La destitución de Dilma Roussef es de los acontecimientos políticos más graves que han ocurrido en los últimos años en la América Latina. Ha sido una decisión muy injusta porque no existe ninguna acusación de corrupción contra ella. Más aún, Dilma debe haber sido uno de los políticos que más combatió la corrupción. Tal vez lo más insólito es que una proporción muy relevante de los legisladores que la han juzgado han recibido acusaciones por acciones de corrupción. Fue una decisión política a la que posteriormente le crearon argumentos jurídicos para destituirla. El impeachment no responde a ninguna acusación por delito, sino por modificaciones presupuestales, que podríamos denominar irregulares, que todos los gobiernos anteriores practicaron.
Todo parece indicar que el conjunto de los partidos de Brasil se encuentran involucrados en actos de corrupción, lo que sin duda afecta la calidad de la democracia y del sistema político. Este es muy fragmentado, poco estable, los parlamentarios se pasan de un partido a otro con relativa facilidad. El mensalao no es nuevo, sino que se venía practicando desde hace mucho tiempo. Enfrentaron a Dilma 
públicamente la Federación Industrial de San Pablo (Fiesp), medios de comunicación y sectores del Poder Judicial que funcionaban como verdaderos partidos políticos de oposición.
La destitución de Dilma es un golpe muy fuerte para la democracia en Brasil e interpela a las posiciones progresistas de la América latina. Durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores se efectivizaron políticas sociales que permitieron avances significativos para los sectores más vulnerables, para los más pobres, para los más necesitados; se crearon la Unasur y la Celac y se buscó implementar políticas alternativas a las posiciones de los EE UU en la región.
Reconocer todos estos avances no nos impide plantear algunas críticas a los gobiernos del PT. El primer problema a destacar es el de la corrupción del sistema político que se da en Brasil, pero también en otros gobiernos progresistas de la región. Seguramente no era ni es un tema sencillo de resolver, dadas las características políticas de Brasil. Están todos los partidos involucrados y entre ellos están también los de izquierda, lo que no es aceptable. Los temas éticos refieren a los principios fundamentales de la izquierda. Son valores que no se pueden perder.
El segundo tema tiene que ver con la personalidad de Dilma. Se plantea que no era muy proclive al diálogo y a la negociación- lo que dificulta la gestión gubernamental en los regímenes democráticos- y quedó aislada. En el plano económico los gobiernos del PT no tuvieron pensamiento estratégico, no elaboraron estrategias de desarrollo que permitiera una inserción más dinámica, con exportaciones no sólo basadas en recursos naturales, sino también en contenido tecnológico. Se le critica a Dilma los planes de ajuste al designar como Ministro de Hacienda a Paulo Levy, un economista ligado a posiciones ortodoxas provenientes de los organismos financieros internacionales como el FMI. Los gobiernos del PT se afiliaron a políticas que contemplaban más los aspectos financieros que los productivos.
Sirve claramente de ejemplo la política cambiaria que determinó un muy elevado atraso cambiario que afectó decisivamente la competitividad. Por lo tanto, limitó las posibilidades de inserción internacional con más valor agregado y contenido tecnológico y afectó sensiblemente la producción nacional que no podía competir con importaciones baratas por el atraso cambiario. Las elevadas tasas de interés fijadas por el Banco Central, facilitaron fuertes entradas de capitales financieros especulativos que generaron fuerte descenso del tipo de cambio nominal, que en sus límites, bajó de 3,80 reales por dólar en 2003 a 1,60.
La destitución de Dilma requiere una reflexión más profunda del propio Partido de los Trabajadores y de los partidos progresistas de América Latina. Si bien han habido importantes avances económicos y sociales en la última década en Brasil y en la región, los partidos progresistas en la región presentan cierto grado de debilidad programática. Los partidos ganan las elecciones pero no gobiernan. En muchas ocasiones no participan de los conflictos ni de las demandas sociales lo que les limita su grado de representatividad. Por ello mismo se alejan de la sociedad, y los avances relevantes de sectores sociales- fruto de las políticas sociales de los gobiernos progresistas- no son visualizados como producto del accionar del gobierno por esos mismos sectores. En esencia los partidos progresistas que ganan elecciones no son instancias privilegiadas de mediación traduciendo demandas sociales en agenda política. Tienen dificultades, tanto para apoyar a sus gobiernos, como para controlarlos.
A ello se agrega que hay temas que la izquierda no ha podido resolver ni en la teoría ni en la práctica. El tema de la propiedad de los medios de producción es un problema clave, que ha quedado sin respuesta después de la caída de la URSS. Tampoco están claramente definidos los sujetos sociales de transformación, máxime que se carecen de estrategias de desarrollo y de resolución de problemas centrales de integración económica y social.
Están en discusión los modelos de participación social que aseguren la participación con plena autonomía de las organizaciones sociales, pero sin sustituir a los partidos políticos los que son vitales para garantizar los procesos democráticos. La democracia debe ser vista como un fin en sí misma, porque constituye un estilo de vida, en el cual se puedan complementar la libertad y la igualdad. Para ello se requiere un Estado transformado, lo que a su vez depende de la estructura de poder. Estas transformaciones deben realizarse a través de mecanismos que no afecten los principios democráticos.
Por Alberto Couriel
Economista y ex senador
La ONDA digital Nº 783 (Síganos en Twitter y facebook)
(Síganos en Twitter y Facebook)
INGRESE AQUÍ POR MÁS CONTENIDOS EN PORTADA
Las notas aquí firmadas reflejan exclusivamente la opinión de los autores.