Agencia uruguaya -Uypress- Ex ministro y senador, por favor no haga más el ridículo pidiendo que ante el reciente fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) los frenteamplistas y supongo que a los periodistas nos disculpemos por denunciar la entrega del Puerto de Montevideo por 60 años a Katoen Natie en carácter de monopolio. Sigue siendo una estafa al Estado.
El análisis es largo, porque hace tiempo que no hablamos de la mayor entrega de la soberanía nacional de nuestra historia y hay que ponerse al día.
Se lo vuelvo a repetir a Luis Lacalle Pou, Luis Alberto Heber (Ministro de Transporte y Obras Públicas), Juan Curbelo (Presidente del directorio de la ANP), Dr. Rodrigo Ferrés (Pro 
secretario de la Presidencia y al dr. Nicolás Matinelli en ese momento asesor de la Presidencia, que el decreto N° 114/2021 del 21 de abril de 2021 anunciado con toda la pompa posible por el entonces Presidente de la República, Luis Lacalle Pou en su discurso del 2 de marzo del 2021 en el Parlamento, ES Y SEGUIRÁ SIENDO UNA ENTREGA ABSOLUTA DE LA SOBERANIA POR 60 AÑOS a la empresa Katoen Natie. Y no se hizo gratis ni por mal aconsejados.
Todos ellos integrantes del Partido Nacional, como no podía ser de otra manera, a tal punto que no le anunciaron a ninguno de los socios de la Coalición Multicolor que iban a adoptar esa medida, negociada con Katoen Nartie, bastante antes de las elecciones.
Lo puedo afirmar con mucha propiedad porque seguí el tema y casi soy un especialista. No soy neutral ni políticamente ni como uruguayo, porque entregar el puerto y su principal movimiento, el de contenedores por 60 años de forma monopólica a una empresa extranjera, en este caso Katoen Natie con antecedentes nacionales e internacionales bien conocidos, es una ENTREGA DE LA SOBERANÍA, ABSOLUTAMENTE IMPERDONABLE.
Por eso le cambié el nombre, lo llamé el lacallismo, porque a pesar de las enormes diferencias que tengo con el pensamiento de Luis Alberto de Herrera, me cuesta mucho creer que hubiera entregado la soberanía del principal puerto del país a una empresa extranjera, Katoen Natie.
Comparando con otros activos modernos y forzando totalmente la mano, pues cualquiera comprende que el puerto de Montevideo que mueve el 99.5% al 99.8% del total de contenedores que mueve todo el Uruguay, el plazo por lo que se lo entrega, 60 años, no tiene antecedentes. Montevideo es el único puerto de aguas profundas del Uruguay (13m a 14m).
No puede compararse con UPM que construyó y opera su propia empresa privada, ni con Aeropuertos Puerta del Sur de Corporación América, donde la extensión fue por 20 años adicionales (hasta 2053) mientras que a Katoen Natie el plazo termina en el 2081. Tendrán que soportarlo, once gobiernos diferentes. Además por su comportamiento y compromiso con el país comparar a Corporación América con Katoen Nartie es un atropello y una estupidez.
Estamos ante un contrato que, por su duración, saltó las normas temporales habituales del Estado uruguayo moderno, asemejándose más a los contratos ferroviarios del 1800 que a las licitaciones públicas del siglo XXI.
Aquí están las «concesiones» claves regaladas a la empresa belga en ese decreto:
La garantía de profundidad (Dragado a 14 metros) esta fue una de las concesiones más costosas para el Estado uruguayo en términos de infraestructura. La ANP se obligó a garantizar la profundidad del canal de acceso al puerto. Primero a 13 metros y posteriormente a 14 metros. Si el Estado (ANP) no cumple con dragar a esa profundidad en los plazos estipulados, Katoen Natie queda habilitada a realizar el dragado por su cuenta y descontar ese costo de los cánones (el alquiler) que debe pagarle al Estado.
Libertad y aumento de tarifas, si bien se anunció una rebaja inicial de tarifas para los exportadores, el contrato otorgó a TCP una gran autonomía para fijar precios futuros en dólares, ajustables por la inflación de EE.UU. De hecho, haciendo uso de esta potestad, en 2023 TCP anunció un aumento de tarifas del 24% (luego negociado a la baja tras la queja del gobierno), demostrando el poder de fijación de precios que le otorgó el acuerdo al eliminar la competencia real.
Exoneraciones Fiscales masivas (Renuncia Fiscal), para viabilizar la inversión de 455 millones de dólares, el gobierno otorgó los máximos beneficios fiscales permitidos por la ley de inversiones (COMAP). Se le exoneró un porcentaje altísimo del pago de impuestos sobre las ganancias futuras (IRAE) como contrapartida de la obra.
Se le exoneró el 100% del monto invertido para descontar del pago de IRAE, pudiendo utilizar ese beneficio por un plazo de 17 años. En números, si la inversión comprometida es de US$ 455 millones, la empresa recibe un «bono» o crédito fiscal por US$ 455 millones.
Esto significa que en la práctica es el Estado uruguayo es quien termina «pagando» la inversión a largo plazo, porque deja de recaudar esa misma cantidad de dinero en impuestos. Es una renuncia fiscal directa: «Tú construyes el muelle, y yo te descuento el costo de tus impuestos futuros».
Aunque tienen ese crédito gigante, no pueden dejar de pagar todo el impuesto de un año para el otro. Hay un límite anual, los «pobres» belgas podrán descontar el 90% del IRAE en cada ejercicio anual.
El Plazo de 17 Años el decreto y las resoluciones ministeriales establecieron un plazo máximo de utilización de este beneficio de 17 años (contados a partir de la firma o ejecución de obras).
La estrategia financiera de TCP será generar la mayor ganancia posible en estos primeros 17 años para aprovechar ese descuento del 90%.
Otros impuestos exonerados, además del IRAE (que es el impuesto a la ganancia), el paquete de beneficios incluyó, el Impuesto al Patrimonio (IP), exoneración total por todo el período de la obra y varios años más. Exoneración de todo impuesto para traer las grúas, materiales de construcción y maquinaria (no pagan IVA ni recargos aduaneros al importar los equipos).
El gobierno le dijo a Katoen Natie: «Quedate 60 años. Invierte 455 millones en obras. Pero esos 455 millones te los devuelvo dejando de cobrarte impuestos durante 17 años, donde solo pagarás el 10% de lo que te correspondería de IRAE».
El Estado se había comprometido por escrito a no autorizar ninguna otra terminal de contenedores en el puerto de Montevideo hasta que TCP superara el 85% de su capacidad instalada (un límite técnico muy difícil de alcanzar a corto plazo).
El Estado se «ataba las manos» a sí mismo, renunciando a su soberanía para decidir cuándo y cómo expandir el puerto, dejándolo condicionado a los números de la empresa privada.
Flexibilidad en el pago de dividendos, se modificaron aspectos del reglamento interno para facilitar que los socios (Katoen Natie 80% y ANP 20%) pudieran retirar las utilidades (ganancias) de forma más ágil. Katoen las retira rápidamente y demora a piacere en entregar el 20% a la ANP, esto le asegura que la empresa belga pueda repatriar sus ganancias anualmente sin trabas burocráticas ni la obligación de reinvertir porcentajes mayores a los pactados.
Cesión de nuevos espacios, no solo cedieron tiempo sino espacio físico, se le otorgó la concesión de una vasta área de agua y tierra adyacente para construir la segunda playa de contenedores y el segundo muelle. Esto convirtió a TCP en dueña del control territorial de la mejor zona del puerto (la de mayor calado natural), dejando a los muelles públicos «encerrados» o limitados en su crecimiento hacia zonas profundas.
Como todo esta era poco para los «pobres belgas», se le entregó graciosamente estos dos elementos neurálgicos para la generación de ganancias:
El Reglamento de Atraque (Decreto 115/21), si la concesión a 60 años es el «cuerpo» del acuerdo, el Reglamento de Atraque es el «corazón» que bombea el dinero. El Reglamento es el conjunto de reglas que decide a dónde va cada barco que llega a Montevideo. Antes de este decreto, las navieras (los dueños de los barcos) elegían libremente si iban a la terminal de Katoen Natie (TCP) o a los muelles públicos (Montecon). Todo buque portacontenedores debe ir obligatoriamente a Katoen Natie. Solo pueden ir a los muelles públicos si Katoen Natie está llena y no puede atenderlos en un plazo de 24 horas. El Reglamento estaba en manos de la ANP, como corresponde.
Esto representa la total eliminación de la competencia interna. Valga esto por los «Liberales» blancos. Para Katoen Natie, fue la garantía de tener el «restaurante lleno» siempre, sin tener que bajar precios para pelear por los clientes.
El Predio de Balizamiento de la Armada Nacional, Este es un aspecto territorial y logístico clave. El «Servicio de Iluminación y Balizamiento» es una dependencia de la Armada Nacional que ocupaba un terreno estratégico justo en la entrada del puerto.
El acuerdo implicó que el Estado debe sacar a la Armada de allí (con el costo que eso representa para el Estado de construir una nueva base) para entregarle ese terreno a Katoen Natie. Ese predio es el «cuello de botella» del puerto. Al dárselo a Katoen Natie, la empresa pasa a controlar no solo el muelle (donde atracan los barcos), sino también la puerta de entrada terrestre. Quien controla el acceso de los camiones controla la eficiencia de toda la cadena logística. Se evita que los camiones saturen la ciudad, pero quedan bajo la órbita de gestión de una terminal privada.
Para generar energía eléctrica (Parque Eólico), este es el punto más novedoso. Katoen Natie solicitó ese espacio (y zonas aledañas de la ampliación) para instalar generación de energía renovable propia. La empresa planea instalar sus propios aerogeneradores (molinos de viento) o paneles solares en esa zona ganada al mar y en los predios anexos.
Quieren generar su propia electricidad para bajar drásticamente sus costos operativos (la energía es un insumo caro para las grúas y los contenedores refrigerados) y además venden el servicio como «puerto verde». Considerando que el 98% de la energía generada en el Uruguay es renovable, es otro regalo injustificable a Katoen Natie.
Como las nuevas tecnologías hacen a los charlatanes prisioneros de sus palabras, veamos que dijeron el Presidente de la República Lacalle Pou y el Ministro Luis Heber.
Lacalle le dejó el peor paquete a Heber y no se concentró en los aspectos operativos, ni siquiera explicó el motivo por el cual no informó ni a los socios de la Coalición y mucho menos a la oposición del Frente Amplio de esta importante medida.
Directamente nos mintió en la cara con un argumento que nunca más utilizaron, argumentó que el Estado estaba a las puertas de perder un juicio por 1.500 millones de dólares y que el acuerdo «salvaba» al país de esa deuda. «El puerto no es secreto, se hizo con mucha responsabilidad (…) evitamos un juicio de 1.500 millones».
La gran mayoría de los catedráticos de Derecho Internacional, Derecho Administrativo y economistas coincidieron en que el juicio era una amenaza inflada o, en el peor de los casos, perfectamente ganable por Uruguay.
Los expertos señalaron que la cifra de 1.500 millones era «un disparate» o una «cifra de negociación» puesta por la empresa, sin sustento técnico real. Esa cifra asumía ganancias futuras proyectadas a décadas como si fueran seguras. En los arbitrajes internacionales (CIADI), rara vez se otorgan montos tan altos por «lucro cesante».
El Estado nunca auditó la cifra, aceptó el número de Katoen Natie como válido sin contratar una pericia económica independiente para verificar si el daño real era de 1.500 o de 100 millones.
El Dr. Edison González Lapeyre, redactor de la Ley de Puertos de 1992 y máxima autoridad en derecho marítimo (colorado y no frenteamplista), fue durísimo con el acuerdo.
Aunque no se centró tanto en el monto del juicio, dijo que el acuerdo era «inconstitucional e ilegal». Para él, el «miedo al juicio» no justificaba violar la Ley de Puertos creando un monopolio por decreto. Opinó que el remedio (el acuerdo) fue mucho peor que la supuesta enfermedad (el juicio).
Para los expertos independientes, la amenaza de los 1.500 millones fue una estrategia comercial agresiva de Katoen Natie (una técnica de negociación habitual en multinacionales) que el gobierno uruguayo decidió no confrontar, comprando el argumento de la empresa sin beneficio de inventario. Una estrategia agresiva de Katoen Natie ¿Coordinada con quién? Adivinen.
Peor aún fueron los argumentos de Luis Alberto Heber, el fue la voz cantante en la defensa técnica, especialmente durante su interpelación en el Senado.
Su argumento central fue semántico y operativo. Sostuvo repetidamente que el decreto otorgaba una «prioridad de atraque» a la terminal especializada (TCP/Katoen Natie), lo cual, según él, estaba previsto en la Ley de Puertos de 1992, pero que eso no significaba exclusividad ni monopolio.
Declaración (Interpelación 2021): «No hay un monopolio (…) Si le decimos a una empresa que invierta 450 millones de dólares, lo mínimo que le podemos decir es que puede haber una competencia [pero bajo ciertas condiciones].»
El fallo del TCA que tanto cacarea Heber y los blancos que le hacen coro, declaró la nulidad del monopolio, cuatro años después del decreto…pero esto demuestra claramente que el monopolio existía. Y este es un aspecto nodular. ¿Qué opina sobre esto señor Heber?
No dejemos ningún aspecto por analizar. Según la Ley de Puertos (Ley 16.246 de 1992), la autoridad portuaria es la ANP (Administración Nacional de Puertos), pero esta debe actuar bajo la política portuaria que dicta el Poder Ejecutivo.
La Ley 16.246 establece un sistema de «doble llave», el Poder Ejecutivo (Presidente y Ministros), según el Artículo 7, es quien establece la «política portuaria nacional». Es el «jefe político» del puerto. La ANP (Directorio): Es el organismo que administra, conserva y desarrolla el puerto. Jurídicamente, es la ANP quien firma los contratos de concesión con los privados, no el Presidente directamente.
Normalmente, la ANP licita o negocia, su Directorio aprueba, y luego pide la «homologación» (permiso final) al Poder Ejecutivo.
En el acuerdo con acuerdo con Katoen Natie, el proceso se invirtió («de arriba hacia abajo»), lo que generó la polémica sobre la autonomía de la ANP:
El acuerdo base (el «Acuerdo Marco») fue negociado y firmado directamente por el Gobierno Central (Secretaría de Presidencia, Ministerio de Transporte y Ministerio de Economía) con la empresa belga. El Decreto que el Presidente Lacalle Pou emitió el N°114/021, aprobando ese acuerdo político con los belgas y luego recién intervino la ANP.
La oposición (Frente Amplio) y el sindicato argumentaron que el Directorio de la ANP actuó sin autonomía real. Cuando el tema llegó al Directorio de la ANP, el acuerdo ya estaba cerrado por el Presidente.
El fiscal del caso, Dr. Gilberto Rodríguez (Fiscal de Delitos Económicos) en noviembre de 2022 dictaminó cerrar el caso. Concluyó que no hubo delito en la actuación del gobierno. Aunque reconoció que el proceso pudo ser desprolijo o polémico políticamente, estableció que eso no equivale a una conducta criminal.
A diferencia de otros casos adujo que no hubo «Abuso de Funciones» (Delito Penal vs. Falta Administrativa) La fiscalía argumentó que para que exista abuso de funciones debe haber un acto arbitrario con intención de dañar al Estado o beneficiar a un particular de forma indebida y dolosa (con intención criminal).
Realmente, si el fiscal simplemente se hubiera informado superficialmente sobre los daños causados al Estado, que aquí detallamos, consultando a expertos en la materia y sobre todo sobre el «cuento» del juicio por 1,500 millones que se lo compró entero y donde hay argumentos muy sólidos de que fue una estrategia empresarial y nada más. Muy diferente tendría que haber sido el fallo.
No creo por cierto que este fallo, ni la ratificación por parte por la fiscal Mónica Ferrero, entrarán en la historia de la jurisprudencia nacional.
En el Puertogate, queda un aspecto escandaloso y por el cual los autores intelectuales tendrían que pagar penalmente, me refiero al seguimiento, al espionaje realizado precisamente por ser los promotores de este tema en el parlamento, contra los senadores Mario Bergara y Charles Carrera del Frente Amplio.
La investigación judicial sobre este delicado tema dejó dos resultados: se conoce perfectamente el ejecutor material del espionaje pero no se identificó el autor intelectual, el mandante de esta operación.
Esta es la gran incógnita que dejó la investigación judicial, y la respuesta tiene dos niveles: el intermediario identificado y el autor intelectual desconocido.
La persona que contactó y pidió explícitamente la vigilancia y la elaboración de «fichas» personales de los senadores Mario Bergara y Charles Carrera fue Marcelo Acuña es gerente de la empresa de seguridad e inteligencia Vertical Skies (con sede en Miami y operaciones en Uruguay).
Fue quien le escribió por WhatsApp a Alejandro Astesiano (entonces Jefe de Seguridad Presidencial) pidiéndole información personal y reservada sobre los senadores. Su mensaje textual fue que necesitaba material para que los senadores «aflojen» (retiraran la denuncia) con el tema del puerto. Más claro imposible, el espionaje era por el tema del puerto. Pruebas materiales indiscutibles.
Acuña fue condenado por la justicia (llegó a un acuerdo abreviado) por un delito de cohecho calificado (soborno), al admitir que pidió esa información a un funcionario público a cambio de beneficios.
Nunca se logró identificar judicialmente quién contrató a Vertical Skies para este trabajo sucio. Marcelo Acuña declaró que actuaba por encargo de «un cliente», pero se negó sistemáticamente a revelar su identidad ante la Fiscalía.
Aún para el más desprevenido de los ciudadanos, está claro que las dos alternativas de hierro son, que los mandantes posibles son: Katoen Natie o los «interesados» políticos.
En este último caso, considerando los resultados del espionaje contra Charles Carrera, que determinaron su renuncia al Senado, está más que claro que los mandantes andan por allí.
Todavía queda mucho por investigar y por informar. Lo vamos a hacer, porque si bien Cardama es una estafa feroz contra el Estado y la Armada, esta es una operación mucho más grande, que movió miles de millones de dólares en 60 años.
Buscaremos en Montevideo, en Bruselas y en Luxemburgo…
Tengan paciencia y como siempre, si me resfrío ya saben hacia donde mirar.
Por Esteban Valenti
Trabajador del vidrio, cooperativista, militante político, periodista, escritor, director de Bitácora (www.suplementobitacora.net) y Uypress (www.uypress.net), columnista en el portal de información Meer (www.meer.com/es)
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