Ansina es el mundo, ansina;
Vivir soñando, de mozo.
Y dispués del alborozo
Jo… robarse y tomar quina.
José Alonso y Trelles (1899)
Esta primera estrofa de la nostálgica y conformista “Zonceras”, que El Viejo Pancho incluyó en su popularísimo libro Paja Brava hace precisamente un siglo, parece encajar muy bien con el trasfondo de la reforma de la seguridad social en el Uruguay que se pergeñó en la década maldita de los noventa del siglo pasado cuando el neoliberalismo rampante quebrantó el sistema de solidaridad intergeneracional e impuso las infames AFAPs.
El perjuicio que enfrentan los llamados “cincuentones” es la demostración palmaria del caracter rapaz de esa burocracia inventada, las “Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional” y las compañías de seguros. Esto ha pasado en todos los países del continente donde se implantó, casi al mismo tiempo, el asalto neoliberal a los sistemas de jubilación y previsión social. En Chile, por ejemplo, miles y miles de trabajadores fueron estafados por administradoras que se alzaron con todos sus aportes.
En Uruguay se han movido con mayor sigilo en medio de machaconas campañas publicitarias (naturalmente financiadas con los aportes de los trabajadores afiliados a la fuerza al sistema) y lamentablemente con intervención estatal a través del BROU. Hasta hace unos años presentaban una tramposa publicidad donde grupos de veteranos, presuntamente jubilados por AFAPs, triscaban en unos paraísos turísticos, disfrutando como príncipes de sus “cuentas personales”. Pero el sistema seguía operando insidiosamente y la realidad golpea al momento de la jubilación. Esa hora que ha llegado para los “cincuentones” Y también para los “cuarentones”, para los “treintones”, como lo advirtió el Presidente Vázquez, porque no se trata de un fenómeno puntual o circunstancial sino de la consecuencia advertida y previsible de un sistema perverso.
La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (ONAJPU), el PIT-CNT, el sindicato de los trabajadores de la seguridad social (ATSS) y numerosas organizaciones sociales y políticas encabezadas por el Frente Amplio denunciaron el verdadero carácter del llamado “sistema mixto” pero los políticos colorados y blancos que promovieron el asalto a la seguridad social consiguieron imponerlo con la mayoría parlamentaria que entonces tenían (La Ley de Seguridad Social 16.713 fue promulgada el 3 de setiembre de 1995).
En la lucha desigual por jubilaciones dignas al cabo de una vida de trabajo, la ciudadanía ha cosechado más derrotas que victorias. La única digna de tal nombre fue la reforma constitucional de 1989 que introdujo la famosa norma que indica que las jubilaciones se ajustan según el Índice Medio de Salarios. Al conseguir esta importante conquista se evitó que los gobiernos castigaran o chantajearan a los pasivos ajustando sus ingresos a su arbitrio. Mediante un plebiscito, al que se oponía furiosamente todo el aparataje político de blancos y colorados y sus medios de comunicación, el 82% de los votos impusieron la norma constitucional.
Sin embargo, el sistema previsional había sido históricamente y lo seguiría siendo una forma de castigar a los trabajadores que se jubilan con bajísimas tasas de remplazo y con topes jubilatorios expropiatorios. Ahora que las primeras generaciones que se jubilan por el sistema implantado en 1995 empiezan a sufrir sus efectos perjudiciales, es curioso que se mantengan las bocas cerradas y los puños abiertos ante un latrocinio mayúsculo, cual es el que producen los infames topes jubilatorios, cuyo origen se remonta a la llamada Acta Institucional Nº9 de 1979.
Entonces, la dictadura cívico militar que asolaba al país, arremetió contra la seguridad social, liquidó el Banco de Previsión Social (BPS), lo sustituyó por una dependencia de los delincuentes que gobernaban y estableció topes jubilatorios expropiando así a la inmensa mayoría de los trabajadores. La dictadura terminó, en 1985; el BPS fue restablecido y se declararon írritas y nulas las medidas adoptadas por la tiranía con una única y monstruosa excepción: los topes jubilatorios. Esos topes se transformaron en la única “ley” de la dictadura que sobrevivió y ha sido refrendada por todos los gobiernos democráticos desde el 1º de marzo de 1985 a la fecha.
Mediante esos topes, los trabajadores aportan a la seguridad social según sus ingresos y cuando llega el momento de su jubilación se les expropia, imponiéndoles topes ridículamente bajos y embolsando sus aportes. Seguramente esos aportes sirven para enjugar las jubilaciones de privilegio, las que no están sometidas a tope alguno, entre ellas la de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales y sobre todo las de la llamada Caja Militar (la de los señores oficiales superiores que a los privilegios de que disfrutaban desde siempre sumaron todo tipo de prebendas y canonjías corruptas que ellos mismos se crearon entre 1973 y 1985).
Así que el problema de la seguridad social no radica solamente en el sistema perverso que se implantó en 1995 sino que viene de mucho antes. Ahora con el llamado sistema mixto algunas de sus víctimas se están encontrando con que las AFAP agravan el perjuicio que ya producían los topes jubilatorios y las tasas de reemplazo ridículamente bajas. Los trabajadores menores de 40 años que fueron obligados a incorporarse a las AFAP, en abril de 1996, habiendo aportado varios años al sistema anterior, perdieron derechos jubilatorios adquiridos por lo cual su pasividad será mucho menor que la que tendrían en el sistema de solidaridad intergeneracional.
Por ejemplo: alguien que ganaba más del mínimo exigido para integrarse a las AFAP ($ 5.000 en 1996) y que tenía menos de 40 años en aquel año ingresó obligado por la ley al sistema mixto de seguridad social. Debido a eso perderá $ 14.100 por mes durante toda su vida como pasivo. Al jubilarse por el régimen que inventaron Sanguinetti y Lacalle recibirá $ 20.200 por el BPS reformado (una parte de su aporte debe ir a las AFAP) y cómo máximo $ 9.000 por la AFAP que le corresponde. Si hubiera tenido más de 40 años en abril de 1996 se jubilaría sólo por el régimen de transición del BPS y cobraría el tope $ 43.300 por mes.
Naturalmente, hay propuestas para resolver estas tremendas injusticias pero todas adolecen de una limitación: son paliativas. Está claro que lo que es imprescindible es que la ciudadanía se aboque a considerar y estudiar una reforma integral del sistema previsional que, necesariamente debe pasar por la liquidación del llamado sistema mixto y el tramposo “ahorro individual”. Es preciso terminar con las AFAP y fortalecer al BPS, no solamente desde el punto de vista financiero, sino haciendo verdadero el hasta ahora fementido universalismo de la seguridad social. Esto implica terminar con privilegios y corruptelas, como la de la Caja Militar y otras, junto con un profundo sinceramiento del sistema.
Este es un problema político y económico de primer orden. Sin justicia en este campo ni siquiera es posible mantener una ficción de desarrollo y bienestar para los uruguayos del futuro. La gritería y las presiones de quienes chupan y han chupado la sangre de los trabajadores no deben arredrarnos. Ya aparecerán expertos o presuntos expertos que auguren el hundimiento y la quiebra del sistema previsional, precisamente porque con ese espantajo se impusieron los infames topes y las rapaces AFAPs. Ese terrorismo no podrá evitar que se estudie seriamente este problema y que se imponagn las soluciones necesarias. Ante esto no hay conformismo y resignación que valga. Liquidar las AFAP y los privilegios escandalosos: esa es la verdadera campaña electoral a la que hay que apuntar los programas con vistas al presente porque sin este presente no habrá mañana. Lo demás es zoncera.
Por el Lic. Fernando Britos V.
La ONDA digital Nº 784 (Síganos en Twitter y facebook)
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