El Estado reconoce el 14 de marzo día del expreso político

Se cumplen hoy 32 años de la liberación de los últimos presos políticos de la dictadura. Por primera vez, esta celebración de nuestro colectivo organizado, se lleva a cabo junto a una ceremonia en la cual el Estado reconoce, oficialmente, el 14 de marzo día de la y del expreso político. Una gran conquista.

Nuestro reconocimiento a la Comisión Especial de la Ley 18 596 por acoger nuestra solicitud.

Lo hacemos como reafirmación de nuestra identidad de luchadores sociales y políticos. Lo hacemos como reivindicación de nuestro compromiso con la democracia y la libertad que ayudamos a forjar. Lo hacemos también como ratificación de nuestro compromiso actual con el futuro del país y horizontes de cambios profundos por los que siempre batallamos y que obviamente, siempre incluyeron, también, la igualdad de género.

En las grandes luchas del siglo pasado de nuestro pueblo, por luchar, por resistir, fuimos presas y presos políticos, supimos resistir en las cárceles del régimen. Estamos y seguiremos estando orgullosos de ello, de haber sido parte de una epopeya colectiva que cristalizó y forjó el Uruguay actual y que tiene que seguir avanzando hacia una sociedad justa libre, igualitaria y solidaria.

Por eso somos integrantes de esta herramienta de trabajo plural y participativa, que entre todas y todos estamos construyendo y que denominamos Crysol.

Como sobrevivientes del horror, de los centros de tortura y de reclusión, de lo peor y más degradante del terrorismo de Estado, hemos asumido la obligación moral de denunciar una y otra vez lo ocurrido, de mantener viva la memoria de los crímenes, de homenajear a las víctimas, de promover el juzgamiento y castigo penal de los responsables de los mismos.

¡Es la única manera de que ellos nunca más vuelvan a ocurrir!

En nuestro país corresponde al Poder Judicial investigar, esclarecer, llegar a la verdad de lo ocurrido, identificar a los responsables y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período del terrorismo de Estado.

Incluso para ordenar excavaciones en los predios militares para buscar a nuestros detenidos desaparecidos. Para eso está el poder judicial.

Desde octubre del 2011 ya no hay más obstáculos legales que impidan las investigaciones, ya que se restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. El poder judicial, además, recuperó su plena independencia y autonomía, avasallada por los defensores de la impunidad.

El tiempo en que estuvo vigente la ley caducidad no debe computarse a los efectos del cálculo prescripcional de los delitos y son, como lo señalan las normas internacionales, crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables.

Las más de doscientas causas impulsadas y promovidas por las víctimas deben reactivarse y dinamizarse, tienen que avanzar de una vez por todas, sin temor a las presiones políticas, económicas, de los medios de comunicación pro impunidad, de los centros militares y sus cómplices, de los Comandos Barneix.

Es inconcebible, que hasta el día de hoy, a 32 años, no haya un solo procesado por torturas ni por abusos sexuales, recontra probados e incluso admitidos. Señores jueces: en qué país estamos viviendo?

La Suprema Corte de Justicia no puede seguir tolerando las maniobras dilatorias, debe alentar el trabajo de los juzgados penales que las poseen, adoptar disposiciones que faciliten y aceleren su labor. Además debe garantizar que no haya más prisiones domiciliarias injustificadas para criminales como

Ramas y Gavazzo, involucrados personalmente en la desaparición de decenas de ciudadanos.

Hace dos años hicimos entrega a Presidencia de la República de un documento en el cual expresábamos el sentir de nuestro colectivo. Formulábamos un conjunto de propuestas en el marco

de lo establecido por las normas internacionales de DDHH, por el sentido común, para seguir avanzando en la superación del pasado reciente. Hasta ahora, nada se ha hecho al respecto.

Más allá de las buenas intenciones y disposiciones, a nuestro entender se ha avanzado muy poco en aspectos que consideramos relevantes. La no integración del PIT – CNT y de Crysol en el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, fue un grave error, tal como lo señalamos en su momento y la vida lo ha reafirmado. Lamentablemente.

En lo sustancial, como colectivo organizado, lo reiteramos, seguimos reivindicando cinco grandes orientaciones adicionales que no pueden seguir posponiéndose y que son responsabilidad del poder político.

1) La realización de una ceremonia oficial y pública, al más alto nivel, con la presencia del Presidente de la República y representantes de los tres poderes, en la cual el Estado asuma su responsabilidad institucional por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el período del terrorismo estatal y se pida disculpas a las víctimas directas, a sus familiares y a la sociedad toda.

2) Implementar de manera inmediata la disposición legal vigente de someter a Tribunales de Honor a todos los militares procesados y con sentencia firme para que sean apartados de las Fuerzas Armadas y pierdan los inmerecidos beneficios que ostentan como integrantes de ellas. Al mismo tiempo reclamamos que se modifique la ley jubilatoria de las FFAA, aprobada en 1974, en plena dictadura, por la cual, 1573 oficiales retirados, en su gran mayoría oficiales del proceso, perciben jubilaciones y pensiones privilegiadas e inmerecidas, en la mayoría de los casos, incluso procesados, con sentencia firme, y prófugos de la justicia.

3) Adoptar la decisión, por parte del Poder Ejecutivo, de hacer uso del Artículo 25 de la Constitución de la República que otorga la potestad de repetir contra los responsables de acciones que han generado perjuicios económicos al Estado los costos incurridos en materia de indemnizaciones a quienes han sido procesados y sentenciados por las mismas.

4) Promover un Plan Nacional de Memoria y Dignificación de las víctimas del terrorismo de Estado en todo el país, que incluya la aprobación de una necesaria Ley de Memoria del pasado dictatorial, abordando la temática de los sitios de memoria, sin detenerse en ellos, para mantener vivo el recuerdo de lo ocurrido, para educar en los valores de la libertad a las nuevas generaciones y la construcción de un gran monumento a ellas en un espacio público de primer nivel.

5) De acuerdo a las recomendaciones formuladas por la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) en diciembre de 2012 y también por el Relator Especial de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff en setiembre del año 2014, enviar al Parlamento a la mayor brevedad un proyecto de ley de restitución de derechos jubilatorios y pensionarios que solucione las carencias e insuficiencias de las leyes 18 033 y 18 596.

La dictadura cívico militar, el terrorismo de Estado, fue un proyecto global e integral de país. Se comenzó a implementar desde el mismo momento en que Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad el 13 de junio de 1968. Pretendió, y lo hizo, reestructurar la sociedad uruguaya en función de los intereses y las necesidades de las elites económicas. Fue un proyecto de país en el marco de una estrategia continental diseñada e impulsada desde Estados Unidos, que abarcó muy especialmente al Cono Sur.

Fue una tragedia nacional que por el bien del país y de su gente, nunca más debe volver a repetirse. En esa batalla estamos y seguiremos estando, con el recuerdo de tantos y tantos compañeros que ya no están pero que permanecen con nosotros, siguen vivos en nuestros corazones, en la lucha permanente de los que hoy seguimos batallando para que se cumplan nuestros derechos, en nuestras banderas de lucha desplegadas al viento, Por Verdad, Justicia, Memoria y Reparación y Nunca Más terrorismo de Estado.

Documento de Crysol Marzo 2017

Foto pagina; del SMU

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