Con el viaje del Presidente Tabaré Vázquez a China y las posibilidades de un TLC con dicho país, surgen una serie de interrogantes que vale la pena señalar y analizar. En la actualidad, China es el primer exportador de bienes y de productos manufacturados del mundo y es el primer comprador de bienes de la mayoría de las economías sudamericanas. Hay una clara competencia comercial entre EE UU y China, que se refleja en la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales.
Estamos viviendo una crisis del multilateralismo, entre otras causas, por la propia competencia entre ambas potencias. Para países pequeños como Uruguay, teníamos más chances de conseguir alianzas en el marco multilateral de la Organización Mundial de Comercio, que en los tratados bilaterales o plurilaterales, que hoy está impulsando EE UU. El Brexit y las elecciones en los EE UU ponen en tela de juicio la aprobación parlamentaria de los mismos, como el TPP y el de EE UU con la Unión Europea.
En el caso de Uruguay no hay estudios suficientes para llevar adelante estos tratados. Es necesario tener un modelo de acuerdos que atiendan los intereses específicos del país. No contamos con una estrategia de desarrollo ni con 
definiciones de estructura productiva, abierta y flexible, que nos permita avanzar hacia una inserción internacional, con más valor agregado y contenido tecnológico de nuestros recursos naturales y de incorporarnos en cadenas de valor para participar en exportaciones de bienes y servicios de alta y media tecnología.
La nueva estructura productiva debiera atender el empleo digno, elemento central económico y social para avanzar hacia la igualdad. La estrategia nos facilitaría las negociaciones, para saber que es conveniente abrir y cuáles son los rubros a proteger, durante un determinado período de tiempo. Pero además, precisamos definiciones de los nuevos temas, que les interesa a los países desarrollados, como propiedad intelectual, normas de competencia, inversiones, servicios y así sucesivamente.
Stiglitz, premio Nobel de Economía, dice que las negociaciones son secretas, pero no para las grandes empresas transnacionales que imponen propuestas en su beneficio. No permiten que se expliciten normas de desempeño para autorizar las inversiones correspondientes. Éstas pueden ser niveles y calificación de empleo para residentes nacionales, exportación con el mayor valor agregado y contenido tecnológico, uso de insumos nacionales, entre otras normas. Exigen limitaciones a la intervención del Estado y de sus regulaciones, con lo cual no puede efectivizar la propia estrategia de desarrollo, ni apoyar a las empresas estatales ni a las pequeñas empresas.
Al solicitar trato nacional tampoco se podría utilizar las compras gubernamentales para estimular, por ejemplo, el empleo, la innovación y la integración a cadenas de valor. En las controversias entre el inversor y el Estado, se plantea resolverlas en tribunales internacionales, como el Ciadi, que siempre defiende los intereses de los inversores. Para el Uruguay, es muy importante la intervención del Estado, que las exportaciones tengan el mayor valor agregado y contenido tecnológico de sus recursos naturales y la incorporación a cadenas de valor que nos permita participar en exportaciones de alta y media tecnología.
Habría que cuidar que las normas de competencia no afecten los monopolios estatales existentes, que la propiedad intelectual no signifique expansión de los plazos de las patentes, que puedan afectar la elaboración de medicamentos genéricos, entre otros problemas. Que la liberalización de los servicios no se concrete sobre listas negativas, que significa fijar los servicios a proteger, que no es sencillo definir, y dejar abiertos el resto de los servicios, inclusive los que se vayan creando.
Los países desarrollados plantean mínima intervención del Estado, pero ellos mantienen los subsidios a las exportaciones agrícolas y las ayudas a los productores rurales, así como también las barreras no arancelarias, las cuotas, contingentes, picos arancelarios y rubros sensibles.
Vale la pena también evaluar resultados de estos acuerdos comerciales. Aparece en el debate de la campaña presidencial en los EE UU, pero si se analiza el caso de México nos encontramos que en 22 años de la aplicación del Nafta, aumentan las exportaciones pero el ingreso por habitante se mantiene prácticamente estable. Chile, con 26 acuerdos comerciales, crece pero no exporta contenido tecnológico, que en este mundo del conocimiento es lo que prima. En el acuerdo comercial entre Uruguay y México, el 75% de nuestras exportaciones son productos primarios, pero el 85% de lo que importamos son de alta y media tecnología. Le exportamos concentrado de Pepsi y lácteos. Le compramos automóviles, celulares, televisores y electrónicos.
El comercio de América del Sur con China consiste en ventas de recursos naturales con muy poco valor agregado y compramos rubros de alta y media tecnología.
Empezar conversaciones con todos los países que sea necesario para lograr nuevos mercados, nos parece positivo. Con EE UU, a través del Tifa, resolvimos algunos temas como cítricos y la carne ovina.
Tal vez acuerdos parciales con China, para que rubros como la carne y otros productos agrícolas, entren sin aranceles podría ser positivo, viendo a cambio que nos solicita China. Pero consideramos necesario e imprescindible que estos temas no queden en exclusividad en la órbita del Poder Ejecutivo.
Es necesario el análisis y el debate en la fuerza política y en la bancada parlamentaria, antes de la firma de los mismos. También es muy importante alcanzar un modelo propio de acuerdo comercial, que atienda adecuadamente los intereses específicos del Uruguay. Una negociación en bloque, por ejemplo del Mercosur, nos podría dar mayor poder de negociación.
Por Alberto Couriel
Economista y ex senador
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