El gobierno argentino, por decreto, le otorgó a la Secretaría de Inteligencia de Estado, SIDE, el poder de una policía secreta que podrá detener personas y un marco legal para vigilar a toda la ciudadanía bajo el más estricto de los secretos. La lógica del enemigo interno vuelve a estar presente en nuestro sistema de inteligencia, afirma un comunicado del CELS, Centro de estudios Legales y Sociales.
Es urgente, dice, que el Congreso ponga en funcionamiento la Comisión Bicameral de Inteligencia y que desde todos los espacios políticos democráticos se trabaje para rechazar este decreto.
Con el Congreso en receso y sin ningún contexto urgente distinto al de hace un mes o dos, Javier Milei firmó un decreto 
de necesidad y urgencia (DNU 941/2025) que produce una reforma profunda del sistema de inteligencia nacional. El gobierno presenta esto como unas modificaciones administrativas para clarificar funciones, pero es en verdad una reforma estructural del aparato de seguridad y defensa del Estado, que le otorga a la SIDE el poder de una policía secreta que podrá detener personas y un marco legal para vigilar a toda la ciudadanía bajo el más estricto de los secretos. Esta reforma es inconstitucional y peligrosa: debilita los límites y controles de las agencias de inteligencia, reforzando la opacidad, la discrecionalidad, el secretismo y la intervención directa del poder oculto en la vida social y política.
La reforma implica un cambio central del modelo de inteligencia: la SIDE pasa de tener un enfoque de seguridad nacional a ser un organismo orientado a la contrainteligencia, concepto que el DNU amplía hasta englobar cualquier amenaza externa o interna al gobierno. Esto lo convierte en una agencia orientada a la inteligencia política para vigilar y controlar todo aquello que se defina como un riesgo interno. La lógica del enemigo interno vuelve a estar presente en nuestro sistema de inteligencia. Además, la reforma implica un serio riesgo para la libertad y la privacidad de las personas. El decreto convierte a las distintas áreas del Estado, como el ReNaPer o ARCA, en terminales del sistema de inteligencia, ya que, sin ningún tipo de control democrático, tendrán que entregar información de la ciudadanía.
Durante los últimos dos años el gobierno reformó por DNU el sistema de inteligencia y las leyes orgánicas de la policía federal y las fuerzas de seguridad. Tiene prohibido hacerlo, pero lo hizo de hecho, ante la mirada impasible de los poderes Legislativo y Judicial. Con este nuevo decreto, sigue corriendo los límites constitucionales, construyendo sin pasar por el Congreso un marco normativo que tiene como destino la vigilancia política de quienes ya en el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) filtrado estaban marcados como enemigos internos: anarquistas, comunidades indígenas, periodistas y distintos actores que “deslegitimen” al gobierno o a sus políticas.
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