Alberto Vergara
El Ejecutivo y el Legislativo han establecido una alianza para el progreso de la criminalidad en Perú, pues al desmontar el Estado de derecho y la democracia, empujan el país hacia la violencia, afirma el columnista de La República Alberto Vergara. En el Perú, el poder político trabaja para producir el peligro interminable. Una vida regida por el susto sin fin y un perenne estado de alerta. El año pasado ya había sido de terror con 1.500 homicidios; en el 2024 se superaron los 2.000.
Este deslizamiento hacia el descontrol social es consecuencia inevitable de la demolición firme y a consciencia del Estado de derecho y de la democracia. Demasiada gente, en todas las clases sociales, prospera burlando la ley o torciéndola. La economía del oro ilegal, del narcotráfico, de la trata de personas, del tráfico de terrenos, del transporte informal, de la extorsión y un vasto etcétera se ampliaron y fortalecieron con consecuencias transversales. El 87% de los peruanos afirma en una encuesta que alguna actividad ilegal es un motor principal de la economía en su región.
Gradualmente, la sociedad acostumbrada a florecer gambeteando la ley, se ha infiltrado ya en los espacios donde se produce la ley y ahora busca algo distinto: legislar a la medida de sus intereses. Brilla el legislador de arriendo para intereses criminales. Así, se ha pasado de burlar la ley a producirla —a veces desactivándola, a veces reformándola— para, justamente, ya no tener que burlarla. Por eso se trata de un país con leyes y sin Estado de derecho.
Se refiere el autor a dos crímenes, aparentemente los últimos dos. «El presunto asesinato de Nilo Burga (aunque… ¿alguien cree que se suicidó con una puñalada en la nuca?) y el de Andrea Vidal son un ejemplo más del tránsito hacia unos terrenos en los cuales ni la democracia ni el Estado de derecho son capaces ya de procesar los conflictos de una sociedad, cada vez más, salida de control. Y al colapso de la política siguen el desorden y la violencia».
Las dos muertes evidencian tal dinámica. En una, al inicio está la expansión de la trata de personas y de la prostitución filtrándose hacia la política y, en la segunda, se origina en la popular y extendida corrupción estatal, sin importar el nivel de Gobierno. La criminalidad no atajada por la ley se condensó y ascendió al centro del poder, con sus códigos y prácticas. Conflictos surgidos en actividades al margen de la ley se resuelven al margen de la ley. Pero ya no en los callejones de la ciudad ni en la lejana selva, sino en los predios del Congreso o del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. O de comisarías, donde se apaña el descuartizamiento y luego ocurren convenientes suicidios. La ley hizo agua en todas partes.
El Estado de derecho es una coladera; la justicia o la policía son, para todo fin práctico, inútiles (se despide a los mejores policías o se capturan los tribunales). Ahora bien, quiero subrayar que hay países en América Latina con actividades criminales presentes en la política que no se orillan hacia la violencia caótica. En Paraguay o Bolivia, por ejemplo, diversas economías ilícitas vulneran el Estado de derecho y también se infiltran en las instituciones nacionales y, sin embargo, la política pone algunos límites a la criminalidad y su violencia. Digamos que poseen un escenario de extensa criminalidad con baja violencia. El politólogo Juan Pablo Luna ha desarrollado esto en varios trabajos recientes.
Y aquí es donde mete su cuchara la degradación democrática. Si el Estado de derecho no controla el crimen, la representación política puede ayudar a que la ilegalidad no engendre el caos violento. Tanto en Paraguay como en Bolivia hay partidos políticos que —aunque clientelares, corruptos y con más de un vínculo hacia las economías ilícitas— consiguen ordenar esa presencia criminal. No es la utopía republicana, desde luego, pero ofrecen un mecanismo de coordinación que ataja la expansión de la violencia. En el Perú, en cambio, la ausencia de representación política facilita la expansión del crimen y anticipa más desorden.
Un asesinato con 40 balazos a quien laboraba en una presunta red de prostitución en el Congreso no les merece atención. (Como se decía en la colonia: el muerto a la sepultura y el vivo a la travesura). Nuevamente, no hay partido ni líder que los ponga en vereda, ni a ellos ni a los intereses que movilizan. Los “políticos” reconocen que no tienen futuro y se saben muy mediocres; el incentivo es desfalcar hoy, ni siquiera hace falta ya guardar las apariencias.
Entones, en resumen, ni el Estado de derecho ni la representación política le ajustan las bridas a la industria de la ilegalidad. Para decirlo desde la salsa, se soltaron los caballos. Y nadie con algún poder busca devolverlos a las caballerías. Galopan fueteados por la renta que las economías criminales secretan y por el entendimiento entre Ejecutivo y Legislativo: la alianza para el progreso criminal.
Y no hace falta un diploma de Hogwarts para adivinar lo que viene.
Lo paradójico es que aquello que se viene puede perfectamente convivir con dos situaciones que son, en principio, positivas. De un lado, puede coexistir con algún tipo de recuperación económica. Del otro, con unas elecciones generales que cumplan con los estándares democráticos mínimos.
Pero, además de paradójico, es peligroso. Lo que quiero decir es que, si a una sociedad criminalizada y desregulada como la peruana le entra dinero, el caos y la violencia será mayor. Y si le entra un chorro de plata conoceremos el estado de naturaleza. O el Ecuador.O como Trinidad y Tobago, una estrella del crecimiento económico caribeño, con un PBI per cápita de 19.000 dólares (el peruano bordea apenas los 8.000), que acaba de declarar el estado de emergencia por una ola tremenda de homicidios y criminalidad. El dinero en este contexto significa más problemas, no menos. Pero los ricos seguirán recibiendo su generoso bono anual y, desde un auto blindado, nos conminarán a resaltar que el Perú avanza.
Alberto Vergara
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