La iglesia católica boliviana quiere proteger, mediante un documento formal, los archivos eclesiásticos: las cartas y los documentos internos sobre traslados de pederastas que sirven para destapar numerosos casos y su encubrimiento, haciéndolos inaccesibles.
Un acuerdo para la impunidad. Así define la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de pederastia el borrador del Acuerdo entre la Senta Sede y el Estado Plurinacional de Bolivia que ambas partes prevén firmar próximamente. Son varios los artículos que, en el caso de que se aprueben, afectarán negativamente a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito clerical y a las futuras investigaciones de la justicia en estos casos.
Todo gira en torno al compromiso del estado boliviano de proteger los archivos eclesiásticos. Es decir, que las cartas y documentos de traslados de pederastas que hasta ahora han servido para destapar numerosos casos y su encubrimiento serán inaccesibles.
El acceso a los registros clericales ha permitido, entre otras cuestiones, que salgan a la luz reportajes
como el diario de un cura pederasta, publicado por El País, que impulsó a su vez una reforma de la normativa sobre la prescripción en Bolivia y que la Fiscalía boliviana iniciara una investigación de oficio contra estos delitos. En esos archivos secretos la policía encontró pruebas de cómo la Compañía de Jesús española protegió a varios pederastas y trasladó como misioneros con el conocimiento y permiso de la curia general de la orden en Roma. La asociación de víctimas ha enviado este miércoles una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Parlamento, al Senado y al presidente del Gobierno, Luis Arce, donde les insta “a renegociar este marco con base en principios de transparencia, equidad y protección de derechos humanos”.
Así aparece contemplado en el borrador del acuerdo, al que ha tenido acceso el periodista de El País Julio Nuñez: “El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce, protege y respeta la inviolabilidad de los archivos, registros y documentos pertinentes a la Conferencia Episcopal Boliviana, a las curias episcopales, a las curias de los superiores de los Institutos y Sociedades de Vida Consagrada y a los demás organismos, entidades y dependencias de la Iglesia católica”. La asociación de víctimas ha publicado un comunicado este jueves para arremeter contra el concordato. “El Gobierno estaría poniendo un muro infranqueable para investigar y esclarecer denuncias de abuso sexual y otros perpetrados por cualquiera de sus miembros. Las congregaciones religiosas han usado sus curias para esconder, incurriendo en encubrimiento, pruebas de abuso sexual eclesial”, dice la nota.
La posible firma del acuerdo choca con la declaración de intenciones del presidente Arce cuando estalló el escándalo de la pederastia clerical en Bolivia en mayo de 2023. «¿Va a facilitar el Estado que las pruebas contra pederastas sean impunemente escondidas en entidades de vida religiosa? Sometimiento de un Estado-imperio-colonial a un estado-colonia sin dignidad», añade el comunicado de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes.
La información surge de El País, que puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos.
Al momento, la información recolectada da cuenta de 1.548 acusados y 2.858 víctimas.
La información respecto de este continente es recibida en abusosamerica@elpais.es.
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