/Con proyectos de ley y reforma constitucional, el presidente de Chile encara decididamente el combate al crimen organizado y al terrorismo. Mano dura con la delincuencia promete José Antonio Kast. Recalca sus palabras: perseguir, capturar, juzgar, condenar y encarcelar «de manera implacable”. Chile, promete, recuperará el sitial de Chile como el país más seguro de América Latina.
La llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) contempla más de 30 proyectos de ley -algunos ya en tramite- y una reforma a la Constitución. Todo rapidito: el gobierno espera que sean aprobados antes de fin de año.
En las últimas décadas aumentaron los crímenes violentos y la llegada de organizaciones criminales transnacionales. La creciente percepción de inseguridad de la ciudadanía fue uno de los ejes centrales de la campaña del presidente ultraderechista.
A cinco meses de asumir el gobierno, la estrategia de seguridad presentada contempla tipificar como delitos, con penas agravadas y sin atenuantes, la pertenencia a una organización criminal, la alteración del orden público con barricadas, el bloqueo de calles o el reclutamiento de niños para acciones delictivas.
También quiere respaldar el derecho al uso de la fuerza en la acción policial y darle mayores facultades, crear una nómina de organizaciones criminales y prevenir la orquestación de acciones delictivas desde la cárcel. En materia migratoria, apunta a intensificar el control fronterizo y agilizar la expulsión de quienes ingresan irregularmente.
Esto pone la seguridad dentro de la prioridad del estado a través de más de 30 medidas que apuntan a la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, sintetiza Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello (UNAB).
«Se reconoce que hay un problema importante. El temor fue un indicador de seguridad ciudadana bastante despreciado durante muchos años. Es una determinante importante en la calidad de vida y afecta particularmente a las personas más vulnerables”, dice a DW Francisca Werth, directora ejecutiva del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica de Chile (UC).
«La mirada del gobierno del presidente Kast está vinculada al eje más conservador, muy intensivo en persecución, captura, castigo y mano dura. Hay un énfasis en medidas muy tradicionales, pero que no son suficientes. Falta énfasis en la prevención y la reinserción”, añade la abogada.
El acento en una mayor eficacia en el control de los delincuentes podría ser importante, señala Claudio Fuentes, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP), «pero el riesgo es que las condiciones materiales para contener mayores detenciones hasta el momento no están dadas”.
En opinión de Fuentes, el plan de seguridad de Kast se centra más en los efectos que en las causas de la inseguridad. Si bien podría generar una reducción de ciertos delitos en el corto plazo, esto no necesariamente persistiría a mediano plazo. «En la medida en que no se aborde integralmente el problema de la seguridad, muy probablemente las conductas delictivas van a adecuarse a estos nuevos contextos de mayor persecución y se podrían mantener algunos delitos, sobre todo los más violentos”, alerta el politólogo.
Al respecto, observa que faltan anuncios que apunten a la raíz de los problemas sociales y de la delincuencia, como las políticas anti consumo de drogas, la prevención para frenar el ingreso a la carrera delictiva en la niñez y juventud, y alternativas para quienes cometen primeros delitos. Asimismo, el académico de la UDP considera fundamental fortalecer las policías, que hoy enfrentan deficiencia de personal.
Urquízar añade la importancia de robustecer la hoy débil inteligencia y contrainteligencia penitenciaria. «Una buena inteligencia penitenciaria permite detectar las redes criminales que operan en el interior y en relación con el exterior, y también a los funcionarios corrompidos y los amenazados”.
La ACOT pasaría también por una reforma constitucional. Uno de los aspectos sobre el que alerta Urquízar es «la complejidad de seguir la tendencia latinoamericana de incorporar a las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad interior, lo que desnaturaliza su función y tampoco ha dado los resultados esperados”. En ese sentido, recomienda revisar una medida que podría «conllevar riesgos inherentes a una función que no es la de ellos”.
Urquízar afirma que plantear un nuevo estado de excepción vinculado a la seguridad pública es «innecesario, pues ya existe para ello el estado de emergencia. Las medidas que se quieren incorporar -como la posibilidad de interceptaciones telefónicas sin autorización judicial- son desproporcionadas”. Es de hacer notar que no señala que serían violatorias de los derechos humanos,
La reforma introduciría el término de seguridad pública como deber del estado en la Constitución. «Este es uno de los ejes centrales. De una manera hábil, el gobierno propone poner este concepto también como un derecho”, dice Werth. Esto obligaría a los tribunales a ponderarlo frente a derechos como la privacidad, la libertad o la vida y ver qué prima, lo que podría conducir a penas más duras.
La abogada observa que desde gobiernos anteriores se viene dando un «frenesí legislativo”. Múltiples leyes y reformas han buscado limitar derechos y garantías, y aumentar penas y prisión preventiva, pero no han sido efectivas para controlar el crimen. «Entonces la pregunta es si se necesitan más leyes y más penas o esto falla por otro lado”, cuestiona.
En cuanto a las cárceles, la ideas que se manejan están lejos del modelo extremo del salvadoreño Nayib Bukele. Y además, Werth considera que no habría condiciones para la construcción rápida de prisiones masivas, y menos con las restricciones presupuestarias del gobierno. Esto, ante un muy alto grado de encarcelamiento. «A nivel nacional la tasa de ocupación de las cárceles es de 150 % y, en algunos casos, el hacinamiento penitenciario llega hasta un 300 %”, consigna Fuentes. «No solamente no hay dónde meter más personas. Chile enfrenta un problema grave de derechos humanos en las cárceles. Hay una alta tasa de reincidencia y tenemos señales de alerta de corrupción y captura de los centros penitenciarios por organizaciones criminales”, alerta Werth.
«Si no cambian rápidamente las condiciones físicas de las cárceles, se va a reproducir el delito, porque muchos se cometen desde la propia cárcel”, alerta Fuentes. Esto, además del efecto contagio de jóvenes primerizos con reos que tienen más experiencia delictiva, lo que produce un aumento de la delincuencia. Al respecto, Urquízar señala que «hay que considerar que las principales organizaciones criminales del mundo han nacido dentro de una cárcel. La cárcel hoy es nido del crimen organizado”.
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