Pocos políticos sobreviven a un archivo, y no son los de este gobierno. En un editorial de su programa En la mira, de VTV, el periodista Gabriel Pereyra hizo una ennumeración de las seis cabezas ministeriales que rodaron en tres años, las de ocho jefes de policía departamentales, uno de ellos dos veces, uno retomado como asesor (!) y uno más al caer, otros dos jerarcas del Ministerio del Interior; uno de ellos marcó a fuego la tesitura oficial de negar, justificar y condonar casi todo.
Lo peor, señaló Pereyra, no es haber cometido un error (al menos 16 errores, en verdad), sino insistir en respaldar lo equivocado, aumentando el costo político como si no hubiera mañana. El título del editorial es “El gobierno en estado suspicacia”, que significa “la tendencia a sentir desconfianza o ver malicia o mala intención en los actos o palabras de otros”, lo cual es una ironía, porque en el caso de que Lacalle la tuviera, tendería a dejarla de lado.
El trabajo de Pereyra es encomiable, porque esto de llevar un archivo es un sayo que nos cae a todos los periodistas. Si lo hubiéramos hecho desde el comienzo, tendríamos la muy posiblemente extensa ennumeración de hechos que solo fueron 
cortinas de humo para tapar hechos que asomaban por sí solos en la agenda informativa, en contra de los deseos del gobierno. Y mucho más.
Cayeron 6 de los 14 ministros. Solo el primer ministro en caer, Pablo Bartol, es del Partido Nacional. Su relevo al frente del Mides era un hecho desde el momento en que anunció lineamientos de trabajo que incluían enseñanza de zen a los sin techo y mudar la sede ministerial a Casavalle.
Lo seguirían cuatro del Partido Colorado. Temprano en la gestión multicolor, cayó el de Ganadería Carlos María Uriarte; se alegó que por una falla en el etiquetado de una exportación a China. Luego, el hombre de Julio María Sanguinetti, el ministro de Turismo Germán Cardozo, que hizo, dijera Gabriel Pereyra, “una administración llena de irregularidades y suspicacias, con contrataciones extrañas”. Tras él, el ministro de Medio Ambiente Adrían Peña, que tenía o no el título de licenciado que se adjudicaba, y que al final parece que tenía pero no se acordaba. Y luego, Carolina Ache, sobrina del donante a la campaña electoral del Partido Colorado Eduardo Ache, hoy pretendido por la justicia peruana por lavado de dinero. En un trámite que no resistiría al Detective Jack –pero tuvo una interpelación con manos de yeso– fue clave en que el narcotraficante Sebastián Marset obtuviera el pasaporte uruguayo que hoy le permite estar prófugo.
Y finalmente cae la ministra de Vivienda Irene Moreira, de Cabildo Abierto, por dar una vivienda (luego resultaron más) como favor político y personal. Tal como sugirió su marido Guido Manini y el sentido común de cuantos observen el devenir de la situación política, CA le bancó al gobierno cosas mucho más graves, como Marset, como el caso Astesiano, como la entrega del puerto de Montevideo, y más. Del discurso de Cabildo Abierto se hubiera podido esperar, por ejemplo, la defensa de un lugar de suma importancia estratégica como el puerto de Montevideo, que motivó la fundación de la ciudad y luego solo creció en su importancia durante tres siglos. No ha dicho palabra sobre el tema.
A la decapitación de Moreira le siguió Manini haciendo una ennumeración crítica y pública de sus críticas al gobierno que apuntaban a ser el fundamento de las razones por las cuales se iba de la coalición, y el último punto fue anunciar que se quedaban. El camino de los hechos siguió sin embargo el rumbo de disminuír el peso político de Cabildo Abierto. El proyecto de ley de Reestructuración de Deudas de Personas Físicas carga tantas críticas antes de ser formalmente 
debatido en sala que es altamente improbable que salga. Ellos prometieron la gesta de la recolección de firmas hacia una reforma constitucional como opción, pero eso no se hace con ‘ordeno y mando’ sino con una militancia que no se le vio.
Y el proyecto de prisión domiciliaria no apunta a ser aprobado, y no solo porque cuatro diputados de Ciudadanos no lo votarían, sino que otros se le sumarían. Así, al quedarse en la coalición, Cabildo Abierto continúa su camino hacia el fracaso de sus proyectos legislativos, con lo cual la realidad política empujada por Lacalle pone en cuestión las razones mismas de la existencia de Cabildo.
Cabildo Abierto supo no hacer caudal del caso Astesiano, que, tal como expresó Gabriel Pereyra, fue una granada de fragmentación que afectó a empresarios, políticos y policías, y que puede tener más efectos. Lo que no supo hacer es sacar provecho de su cuestionable silencio y de la información que se supone que posee.
Se pueden enhebrar largos collares con las mentiras pronunciadas y también en actas, en los casos Marset y Astesiano. Empezando por una fiscal que declara horas después de tener el caso que el presidente Lacalle está eximido de toda implicancia, y que también lo están sus chats con Astesiano, en nombre del decoro de una familia de bien. Cambió la fiscal pero no la tesitura respecto de esos chats, que es lógico pensar que contienen la tan nombrada y no encontrada conexión política que hizo que esas cosas pasen y puedan ser un todo coherente. Cuando el padre de Astesiano acude al Frente Amplio buscando un respaldo que entiende que el gobierno nacionalista no le está dando, a lo que alude es justamente al respaldo político con que contaba su hijo; y si contaba con él, sería para lograr objetivos superiores, que, por no indagar debidamente, no conocemos.
De los involucrados en estos casos, principalmente en el de Astesiano, fue notable la presencia en actividad de jerarcas policiales que debían indagarse a sí mismos. La lista de los caídos en el inservicio de la función, ennumera los tres primeros de la cúpula policial (uno luego tomado de asesor, en una contradicción que clama por explicación), ocho jefes de Policía departamental de los 19, uno de ellos dos veces, y uno más que está al caer, y otros dos jerarcas debiendo renunciar: uno de ellos, Santiago Gonzalez, tras una escalada de mentiras dignas de un escolar, por haber utilizado indebida y reiteradamente los servicios del Hospital Policial.
La responsabilidad política por ser necesario tanto relevo es, claro del ministro Luis Alberto Heber. Son hechos que se relacionan con la responsabilidad política de haber desplazado a una cúpula policial que se fue fortaleciendo y especializando durante los cinco gobiernos anteriores. Este gobierno la sustituyó por policías retirados, imputados de irregularidades y para nada actualizados en las posibilidades operativas que trajo la tecnología, y el desarrollo organizativo de la delincuencia. Cuando se buscan razones para el aumento del delito, el creciente tráfico de drogas por el país y los cada vez más asesinatos en el Uruguay, este descabezamiento de una cúpula policial eficaz puede apuntarse como una principalísima razón.
Claro que Heber es responsable, pero en su figura hay un entramado político poco conocido. Cumpliendo el principio de no sobrevivir a un archivo, el presidente Lacalle ponderó al menos una vez ante medios la generosidad de Luis Alberto Heber, que era el candidato a la presidencia del Herrerismo pero “con gran generosidad”, dijo Lacalle, le cedió el puesto a él. Esa generosidad lo llevó a ser nombrado ministro de Transporte y Obras Públicas en el primerísimo tramo de este gobierno, que fue cuando salió adelante la muy irregular adjudicación del Puerto de Montevideo a Katoen Natie. Las razones técnicas que lo capacitaban para el puesto nunca fueron explicitadas.
Y a la muerte de Jorge Larrañaga, en mayo 2021, se consideró que la tarea del Heber en el MTOP estaba cumplida, y se lo pasó a Interior. Que tampoco para este trabajo tiene calificaciones, se ha encrgado él mismo de demostrarlo. Ahora tiene por delante el caso Penadés, y como su policía es la que debe auxiliar a la fiscalía en esta delicada investigación, él manifestó su apoyo a Penades y la credibilidad que le ofrecía su palabra. Es que es gente bien.
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