/Paulo Cannabrava Filho /La oposición de derecha y ultraderecha ha decidido adelantar la campaña electoral de 2026 y lanzó una guerra sin tregua contra los poderes Ejecutivo y Judicial. En tan solo dos días, infligió dos derrotas históricas al gobierno de Lula y al Supremo Tribunal Federal, en una ofensiva que revela no solo la radicalización de la disputa política, sino también la crisis estructural de gobernabilidad del sistema brasileño.
El 29 de abril el Senado rechazó, por 42 votos contra 34, la nominación del Fiscal General de la Unión, Jorge Messias, al Supremo Tribunal Federal. Según el diario O Estado de S. Paulo, es desde 1894 que no se producía un rechazo de este tipo. En la Antigua República hubo cuatro vetos, pero durante más de 130 años el Senado nunca había rechazado una nominación presidencial al STF.
El rechazo de Jorge Messias fue una provocación política explícita. Constitucionalmente, es responsabilidad del Presidente de la República nombrar a los ministros del Tribunal Supremo. El Senado tiene la prerrogativa de aprobar o rechazar, pero históricamente este poder siempre se ha ejercido dentro de un mínimo de entendimiento institucional. Se asistió ahora a la transformación de un nombramiento cualificado en un instrumento de disputa política y una demostración de fuerza.
La derrota fue orquestada principalmente por sectores de la oposición que pretenden obtener la mayoría en el Senado en las elecciones de octubre. No ocultan su objetivo: controlar la Cámara para iniciar procesos contra los ministros del Tribunal Supremo Federal y profundizar la confrontación institucional. La amenaza fue prácticamente explicitada por los propios líderes de la oposición, en una especie de mensaje a los ministros del Tribunal Supremo Federal: que «esté alerta».
Al día siguiente, 30 de abril, llegó la segunda derrota. El Congreso anuló los vetos del Presidente Lula al llamado «Proyecto de Ley de Dosimetría», reduciendo las penas de los implicados en los intentos de golpe de Estado del 8 de enero y allanando el camino para una especie de amnistía parcial para los condenados por delitos contra la democracia.
La medida fue presentada por sus defensores como una «corrección» de sentencias consideradas excesivas. Pero representa mucho más en materia política: es un movimiento para rehabilitar al bando que apoyó el golpe y consolidar una narrativa según la cual los ataques a la sede de las Tres Potencias fueron meros «excesos» de manifestantes enfurecidos. Es una disputa abierta sobre la memoria política del país y el significado histórico de esos acontecimientos.
El jurista brasileño Alfredo Attié, en declaraciones a la revista Fórum, afirmó que la anulación parcial de los vetos es inconstitucional. Según él, las maniobras del presidente del Senado, Davi Alcolumbre, para separar los votos sobre los vetos carecen de fundamento legal, violan el procedimiento legislativo y constituyen una usurpación del proceso constitucional. Para Attié, los vetos debieron considerarse en su conjunto, conforme al procedimiento legislativo, y no fragmentados por conveniencia política. Esto, según su interpretación, invalida la anulación de los vetos.
En este contexto, el papel de figuras como Davi Alcolumbre, de União Brasil, resulta decisivo para orquestar las derrotas sufridas por el gobierno. El Congreso comienza a actuar no solo como un contrapoder, lo cual sería legítimo en una democracia, sino como un centro permanente de presión y erosión institucional.
Según Gleisi Hoffmann, expresidente del PT y ministro del gobierno, el rechazo de Jorge Messias le brinda a Lula la oportunidad de nombrar a una mujer para la Corte Suprema. Sin embargo, el problema central persiste: el presidente deberá encontrar a alguien que posea no solo una notable experiencia jurídica, requisito constitucional, sino también la suficiente confianza política para afrontar un entorno de creciente hostilidad.
El rechazo del nombramiento revela claramente la intención de ciertos sectores del Congreso de debilitar al Poder Judicial y someter a las instituciones a una lógica de confrontación permanente. Esto ya no es una divergencia política normal entre los poderes del Estado. Lo que está ocurriendo es un intento de desplazar el eje del poder institucional mediante la presión parlamentaria y la intimidación política.
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