/ Después de una década de estabilidad política y económica sin precedentes, los últimos seis años en Ecuador se han caracterizado por una disminución del crecimiento, un aumento de la pobreza, una de las tasas de mortalidad per cápita por la pandemia de COVID más altas del mundo, una espiral de violencia e inseguridad y una renovada inestabilidad política.
Entre 2007 y 2017, el gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Rafael Correa, emprendió importantes reformas económicas e institucionales. El gasto social se duplicó; la pobreza se redujo en más del 41%; y el PIB per cápita anual promedio creció un 1,6 %, más del doble de la tasa de los 25 años anteriores.
A partir de mediados de 2017, con la elección de Lenín Moreno, el gobierno modificó drásticamente sus políticas económicas y regresó al Fondo Monetario Internacional (FMI). Las medidas de austeridad impuestas por el gobierno llevaron a la economía a una recesión antes del inicio de la pandemia de COVID-19. En tan solo dos años, la pobreza y la desigualdad alcanzaron sus niveles más altos en más de una década.

Si bien Ecuador experimentó una leve recuperación tras los mínimos de la pandemia bajo la presidencia de Guillermo Lasso, el país ha tenido la economía con peor desempeño de Sudamérica, con un PIB per cápita aún un 5 % inferior a los niveles de 2019. La continua austeridad, impuesta como parte de un programa de reforma del FMI, también ha tenido un alto costo. La economía se encuentra actualmente al borde de la recesión tras un crecimiento negativo en el primer trimestre de 2023, la pobreza ha comenzado a aumentar de nuevo y Ecuador pagará cientos de millones de dólares cada año para el servicio de la deuda con el FMI.
En este contexto, la violencia y la inseguridad se han disparado. La tasa de homicidios, tras disminuir de 18 por cada 100.000 habitantes en 2006 a 5,8 en 2016, y mantenerse constante durante varios años, ha aumentado drásticamente hasta 25,9 en 2022. Durante el primer semestre de 2023, el número de muertes violentas aumentó un 55 % con respecto al mismo período de 2022. El gobierno de Lasso ha declarado múltiples estados de excepción en respuesta al aumento de la violencia, que ha incluido niveles históricos y alarmantes de violencia carcelaria, incluyendo varias masacres. La violencia política también ha estallado, incluyendo el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y de Agustín Intriago, de Manta, la cuarta ciudad más grande de Ecuador, en las últimas semanas.
Desde su decisión en mayo de disolver la legislatura, lo que condujo a las próximas elecciones anticipadas, el presidente Lasso ha podido gobernar por decreto y ha revertido aún más las políticas que se remontan al período 2007-2017. En un contexto de desaceleración del crecimiento mundial y aumento de la pobreza, los efectos del desmantelamiento de las reformas institucionales y políticas económicas previas por parte de Moreno y Lasso son cada vez más difíciles de ignorar.
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