La Carta siempre salió. Le tocó a Ramón Cabrera ser el secretario del Partido en la clandestinidad. Como tantos, la hicimos circular sin saber quién era el “jefe” del Partido de la Resistencia.
Este era el título de la Nº 113 de los meses de junio y julio de 1983. Se editaban en Argentina y se entraban en camionetas y autos especialmente ajustados para esquivar los controles en los puentes que nos unen con el país vecino.
Empecemos por la editorial:
“El nuevo momento político de Uruguay se caracteriza por el resquebrajamiento de la dictadura. Se han creado premisas objetivas para su derrota. Ahora, hay que acelerarlo con un programa claro de UNIDAD y CONVERGENCIA”. Estas afirmaciones del mensaje de R. Arismendi resumen en pocas palabras la situación uruguaya y marcan el camino para culminar rápidamente estos diez años de lucha.
La dictadura dialoga porque no tiene otra alternativa. Está deteriorada, por la lucha del pueblo, no tiene ningún sector que la apoye y ha llegado al aislamiento internacional jamás imaginado. No puede mantenerse bajo la forma actual, y necesita cambiar su imagen. En esta lucha se han conquistado espacios políticos, recuperado en forma parcial algunas libertades públicas y sindicales, lo que no significa que la dictadura esté dispuesta a entregar el poder.
Para dialogar en estas condiciones es necesario tener muy claro el objetivo propuesto: usar todos los caminos, todas las formas, para acelerar la hora del restablecimiento de la democracia.
Luego de los pronunciamientos populares de 1980 y 1982, está claro que toda consulta popular significa –va a significar nuevamente- un pronunciamiento contra la dictadura, un reclamo cada vez más contundente por una inmediata vuelta a la democracia, a la vigencia de las libertades públicas y sindicales. El acto del 1º de Mayo es la ratificación de esos pronunciamientos, reafirmado con la disposición de participar, de movilizarse para acelerar la caída de la dictadura.
A través del diálogo, el régimen ha pretendido crear la impresión de que está dispuesto a permitir el regreso de la democracia, que simplemente pretende establecer ciertas “garantías” para que no se reitere lo que machaconamente define como “caos y subversión”, pero engloba bajo esa denominación todo lo que se opone a la dictadura fascista.
El régimen pretende establecer en el país una democracia restringida bajo tutela militar. La clausura de “La Democracia”, las limitaciones a periodistas, la detención y procesamiento de jóvenes acusados de pertenecer a la UJC, el pedido de procesamiento de los dirigentes de la Federación Rural, el procesamiento por la Justicia Militar y nueva remisión de Carminillo Mederos Galván, la prohibición del acto del Plenario Intersindical donde se iba a informar de lo actuado en la OIT, no son actos irreflexivos, sino que forman parte de un plan de la dictadura en procura de un objetico determinado: llegar a una “institucionalización” que mantenga en el aparato del estado elementos de la estructura fascista montada durante estos años.
La represión constituye para la dictadura un ingrediente natural del diálogo, marca el plafón por encima del cual no podrán pasar las libertades en ningún momento. Por el contario, dialogar en un clima de libertad, sin represión, sin censura, marcaría el camino para el restablecimiento de esas libertades en forma total en un futuro inmediato, con el levantamiento de todas las proscripciones a personas y partidos, la libertad de todos los presos políticos, etc.
El régimen, al optar por la represión, hasta diciendo que no quiere el restablecimiento pleno de la democracia. Hasta ahora, no ha concedido nada por su voluntad, todo ha sido arrancado por la lucha popular, por la acción combinada de una lucha en la que han participado todos los sectores políticos y sociales, usando todas las formas: legal, semilegal y clandestina. Esa acción, que no significa necesariamente una alianza o pacto formal, sino la determinación de adoptar un programa común para el restablecimiento de la vida democrática en el país, y la resolución de luchar en todas las formas, de modo que la resultante esté siempre dirigida contra la dictadura, para acelerar su caída, para lograr que la sustitución de la dictadura se produzca en el menor tiempo posible.
Si todos los sectores de la oposición democrática mantienen posiciones de lucha, organizan acciones que permitan la movilización popular –en forma conjunta o separada- los días de la dictadura están contados. ¿Por qué esperar a 1984 para restablecer las libertades públicas y sindicales? ¿Por qué los jóvenes deben ir a la cárcel acusados de “asociación subversiva cuando realizan una actividad que todos reconocen como militancia política? ¿Hasta cuándo van a seguir en la cárcel el Gral. Seregni, Massera, Jaime Pérez, Altesor, Jorge Mazzarovich, León Lev, Rita Ibarburu y el millar de presos políticos? ¿Hasta cuándo va seguir ilegal el Partido Comunista y todos los partidos y grupos políticos que integran el Frente Amplio? ¿Hasta cuándo la CNT y la FEUU van a ser consideradas “asociaciones subversivas”?
Las acciones comunes, las jornadas que permitan la movilización de todos los sectores de nuestro pueblo, son el camino para lograr la derrota de la dictadura, para acelerar su caída, para acortar el plazo en que inexorablemente deben entregar el poder a un gobierno elegido por voto popular. Un programa para restablecer las libertades y de soluciones económicas, y la acción común, convergente, de todo el pueblo, puede determinar el fin de una etapa que significó enormes sufrimientos, y abrir un camino para la reconstrucción de un Uruguay democrático, avanzado, dispuesto a seguir por la senda del progreso económico y social.
Sigue la semana que viene.
Por el Prof. Gonzalo Alsina
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