El gobierno uruguayo propicia el voto en blanco en apoyo de su postura de rechazar cambios a la ley fundamental con la que promueve su objetivo de neoliberalismo duro, en el referendum que se vota el 27 de marzo. El voto en blanco es voto válido, se dirige a captar a los indecisos que señalan las encuestas y dificulta a la oposición lograr el 50% mas 1 de los votos válidos para derogar los 135 artículos más duros de tragar. La ley de 476 artículos fue aprobada en julio 2020 casi sin discusión parlamentaria en sus 90 días de plazo para hacerlo, y sin ser objeto de tratamiento en la sociedad.
La parte cuestionada del articulado comprende once grandes temas (seguridad pública, Inteligencia, educación, economía, empresas públicas, petróleo, agro, relaciones laborales, vivienda y más), con 185 temas que cada uno ameritaría una ley debidamente tratada. El régimen de la LUC fue establecido por la reforma constitucional de 1966, en una coyuntura histórica de frágil cohesión parlamentaria en el marco de la creciente violencia política, fortaleciendo al Poder Ejecutivo en desmedro de los otros dos poderes. No hay registro de que en el ánimo del constituyente estuviera meter tantas leyes en una y ni siquiera dos, y lo hecho por el gobierno de Luis Alberto Lacalle es inédito en la historia uruguaya y un claro abuso de la norma fundamental, que queda impune.
En julio de 2021 se presentaron 800.000 firmas, no el 25% del electorado exigido sino el 30%, en un esfuerzo militante que superó la apatía del Frente Amplio, con sus dirigentes desorientados por la derrota electoral (por 1,5%) de 2019. Hoy, el progresismo –FA (Frente Amplio), la central obrera única PIT-CNT y decisivos movimientos sociales– no termina de confluir en el torrente que es capaz de ser, y la campaña no solo es pobre en recursos económicos sino que necesita imprescindiblemente de la militancia puerta a puerta que se está promoviendo. Por ejemplo, el PIT-CNT, fijó en diciembre un paro general en apoyo de la campaña de derogación para el 8 de marzo, con lo cual se asiste a un enfrentamiento con las muy activas feministas, a las que logró unir en su contra.
Situación ésta que propicia que el oficialismo siga sin ser afín a los debates. Seguramente desde el gobierno se hizo llegar al semanario Búsqueda la “noticia” de que se estaba propiciando el voto en blanco “para sacarle una tarjeta amarilla al gobierno”. Una semana después, el canal de televisión del Estado, Canal 5 –que hoy refleja como nunca los intereses políticos del gobierno– canceló la 
transmisión del único debate de importancia acordado, entre el senador Guido Manini Ríos y el senador comunista Oscar Andrade. Los argumentos del director del canal, Gerardo Sotelo, fueron candorosos: “¿El rol del canal es hacer debatir blanco contra negro? No me parece mal, pero no es la única forma.” La otra forma es, claro, el voto en blanco, que actúa al ser voto válido contra la impugnación a la LUC. La interdicción logró la molestia del general, cuyos votos militares quiere para sí el herrerismo (link a nota Un solo demonio). La de Manini, el díscolo de la coalición de gobierno, es la única candidatura presidencial ya definida para el 2024.
No habrá fraude, pero este gobierno se esfuerza en torcer, y ha promovido las situaciones contrarias a la impugnación, al Sí, que están a su alcance. El oficialismo se negó a rever la adjudicación del color celeste al bando del No, del gobierno, y no es cualquier decisión respecto del color que identifica al país, sino que se plantea en un momento crucial. El domingo 27 de marzo es la votación del referendum. El viernes 25 el seleccionado nacional de Uruguay juega de local contra Perú por las eliminatorias. Y el martes 29 Uruguay juega contra Chile en Chile. Y para decidir la fecha 5 votos a 4, como la tomó la Corte Electoral, necesitó del voto de su presidente José Arocena, que está allí como independiente, pero milita con discreción en el Partido Independiente, integrante de la coalición de gobierno. Y cuando se impugnó, de inmediato, ya al día siguiente de la resolución, se rechazó el cuestionamiento al color en tanto implicaba “un cambio en las reglas de juego”. Eso sucederá en un país inundado de un celeste que no tiene que ver con el referendum. Y además están resucitando una frase de Luis Alberto de Herrera (1873-1959), acuñada para alguna vieja esperanza: “Las nubes pasan, pero el azul siempre queda.
Otro elemento espurio es la utilización del NO para mantener la ley, lo que induce a la confusión de tener que votar SI para derogar los artículos cuestionados. Además, el No tiene contenidos subjetivos: es mucho más fácil decir No que decir Sí –al menos lo estudiado en Uruguay–, y el No tiene una carga histórica de triunfo popular, pues fue el que le ganó el plebiscito constitucional a la dictadura en 1980.
Y no prestarse a debates es parte de la estrategia del gobierno, como todas sus acciones, en base a criterios de marketing. La primera versión de la ley tenía 600 artículos; era una versión desde el interés de las empresas, y privatista dura, que anticipó parte de lo que vendrá si se lo deja hacer al gobierno. Comprobado que no tendría aceptación en su propia coalición de gobierno, hubo una segunda versión de 502 artículos, que sus propios socios de la coalición conocieron recién cuando se presentó al Poder Legislativo. En una lucha a brazo partido con el tiempo, los legisladores del Frente Amplio lograron convencer y la redujeron a 476 artículos, de los cuales se impugnan 135.
Pensar que Lacalle se vistió de centrista e hiperdemocrático en las dos últimas elecciones. La verónica del gobierno a todo intento de debatir la ley con sus promotores ampara su intención de no discutir sus efectos y propósitos, favorecida en el legislativo por la andanada de temas a tratar, y hoy, por la dificultad de la oposición de explicarle al ciudadano la enorme diversidad de situaciones, todas dirigidas a barrer lo hecho por tres períodos de gobierno del Frente Amplio. Para el gobierno –que ejerce y domina el Partido Nacional– el objetivo abarca también destruír los referentes y postulados morales, políticos e ideológicos de la izquierda y, en una perspectiva más larga, del batllismo.
Ese es el propósito declarado del herrerismo, ya anticipado en palabras y acciones por el padre de este Lacalle, Luis Alberto Lacalle Herrera, que vio derrotadas sus intenciones de privatizar lo público en 1992. Fue en un referendum que anuló parte de la ley de Empresas Públicas por dos tercios de votos, en el marco de un drástico ajuste fiscal y la suspensión de los Consejos de Salarios. Las palabras de Lacalle fueron sinceras, y en esencia dijo: Nuestro objetivo es convencer por primera vez a la mayoría del Uruguay que el herrerismo tiene razón. Para que haya libertad tiene que haber injusticia, para reducir la pobreza, el más rico tiene que ganar más, para que la economía se despliegue tiene que haber menos Estado. Y para que haya una educación diferente, los gremios docentes tienen que salir de la toma de decisiones pues son parte del problema y nunca la solución. Tal como lo ha dicho ahora el actual ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira: si se deroga la LUC, dijo, se volverá a un esquema “soviético”.
En este contexto, el Partido Colorado aparece entregado y es solo funcional a la mayoría parlamentaria oficialista; para no pagar un alto costo, se retira del debate. Es notable la defección del Partido Colorado, donde está la raíz histórica del batllismo, en su defensa, y el apoyo a un proyecto que, como objetivo a largo plazo, es antibatllista por donde se lo mire; aunque el expresidente Julio María Sanguinetti no sea batllista ni lo haya sido jamás, debería guardar las formas.
La LUC constituye un desborde de la visión constitucional que se inscribe en una forma de hacer política que es la clave de este gobierno: el manejo de encuestas, de medios, de la comunicación política, de lo que se informa y lo que no. Y en este contexto, el canal del Estado se ha convertido, de manera específica, en un canal del gobierno. Y en él hay proscriptos, y buenos profesionales desplazados a programas matutinos y de entretenimiento.
El semanario Búsqueda –buena caja de resonancia para el establishment– dio cuenta de la intención de construir un nuevo bipartidismo, con un Partido Nacional que supere el 30%. Es cierto, ese es el objetivo de Lacalle. El Herrerismo nunca pasó del 30%, y cuando el PN lo hizo, fue con la suma de otro espacio que era antiherrerista: cuando el nacionalismo independiente volvió al lema, con el ruralismo (en el que estuvo el luego dictador Juan María Bordaberry). Y con Wilson Ferreira Aldunate en 1989, que –ya en caída- también apoyó a Lacalle Herrera. El herrerismo tuvo en la ocasión 21% de los votos, pero Lacalle Herrera ganó la presidencia con el 37,25%. Ahora, con 28% de los votos, Lacalle hijo es un presidente que se maneja como si tuviera una mayoría propia y holgada.
La que está en aplicación es una política de marketing, que dirige el asesor de Presidencia y comunicación del gobierno Roberto Lafluf. Él ocupa un cargo inédito, con una posición relevante, decisiva. Es la suya una dependencia nueva y tiene un contingente importante, invisible, que hace un seguimiento de cada una de las acciones que en cualquier sentido tenga que ver con el gobierno, y tendría asesores internacionales y donaciones de grandes empresarios. Así, cuando habla la ministra de Economía Azucena Arbeleche, ella da cuenta de un relato falto de honestidad intelectual que puede calificarse de mentiroso, y que es una construcción que tiene que ver con el marketing. Da como realidad proyecciones hasta graciosas, como que el PBI va a aumentar 4,5%. Y da proyecciones como si fueran hechos: tantos saldrán de la pobreza, el desempleo se reducirá a tanto, el fondo Covid asciende a tanto dinero, y el gobierno no ha subido impuestos. Todo esto es mentira, y en el mejor de los casos, es elegir algunas variables con la intención de opacar la realidad.
Si se va al texto aprobado y se lo observa a la luz de la intencionalidad y definiciones públicas del gobierno, la LUC es solo un avance de lo que el gobierno quiere en última instancia. Es la parte inicial de un proyecto privatista; es un proyecto neoliberal duro. Pero el gobierno sabe que hoy todavía no tiene los votos para eso; avanza entonces en esa lógica, en la cual también tiene que desplegar una guerra cultural que han declarado ellos. Los dichos de los senadores Sebastian Da Silva y Graciela Bianchi, por ejemplo, con sus declaraciones y comunicaciones altamente provocativas y de baja estofa: cabe preguntarse quién los habilita, quién les da libreto: por supuesto que es este núcleo donde está Roberto Lafluf, libretando al elenco fundamental de gobierno. La LUC es el primer paso, con su perfil empresista, claramente orientado contra el Estado y promoviendo una lógica punitivista. Con presunción de inocencia a la policía hay violación de derechos del ciudadano, desmadre y gatillo fácil; la tiene un propietario para atacar a quien esté en su predio sin su autorización, con lo que se prioriza el derecho a la propiedad sobre el derecho a la vida; es de Macondo, pero está pasando en todo el país.
La LUC rebaja salario real y jubilaciones para fortalecer la ganancia y alentar al sector privado, es antiestatista porque se administrará mejor si se atiene a la ganancia como única lógica. Y el Estado dejaría de ser el escudo de los pobres: debe ser mínimo, reduciendo gastos que estima superfluos, para que asigne mejor los recursos disponibles, y propone la leyenda del goteo, de que al crecer la riqueza de los empresarios aumenta su distribución entre los trabajadores. Ya el presupuesto y el decreto 90 votados al inicio de 2020 redujo la mayor parte de los gastos públicos. Y promueve la especulación con la vivienda, en desmedro del inquilino, con desalojo exprés y multas usurarias por mínimas demoras.
En definitiva, sus ejes centrales son la liberalización de la economía, menor participación social, la desregulación de las instituciones públicas y el proceso de concentración económica y de poder: en nombre del liberalismo y la libertad individual, es aperturista hacia el exterior para suplantar producción nacional, es concentrador de la riqueza y es excluyente. Medidas ya tomadas y al margen de la LUC, como la concesión del puerto capitalino hasta 2081 a una firma belga, puerto que es la razón de que este territorio haya devenido en país, y la privatización de la industria del cemento en beneficio privado, son dos de los muchos ejemplos de este modelo.
Lo que está en juego con el referendum es este estilo de construcción política. Y el tercer año de gestión, este, es el último en que puede meter el pie en el acelerador. Después viene el año pre electoral, y luego el año electoral. Si el gobierno gana el referendum y el Sí no supera el 40%,, de inmediato va a construir un relato, que va a pasar por “hemos recibido un nuevo mandato del electorado en esta perspectiva”. Y se van a sentir habilitados para, por ejemplo, una reforma regresiva del régimen de jubilaciones, la desmonopolización de Ancap y una regla fiscal más draconiana. Si el Sí pierde por menos, la situación política va a tender hacia el equilibrio. Y si gana el Sí, el progresismo acelera su recomposición y el gobierno cumplirá su mandato y hará su gestión como lo estime posible. No es que este referendum sea contra el gobierno, que no se lo quiere dejar gobernar, que es un palo en la rueda. Es el soberano quien decide.
Hasta entonces, Uruguay atraviesa lo que el propio presidente Lacalle definió al inicio de su gestión como su prioridad. En rueda de prensa, descartó de plano gravar el gran capital como forma de recaudar fondos, ni siquiera ante la situación provocada por la pandemia. Anunció que se apostaba a los “malla oro”, distintivo de quién lidera la competencia ciclista; que había que apuntalarlos, dijo, porque ellos traccionarán la economía. Lo sigue manteniendo y promoviendo dos años después, pero no hay derrame hacia los desiguales; mas bien, sequía.
Por Andrés Alsina
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