El Poder Ejecutivo (PE) no es todo lo transparente que había prometido en la campaña electoral, y el juez Carlos Aguirre se lo especifica al fallar en su contra nombrando los tres principios generales que rigen el acceso a la información pública; publicidad del obrar administrativo, el principio de transparencia, “que implica la diafanidad del obrar público, permitiendo ver con claridad el actuar de la administración en la disposición y uso de los fondos públicos y en el obrar de sus funcionarios”, y el principio de participación que implica que los habitantes “sean informados y consultados en los asuntos que le conciernen”.
Lo hace obligando al PE a liberar la información específica y conexa al affaire del pasaporte presurosamente dado al narcotraficante Sebastián Marset en la segunda quincena de setiembre. El viernes, El Observador informa de una carta que la embajada del Uruguay en Emiratos Árabes Unidos aparentemente recibió directivas de dirigirle a ese gobierno, y que produjo la libertad de Marset.
Pero salen más cangrejos de abajo de la lápida gubernamental. En el portal Defensa.com, de libre acceso y reproducción restringida, hay dos notas del último mes del especialista Javier Bonilla que refieren a líos mayúsculos en las FFAA uruguayas, y de los cuales en ministro Javier García no informó al público.
Así, el 29 de noviembre informa que reemplazan a integrantes del Estado Mayor de la Defensa uruguayo y se producen varios traslados como parte de lo que sería un nuevo capítulo de la crisis; no hay información sobre el capítulo anterior. Se vienen produciendo desavenencias ya personales o jerárquicas y se suscitan problemas entre los altos mandos por la lista de ascensos del personal subalterno, y ante esta situación hay oficiales superiores que piden su traslado.
A este panorama se agrega que el jefe del Estado Mayor de la Defensa uruguayo, general Rodolfo Perera, está siendo indagado por la justicia militar por minimizar el robo de material eléctrico y arrestar al coronel que denunció el robo y luego denunció a su jefe. Al mismo tiempo, se desarrolla lo que se define como una severa 
interna casi pública en la Dirección de Inteligencia Estratégica, que venía siendo conducido por coroneles y donde el gobierno nombra a un contralmirante, Gustavo Luciani, que conservaría también su cargo de director de Personal de la Armada. Las otras fuerzas, resolvió Javier García, podrán nombrar coroneles para secundarlo.
Se esperan además, señala Bonilla, cambios por el ascenso a brigadier general del jefe del Estado Mayor General del Esmade del coronel Juan Méndez. Y la reglamentación por parte del gobierno del requisito de que la jefatura de Operaciones y Planes la ocupe un general diplomado en Estado Mayor, excluye a Fuerza Aérea y Armada, que no lo tienen.
El 2 de diciembre, el especialista Javier Bonilla informa que la negociacion de la nueva jerarquía de la Armada entre partidos políticos se da en el marco de una crisis en la Armada que solo se profundiza, con nuevos arrestos y nuevos accidentes. Así la lancha SAR se hundió dos veces a fines de noviembre en el puerto de Montevideo. Semanas antes, el ROU 11 Río Negro perdió una hélice (está la versión de que puede haber sido más de una) en aguas someras en las cercanías de Colonia del Sacramento. El hecho se ocultó no solo a la opinión pública sino también a los mandos de la fuerza. Su nave gemela, la ROU 10 Colonia, había sido dada de baja para ser reemplazada por una nave que estaba en viaje desde EEUU, y se extrajeron repuestos de ella para reparar la ROU 11 en forma clandestina. A tal punto se ocultó, que el capitán de la ROU 11 fue honrado con el comando de una unidad que está por arribar de Corea del Sur.
La Armada parece ser un hervidero de versiones, relativas a frecuentes malas maniobras que producen roces contra obstáculos en las cercanías del puerto capitalino. También, en una larga lista de conflictos y problemas, la existencia de un núcleo de oficiales que se pronuncian contra el estado de situación en el arma, y son sancionados por ello. Entre otros altos oficiales, fue nuevamente sancionado con diez días de arresto a rigor el contralmirante Otto Gossweiller, actual Director de Material, quien apoyó casi todas las denuncias de procedimientos que necesitan al menos de una auditoría y de profesionalismo en los mandos, y que se vienen produciendo desde abril de 2020. Los problemas vigentes son bastante más, y se sugiere leer sobre ellos en las notas de Bonilla.
En cuanto a la carta de la embajada uruguaya en EAU, que obtuvo El Observador y publicó el viernes 9, ella fue el argumento que permitió la liberación de Marset. Es obvio que esa información fue tenazmente ocultada en la interpelación el 22 de agosto a los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, con la presencia agregada de la subsecretaria de RREE Carolina Ache, por sus tratos con Alejandro Balbi, el abogado de Marset. La información ahora liberada por orden del juez Carlos Aguirre había sido declarada secreta por el canciller Bustillo, sin fundamentos legales para hacerlo.
De esa carta surje la evidencia de que el PE no dijo la verdad en esa interpelación, lo cual se suma a que no dijo la verdad esencial, la de un daño a la institucionalidad democrática uruguaya, en la interpelación del 12 de octubre. Y si el ciudadano se anima, tomado cierta distancia pueden verse rasgos comunes, un patrón de comportamiento en los affaires Marset, Astesiano, FFAA y el propio Poder Ejecutivo. Es útil tratar de comprender la serie de situaciones que vienen engalanando la función de gobierno; no debe olvidarse que el diablo está en los detalles. Pero el ocultamiento de hechos graves, las medias verdades para responder a evidencias que se ponen sobre la mesa, la apelación al secreto como último recurso y aunque no tenga base para ser implantado, y la recurrente narrativa para sustituir a los hechos y su lectura racionalmente concatenada, asoma, implacable, como la característica común de este escenario.
(Síganos en Twitter y Facebook)
INGRESE AQUÍ POR MÁS CONTENIDOS EN PORTADA
Las notas aquí firmadas reflejan exclusivamente la opinión de los autores.