/ Hoy, como nunca antes, Argentina enfrenta embates destructivos contra las políticas públicas de memoria, verdad y justicia. Las decisiones tomadas desde 2023 por el actual gobierno apuntaron en todos los casos a la degradación, des jerarquización, desmantelamiento y destrucción de la institucionalidad construida.
Se atenta contra un proceso arduo y colectivo, con coyunturas adversas y favorables que fue generando un acumulado social e institucional significativo, al punto de consolidarse como parte identitaria de nuestra comunidad, por la que somos reconocidos en el mundo.
Este gobierno no sólo recortó recursos humanos y financieros de manera drástica, sino que también desactivó capacidades institucionales indispensables para la implementación de las políticas: desarmó equipos, suprimió funciones, abolió estructuras y programas, e invalidó articulaciones entre organismos. Este sesgo destructivo se acompañó con una campaña pública persistente de descalificación, tanto de las políticas como de sus principales impulsores/as.
Históricamente, este conjunto de iniciativas estatales se conformó en un contexto de participación y diálogo político e institucional con las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil movilizada. Esta participación resultó crucial para su impulso y legitimación y, en muchos casos, también para gestionarlas. Sin embargo, este gobierno ha planteado el control unilateral de estas políticas como parte de su batalla cultural. Como consecuencia, el rol de la sociedad civil en su implementación, asesoramiento o supervisión es minimizado, cuestionado o suprimido.
Las intervenciones adversas que sistematizamos en esta publicación contravienen el espíritu de normativas nacionales y del derecho internacional de los derechos humanos. Así le fue señalado al gobierno por diversos organismos del sistema regional y universal. Pero también por jueces, juezas, fiscales y tribunales nacionales.
En la gran mayoría de los casos, estas actuaciones fueron impulsadas por organizaciones de derechos humanos y/o colectivos de sobrevivientes. El gobierno respondió formalmente, sin acusar recibo efectivo por los reclamos y recomendaciones, y sin alterar su voluntad regresiva. En el plano internacional, el gobierno negó que esté desmantelando las políticas de memoria, verdad y justicia, y planteó que las organizaciones que lo denuncian tienen intenciones desestabilizadoras y atentan contra la república. Discursos similares, como el de la “campaña anti-argentina”, fueron postulados por la dictadura para desacreditar las denuncias nacionales e internacionales en su contra.
La reducción de presupuesto, personal y estructuras que se ha ejecutado no tiene antecedentes, si se tiene en cuenta el volumen de la institucionalidad que el gobierno recibió. Los señalamientos y críticas, fundamentales, no suelen modificar las decisiones de asignación de presupuesto y personal. El gobierno hizo, con este margen de acción, un enorme daño a las políticas de memoria, verdad y justicia, priorizando el ajuste por sobre las obligaciones de reparación.
No sólo hubo decisiones de índole económica que afectaron este acumulado de políticas. También hubo y hay motosierra ideológica: de ahí el particular énfasis puesto en justificar públicamente estos recortes sobre la base de la descalificación de las políticas y de las y los trabajadores que las llevan adelante, así como el direccionamiento permanente de discursos de odio hacia las víctimas y las organizaciones.
En relación con el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad, el gobierno redujo prácticamente a cero su rol en el impulso a las investigaciones penales que tienen por objeto dilucidar las responsabilidades estatales y civiles en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Primero, retrajo el acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas, de seguridad y de inteligencia que nutrían estas investigaciones. Luego, se ha ido retirando de su participación como querellante en los juicios o ha pretendido retrasarlos, alegando su autoinfligida escasez de recursos. Además, ha vaciado los dispositivos de acompañamiento a las víctimas del terrorismo de Estado que declaran en estos juicios despreciando su capacidad reparatoria.
Este corrimiento se acompañó de una retórica que minimiza los impactos del terrorismo de Estado, estigmatiza a las víctimas, elogia medidas de impunidad de gobiernos en el pasado y alienta la percepción de que los juicios han sido un dispositivo de humillación contra las Fuerzas Armadas. Uno de los grandes logros del proceso de memoria, verdad y justicia había sido el apartamiento de las Fuerzas Armadas de la vida política, su subordinación a las jefaturas civiles y su alejamiento de la seguridad interior.
Este legado nunca había estado tan puesto en crisis como en diciembre de 2025 cuando el actual gobierno asumió la decisión de nombrar, por primera vez desde la recuperación de la democracia, a un militar en actividad, Carlos Alberto Presti, hasta hace días jefe del Ejército, como ministro de Defensa. La decisión evidencia una pulsión por la repolitización de las Fuerzas Armadas y por la militarización de la vida política, en sintonía con el resto de las decisiones que ha ido asumiendo el gobierno.
Simbólicamente, el ahora ministro Presti ascendió al cargo de jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa a Guillermo Madero, quien había obstaculizado en 2024 la entrega de documentación a la CoNaDI entorpeciendo las investigaciones del robo de bebés. En relación con las restituciones de identidad de niños y niñas secuestrados en dictadura, el gobierno muestra una postura contraria a investigar las apropiaciones, lo que beneficia a las y los autores de crímenes contra la humanidad. Este quiebre con respecto a la postura mantenida durante más de 40 años en estas investigaciones, que persistió a lo largo de sucesivos gobiernos, independientemente de su afiliación política, es reforzado con acusaciones contra la organización emblemática de esta lucha a nivel nacional e internacional, Abuelas de Plaza de Mayo.
A pesar de todo esto, gracias a la labor articulada entre el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, el Ministerio Público Fiscal y Abuelas, en estos dos años celebramos la restitución de tres identidades, lo que demuestra la necesidad de dar centralidad a las políticas de derechos humanos para que los delitos de lesa humanidad cesen. Aún queda pendiente restituir la identidad de alrededor de 300 hombres y mujeres, sobre quienes el crimen de desaparición forzada se sigue cometiendo.
Respecto de los archivos, el gobierno ha tomado decisiones que restringen el acceso público a archivos estatales que contienen información sobre graves violaciones de derechos humanos. Ya no existe ninguna oficina de la administración pública con facultades legales para acceder a la documentación de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Con el argumento de que las facultades de investigación son exclusivamente judiciales, el gobierno bloqueó el acceso a equipos civiles. La experiencia previa indica que su involucramiento había facilitado el avance de los procesos de justicia, la investigación administrativa y judicial sobre niñas y niños apropiados, la investigación histórica y los esfuerzos de memoria. La situación de los sitios de memoria que dependen del gobierno nacional para su funcionamiento es crítica, fueron afectados principalmente mediante el ahogo presupuestario y los despidos.
Esta falta de compromiso con el sostenimiento de los sitios, se acompaña de decisiones que amenazan su sentido, como el perfil regresivo de las designaciones en el área, la voluntad de revisión de las narrativas y el control ideológico sobre las actividades públicas que se realizan en estos espacios. La participación de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos está siendo resistida o reducida a mera formalidad por parte de las autoridades.
Mientras se produce este desmantelamiento generalizado de las políticas de memoria, verdad y justicia, el gobierno postula públicamente un cambio de paradigma que designa como “memoria completa”, una denominación acuñada en la posdictadura por las organizaciones de defensa de los militares procesados y condenados por delitos de lesa humanidad. “Memoria completa” alude a la equiparación y justificación del plan sistemático de exterminio de la última dictadura con las acciones de las organizaciones políticas armadas de la época.
El rechazo a esta equiparación tiene fundamentos históricos, políticos y jurídicos. El gobierno no solo abre una discusión sobre la interpretación del pasado, sino que busca impugnar la política pública de memoria, verdad y justicia construida desde la posdictadura por su supuesta parcialidad, y denunciar la inexistencia de una política simétrica que atienda las necesidades de memoria, verdad, justicia y reparación de las víctimas de la lucha armada. El programa político que subyace no apunta a “completar” la memoria existente sino a cancelarla, para imponer una memoria antagónica.
Esta nueva narrativa pasa de la negación o relativización de los crímenes de la dictadura (encarnada en la frase “no son 30.000”) a su justificación como necesarios para combatir el “terrorismo”, y en algunos casos, su velada o expresa apología. El gobierno alienta una memoria del combate al enemigo, estableciendo una continuidad entre amenazas del pasado y del presente. Por eso, a 50 años del golpe de estado de 1976, la memoria antidictatorial, en su carácter resistente y crítico del pasado autoritario, se revela como molesta. Y las políticas que son parte de su legado, están bajo asedio.
Ante este complejo panorama destacamos la importancia estratégica de sostener una apuesta por la movilización social en defensa de estas conquistas. También, la necesidad de un funcionamiento activo del sistema de control interpoderes. En estos dos años, el Congreso y el Poder Judicial han logrado con ciertas intervenciones poner límites al avasallamiento de derechos. Por otra parte, es importante aclarar que el desmantelamiento que señalamos se concentra en el nivel nacional porque, en el nivel subnacional -ya sea provincial o municipal-, las administraciones de diferente signo político que se comprometieron con programas y acciones vinculados al proceso de memoria, verdad y justicia, los sostienen.
En el mismo sentido, señalamos el carácter esencial e imprescindible del seguimiento y acompañamiento de la comunidad internacional, organismos y mecanismos regionales y universales de protección de derechos humanos. Desde siempre, han sido uno de los pilares sobre los cuales se sostiene el histórico proceso de memoria, verdad y justicia argentino. Por último, resaltamos el acompañamiento de la sociedad y el invaluable compromiso de los trabajadores y trabajadoras que, incluso ante la enorme adversidad, sostienen el funcionamiento de las distintas agencias, áreas y espacios del Estado evitando que el programa de destrucción de las políticas de memoria, verdad y justicia se complete.
A 50 años del golpe cívico-militar de 1976, esperamos que este informe contribuya a dimensionar los embates sufridos por las políticas de memoria, verdad y justicia, a las que no solamente consideramos un logro institucional sino el resultado de una lucha social prolongada. Esta dimensión social de las políticas así como su carácter transversal a los partidos y poderes del Estado es lo que quisimos poner también en evidencia. La reconstitución de esa energía social, política e institucional en defensa de los derechos humanos es la tarea prioritaria para enfrentar al autoritarismo.
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