coordinaciones de sala docente, llevando a que cada profesor decida sus criterios de formación unilateralmente, sin importar su incidencia en el egreso o en la calidad de la formación.
Por otra parte, queremos dar en la presente respuesta a las consideraciones esbozadas por el doctor Claudio Rama Vitale, experto en temas educativos y ex director del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES) del CFE, en su carta al director del semanario Búsqueda del pasado 9 de abril, citada también por Sanguinetti en su columna.
El doctor Rama cuestiona que el gobierno actual procure sustituir, mediante la posible creación de la UNED, el sistema de reconocimiento denominado Docente Acreditado, implementado desde 2023, que mediante una prueba rápida otorgaba a los egresados de formación docente una titulación universitaria. Lo cierto es que una formación profesional de calidad, que pueda considerarse universitaria, no pasa por una prueba de acreditación de rigurosidad académica dudosa, sino por un trayecto educativo donde la enseñanza, la investigación y la extensión tengan lugar efectivo desde el ingreso a la carrera hasta el egreso, y aun en la formación permanente mediante cursos de posgrado en una misma institución pública, sin necesidad de pasar a la Universidad de la República (UdelaR) o a las universidades privadas.
Por otra parte, Rama ‒al igual que Sanguinetti‒ cuestionan el modelo de gobernanza basado en autonomía y cogobierno propuesto para la UNED, y que actualmente tiene la UdelaR. Señalan que la comunidad académica de formación docente no debería tener la capacidad de “aprobar sus programas autónomamente, sin obligación de acreditación y evaluación, totalmente independiente del Ministerio de Educación y de la ANEP”. Sin embargo, tanto Rama, como Sanguinetti al citarlo, incurren en una contradicción: cuestionan la experiencia de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina y de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador ‒destacando Rama que no tienen cogobierno, para desacreditar la idea de que sí lo tenga la UNED uruguaya‒, considerándolas inventos del “populismo kirchnerista y correísta”, con un perfil ideológico marcado. Parece olvidar que, justamente, de eso se tratan la autonomía y el cogobierno ‒que necesariamente deben ir de la mano para sostenerse‒: de que los quehaceres educativos, y la formación de los educadores, no esté sujeta a los caprichos ideológicos del poder político de turno, ni de los vaivenes electorales, para ser una política de Estado consensuada en pro de mejorar la calidad de la educación de los uruguayos.
En definitiva, es necesario abandonar la discusión basada en eslóganes y avanzar hacia un debate serio, con fundamentos pedagógicos e institucionales. La educación uruguaya requiere acuerdos amplios y sostenidos en el tiempo, alejados de la retórica coyuntural.
Como decía Churchill, el precio de la grandeza es la responsabilidad.
Por: Lucas Rodríguez Berrospe
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