“… Hemos sido reconocidos como una de las democracias más plenas del mundo (…) y tenemos la responsabilidad de cuidarla”.
“…En democracia a los gobernantes los elige, los exige y los cambia la gente (…). Una ciudadanía comprometida y responsable que ejerce sus derechos…”
“A la democracia uruguaya la construyen (…) los militantes políticos y sociales que dejan el tiempo de su vida para la causa común…”
“…Si al final del período los uruguayos son más libres, habremos hecho bien las cosas”
¿Imaginan quién lo dijo? Luis Lacalle Pou en su discurso de asunción presidencial[i].
Le alcanzaron 54 días para olvidarse de todos estos preciosismos.
¿Por qué lo decimos?
Nivel 1. El sentido de la (in) oportunidad
La llegada del coronavirus no es culpa de los gobernantes, pero estos sí son responsables por las decisiones que toman, las elecciones que hacen, las prioridades que jerarquizan y, sobre todo, lo que están dispuestos a sacrificar en el proceso.
El gobierno optó por el camino de la cuarentena exhortada. No hay donde ir: sin clases, ni oficinas, ni trámites, ni espectáculos, ni consultas médicas ordinarias. Con su conferencia/cadena disuadiendo fuertemente la movilidad. Es claro que el mensaje y es el aislamiento social y en esa clave se pauta la convivencia. Las normas no son siempre normas jurídicas, claramente hay imperio de normas sociales y morales, fuertemente limitantes del derecho de libertad ambulatoria, en aras de tutelar un bien circunstancialmente superior: la salud de todos.
En ese escenario de restricción al mínimo de la circulación y del derecho de reunión, el Presidente Lacalle inicia el proceso meteórico de sanción de la primera ley con la que se propone desmontar una línea legislativa trazada durante los último 15 años.
Sin posibilidad de oír a los sindicatos, ni a las gremiales, ni a la academia, ni a interesado alguno; sin chance para que la gente se exprese en las plazas, en la calle, en asambleas, está difícil de interpretar que esta medida se oriente a favorecer el “ejercicio de la ciudadanía comprometida y el aporte a la democracia por parte de las organizaciones sociales y políticas”, del que nos hablaban el 1° de marzo.
Parece que esta misma pregunta retórica se hizo el ministro de Defensa Nacional Javier García quien, el pasado domingo 19 de abril, expresó en Canal 12, respecto a la crisis del coronavirus: “yo me pregunto si los uruguayos dan lugar a que haya debates políticos». Queda claro lo que el jerarca se respondió.
Lo más grave y evidente de la LUC, es el viraje de lo comunitario a lo individual. El proyecto representa un deterioro de lo colectivo: cooperativas, sindicatos, granja, colonización. Este proyecto también representa un avance de la tutela de la propiedad privada. Aquí, más allá de la exégesis de la norma de legítima defensa propuesta, la gravedad es el mensaje normativo, que a su vez trasunta un espíritu de gobierno. Basta recordar los infelices dichos del hoy ministro Carlos María Uriarte cuando un joven murió a causa de un alambre electrificado (“ante la falta de protección del Estado, la gente se defiende por sí sola”, había expresado el secretario de Estado). La elevación o exaltación de lo privado en desmedro de la construcción colectiva y la cosa pública; atraviesan el PLUC, como se ve alevosamente en los capítulos sobre educación o vivienda, por hablar de dos. Finalmente, otra traza ideológica profunda es la consagración de la falsa oposición libertad/seguridad, sacrificando la primera en aras de la segunda. Esto es un camino tristemente conocido en la historia del país y en el mundo, sin ejemplo que termine bien.
En resumen: se pretende cambiar reglas sensibles, fundamentales en materia de seguridad, educación, economía, vivienda, agro, adopción, ciencia, innovación, contratación pública; a sabiendas de que el contexto de excepcionalidad sanitaria reducirá a la mera formalidad el derecho inalienable de la sociedad a expresar su acuerdo o desacuerdo.
Nivel 2. El sentido de lo urgente.
La razón de ser de la declaratoria de urgente consideración
Hay que recordar que el invento de los proyectos de ley de urgente consideración (PLUC) remite a la época del colegiado, caracterizado por un proceso legislativo lento y empantanado. Recuerda el politólogo Daniel Chasquetti: “Inspirados en la Constitución gaullista de 1958, que sacó a Francia del impasse gubernativo en que naufragó durante una década y media, los reformistas uruguayos idearon los PUC como un dispositivo orientado a reducir los costos de transacción que provocaba un Parlamento dominado por partidos fraccionalizados y carentes de disciplina. Imponer un plazo para el tratamiento del proyecto a partir del ultimátum de la aprobación automática era visto como una solución para los problemas de acción colectiva derivados de una asamblea balcanizada.”[ii]
Está claro que no es el mapa político de una coalición multicolor estrenándose.
La historia democrática del Uruguay postdictadura reconoce 13 PLUC, 9 de ellos aprobados. Dos de esas iniciativas fueron planteadas por el Frente Amplio durante su primer gobierno, en el marco de un país fracturado: una para crear el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y otra para sancionar el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES). La utilización de este mecanismo por los presidentes Sanguinetti, Lacalle, Batlle, Vázquez y Mujica fueron proyectos de pocos artículos, o los necesarios para crear o modificar situaciones que revestían el carácter de urgente. El PLUC promovido por el actual gobierno multicolor no resiste la comparación.
Las urgencias del país y las de la coalición de gobierno
¿Qué es la realidad sino el recorte del mundo que queremos o podemos ver? Esa composición de la realidad está inexorablemente mediada por nuestros recursos y nuestras limitaciones…aquello del color del cristal con que se mira.
Nos enseña el Prof. José Korzeniak en un informe solicitado en oportunidad de este PLUC que la “declaratoria de urgente consideración” de un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo (art. 168, numeral 7°) no es un acto discrecional del Poder Ejecutivo, que no puede “inventar” la urgencia, sino tan sólo declararla. En términos técnicos, es una decisión reglada y no discrecional y, menos aún, arbitraria”.
Si la urgencia es declarada, debe ser preexistente. Allí es donde radican mis más hondas diferencias con el envío de un proyecto con este carácter.
En medio del mayor tembladeral mundial de las ultimas décadas, con los sistemas sanitarios globales exigidos al máximo, con la economía a media maquina; con cien mil uruguayos en seguro de paro; con la Directora del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social Sra. Mónica Bottero advirtiendo sobre “el aumento de forma muy significativa de las denuncias de violencia doméstica en las últimas dos semanas, desde que se declaró la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus Covid-19”; con un google map para poder ubicar las decenas de ollas populares; así las cosas, el gobierno valora que la urgencia va por endurecer las medidas de seguridad, desmonopolizar los hidrocarburos, rediscutir la política de colonización, cambiar las reglas de juego de la inclusión financiera, las compras públicas, o la contratación del estado (por nombrar algunos “temas país” entre medio millar).
Es válido pensar entonces que el gobierno tiene otras “urgencias”. En esos 502 artículos podemos encontrar:
– Verdaderas urgencias ideológicas que ayudarán a prolongar por un rato más la coalición, una vez terminada la cohesión del reparto de cargos. Claramente, aquí rompe los ojos el capítulo dedicado a la seguridad con sus modificaciones en materia de legítima defensa o el fortalecimiento regresivo del poder policial y militar.
– Urgencias corporativas, normas que solo se explican por un interés corporativo o sectorial, que no tienen vinculo alguno con el programa político de la coalición, como las modificaciones al INC, la legislación de arrendamientos, o las modificaciones al Código Civil. Sin ir más lejos, tenemos un Ministro que se declaró “representante de los productores rurales”.
– Urgencias que lo son solo en el título del proyecto de ley. El artículo relativo a La habilitación, registro y control de carnicerías en el interior del país, más que ejemplo es una caricatura. (art. 356 del PLUC).
En otras palabras, la retórica que anunciaba más y mejor democracia deja, en los hechos, al Parlamento en un rol meramente ratificatorio y al Poder Ejecutivo atado de manos ya que en medio de una crisis sanitaria, no podrá enviar otro proyecto con el mismo carácter de urgencia, mientras se esté considerando éste (Art. 168.7° de la Constitución).
Nivel 3. El cambio de modelo entre gallos y medias noches
Tanto por el momento como por el trámite que se elige, el proyecto va en el sentido opuesto al debate democrático, la construcción de ciudadanía y el tendido de puentes.
Este elenco de gobierno prometió en campaña que, si ganaba, no cambiarían una mitad de un país por la otra. Es exactamente lo que hace al proponer (imponer) un modelo regresivo, reaccionario, clasista y corporativo.
Porque si es malo el momento y la forma, peor son algunos de sus contenidos. Y en este caso el “algunos” es deliberado. Hay también coincidencias con el PLUC; coincidencias plenas, acuerdos con matices, debates sumamente válidos. Hay artículos que sin dudas el sistema político debería abordar; hay material para la reflexión. Pero como en tantas cosas, las formas condicionan el fondo y algunos contenidos flechan la cancha cuando el debate es contra reloj.
Primeros apuntes sobre el proyecto en general:
Me excede largamente tener opinión sobre 502 puntos y mucho menos sintetizarla aquí, pero no quiero terminar sin un vuelo de dron sobre el todo.
– De lo más grave y evidente es el viraje de lo comunitario a lo individual. El proyecto representa un deterioro de lo colectivo: cooperativas, sindicatos, granja, colonización. Abundaré en ello en otra nota.
– Este proyecto también representa un avance de la tutela de la propiedad privada. Aquí, más allá de la exégesis de la norma de legítima defensa propuesta, la gravedad es el mensaje normativo, que a su vez trasunta un espíritu de gobierno. Basta recordar los infelices dichos del hoy ministro Carlos María Uriarte cuando un joven murió a causa de un alambre electrificado (“ante la falta de protección del Estado, la gente se defiende por sí sola”, había expresado el secretario de Estado)[iii]. La elevación o exaltación de lo privado en desmedro de la construcción colectiva y la cosa pública; atraviesan el PLUC, como se ve alevosamente en los capítulos sobre educación o vivienda, por hablar de dos.
– Finalmente, otra traza ideológica profunda es la consagración de la falsa oposición libertad/seguridad, sacrificando la primera en aras de la segunda. Esto es un camino tristemente conocido en la historia del país y en el mundo, sin ejemplo que termine bien.
En este dilema de falsa oposición la alarma suena dos veces. Todo el capítulo “seguridad”, además de implicar una concesión al ala más reaccionaria de la coalición, conduce a la legalización de un discurso (exitoso) que intenta convencernos de que la seguridad se incrementa recortando libertades, a priori. Es decir, la lesividad, la tipificación de un delito, la lesión de derechos debe implicar recorte de libertades, eso está bien; así funcionan los sistemas y las constituciones liberales. El punto es cuando ese orden se subvierte, abatiendo garantías. Dicho en palabras del derecho comparado: cuando pasamos de detener para investigar y no investigar para detener.
Si a esta concepción agregamos;
1) el fortalecimiento de las atribuciones policiales y militares y el blindaje de su proceder, por el solo hecho de su condición de tales;
2) el recorte de las expresiones colectivas, como la autorización a disolver reuniones públicas o la creación del delito de resistencia a la detención aún en forma pasiva;
la prometida seguridad empieza a costar carísima. A riesgo de reiterarme insisto: más represión, incremento de penas y más Estado policial no implicarán más seguridad, si no menos libertad.
El segundo disparo de la alarma (o el primero) suena cuando este deterioro de las garantías civiles, ignora la voluntad popular que hace pocos meses dejó en claro, con un 53% de votos, que no pagaría ese precio por una promesa de “vivir sin miedo”. Si algo que no podría ser urgente para una democracia es soslayar con una ley de trámite expedito, el resultado de dos plebiscitos constitucionales.
En el Uruguay en el que vivimos hoy y en el que se nos viene, “inseguridad” es no saber si hay vuelta del seguro de paro, “inseguridad” es depender de una olla popular. Esa es la inseguridad que nos debería ocupar de modo excluyente.
Volviendo al principio, la medida que el Presidente Lacalle proponía el 1° de marzo para evaluarlos era: “Si al final del período los uruguayos son más libres, habremos hecho bien las cosas”. Medidos con esta vara…quedan muchas dudas.
Por la Abogada Laura Fernández
[i] Discurso completo recuperado de: Presidencia
[ii] Ver: “Los proyectos de ley de urgente consideración en Uruguay”, columna publicada en La Diaria, el 24/1/2020. Recuperado de: La Diaria
[iii] Ver:La Diaria
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