Israel consagra el apartheid

           Orly Noy- Como demuestra un inquietante nuevo informe del centro jurídico Adalah, con sede en Haifa, parlamentarios israelíes han aprovechado el caos de los últimos dos años para impulsar más de 30 nuevas leyes que consolidan el apartheid y la supremacía judía, sumándose a la lista ya existente de Adalah de más de 100 leyes israelíes que discriminan a los ciudadanos palestinos.

Una de las principales conclusiones del informe es el ataque generalizado a la libertad de expresión, pensamiento y protesta en diversos ámbitos. Incluye leyes que prohíben la publicación de contenido que niegue los sucesos del 7 de octubre, según lo determinado por la Knéset, y restringen las emisiones de medios de comunicación críticos que atenten contra la seguridad del Estado.

Otra ley autoriza al Ministerio de Educación a despedir al personal docente y retirar la financiación a las instituciones educativas basándose en opiniones que considere que expresan apoyo o incitación a un acto u organización terrorista. Además de una campaña estatal para deportar a activistas de solidaridad internacional, una tercera ley prohíbe la entrada al país a extranjeros que hayan hecho declaraciones críticas con Israel o hayan recurrido a tribunales internacionales para que tomen medidas contra el Estado y sus funcionarios.

Al mismo tiempo, la Knéset endureció la ya draconiana prohibición de la «reunificación familiar» para intentar impedir que ciudadanos palestinos se casen con palestinos en Cisjordania y Gaza, y ha ampliado las sanciones contra los palestinos que residen ilegalmente en Israel. En efecto, los legisladores aprovecharon el genocidio de Gaza para intensificar su prolongada guerra demográfica contra los palestinos, incluidos aquellos que viven dentro de las fronteras de 1948.

Pero quizás el proyecto de ley más peligroso sea el que se dirige a los ciudadanos que simplemente buscan consumir información de fuentes que no le gustan al Estado. Tan solo un mes después del 7 de octubre, la Knéset aprobó una orden temporal de dos años —renovada la semana pasada por otros dos— que prohíbe el «consumo sistemático y continuo de publicaciones de una organización terrorista», lo que conlleva una pena de un año de prisión. En otras palabras, la legislatura ahora criminaliza la conducta que ocurre completamente en el espacio privado de una persona.

Según las notas explicativas del proyecto de ley , la legislación se basa en la afirmación de que “la exposición intensiva a publicaciones terroristas de ciertas organizaciones puede crear un proceso de adoctrinamiento —una forma de ‘lavado de cerebro’ autoinfligido— que puede elevar el deseo y la motivación para cometer un acto terrorista a un nivel muy alto de preparación”. Pero la ley no especifica qué se considera “exposición intensiva” o “consumo continuo”, dejando la duración y el umbral totalmente sin definir.

Tampoco aclara qué herramientas pueden utilizar las autoridades para determinar que una persona ha consumido contenido prohibido. ¿Cómo, en la práctica, sabrán las autoridades lo que alguien ve en privado? Como señala el informe de Adalah, localizar a posibles sospechosos requeriría operaciones de espionaje, vigilancia a nivel de la población y monitoreo de la actividad en internet.

Si bien las «publicaciones terroristas» prohibidas actualmente solo incluyen materiales de Hamás e ISIS —una lista que el ministro de Justicia ya ha expresado intención de ampliar—, los legisladores también han buscado cortar el acceso a otras fuentes de información que podrían, Dios no lo quiera, exponer a los ciudadanos israelíes a la magnitud de los crímenes de lesa humanidad que su ejército ha cometido y sigue cometiendo en Gaza. De ahí la aprobación de la llamada «Ley Al Jazeera», que ha privado al público israelí de una de las fuentes de información más confiables del mundo sobre los sucesos en Gaza.

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