Hay frases de este gobierno destinadas a la eternidad del mármol. Hasta ahora era el «ustedes me conocen», de Luis Lacalle Pou. Pero entra en seria competencia el «hay que blindar a Caram». Parece que fue Alvaro Delgado quien la pronunció, en reunión en Presidencia con Lacalle Pou y el alcalde de Bella Unión William Cresseri, quien tras negarse inicialmente, aceptó el encuentro. Contó en la Junta Departamental que en la reunión, y ante la insistencia del presidente, que «se paró en los pedales”, contó lo que sucedía. Es en ese contexto que desde la corona misma de la Presidencia se dice esa frase.
A esa altura era enero de 2022, casi dos años en el segundo período de mandato del intendente Pablo Esteban Caram Murillo. En febrero 2018 había tomado conocimiento la Jutep de nepotismo en las contrataciones. El 6 de diciembre de 2018, el edil colorado Francisco Bandera denunció en la Junta Departamental de Artigas que uno de los miembros de la comisión de adjudicación de las obras de la intendencia era hermano de uno de los socios de Rodrigo Jiménez, dueño de un grupo empresarial que resultó adjudicatario de 16 licitaciones entre junio de 2015 y febrero de 2018.
Sigue el prontuario. El 24 de enero de 2020, la Jutep determinó que el intendente Pablo Caram y dos funcionarios –Omar Bicera y Emiliano Soravilla, luego designado secretario general– violaron los principios de probidad, legalidad y transparencia, por el vínculo de estos con las empresas a las que se otorgaron licitaciones por un monto de casi cuatro millones de dólares en total. La Junta Departamental presentó el informe a la Justicia.
Tras el úkase presidencial de blindar al hombre, en febrero de 2023 ediles colorados y frenteamplistas denunciaron a Caram por la «considerable compensación» dada a Stefani Severo, empleada municipal y entonces pareja de Caram, y al secretario general de la Intendencia y primo hermano del intendente Rodolfo Caram. Todo según la útil cronología de la diaria.
En la bolada también cayó el reemplazante de Rodolfo Caram en la secretaria general, Emiliano Soravilla –de profesión escribano, nada menos–, y la sobrina del intendente, Valentina Dos Santos, diputada con récord de ausencias al Palacio Legislativo para ejercer ilegalmente las funciones de intendente: en ese carácter, ordenaba pago de horas extra aprovechando del nepotismo en forma exultante, jubilosa y radiante. Para evitar el desmadre del escándalo al plano nacional, Alvaro Delgado se permitió la mentirilla de afirmar que la renuncia de Dos Santos a la banca de diputado no estaba relacionada con el escándalo artiguense. “No tiene nada que ver una cosa con la otra”, ya que la renuncia a la banca “era un tema que estaba previsto hace mucho tiempo”, dijo quien aspira a ser el digno sucesor de Lacalle.
Ella, Dos Santos, fue condenada a seis meses, no está claro si con o sin prisión, su tío Pablo Caram a 14 meses y suspendida la ciudadanía de ambos. No está claro si se aplicará el artículo 80 de la Constitución, inhabilitándolos para ocupar cargos políticos. Posiblemente se conozcan más condenas, puesto que son delitos reconocidos y que constan en documentación de la intendencia. El cargo contra Caram fue el de «delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar irregularidades, en la causa que investigó maniobras con el cobro de horas extras en el gobierno departamental», y tanto en su caso como en otros queda mucho por cernir. Para empezar, se afirma que se trata de ocho millones de dólares pagados en horas extra, hay 16 licitaciones digitadas que serían por casi cuatro millones de dólares, y seguramente mucho bajo la alfombra. Quedó traspapelada una denuncia sobre trabajo infantil en plantaciones de tabaco, por ejemplo, y habría que acceder a la documentación de la inspección realizada por el Ministerio de Trabajo. De todas maneras 8 millones de dólares no son pocos para una intendencia que tiene 63 millones de dólares de ingresos proyectados para este año.
Dos Santos presentó la renuncia al Partido Nacional el miércoles, antes de que se confirmara su condena y para evitar el desafuero, mientras que Caram pidió que su caso pase al comité de ética del partido: la sigue peleando.Como lo sugiere la mentirilla de Delgado, lo que más le duele a Caram y su elenco, a Delgado y a Lacalle, es la suspensión de derechos políticos. La directiva de «blindar a Caram» es la de blindar el caudal de votos de la lista 2525 que llevó al segundo mandato a Caram; el 64,4% de los habilitados votó al Partido Nacional, y el 55,5% del total, o sea 41.685 votos, fueron a Caram. Ese caudal recibe con holgura dos bancas de diputado.
Cabildo Abierto consideró oportuno hacer notar su ausencia electoral en Artigas. Pero CA sacó listas para apoyar a los tres sectores del Partido Nacional para la segunda intendencia de Caram, cuando éste ya había mostrado su vocación para gobernar en la primera. El diputado cabildante Álvaro Perrone trató de sacar la pelota de la cancha del hoy, afirmando que quedó “demostrado” que se debe legislar sobre los ingresos a las intendencias, “porque, si no, después se dan los abusos y el clientelismo”. Acá el delito parece mucho más grave, y ojalá la investigación siga.
El viernes 19 no se sabía quién era el intendente ni dónde está el piloto. El léxico de la oposición no alcanzaba a definir lo sucedido. «Intereses espurios», por ejemplo, no alcanza. Las afirmaciones de Caram sobre su honor y su sacrificio por el mal hecho por otros son de antología, pero si se las baja a tierra y se observa la sorpresa de Caram por lo sucedido ante una larga historia en un borbotón de acusaciones, se puede vislumbrar que lo sucedido allí es costumbre que suceda con determinados gobernantes, porque para eso quieren al Estado. La línea entre Artigas, el Partido Nacional, lo no actuado por la coalición multicolor para prevenir y la cúpula presidencial es clara.
El Frente Amplio tiene reunión de bancada el lunes 22 para tratar el tema. La tan mentada institucionalidad y fortaleza democrática del país es de donde se supone que se mirará y definirá el tema. La pelota está ahora en su cancha.
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