Verdadero alcance de la regulación de las plataformas digitales en Europa

  El presidente estadounidense, Donald Trump, afirma que los europeos están ejerciendo «censura» al exigir a las plataformas digitales transparencia en sus algoritmos y la eliminación de contenido ya ilegal. Tras la reciente prohibición de entrada de Estados Unidos a cinco europeos a los que acusa de regular el contenido en línea, es hora de aclarar las cosas.

 La reciente decisión de la administración Trump de prohibir la entrada a Estados Unidos a cinco europeos ha vuelto a poner de relieve las regulaciones digitales de la Unión Europea. Entre los excluidos se encuentra Thierry Breton, excomisario europeo que supuestamente ha ejercido «censura» contra las plataformas tecnológicas estadounidenses. Estas acusaciones extraordinarias exigen una respuesta que aclare el verdadero propósito de la regulación europea y su necesidad.

Para empezar, la acusación de censura malinterpreta o tergiversa fundamentalmente el derecho europeo. De hecho, no existe una regulación de contenidos a nivel de la UE. Lo que tenemos son normas para garantizar que los mercados digitales se mantengan abiertos y competitivos, y que las infraestructuras digitales operen con transparencia y rendición de cuentas. Esta distinción es importante, y a menudo se ve opacada deliberadamente por quienes pretenden presentar nuestro enfoque como restrictivo, en lugar de protector.

Los países europeos tienen historias diferentes que moldean nuestra concepción de la libertad y la responsabilidad. Hemos luchado por nuestras libertades —algunos contra el fascismo, otros contra el comunismo y otros para construir la democracia tras largos periodos de dictadura— y estas luchas nos han enseñado lecciones concretas sobre lo que ocurre cuando el poder se descontrola, cuando la manipulación sustituye al diálogo y cuando el espacio para el pensamiento independiente se erosiona sistemáticamente.

Este entendimiento compartido sustenta la UE, que no existe para imponer uniformidad, sino para proteger aquello por lo que luchamos y respetar nuestra diversidad. La Ley Europea de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales se adhieren a este legado. Ninguna de las dos regula el contenido. La DMA busca mantener los mercados digitales abiertos y competitivos, impidiendo que las grandes empresas tecnológicas abusen de su posición dominante. La DSA establece obligaciones de transparencia en la infraestructura digital, no dictando lo que se puede decir, sino exigiendo a las plataformas que rindan cuentas por su funcionamiento.

En concreto, la DSA establece tres objetivos. En primer lugar, el contenido ilegal dentro de un estado miembro de la UE, según lo determinen nuestros propios sistemas jurídicos democráticos, debe eliminarse y notificarse al remitente. Esto no constituye censura, sino una aplicación directa de la legislación vigente.

En segundo lugar, los sistemas digitales deben someterse a evaluaciones de riesgos para determinar si representan peligros significativos, como para la salud mental de los jóvenes o para la integridad de los procesos democráticos. Las decisiones comerciales privadas tienen profundas consecuencias públicas cuando los algoritmos se diseñan para maximizar la interacción mediante la polarización, cuando los sistemas de recomendación crean filtros burbuja que fragmentan nuestra realidad compartida y cuando los modelos de negocio dependen de mantener a los usuarios ansiosos o indignados.

En tercer lugar, si opera una plataforma, debe conocer a sus clientes, informarles de sus derechos y explicarles cómo pueden obtener reparación en caso de problemas. Esta es la protección básica del consumidor, extendida al ámbito digital.

Estas leyes no se aprobaron precipitadamente en un momento de pánico. Se aprobaron tras casi una década de intentar otros enfoques: códigos de conducta para la industria, guías de buenas prácticas y compromisos voluntarios. Legislamos solo cuando quedó claro que la autorregulación era insuficiente.

Lo hicimos porque reconocimos una verdad incómoda. Nos hemos dejado atrapar por las grandes plataformas tecnológicas. Para muchos europeos, existen pocas opciones significativas en línea. Unas pocas empresas estadounidenses y chinas median la mayor parte de nuestra vida digital, desde nuestras comunicaciones y acceso a la información hasta nuestras transacciones comerciales. Esta dependencia no es natural ni inevitable, y plantea riesgos que ya no podemos ignorar.

Europa debe ser más independiente en el ámbito digital. Esto implica aplicar nuestras propias leyes con determinación y coherencia. La DMA y la DSA solo son significativas en la medida en que estemos dispuestos a aplicarlas, lo cual debemos hacer incluso cuando moleste a intereses poderosos. La soberanía exige el ejercicio sostenido de la autoridad legítima.

Además, debemos apoyar y utilizar activamente las alternativas europeas donde existan o puedan desarrollarse. Esto no es proteccionismo; una verdadera elección requiere opciones viables. Un mercado dominado por dos o tres actores globales no es libre. Es un oligopolio.

Quizás lo más fundamental es asegurarnos de que nuestras vidas y nuestro pensamiento no dependan completamente de lo digital. La tecnología debe servirnos, no subordinarnos. Esto implica preservar espacios para la interacción humana directa, la transmisión de conocimiento analógico y formas de comunidad y cultura que existan independientemente de la mediación digital. También implica enseñar a nuestros hijos no solo a usar la tecnología, sino también a pensar críticamente sobre ella, a reconocer la manipulación y a mantener la capacidad de atención sostenida y juicio independiente.

La acusación de censura ignora lo que está en juego. Existe una profunda diferencia entre regular la infraestructura y regular la libertad de expresión. Cuando exigimos a las plataformas que sean transparentes sobre sus algoritmos, que evalúen los riesgos para la democracia y la salud mental, y que eliminen contenido claramente ilegal y notifiquen a los afectados, no estamos censurando. Insistimos en que las empresas con un poder sin precedentes sobre el discurso público operen con cierto grado de rendición de cuentas.

No se trata de oponernos a Estados Unidos ni a las empresas estadounidenses. Muchos de nosotros sentimos un profundo respeto por los logros estadounidenses en tecnología e innovación, y reconocemos los valores democráticos compartidos que han unido a nuestras sociedades desde hace mucho tiempo. Pero en Europa tenemos una responsabilidad con los europeos: proteger las libertades por las que luchamos, mantener los sistemas democráticos que construimos y garantizar que la transformación digital impulse el desarrollo humano y no se limite a fines puramente comerciales.

Hemos aprendido, a través de la dura experiencia, que la libertad requiere más que la ausencia de intervención gubernamental. Requiere condiciones positivas como educación, acceso a diversas fuentes de información, protección contra la manipulación y la explotación, e instituciones que controlen la concentración de poder. Las plataformas digitales se encuentran ahora entre las instituciones más poderosas de nuestras sociedades. La cuestión no es si deben estar sujetas a normas, sino si estas normas sirven a valores democráticos o a meros intereses privados.

El enfoque europeo se basa en la legitimidad democrática. La DMA y la DSA fueron debatidas, modificadas y promulgadas por nuestras instituciones democráticas. Prometimos a los europeos que su uso de los servicios digitales sería seguro, que sus derechos estarían protegidos y que la esfera pública digital seguiría siendo compatible con la vida democrática.

Haremos cumplir nuestras leyes, apoyaremos nuestras alternativas y protegeremos nuestra independencia digital, intelectual y política, como se describe en la Declaración de Estrasburgo de la Iniciativa Europa Power . Nuestra intención no es construir muros, sino mantener los cimientos sobre los que se asienta la verdadera libertad.

Este comentario está coescrito por los ex comisarios europeos Mariya Gabriel y Nicolas Schmit , copresidentes de la Iniciativa Europa Power , y por Slavoj Žižek .

Bertrand Badré, Guillermo Klossa y Margarita Vestager
(project-syndicateorg)

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