Hay una diferencia cualitativa en la represión y los objetivos de las Fuerzas Armadas antes y después del golpe de Estado que culmina el 27 de junio de 1973, pero la creciente intensidad de la represión a partir de 1968 y particularmente entre 1970 y 1972, y las lesiones continuas y crecientes al Estado de Derecho, oscurecen esa transición.
Esa primera etapa se define por un “Poder Ejecutivo que está gobernando por decreto; o sea, tenemos un autoritarismo civil, se han eliminado las potestades de Poder Judicial y del ‘partido de justicia’ que era el Poder Legislativo”. La historiadora Mariana Broquetas, a quien se entrevistó en procura de elementos sobre el período, define la alianza que conduce el proceso “con una serie de acuerdos provisorios y una serie de desavenencias que rápidamente van a emerger, pues cívico militar tiene más que ver con el civismo, con el apego a la institucionalidad”. Y justamente, no sería el caso.
En esa alianza, inicialmente “ hay un consenso en torno a qué es lo que se quiere eliminar”, que es la oposición parlamentaria del sector más moderado del Partido Nacional, el wilsonismo, y del Frente Amplio, y también “acabar con la oposición sindical. El consenso es entre quienes, en distinto grado son, tecnócratas, liberales, conservadores y católicos integristas, contra sectores que les están impidiendo el proyecto en común”. Esos objetivos cambian a partir de que las FFAA terminan su depuración en 1969 y se preparan para el cambio cualitiativo que implica el golpe de Estado. Lo sucedido dentro de la corporación militar en ese intrerregno no es conocido por el autor; aparentemente es de carácter ideológico y de preparación de cuadros para la asunción de tareas en el Estado.
En esta etapa, la represión y la tortura van creciendo en intensidad y generalización, aplicada por la policía en un adelanto de la acción que luego desarrollaría la corporación militar, y que no sólo sería más de lo mismo. En una instancia del inicio de la insubordinación institucional, las FFAA reclaman la subordinación de la policía, que sin embargo se esforzaba en profundizar la represión. “No olvidemos que entre 1965 y 1968, la represión de los disturbios civiles de las manifestaciones sindicales y estudiantiles, está a cargo de la policía. Las Fuerzas Armadas entran en la escena de fuerte represión recién hacia el final de la época”.
Ya en 1962, una pre investigadora parlamentaria (la comisión investigadora no logra constituírse) determina que la policía está torturando como práctica habitual. Siete años después, a fines de 1969 y a iniciativa de la senadora batllista Alba Roballo, la comisión investigadora logra formarse. Es un momento en el que la masividad de la tortura “rompía los ojos”, describe Broquetas. Esa comisión tomó declaraciones de detenidos, de médicos forenses, de familiares, de jueces; y en 1970 se hicieron públicas sus conclusiones, que están en un cuaderno de Marcha” y otra documentación pública.
Al año siguiente, en julio, se conoce el informe Roballo. “Dice que la tortura y los malos tratos son algo habitual, que se realiza prácticamente sin excepciones a todos los detenidos en las cárceles del país, y luego va a ocurrir que masivamente se va a aplicar también en las cárceles clandestinas. El tema de la tortura y la represión en gran escala antecede al golpe y después del golpe obviamente va a no tener límites y no va a tener tampoco espacios de denuncia”. La represión y la tortura se incrementan “hasta niveles masivos y brutales” entre ese año y 1972, lo que ejemplifica la ausencia de respeto hacia el Estado de Derecho del Estado, y al lugar marginal, anecdótico, que ocupaban dos de los tres poderes del Estado.
“Entre el ’68 y el ’73 lo que tenemos es un régimen de excepción que fue usado como forma de contener la protesta social, utilizando las medida pronta de seguridad. Que son un instrumento institucional valido, que la Constitución dice que pueden ser tomadas en casos graves de ataque exterior o conmoción interior. Y son del parlamento: el presidente las decreta y está obligado en las 24 horas siguientes a rendir cuentas al Parlamento de porqué las decretó y cuál es la situación, y el Parlamento decide si se mantienen o se levantan. Lo que va a ocurrir con la presidencia de Pacheco –ya había ocurrido antes, en ensayos muy esporádicos– es que sectores de los partidos Nacional y Colorado van a tener la practica consuetudinaria de no asistir para no dar cuórum, con lo que las medidas no se pueden levantar. Así, una situación prevista para algo excepcional se transformó en una policía de contención de la protesta social. En ese contexto los detenidos son llevados a unidades militares y particularmente se empieza a dificultar la comparecencia del detenido ante un abogado.”
“De ese modo se dificulta enormemente la prueba de que la persona esté detenida. Las detenciones se empiezan a producir sin orden del juez en el marco de las medidas de pronta seguridad y en situaciones que no son las del estado de Derecho. Además, las medidas de pronta seguridad habilitan a movilizar trabajadores, lo que popularmente se conoció como militarización de empleados púbicos. Pero también los de la banca privada fueron movilizados. Estamos hablando de miles de trabajadores, que por adherir a la huelga de sus gremios, y ante la declaratoria de esencialidad a sus servicios, se los declaraba desertores si no asistían. Entonces se los detenía y se los castigaba. Las situaciones de castigo y de malos tratos en estas detenciones existieron en la primera mitad de los ’60 y fueron moneda corriente desde el ’68 en adelante.”
“Para el ’72, con la declaración de estado de guerra interno que se prorroga, más la suspensión de garantías individuales y después la transformación de esto en Ley de Seguridad del Estado, en julio de 1972, directamente se elimina el habeas corpus, se elimina la posibilidad de que todos los detenidos por motivos políticos tengan derecho a un proceso judicial, porque pasan a estar en la órbita de la justicia militar, y la justicia militar no es justicia, en tanto es un código de leyes y reglamentos para mantener la conducta de los cuarteles. El Supremo Tribunal Militar está integrado por militares que designa el Poder Ejecutivo; o sea, no es justicia (en tanto no es un poder independiente de los otros del Estado).”
“En ese contexto, empiezan a ocurrir a escala muy grande las operaciones rastrillo, las detenciones por personal vestido de civil y de noche, violando los domicilios. La gente pasa a veces horas, a veces días desaparecida. No se sabe cuál es su paradero, no tienen derecho a un abogado, hay también mucha digamos muchos palos en la rueda muchas complicaciones para el trabajo, de los abogados de los defensores, estamos hablando entonces de un número de detenidos y un tipo de represión que va a aparecer en el ’72 y que después del golpe va a ser moneda corriente en cuanto a lo masivo y sobre todo, a la ausencia de un estado de derecho.”
“A las FFAA se les encomienda la represión contra la guerrilla y tras siete meses declaran haber desarmado el brazo militar de la guerrilla. Eso se condice con que en el Uruguay no hay ya ninguna acción insurgente más, ninguna acción más de ningún grupo armado: o están presos, o están exiliados. Entonces, desde parte del sistema político se les dice a las Fuerzas Armadas’ ‘bueno, ya está; vuelvan (a los cuarteles), ¿no?’. Las Fuerzas Armadas van a decir que no al sistema político que las convocó: ‘Nosotros derrotamos a la subversión armada, pero la sedición permanece; prueba de ello es la fortaleza del Frente Amplio, la fortaleza de la CNT, los actos que hacen, las huelgas’. Ese 1972, alegan, nombrando como justificación el efecto de la causa que la represión impone, ‘es un año de una conflictividad sindical y social altísima . Y por lo tanto nos tenemos que quedar porque si en efecto lo que queremos es –esa palabra que tenían, ¿no?– desarrollar, poder finalmente logar desarrollo económico, superar la crisis –que ya era estructural–, nosotros somos un actor que tenemos algo para dar, y nuestra misión es estar, estar para sanear y también para sanear el sistema político que es corrupto’. A no olvidar que en el ’72 las Fuerzas Armadas van a empezar con una política de saneamiento de la corrupción de los partidos políticos, y también de los políticos.”
“Las FFAA tienen la bandera de la lucha contra la corrupción, en el marco de los sonoros escándalos aquellos en los entes públicos en las juntas departamentales, y ahí las FFAA tienen también una especie de discurso común con el MLN, que también partía de la base de que había una corrupción política generalizada; y de que habia grupos económicos o políticos que estaban beneficiándose.”
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