Haití es de EEUU

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  Tres buques de guerra estadounidenses anclados frente a Puerto Príncipe marcaron el fin del último vestigio de autonomía gubernamental en Haití. El 7 de febrero, tras semanas de presión diplomática y amenazas directas, el Consejo Presidencial de Transición (CPT) se disolvió según lo exigido por Washington, consolidando el poder absoluto del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, un empresario cuestionado que jamás ha sido electo.

Tres destructores de EEUU ante Puerto Príncipe imponen la pax americana en Haití.

La operación comenzó el 1 de febrero, cuando el USS Stockdale —destructor de misiles guiados diseñado para operaciones multimisión— arribó a la bahía capitalina junto a las patrulleras USCGC Stone y USCGC Diligence. El Comando Sur justificó la presencia militar como «firme compromiso con la seguridad», mientras la embajada prometía un «Haití más seguro y próspero».

El 23 de enero, el secretario de Estado Marco Rubio transmitió directamente a Fils-Aimé la orden de disolver el CPT «sin interferencias provocadas por divisiones internas». El mensaje llegó en momento crítico: cinco de los siete miembros del Consejo con derecho a voto habían exigido la renuncia del primer ministro apenas dos semanas antes, acusándolo de fracasar en su gestión justo cuando el país preparaba sus primeras elecciones en una década.

«El secretario añadió que el CPT debe disolverse antes del 7 de febrero, sin que actores corruptos busquen interferir», afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. La ironía no pasó desapercibida: Washington hablaba de «actores corruptos» mientras defendía a un funcionario acusado de desviar fondos públicos y entregar soberanía nacional.

Primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, un hombre que concentra poder absoluto sin legitimidad popular

Rubio reafirmó que Fils-Aimé debía permanecer como primer ministro para combatir a las pandillas «terroristas» y «estabilizar» el país, ignorando que la mayoría de los haitianos no lo reconoce como autoridad legítima. La embajada estadounidense calificó cualquier intento de modificar la composición gubernamental como «amenaza a la estabilidad regional», advirtiendo que tomaría «las medidas adecuadas». La flotilla militar reforzó el ultimátum.

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