Semanas atrás, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un nuevo proyecto de ley para la creación de una Universidad Nacional de la Educación (UNED), y hace pocos días la propuesta fue presentada y fundamentada por el ministro de Educación y Cultura, Prof. José Carlos Mahía, ante la comisión homónima del Senado. Para comprender mejor las razones de esta iniciativa —que fracasó en 2017—, resulta relevante destacar algunos aspectos del desarrollo institucional histórico de la formación en educación en Uruguay, así como la necesidad de profesionalizar al cuerpo docente para mejorar las prácticas de enseñanza en primaria y secundaria.
Evolución de una necesidad histórica
Cuando comenzó a funcionar efectivamente la Universidad Mayor de la República en 1849, tenía bajo su órbita la enseñanza primaria, secundaria y profesional. No fue sino hasta mediados de la década de 1870, durante el militarismo y en el marco de la reforma impulsada por José Pedro Varela, que la enseñanza primaria se separó de la Universidad con el objetivo de centralizarla bajo la órbita estatal.
La propia reforma vareliana obligó a la intelectualidad y a las autoridades de la época a ocuparse de la formación de maestras para las escuelas públicas, en consonancia con los nuevos requerimientos disciplinarios. En 1882, María Stagnaro de Munar creó el Internato Normal de Señoritas y, nueve años más tarde, en 1891, Joaquín R. Sánchez hizo lo propio con el Internato Normal de Varones. En 1935, ambas instituciones se fusionaron, dando lugar a los Institutos Normales de Montevideo (IINN), siempre por fuera del ámbito universitario y a merced de las vicisitudes de los poderes públicos.
Recién hacia 1977, durante la última dictadura civil-militar, se haría efectivo el funcionamiento de al menos un Instituto de Formación Docente (IFD) en cada departamento del país.
La enseñanza secundaria, por su parte, mantuvo un carácter propedéutico para los estudios profesionales, permaneciendo como sección universitaria tras la reforma impulsada en 1880 por el rector Alfredo Vásquez Acevedo. Sin embargo, pronto surgió el debate entre un modelo de enseñanza secundaria orientado a las élites y otro de carácter generalista, abierto a todos los sectores sociales. En este contexto, y con el objetivo de extender la educación secundaria más allá de Montevideo, en 1912, durante la segunda presidencia de José Batlle y Ordóñez, se crearon los liceos públicos departamentales.
En la década de 1930, la Universidad de la República fue el refugio de la resistencia a la dictadura terrista. En consecuencia, y para debilitarla institucionalmente, el régimen tomó e hizo suya una vieja discusión pedagógica, separando la enseñanza secundaria (hasta entonces conocida como preparatoria) de la universitaria. Más allá de los propósitos espurios de la dictadura, este hecho sería defendido por intelectuales vinculados a la educación, aun opositores al régimen, entre ellos Antonio Miguel Grompone. La masificación progresiva de la enseñanza secundaria tras la creación de los liceos departamentales, por parte de jóvenes que no necesariamente luego cursarían una carrera profesional, llevó a la necesidad de pensar en una enseñanza secundaria que fomentará el cultivo de una cultura desinteresada, independiente y no subordinada a la formación de titulados universitarios; es decir, una formación en sí misma y no con carácter propedéutico.
Este escenario dio lugar a un debate sobre la necesidad de formar docentes especializados para la enseñanza secundaria, en un contexto donde la diversidad de orígenes sociales del estudiantado exigía pensar una educación alejada del tradicional sistema de cátedras. Bajo este modelo —heredado de las universidades medievales— se asumía que todo titulado universitario estaba, por sí mismo, capacitado para impartir conocimientos mediante clases magistrales. Frente a ello, el enfoque impulsado por Grompone y otros desplazó el centro de atención desde el docente hacia los estudiantes, concibiendo a los educandos como eje de las prácticas de enseñanza más que a los contenidos en sí mismos. En definitiva, se trataba no sólo de formar trabajadores o futuros profesionales, sino, sobre todo, ciudadanos comprometidos, críticos y librepensadores.
En consecuencia, en 1949, bajo la dirección de Grompone, se creó por ley un Instituto de Profesores —denominado “Artigas” a partir del año siguiente—, destinado a atender la necesidad de formar docentes especializados en el trabajo con adolescentes, en un ámbito independiente del contexto universitario. El Instituto de Profesores “Artigas” (IPA) comenzó así a funcionar en la órbita del Consejo de Enseñanza Secundaria. De este modo, se daba por saldado un prolongado debate entre Grompone y Carlos Vaz Ferreira, quien había impulsado en 1946 la creación de una Facultad de Humanidades y Ciencias sin títulos ni exámenes, orientada al cultivo de una cultura desinteresada —esto es, a la formación intelectual por el valor intrínseco del conocimiento—, y que originalmente también aspiraba a formar docentes para la enseñanza secundaria desde ese mismo enfoque, en una propuesta parcialmente contrapuesta a la concepción pragmática del primero.
Mientras Vaz Ferreira encarnaba una perspectiva idealista, anclada en la filosofía y las ciencias de la educación, Grompone desarrollaba una visión pragmática desde la sociología de la educación, orientada a la formación docente para desempeñarse en un medio social crecientemente heterogéneo.
Con todo, más que un antagonismo, este intercambio puede entenderse como complementario en el marco del actual proyecto de creación de la UNED.
Si persiste la idea de que lo proveniente del extranjero es necesariamente superior, resulta llamativo que el sistema de triple formación —basado en las ciencias de la educación, el dominio disciplinar de la asignatura y la didáctica con práctica asociada— continúe siendo estudiado fuera de fronteras como un modelo de referencia. La concepción general que Grompone imprimió al plan de estudios del IPA, extendida también a la formación magisterial y técnico-profesional, se mantiene vigente y debería constituir uno de los pilares fundamentales en el diseño curricular de la futura UNED.
Ya durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, en el marco de la reforma educativa liderada por Germán Rama, desde la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente de la ANEP se crearon los Centros Regionales de Profesores (CERP), distribuidos en diferentes zonas del país con el objetivo de descentralizar la formación de profesores de enseñanza secundaria, que hasta entonces tenía una oferta educativa concentrada en la capital. Este hito permitió un aumento en la matrícula de formación docente de alrededor de siete mil estudiantes en 1995 a más de trece mil el año 2000.
En 2007, con el objetivo de afianzar los procesos de formación permanente de los egresados de las carreras de magisterio y profesorado, se creó el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES), que actualmente ofrece a los educadores la posibilidad de cursar estudios de posgrado en convenio con instituciones universitarias el ámbito público y privado.
Desde su promulgación en 2008, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez –marcando el inicio de la primera era progresista del siglo XXI en Uruguay–, el artículo 84 de la ley 18.437 (Ley General de Educación) establece que el Consejo Directivo Central (CODICEN) de la ANEP “(…) realizará, en el marco de sus cometidos específicos, acciones tendientes a facilitar la creación de una formación en educación de carácter universitario”. En sintonía, en 2010, por medio del Acta Extraordinaria N.º 5 del CODICEN de la ANEP, Resolución N.º 1 del 24 de junio de 2010, se crea un Consejo de Formación Docente (CFE) como subsistema de la ANEP, una institución con carácter provisorio y de tránsito hacia la efectiva creación de una Universidad de la Educación, preparando las condiciones necesarias para el trabajo sobre los tres pilares fundamentales de la formación universitaria en Latinoamérica desde la célebre reforma universitaria de Córdoba del año 1918: enseñanza, investigación y extensión.
En 2015 el CFE pasó a tener un nuevo centro de formación: el Instituto de Formación en Educación Social, con una carrera que, impartida desde 1989 bajo la órbita del Instituto Nacional del Menor (hoy INAU), se dictaba desde el año 2011 en las instalaciones edilicias del IPA. Hoy tiene sede propia.
Actualmente el Consejo de Formación en Educación cuenta con una población estudiantil que ronda los treinta mil estudiantes que cursan sus carreras en treinta y tres centros distribuidos en todo el país, con presencia en cada uno de los departamentos del país. En Montevideo se ubican los IINN, el IPA, el INET, el IFES y el IPES, en tanto que en el interior funcionan veintidós Institutos de Formación Docente (con carreras de magisterio y profesorado) y seis CERP. De esta forma, de crearse la UNED, sería la primera institución universitaria del Uruguay que estaría presente en todo el territorio nacional, permitiendo el acceso a una formación universitaria a los jóvenes del interior sin necesidad de trasladarse a otros puntos del territorio fuera de su departamento o de radicarse en la capital.
Esta evolución histórica, y las firmes culturas institucionales que se han desarrollado en consecuencia, explican cuán inoportuno sería –y cuantas resistencias generaría, fracasando por ende tal intento– trasladar la formación docente para primaria y secundaria a una facultad de la educación en la órbita de la Universidad de la República, como lo han sugerido algunos actores.
Lo que no quita que sea necesario pensar y concretar institucionalmente los medios necesarios para una adecuada formación de los docentes universitarios.
La profesionalización docente
En Uruguay, los docentes de enseñanza primaria y secundaria no son licenciados ni técnicos, sino maestros y profesores. Esa es su titulación de grado, fruto de un modelo de formación distinto al universitario tradicional, y que debe preservarse, en tanto responde a las particularidades propias de la profesión docente, diferentes de las de las llamadas profesiones liberales. A ello se suma una sólida cultura institucional, construida históricamente en paralelo al desarrollo de la principal universidad del país.
Asimismo, como se ha señalado, en las últimas décadas la formación docente se ha orientado hacia la consolidación de un modelo educativo acorde con los principios de la reforma universitaria de Córdoba, sustentado en una institucionalidad autónoma—independiente de los vaivenes electorales y de la injerencia del poder político de turno en la definición de sus orientaciones pedagógicas— y cogobernada —en la que docentes, estudiantes y egresados integran una comunidad académica que dirige sus propios destinos, en continuidad con la tradición universitaria desde sus orígenes gremiales medievales. Ambos principios se sostienen recíprocamente y difícilmente puedan garantizarse de manera aislada. A ello se suman los avances hacia la consolidación de un modelo universitario asentado en sus tres pilares fundamentales: enseñanza, investigación y extensión.
En definitiva, la creación de una institución universitaria para la formación en educación —que debe ser el objetivo fundamental, mediante los acuerdos políticos que se requieran— responde a la necesidad de que los propios educadores se constituyan, como comunidad académica profesional, en sujetos de su propia formación, accediendo a instancias de grado, posgrado y desarrollo superior, así como a procesos de perfeccionamiento permanente. Al mismo tiempo, dicha formación debe asentarse en la articulación entre la práctica de la enseñanza y la investigación sobre esas mismas prácticas, de modo de generar conocimiento a partir de la experiencia.
Todo ello exige sostener, en forma constante, un compromiso indeclinable con su tiempo
histórico y con el medio social en el que se inscriben.
Por estas razones, la reforma de la formación en educación constituye la base de todas las reformas educativas: sin ella, cualquier intento de mejora estará, probablemente, condenado al fracaso. Ante la necesidad histórica de consolidar la profesionalización docente en la enseñanza primaria, secundaria y técnico-profesional, resulta imprescindible que el sistema político esté a la altura de las circunstancias y que los representantes del pueblo honren el mandato ciudadano, concretando la creación de la Universidad Nacional de la Educación como una verdadera política de Estado, al igual que en su momento lo fue la Universidad Tecnológica (UTEC). A partir de allí, deberá avanzarse hacia la exigencia efectiva de que todo docente que ingrese a un aula haya transitado por los ámbitos institucionales correspondientes, garantizando una formación
sólida y plenamente profesional.
Tener una educación pública de calidad, capaz de responder a las necesidades materiales y productivas del mundo contemporáneo sin renunciar a una concepción humanista que la entiende como el camino fundamental para la formación de ciudadanos en un mundo globalizado, implica formar personas capaces de comprender las dinámicas cambiantes de su tiempo, librepensadoras, no dogmáticas, y comprometidas con los principios de libertad de conciencia y de expresión del pensamiento, con una responsabilidad política y social acorde con la vida democrática y republicana. Este objetivo no se alcanzará únicamente mediante la mejora de las estructuras administrativas, la adecuación de los planes curriculares o el incremento de los recursos —aspectos todos necesarios para garantizar condiciones óptimas de educabilidad—, sino, sobre todo, a través de la calidad del proceso educativo desde el punto de vista pedagógico y formativo, comenzando por la sólida preparación profesional de los educadores, sin perder nunca de vista a los educandos como protagonistas de sus propios aprendizajes. Naturalmente, numerosos factores adicionales inciden en este proceso. Muchos dependen de la mejora del entorno social.
Y en todo ello se nos va, en buena medida, el futuro de nuestro país.
Por: Lucas Rodríguez Berrospe
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