Habrá Comisión de la Verdad en Brasil

Hay avances en la materia de lograr la verdad más no sea parcial de lo acontecido en la dictadura militar brasileña que ya se concretan, cumpliendo promesas electorales de Lula y dando cauce al aliento de familiares de las víctimas en el camino hacia la verdad.

En ese sentido, Lula recreará la Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos que había sido disuelta por Jair Bolsonaro. El diario Folha de San Pablo entiende que el presidente había sido alentado a hacerlo por familiares de víctimas de la dictadura militar, y fue una promesa de campaña del líder del PT, Partido de los Trabajadores.

El hoy ex presidente Jair Bolsonaro la disolvió a fines de 2022, en los últimos días de su gobierno. El reclamo de familiares de las víctimas de la dictadura militar (1964-1985) estaba planteado desde que Lula asumió su tercer gobierno, pero había sido una promesa del líder del PT durante su campaña electoral. La decisión de Lula se publicó el jueves 4 en el diario oficial, de donde se toma parcialmente esta información.
La comisión había sido creada durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso como una forma de reconocer a las víctimas del régimen, localizar cuerpos desaparecidos y compensar a sus familias.

El procedimiento formal y planteado oficialmente el jueves 4 implica tres acciones: un despacho revirtiendo el acto anterior de Bolsonaro, que puo fin a la comisión, otro destituyendo a los miembros designados por el gobierno anterior y uno final nombrando a los nuevos miembros.

El presidente también avalará la selección de cuatro personas para integrar la nueva junta. La fiscal federal Eugênia Augusta Gonzaga retomará su papel de presidenta de la comisión, cargo que ejerció hasta el primer año del gobierno de Bolsonaro, cuando fue destituida.

Los militantes políticos de izquierda que desaparecieron desde 1964 serían 140. Según testigos, muchas de esas personas se encontraban entonces bajo custodia de órganos gubernamentales, tales como DOPS (Departamento de Orden Político y Social), Cenimar (Inteligencia Naval) y CIEx (Centro de Inteligencia del Ejército). Las desapariciones forzadas ocurrieron, principalmente, durante el auge de la dictadura, en los gobiernos de los generales Emilio Médici y Ernesto Geisel. El período del Gobierno Médici fue considerado particularmente brutal por las organizaciones de Derechos Humanos.

Durante décadas, sucesivos gobiernos – tanto los militares como los civiles que los sucedieron – se negaron a admitir cualquier responsabilidad sobre el destino o el paradero de esas personas, ignorando las peticiones de información de los familiares de desaparecidos políticos.

Solo en diciembre de 1995, en el primer mandato de Fernando Henrique Cardoso, el gobierno brasileño asumió la responsabilidad política de reconocer la muerte de los desaparecidos entre 1961 y 1979. Se le dio fuerza legal y después de ser sancionada la Ley 9.140, fue posible la emisión de testimonios de familiares y de las personas desaparecidas, así como de testigos de curcunstancias anteriores y posteriores a su detención.

La ahora ley era un decreto, no se sabe a esta hora si con el mismo contenido. El decreto establecía la muerte de esas personas esas personas, y a pesar del reconocimiento oficial de la muerte de los desaparecidos, con la consecuente responsabilidad del Estado brasileño, el decreto no fue cumplido en su integridad, pues, pasadas más de tres décadas desde las desapariciones (ocurridos principalmente entre 1970 y 1975), las circunstancias de las muertes de los desaparecidos aún no fueron esclarecidas.

María del Rosario, que asumió como ministra de la Secretaría Especial de los Derechos Humanos en el inicio de 2011, defendió, en su discurso de posesión, la responsabilidad del Estado por los crímenes de violación de los derechos humanos durante la dictadura militar. Ella también pidió la aprobación de la creación, por el Congreso Nacional, de una Comisión de la Verdad, cuya finalidad sería investigar las desapariciones de militantes políticos.

Ya fueron pagadas indemnizaciones a los familiares más próximos de las víctimas, aunque varias familias aún reclaman por los valores de esas indemnizaciones en la Justicia, por considerarlos bajos. En 2010, las indemnizaciones sumaban más de R$ 4.000 millones y estaban exentas del impuesto a la renta. En el dólar de la época, 366,45 reales por dólar, eso equivalió a 10.915. 541 dólares

Mesa de prensa LOd.

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